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viernes, 31 de marzo de 2017

¿MANZANAS PODRIDAS O CORRUPCIÓN SISTÉMICA?





31-03-2017

Colombia aparece en las estadísticas como uno de los países más corruptos del mundo, deshonor que, como sabemos, tiene todo el asidero en la realidad. Ahí están los inmensos escándalos de Reficar y Odebrecht, que involucran a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, tanto por las fechas de las determinaciones como por los momentos en que se pagaron los sobornos, más las acusaciones de financiación ilegal a los dos candidatos presidenciales en 2014. Se sabe además que en la foto de la campaña Santos 2010, lubricada con dineros ilegales y de trasnacional, aparecen todos los dirigentes de todos los sectores de todos los partidos tradicionales que han gobernado al país desde hace, por lo menos, medio siglo. Y son incontables las corruptelas nacionales, departamentales y municipales, con actores del sector público y el privado, nacionales y extranjeros. 

También se conoce que en las elecciones, en proporciones determinantes, no se compite con análisis, ideas y propuestas sino con inmensas sumas de dinero de todos los orígenes, con las que se arrea a votar a millones de empobrecidos compatriotas; que una corrupción salida de madre como esta hace inviable el progreso nacional; y que los colombianos, con razón hasta la coronilla, exigen correctivos inmediatos.

Ante la pregunta de cómo salir de desvergüenzas tan dañinas, lo primero es señalar que no hay solución a un problema si no se establecen sus causas y si no se toman, a partir de ellas, los correctivos acertados. Por ello se dice que no se va al médico a que nos diga dónde nos duele, lo que ya sabemos, sino a que nos señale las causas del dolor y la manera de curarlo, y que si se equivoca en el diagnóstico, fallará de seguro en el remedio. Luego también hay que empezar por establecer los orígenes de la pavorosa corrupción nacional, haciéndose la pregunta clave: ¿se trata de un problema de manzanas podridas, aisladas entre sí, o de una corrupción sistémica, general, en la que está conscientemente involucrada una porción determinante de quienes, en la esfera pública y privada, mandan en Colombia? 

De acuerdo con Fernando Cepeda Ulloa, más que corrupción, “lo que hay en Colombia, es evidente, es crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado o (…) en el sector empresarial o donde ustedes quieran (…) Además se ha vuelto trasnacional, con connivencia nacional” (http://bit.ly/2o0txuz). Una buena manera de expresar lo que ocurre y de que no se trata, que es el punto clave a debatir, de manzanas podridas, para seguir con la imagen. 

¿Cómo fue que llegamos a esta desgracia? Como lo he citado en otras ocasiones, según el ministro Alejandro Gaviria, desde el Frente Nacional, los partidos tradicionales y las élites económicas acordaron darle un determinado manejo a “la macroeconomía”, a sus negocios, y ganar las elecciones mediante el “clientelismo”, es decir, con el uso “de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos” (http://bit.ly/2o0dOM0), mecanismos que están en la base de la corrupción nacional. “El clientelismo, detalla Hommes, puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores” (http://bit.ly/2nlmGgY) y Guillermo Perry ha narrado la evolución clientelista (http://bit.ly/2o0v4AP). Y así se gobierna a Colombia, con el agravante de que las determinaciones, además de corruptas, están diseñadas para que la economía no prospere, en un juego en el que unos pocos divorcian sus intereses personales de los de la Nación, a la que arruinan o empobrecen con sus medidas, mientras ellos prosperan. 

Entonces, a lo que asistimos hoy es al natural aumento de la descomposición de un sistema político al que hace mucho tiempo le inyectaron la corrupción en su ADN, y con el objetivo de poder gobernar de la peor manera y aun así ganar elección tras elección, sistema en el que lo único en verdad nuevo reside en que las corruptelas y el cinismo rompen récords mundiales y en que crecen los excluidos de la francachela. Porque las políticas neoliberales y su asalto a los recursos públicos, con su capitalismo raquítico y de extrema desigualdad social que corona como reyes a las trasnacionales, operan sobre esta perversidad. 

