Por Administrator
domingo 18 de enero de 2026, 22:00h
Ivan Kesic
Las horas previas al amanecer del 3
de enero de 2026 hicieron añicos los últimos vestigios del orden mundial de la
posguerra fría, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo una
incursión militar en Caracas que culminó con el secuestro del presidente electo
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
El secuestro de Maduro y de su esposa
coincidió con una serie de ataques con misiles y drones contra infraestructura
militar y civil en la capital venezolana, que provocaron al menos 40 muertes.
Ordenada directamente por el
presidente estadounidense Donald Trump, la operación marcó el fin de una
campaña de 25 años emprendida por Estados Unidos para derrocar la Revolución
Bolivariana y reafirmar un control de corte colonial sobre la vasta riqueza de
hidrocarburos del país latinoamericano.
Presentada por Washington como una
“acción de cumplimiento de la ley” contra un supuesto “narcoterrorismo”, esta
agresión sin precedentes representó, según observadores, un acto de terrorismo
de Estado sin parangón en las relaciones hemisféricas modernas, constituyendo
una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del principio de
inmunidad soberana y del derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Sin embargo, no es la primera vez que
Washington interviene por la fuerza en Caracas para afianzar su influencia. El
patrón se remonta al fallido golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo
Chávez, que reveló la disposición de Estados Unidos a emplear medios
encubiertos e ilegales para promover un cambio de régimen.
Asimismo, el examen de la evolución
de la política estadounidense —desde la subversión encubierta hasta el
estrangulamiento económico abierto mediante sanciones unilaterales ilegales—
pone de relieve una guerra híbrida calculada, diseñada para empobrecer y
someter al pueblo venezolano hasta forzarlo a la rendición.
Del mismo modo, situar el secuestro
extrajudicial de Maduro dentro del largo y sombrío continuum de intervenciones
estadounidenses en América Latina —desde Panamá y Haití hasta Chile y Brasil—
deja al descubierto una doctrina imperial que prioriza la extracción de
recursos y la dominación geopolítica por encima de la democracia y el derecho
internacional.
Analistas han descrito estos hechos
como la proclamación de un precedente peligroso, que señala que la hegemonía
estadounidense se arroga ahora el derecho de capturar físicamente a cualquier
dirigente extranjero que considere unilateralmente ilegítimo.
Del golpe encubierto al secuestro
abierto
El secuestro del presidente Maduro
encuentra su antecedente directo en los acontecimientos del 11 al 13 de abril
de 2002, cuando Estados Unidos respaldó un golpe de Estado ilegal que depuso
temporalmente al presidente Hugo Chávez.
El detonante de la hostilidad
estadounidense no fueron los derechos humanos ni la gobernanza, como sostienen
los analistas, sino el control de los vastos recursos del país, especialmente
el petróleo. En particular, la promulgación por parte de Chávez de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos de 2001, que recuperó los recursos petroleros venezolanos
de manos de corporaciones transnacionales y destinó los ingresos a misiones
sociales para los sectores más pobres.
Esta afirmación democrática del
control sobre los recursos supuso un desafío inaceptable para los intereses
económicos de Estados Unidos y para el modelo neoliberal, centrado en la
doctrina del “a mi manera o por la autopista”.
Documentos desclasificados
confirmaron posteriormente que altos funcionarios estadounidenses, entre ellos
el entonces subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Otto Reich —una figura con profundos vínculos con redes contrainsurgentes de la
Guerra Fría—, no solo estaban al tanto de la conspiración golpista, sino que
colaboraron activamente con sus arquitectos civiles y militares.
Durante el breve mandato de 47 horas
del empresario proestadounidense Pedro Carmona, instalado ilegalmente y que
disolvió de inmediato la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, la
administración de George W. Bush se apresuró a reconocer al régimen ilegítimo,
dejando al descubierto su preferencia por una dictadura dócil antes que por una
democracia soberana.
Aunque una insurrección popular
restituyó a Chávez en el poder, el golpe de 2002 estableció un precedente
crucial: Estados Unidos había demostrado su intención y capacidad para
orquestar la remoción forzosa y extraconstitucional de un presidente venezolano
democráticamente electo.
Los métodos fueron inicialmente
indirectos, apoyándose en actores internos y en la manipulación mediática, pero
el objetivo de la detención física y del “cambio de régimen” era inequívoco.
El fracaso de esta operación no
condujo a una rectificación de la política estadounidense hacia el respeto de
la democracia venezolana. Por el contrario, catalizó una estrategia más amplia
y despiadada.
