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lunes, 18 de noviembre de 2019

BOLIVIA: NO SOLO SE DEBE CONDENAR EL GOLPE


 
Humberto Campodónico
 
18. 11. 2019

En este artículo queremos ocuparnos de lo que podemos llamar a cuestiones estructurales que son vitales para entender lo sucedido en Bolivia en los últimos 14 años, pero que, en nuestro país han sido poco discutidas. 

La nueva Constitución 

Fue promulgada en el 2009, bajo el gobierno de Evo Morales. El 61% de la población la aprobó, mientras que el 39% votó en contra. Si bien el triunfo es claro a nivel nacional, no sucedió lo mismo a nivel regional pues el No obtuvo 60% en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. 

En la Constitución se establece claramente que se procede a la refundación de Bolivia, lo que se hace “debido a la fortaleza de la Pachamama y gracias a Dios”. También que Bolivia será una República Plurinacional, reconociendo a las diversas etnias y nacionalidades. En el Artículo 6 se establece que la wiphala es también un símbolo del Estado de Bolivia, al lado de la bandera, el himno y el escudo de armas. 

La base de esta refundación se asienta sobre el concepto del “vivir bien”, o “buen vivir”, que se origina desde mediados de la década del 80 en las poblaciones indígenas de los países andinos y que está en la Constitución de Bolivia del 2009 y en la Constitución de Ecuador del 2008. Puede decirse que es una variante tardía de las concepciones indigenistas de México y Perú que tuvieron su época de auge en los primeros 30 años del Siglo XX (1)

El buen vivir puede ser definido como una forma de vida en armonía con uno mismo (identidad), con la sociedad (equidad) y con la naturaleza (sustentabilidad). A partir de aquí se establecen variantes. Una de ellas es su carácter purista y otra es si el Estado debe definir y liderar el proceso de cambio. También tenemos una concepción ecologista y “pos desarrollista” que prioriza la sostenibilidad ambiental (2).

En este artículo no es posible analizar a fondo el concepto. Pero sí podemos decir, de un lado, que se trata de un hecho político y social de la más alta importancia (las “refundaciones” no suceden todos los días) y, de otro que el buen vivir es un concepto que resume una crítica y propone valores alternativos, recusando el propio concepto de “desarrollo” por sus orígenes occidentales y porque forma parte de la “colonialidad del poder” (Aníbal Quijano). 

El concepto ha tenido acogida, sobre todo en los países andinos, con población indígena. Al mismo tiempo, diversos analistas consideran que en Bolivia se ha avanzado en la consecución de derechos ciudadanos, lo que incluye el desempeño en importantes cargos gubernamentales, lo que ha tenido un impacto positivo en las comunidades indígenas.  

Dicho esto, como alternativa concreta el “buen vivir” es aún un concepto aspiracional que no contiene un conjunto de políticas públicas y roles definidos del Estado y del mercado. De hecho, tanto en Bolivia como en Ecuador, los gobiernos de Morales y Correa continuaron con la extracción de las materias primas, motivando fuertes críticas de muchos de sus seguidores iniciales debido a que habían pasado del “Consenso de Washington” al “Consenso de los Commodities”. Es decir, ante las necesidades económicas de la “coyuntura” dejaron de lado una de las banderas esenciales del “buen vivir”.

Los éxitos económicos del gobierno de Evo Morales 

Este es un tema que sí ha sido ampliamente discutido. Tiene su origen en la recuperación de soberanía y la renta de los recursos naturales, después de la “guerra del gas” del 2002 y 2003 que causó más de 70 muertos y terminó con la huida del Presidente Sánchez de Lozada, siendo sucedido por su vicepresidente Carlos Mesa (el mismo que ha sido candidato presidencial en este proceso). Fue durante su gobierno que se convocó al referéndum que aprobó elevar la regalía del gas de 18 a 50%, recuperar la propiedad de los hidrocarburos y “resucitar” a YPFB (Ley 3058). 

Más adelante, en el 2006, el nuevo Presidente Evo Morales renegoció los contratos de petróleo y gas y promulgó la nueva Constitución (2008). También se renegociaron los contratos de exportación de gas natural a Brasil y Argentina, en términos favorables y manteniendo la indexación del precio del gas exportado a los precios de los derivados del petróleo, a diferencia del caso peruano, que estuvo en manos de empresas privadas y no hubo indexación alguna.