Es obvio que con solo tomar medidas legales contra la corrupción, aunque deban tomarse, no cambiará el tétrico rumbo del país, si lo mangonean los cuarenta ladrones de Alí Babá. De ahí que la primera determinación para enfrentar en serio este problema consiste en que los colombianos de todos los orígenes nos unamos y derrotemos a todas y cada una de las fuerzas que han gobernado al país, hundiéndolo en este desastre.


jueves, 11 de diciembre de 2014

COLOMBIA: NINGÚN PRESIDENTE SE HABÍA ATREVIDO A TANTO



Jorge Enrique Robledo, Bogotá, diciembre 5 de 2014

Aun cuando la Casa de Nariño ha logrado imponer el más profundo silencio para que en el país casi nadie lo sepa, lo cierto es que el pasado 5 de agosto suscribió un tratado internacional “para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, eufemismo con el que intenta ocultar que estamos ante un pacto militar –de guerra– diseñado para poner tropas colombianas bajo el mando de comandantes militares europeos, los cuales, como es obvio, sirven a los intereses políticos y económicos de las potencias de ese continente (http://bit.ly/1vwebhe).

Además de “lucir” su actitud mendicante de vergonzosa indignidad, Santos usó su recorrido por Europa para desarrollar a hurtadillas este acuerdo bélico. La Deutsche Welle (DW), el servicio de información de Alemania, tituló sobre el “nuevo rol militar” de Colombia e informó que fue invitada por el Comité de Seguridad de la Unión Europea a participar en una operación en Ucrania y que “también podría enviar una fragata a la misión Atalanta en el Cuerno de África, que ayudaría a las fuerzas militares europeas”. Y la noticia, que cita la respuesta del gobierno alemán a la diputada Heike Hänsel, agrega que “Colombia asistió al encuentro de la Escuela de la OTAN en Oberammergau y al NATO (OTAN) Defense College” (http://bit.ly/1vU5XxX).

Además, en carta a Juan Manuel Santos que se filtró, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, le recordó: “En la medida en que el conflicto vaya cesando y Colombia se mueva hacia una estrategia de seguridad más sostenible, organizaciones como la ONU y la OTAN se beneficiarían con un mayor involucramiento del país en operaciones de paz (...). Ya está ofreciendo usted una experiencia significativa en Centroamérica y el Caribe, mediante nuestro Plan de Acción en Seguridad Regional y con el acuerdo de intercambio de información con la OTAN, del 2013. Pero necesitamos a Colombia involucrada en más lugares” (http://bit.ly/1wBi8lD).

Lo que faltaba en el proceso de descomposición del país: soldados colombianos al servicio de las agresiones colonialistas de estadounidenses y europeos, relación que inevitablemente aumentará su injerencia militar y de todo tipo en los asuntos internos de Colombia y que viola la Constitución y la soberanía nacional.
De otra parte, aprovechándose de que puede traspasar límites que otros presidentes ni se atrevieron, Santos tramita la cuarta intentona legislativa para imponer la política de tierras más retardataria de la historia de Colombia. En efecto, mediante el proyecto de Ley 133 de 2014, bien llamado Urrutia-Lizarralde, va tras varios objetivos, a cual más regresivo.

Primero: legalizar las ilegalidades cometidas por Cargill y otras poderosas empresas que con cálculo violaron la Ley 160 de 1994, que prohíbe adquirir y acumular baldíos del Estado adjudicados a campesinos. Hay que advertir que la norma no les resuelve el problema a personas corrientes en situaciones semejantes. Segundo: arrebatarles a los pobres del campo los derechos que hoy la Constitución les otorga de manera exclusiva sobre las tierras baldías, para transferírselos a magnates nacionales y extranjeros, que así podrán apoderase de ellas y sin límite de extensión: 20, 50, 100 mil o más hectáreas. Tercero: ¡bajo pena de expropiación si se niegan a hacerlo!, los campesinos o empresarios menores con tierras localizadas en las zonas que el gobierno determine como Zidres –que serán el vehículo para estos zarpazos– tendrán que “asociarse” con los monopolistas a quienes se propone a favorecer la ley, y hacerlo mediante falsas asociaciones que copian el Modelo Indupalma y que equivalen a alianzas entre zorras y gallinas.