Es importante destacar que la Constitución del 2009 establece de manera explícita la necesidad de la industrialización de los recursos naturales y la masificación del gas, llevándolo a todos los domicilios. En los últimos años en Bolivia se construyó una planta de amoniaco y úrea. En agosto de este año se establecieron las bases de la convocatoria a una licitación para una planta petroquímica de propileno y polipropileno, que seguramente quedará trunca. En lo que respecta a la masificación, la estatal YPFB ya tiene más de un millón de hogares conectados.  

Las reformas del sector hidrocarburos constituyeron la base central de apoyo del crecimiento económico de Bolivia hasta el 2015, con un manejo ordenado de la política macroeconómica, fiscal y monetaria a tal punto que el FMI lo llenó de elogios en sucesivas ocasiones. 

Este crecimiento económico se tradujo en la reducción de la pobreza, que del 2005 al 2018 bajó de 60 a 34%. De su lado, la pobreza extrema se redujo del 38 al 15% en el mismo periodo, con lo cual Bolivia batió el récord de la Región. También Bolivia tuvo los mejores índices de reducción de la desigualdad (coeficiente de Gini, medido con las Encuestas de Hogares) en toda la Región, bajando de 0.61 a 0.43 del 2002 al 2017, según la CEPAL (ver gráfico). Ningún otro país tuvo semejante desempeño: la desigualdad en Bolivia iguala ahora a la de Chile y Perú.



Además de la planta de amoniaco y úrea, así como de la planeada petroquímica, como parte de un plan de diversificación productiva, hace pocos meses se suscribió el contrato con la empresa china Sinosteel Equipment para explotar el hierro del Mutún y construir una siderúrgica con una inversión de US$ 546 millones. La construcción ya comenzó y la planta debe entrar en funcionamiento en el 2022.

En julio pasado Evo Morales visitó a Vladimir Putin.  En esa ocasión se anunciaron negociaciones con la rusa Gazprom para atraer US$ 1,200 millones de inversión en la exploración del área Vitiacua (Chuquisaca), donde se estima que existen reservas de gas de 2,3 TCF. No se sabe si, ahora, este proyecto saldrá adelante. 

Otro de los ejes que debiera impulsar la diversificación productiva es la explotación de las grandes reservas de litio del Salar de Uyuni. Como se sabe, el litio es el insumo central para las baterías que alimentan los autos eléctricos. Chile es el primer productor de la Región, seguido de Argentina. En Bolivia, que aún no extrae el litio, hay planes para su extracción con la alemana ACI Systems GmbH (Acisa) y otro con China para los salares de Pastos Grandes (Potosí) y de Coipasa (Oruro), con una inversión prevista de más de US$2000 millones.

El fin del superciclo de precios de las materias primas, que incluye al gas natural, comenzó a golpear a la economía boliviana desde el 2015. Los menores ingresos por exportaciones han incidido en la caja fiscal, mientras que la política económica mantenía un impulso anticíclico. Sin embargo, lo que se le critica al gobierno es la apreciación de la moneda en los últimos años, así como la necesidad de un mayor impulso a las inversiones del sector privado.

Los déficits fiscales y de cuenta corriente de la Balanza de Pagos -y la deuda externa- han crecido, haciendo cada vez más insostenible mantener el nivel de actividad económica de años recientes, así como los subsidios a los combustibles, principalmente al diésel. Todo ello “le pasó factura” al gobierno, lo que se agrega al desgaste propio del gobierno, que ya tenía 14 años.

El contexto político 

Es en este contexto que el gobierno de Evo Morales plantea en el 2016 un proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado Boliviano postularse a ser reelectos. Morales perdió pues el "No" ganó con un total de 51%, mientras el "Sí" obtuvo el 49% de votos. Esta vez Chuquisaca y Oruro se sumaron a la “media luna” opositora a Morales. 

Más adelante en el 2017 el Tribunal Constitucional dijo que el límite de dos periodos para el mandato presidencial constituía una violación a los derechos humanos del gobernante. Y autorizó a Morales a volverse a postular. Así las cosas, Morales logró torcer la voluntad de los votantes. Con ello, su alejamiento de sectores importantes de la clase media produjo una erosión cada vez mayor de su legitimidad como gobernante. 

Igualmente grave resulta que el MAS no haya podido encontrar un candidato alternativo a Morales, de manera que no se tenga que depender de una sola persona, vale decir, de un caudillo que, supuestamente, es la única persona que puede seguir conduciendo el proceso de cambio. Recordemos que hace pocos días, desde México, el propio Evo Morales ha declarado que su candidatura era necesaria para consolidar el proceso; por ello necesitaba quedarse hasta el 2025 (3). ¿Y si después estima que el proceso ya no se consolida en el 2025 sino en el 2030, también se queda 5 años más?

La situación internacional en los últimos años se caracteriza por el ascenso de Trump al gobierno de EEUU y su abierta política contra valores fundamentales de la democracia, tales como el respeto a los derechos humanos (los migrantes, DACA), retiro del acuerdo nuclear con Irán, la preservación del medio ambiente (salió del COP 21), vejámenes a mujeres. 

En el plano global Trump ha comenzado una guerra comercial contra China que es, en realidad, una guerra por la hegemonía global en el Siglo XXI. En ese marco se sitúa su política frente a América Latina, reviviendo la Doctrina Monroe, atacando a México, apoyando a Macri, a Bolsonaro. Y, claro, situándose en contra de Evo Morales –que tiene litio, que tiene buenas relaciones con China y Rusia- como parte de ese enfoque. 

Las elecciones de octubre 

Así las cosas, desde hace varios años la mano ya venía complicada para el MAS y las elecciones del 20 de octubre eran una batalla donde las fuerzas en pugna usarían todas sus armas para salir vencedores. No cabe ya aquí un recuento detallado de los resultados electorales en donde la oposición arguye que el gobierno cometió fraude, tergiversando los resultados. 

Hasta donde se ha podido analizar, la OEA habla de graves irregularidades. Y una organización internacional (CEPR, 4) dice que la suspensión del conteo rápido (que se hace con actas, pero que no es el conteo oficial) la noche de las elecciones, cuando se había llegado al 82%, era una práctica normal en Bolivia. Afirman que el conteo oficial de las actas nunca se detuvo y que los resultados se ajustan a la realidad. Lo que cuestiona el CEPR es el rol jugado por la OEA en estas elecciones.

De lo que sí no queda duda alguna es que la “sugerencia” del Comandante en Jefe Williams Kaliman a Evo Morales para que renuncie es inadmisible pues se constituye en el hecho decisivo que lleva a su renuncia. Los hechos están allí. Hay ahora un gobierno de la derecha más reaccionaria, autoritaria y represiva, que, sin tener mandato alguno, apunta a revertir todas las políticas del gobierno de Morales. Con el apoyo del gobierno de Trump y de Bolsonaro, claro está. Y pareciera que con el apoyo velado y miedoso de otros gobiernos de la región, incluido el Perú. 

Si el gobierno de Jeanine Añez pudiera, comenzaría por abolir la Constitución del 2009 para que no haya pachamama, buen vivir, wiphala ni indígenas buscando democracia. Solo Cristo y la Biblia que, claro está, no tienen culpa en ser usados de esa manera. 

Por eso es importante no solo el hecho de decir si hubo o no hubo golpe. Tanto o más importante que condenar al nuevo régimen es comprender todo lo que han supuesto las transformaciones en Bolivia, así como los aciertos y errores del gobierno en este proceso. No debemos quedarnos solo en la condena del golpe.

Notas al Pie 

(1) En el Perú la discusión sobre el indigenismo dio sus primeros pasos al lado del desarrollo del pensamiento socialista de José Carlos Mariátegui, quien en los Siete Ensayos afirmó que el problema del indio es un problema fundamentalmente económico: “comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra”, “el problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad en el Perú”. Este enfoque marcó la política peruana durante el resto del siglo XX. 
(2) Ver: Narrativas, políticas y resultados del desarrollo alternativo en la región andina, en https://journals.openedition.org/poldev/2497#tocto1n1
(3) "Yo creo que habría bastado hasta el Bicentenario (2025). Con cinco años más estaba consolidando el crecimiento económico, la integración de Bolivia y la universalización de los distintos programas sociales. Esa es la idea de Bolivia con desarrollo, con igualdad social, con integración, y con un tema de industrialización"
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/no-me-arrepiento-de-haber-querido-g...
(4) Ver CEPR, ¿Qué sucedió con el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA
http://cepr.net/images/stories/reports/bolivia-elections-2019-11-spanish...