A esta política de feroz concentración de la tierra rural hay que añadirle la profundización de los TLC y la Alianza del Pacífico, diseñados para reemplazar la producción y el trabajo nacional por los de los extranjeros, y el ataque a la institucionalidad que hoy protege a los cafeteros.

Es muy probable que las anteriores medidas no hubieran podido ni proponerse en un gobierno como el de Álvaro Uribe, por ejemplo, dada la gran resistencia ciudadana que habrían generado. Pero como Santos ha llevado a niveles sin antecedentes la alcahuetería y el tapen-tapen, la capacidad de engaño y la impunidad presidencial…

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fecha: 10 de diciembre de 2014, 14:47
asunto: FW: [polo-moir1] Ningún presidente se había atrevido a tanto
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lunes, 23 de julio de 2012

EXPLOTACIÓN MINERA EN NUESTRA AMÉRICA


En todas partes cuecen habas
Y en mi casa a calderadas.
Popular


I

COLOMBIA: ¿QUÉ HACER CON CERRO MATOSO?


Senador Jorge Enrique Robledo,
Bogotá, julio 20 de 2012

El próximo 30 de septiembre vencen los contratos de concesión 863 de 1963 y 1727 de 1971 entre el Estado colombiano y Cerro Matoso S.A., la trasnacional –es de BHP Billiton– que explota la mina de níquel de Monte Líbano, Córdoba. El fin de los contratos significa que 2.41 billones de pesos de activos de esa empresa pasan a ser propiedad exclusiva de la nación colombiana.

Para comprender mejor la importancia de la reversión, basta con saber que las utilidades netas de Cerro Matoso en los últimos siete años sumaron 2.46 billones de pesos, con un promedio de más de 350 mil millones de pesos anuales, luego de pagar los costos de administración de la empresa y regalías e impuestos. Una vez reviertan esos bienes, a la Nación deberán llegarle utilidades semejantes a las que hoy recibe la trasnacional, además de impuestos y regalías.

En el momento, y a puerta cerradísima, se discute entre el gobierno y BHP Billiton -que también es accionista de El Cerrejón- qué pasará al vencimiento de los contratos. En teoría, las posibilidades son tres.

1. Que la mina y sus procesos industriales pasen a ser explotados directamente por una empresa del Estado, bien sea que esta se cree expresamente para ese fin o que la explotación la haga a través, por ejemplo, de Ecopetrol.
2. Que se convoque a un concurso en el que empresas privadas compitan entre sí para contratar con el Estado la extracción y procesamiento del níquel.
3. Que se firme un nuevo contrato con Cerro Matoso para que esta siga operando el negocio, pero teniendo en cuenta que lo que hay allí ya no le pertenece, porque ha pasado al patrimonio nacional.

Para definir qué es lo más conveniente para el país deben tenerse en cuenta otras realidades. Se sabe de lo reducidos que son en Colombia los impuestos y las regalías que pagan las trasnacionales. Cerro Matoso acaba de perder un reclamo de la Nación sobre regalías no pagadas por más de 35 mil millones de pesos, reclamo que tuvo origen en un estudio de la Contraloría General de la República y sobre el cual hay analistas que señalan que lo perdido es diez veces dicha suma. Los graves daños ambientales en la zona son evidentes, al igual que la pobreza que acosa a sus habitantes. Los trabajadores acusan a la empresa de maltrato laboral. Y el profesor Guillermo Rudas, gran conocedor del problema minero, ha puesto en severa duda la veracidad de las liquidaciones de regalías que hace Cerro Matoso y la falta de transparencia con la que se informa sobre este negocio, así como la extrema debilidad de la auditoría oficial sobre las cuentas de la trasnacional (http://bit.ly/PdncT3). Reclamos del mismo tenor ha expresado Álvaro Pardo, otro connotado analista de estos temas.