lunes, 2 de septiembre de 2019

CIADI Y AYMARAZO: ANATOMÍA DE UN MODELO MINERO EN CRISIS



2. 09. 2019
Por: Humberto Campodónico

Se ha vuelto cada vez más común – en casi todo el mundo- que las disputas entre los inversionistas extranjeros y los Estados receptores de la inversión se resuelvan en tribunales de arbitraje internacionales. Uno de ellos es la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París y el otro es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en Washington. 

La enorme proliferación de estos casos tiene su base legal en los diferentes Tratados Bilaterales de Inversión firmados entre los países y, en un grado superior, estos arbitrajes forman parte de los Tratados de Libre Comercio firmados entre los países. En el caso peruano, en los últimos años hemos tenido varios arbitrajes, sobre todo en el CIADI, cuyos resultados han sido mixtos: se han perdido algunos y se han ganado otros, con ventaja de los segundos sobre los primeros (1)

Uno de los casos recientes en los cuales el Perú perdió un arbitraje ha sido en el caso “Bear Creek contra el gobierno peruano” que se llevó a cabo en el CIADI desde el 2014, emitiendo en noviembre del 2017 el laudo arbitral. Bear Creek es una minera canadiense que obtuvo en el 2007 una concesión minera dentro de los 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, en la Región Puno. 

Desde el inicio, la población puneña de la zona, en su mayoría aymara, se opuso a la inversión, por varios motivos. Afirmaban que ésta violaba los derechos de las comunidades, además que algunas de las zonas eran consideradas santuarios religiosos. 

Las protestas llegaron a su punto más alto en el 2011, año de elecciones generales y estuvo a punto de frustrar, en Puno, las elecciones a la segunda vuelta presidencial del 5 de junio. Las protestas se suspendieron pero se reanudaron el 20 de junio del 2011, con redoblada fuerza, dando lugar al “aymarazo”. Es por esa protesta que el Poder Judicial acaba de condenar a seis años de prisión a Walter Aduviri, en ese entonces Presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Región Sur de Puno y hoy Gobernador de la Región Puno. 

Hay otros conflictos que podrían –digo bien, podrían- acabar en el CIADI, por ejemplo el caso de la inversión de Southern Peru en Tía María. Por eso, es importante, ver en detalle, como se comportó el Tribunal de Arbitraje del CIADI, los hechos que analizó y la motivación del laudo arbitral.

Los inicios 

En noviembre del 2007 el gobierno de Alan García promulgó el DS-083-2007-EM, por el cual se declara de necesidad pública la inversión de la minera canadiense Bear Creek en la Región Puno (mina Santa Ana) y la autoriza a poseer concesiones mineras dentro de los 50 Km de la frontera con Bolivia. El DS es condición sine qua non para cumplir con el Artículo 71 de la Constitución. 

El 24 de junio del 2011 el gobierno derogó el DS-083-2007 con el DS-032-2011. Dice el DS 032 que “habría circunstancias que implicarían la desaparición de las condiciones exigidas legalmente”. Además, el DS  032prohíbe las actividades mineras en la zona “para resguardar las condiciones ambientales y sociales”, eufemismo para referirse a las fuertes protestas sociales que desembocaron en el ya mencionado “aymarazo”. 

Este DS 032 es el eje de la demanda de Bear Creek (BC) al CIADI del Banco Mundial en agosto del 2014, amparándose en el TLC entre Canadá y Perú. Cada una de las partes nombró un árbitro y el tercero fue escogido por los dos primeros. El laudo arbitral (el fallo definitivo e inapelable) fue promulgado en noviembre del 2017 (2).