Preocupados por lo que ocurre, se constituyó el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso, del que hacemos parte los senadores Nohora García Burgos y Juan de Jesús Córdoba (Partido Conservador), Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U), Daira Galvis Méndez (Partido Cambio Radical), Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), Félix José Valera (Partido Verde) y Jorge Enrique Robledo (Partido Polo Democrático Alternativo), así como académicos, voceros de los municipios donde se localiza la mina y organizaciones sindicales.

Como primer paso, el Comité decidió plantearle al gobierno nacional no precipitarse en la toma de ninguna decisión sobre Cerro Matoso, porque los colombianos tienen derecho a opinar, y no ante hechos cumplidos, sobre un negocio de estas proporciones. También se le solicitará que informe en qué van las negociaciones y que entregue copia de todos los contratos suscritos entre el Estado y Cerro Matoso y las demás empresas que han tenido que ver con esta explotación, para que pueda darse un debate ilustrado sobre qué debe hacerse con la reversión al país de tan enorme riqueza.

Coletilla: Prueba reina de que las EPS no son necesarias: el magisterio, las Fuerzas Armadas, Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia no tienen EPS, pero sí derechos en salud superiores a los demás colombianos. Tampoco hay EPS en muchos países (http://bit.ly/O1nFXe). Santos no está por salvar la salud de los colombianos sino a las EPS y a su negocio de aseguramiento financiero. Convergencia nacional para derogar la Ley 100.

Bogotá, julio 20 de 2012
Polomoir moir@moir.org.co
22 julio 2012 12:27


II

POLÍTICAS MINERAS EN COLOMBIA


Julio Fierro Morales.

La minería en Colombia debe analizarse desde la perspectiva geoestratégica, en la cual el mundo puede ser dividido en términos del mercado global en dos tipos de países: un Norte Global caracterizado por incluir países con altas tasas de crecimiento y necesidades inmediatas de materias primas para ser transformadas y usadas en mercados internos altamente especializados y exportadas con alto valor agregado, y un Sur Global al que pertenecen países pobres, generalmente con altas tasas de inequidad en la distribución del ingreso, los cuales suministran las materias primas en mercados predominantemente manejados por empresas pertenecientes al primer grupo de países. Estas variables globales se entroncan con las relaciones entre grupos financieros y minería, donde los grandes capitales se diversifican en actividades aparentemente inconexas pero que permiten la especulación, la salida fácil de dividendos a las casas matrices de las empresas transnacionales y, además, crean un manto de legitimidad a partir de códigos de comportamiento avalados por la banca multilateral, la cual hace de juez y parte.

Contenido
Capítulo I. Tendencias nacionales e internacionales de política minera
1. Introducción
2. La mimería en el mundo
3. La minería en Colombia
4. Minería y ambiente
Capítulo II. Identificación y análisis de proyectos y fuentes de financiación
1. Proyectos actuales de gran minería
2. Proyección de la industria minera
3. Finaciación
Capítulo III. Cartografía de conflictos
1. Minería y ambiente
2. Minería y grupos étnicos
3. Municipios con conflictos alrededor de la minería en Colombia
Capítulo IV. Impactos socioambientales y territoriales
1. El cambio climático
2. Agua
3. Impactos y conflictos socioambientales
4. Minería y ordenamiento territorial
Capítulo V. Recomendaciones de políticas y normativa
1. Recomendaciones de política
2. Recomendaciones de normativa
3. Recomendaciones de instrumentos técnicos
Notas
Referencias citadas
Anexos
Descargue aquí el Libro completo

Bogotá, julio 20 de 2012
Polomoir moir@moir.org.co
22 julio 2012 12:27

-.o0o.-

Agradecemos a un colaborador anónimo que nos indica lo siguiente:
Puedes descargar el libro en:
http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/taq/Taqpoliticas-m/completo.pdf