Los argumentos de la empresa y del Estado

El Laudo acogió el pedido de expropiación indirecta de BC, pero no aceptó el pedido de indemnización por US$ 297 millones (expectativas de ganancia futura). El Tribunal discutió ampliamente la posibilidad de usar el método de flujo de caja descontado, que podría haber llevado la indemnización hasta esa cifra. Pero el Tribunal la desechó y estableció que la indemnización debía limitarse a los montos invertidos -US$ 18 millones, más intereses y gastos- porque si bien BC tenía la concesión, le faltaba aún obtener varios permisos para poder viabilizar el proyecto. 

De su lado, los abogados del Estado dijeron que la obtención de las concesiones había sido fraudulenta: una empleada de BC habría actuado como “testa” y después se los habría vendido a BC, lo cual no se habría sabido en el 2007. 

Sorprende que el Estado (en ese momento liderado por Alan García, artífice del enfoque del “perro del hortelano”) que apoyó a BC en toda la línea desde el 2007 hasta el 2011, reniegue de su actuación ya durante el arbitraje (en Majaz, situada en la Región Piura en la frontera con Ecuador, la concesión se obtuvo de la misma forma). 

El otro argumento del Estado peruano fue que el DS 032 se emitió para enfrentar la crisis social. En el laudo, el Tribunal afirma que el gobierno está en su derecho de buscar la paz social, pero que eso no legaliza la derogatoria del 083. 

Además, nos revela los entretelones de la decisión presidencial que llevó a la aprobación del DS 083 del 2011. Esta es una cita textual del laudo: “todo lo que se sabe es que, entre las 9pm del 23 y la 1:30 am del 24 de junio, entre 15 y 19 Ministros fueron contactados y aceptaron revocar el DS 083, a tiempo para que el Presidente firmara la decisión a la 1:30 am. No se ha proporcionado documentación relativa a ningún debate vinculado a la expropiación, y el Estado asevera que todos los documentos se han perdido” (página. 124). 

El laudo analiza ampliamente el tema de la licencia social y formula preguntas a las partes. Recordemos que recién en agosto del 2011 se aprueba la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas (Ley 29785). 

Además, el laudo establece que la oposición social comenzó desde el 2008, mencionando que en octubre de ese año los opositores al proyecto obligaron a ponerse “de rodillas” a funcionarios de la empresa (página 147). 

En el 2011, uno de los pedidos aymaras fue la protección del Cerro Khapia, lugar sagrado, lo que el gobierno concedió con una Resolución Ministerial en junio del 2011: “El Viceministro Gala también anunció que el Gobierno Central estaba cumpliendo con el Acta, lo cual quedaba demostrado con la Resolución Viceministerial por la cual declaraba el Cerro Khapia parte del patrimonio cultural de la nación” (página 45). 

Dicho esto, debemos resaltar que el pedido aymara más importante siempre fue la derogatoria del DS 083. 

A modo de conclusión

Los arbitrajes internacionales se han incorporado a los tratados bilaterales de comercio y a los TLC, debido a que los inversionistas desconfían del sistema de justicia de los países huéspedes de la inversión, sobre todo debido a la corrupción existente. Por ello, una tarea central es el combate contra la corrupción y la elevación a estándares internacionales del sistema judicial de los países en desarrollo, incluido el Perú por supuesto. 

Para nosotros, más allá de lo que se puede opinar sobre los TLC y el CIADI, el laudo refleja claramente la crisis de un modelo de contratación minera, pues favorece abiertamente al inversionista y desestima los reclamos de la población. El andamiaje jurídico existente justifica la legalidad de la inversión minera, contra viento y marea, paso a paso. No hay forma de presentar las reivindicaciones, porque eso los pone “contra la ley”. Eso también se ve en Tía María.

Ultimo punto, pero no menos importante: si el gobierno de García derogó el DS 083, que es lo que pedían los aymaras, ¿por qué se condena a Walter Aduviri? ¿Por defender lo que el propio gobierno en el 2011 aceptó como correcto y el Estado defendió durante el laudo en el 2016? ¿O porque se criminaliza la protesta?

1) Este no ha sido el caso en otros países, como Ecuador y Bolivia, que se retiraron del CIADI hace algunos años denunciando la parcialidad del CIADI con los inversionistas extranjeros. Para un análisis detallado del caso ecuatoriano, ver https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/02/RP71_Recovering-S...

2) Ver el texto completo del laudo arbitral, en español, en https://www.italaw.com/cases/2848