La detención temporal de Chávez
funcionó como un ensayo general, demostrando que la idea de secuestrar al jefe
de Estado venezolano ya estaba operativa dentro de los círculos de la política
exterior estadounidense.
El secuestro de Maduro, por tanto, no
es visto por los analistas como una escalada espontánea, sino como la
materialización de un plan de “cambio de régimen” en gestación desde hace casi
un cuarto de siglo, que abandonó la negación plausible para recurrir al
instrumento burdo de la fuerza militar directa.
Guerra híbrida estadounidense y
asedio económico contra Venezuela
Tras el fracaso del golpe de 2002, la
estrategia estadounidense pasó de un enfoque singular de “decapitación” a una
guerra híbrida multidimensional, concebida para desmantelar sistemáticamente el
Estado venezolano, su economía y su tejido social, creando las condiciones para
un colapso interno o para una intervención externa “justificada”.
Esta política, sostenida a lo largo
de sucesivas administraciones estadounidenses con independencia de partidos o
ideologías, instrumentalizó las finanzas, la diplomacia, la información y el
derecho para librar lo que el ex relator especial de la ONU Alfred de Zayas
calificó como “guerra económica”.
La base se sentó con la orden
ejecutiva de 2015 del presidente Barack Obama, que declaró de manera
fraudulenta a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Este argumento jurídico sirvió de
pretexto para una red cada vez más asfixiante de medidas coercitivas
unilaterales —ilegales conforme al derecho internacional y condenadas
reiteradamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU— que congelaron los
activos venezolanos en el extranjero, bloquearon su acceso al crédito internacional
y a los mercados petroleros, y criminalizaron transacciones para importaciones
esenciales como alimentos y medicamentos.
El objetivo era claro e inequívoco:
infligir el máximo castigo colectivo a la población venezolana para erosionar
el apoyo público al gobierno electo.
Para 2018, la administración Trump
escaló hacia embargos a gran escala sobre los sectores petrolero y aurífero de
Venezuela —el sustento económico del país—, mientras que el Reino Unido
confiscó ilegalmente las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de
Inglaterra.
Este estrangulamiento económico se
vio agravado por un sofisticado uso del lawfare, incluida la
teatral “reconocida” en 2019 de un desconocido dirigente opositor, Juan Guaidó,
como “presidente interino”, una maniobra respaldada por menos de un tercio de
la población venezolana, pero avalada por Estados Unidos y sus aliados.
A ello siguió la fallida incursión
mercenaria conocida como “Operación Gedeón” en 2020. Paralelamente, una
implacable campaña mediática global atribuyó falsamente las penurias
humanitarias resultantes —causadas directamente por las sanciones
estadounidenses— exclusivamente a la mala gestión gubernamental.
La guerra híbrida culminó con la
concesión políticamente motivada del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente
“opositora” María Corina Machado, beneficiaria durante años de financiación
estadounidense a través de la National Endowment for Democracy, en un esfuerzo
transparente por legitimar moralmente la agresión inminente.
En este contexto, las acusaciones
penales contra el presidente Maduro por “narcoterrorismo” nunca fueron
instrumentos judiciales creíbles; fueron herramientas geopolíticas diseñadas
para deshumanizar y criminalizar a un dirigente extranjero ante la opinión
pública, construyendo una coartada legal retroactiva para un acto de secuestro,
según numerosos analistas políticos y expertos jurídicos consultados por Press
TV.
La incursión militar de enero de 2026
fue, por tanto, la fase cinética final de esta larga guerra, desplegada cuando
la asfixia paulatina de las sanciones no logró su objetivo último de rendición
incondicional.
Historial estadounidense de
intervenciones de “cambio de régimen” en América Latina
El secuestro del presidente Maduro,
si bien carece de precedentes por su descaro contra un jefe de Estado
sudamericano, se inscribe profundamente en un patrón largo y coherente de
intervencionismo estadounidense en América Latina, donde la remoción forzosa de
dirigentes ha sido un instrumento recurrente de política exterior.
El análogo histórico más directo es
la invasión estadounidense de Panamá en 1989, denominada “Operación Causa
Justa”, que culminó con la captura del líder de facto, el general Manuel
Noriega.
La invasión, condenada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, sentó el precedente de que Estados
Unidos podía invadir militarmente a una nación soberana, provocar cientos de
víctimas civiles y aprehender físicamente a su dirigente para someterlo a
juicio bajo la legislación estadounidense por cargos de narcotráfico que
Washington había ignorado durante años, cuando Noriega fungía como un valioso
activo de inteligencia.
La operación constituyó una
demostración descarnada de que la jurisdicción interna de Estados Unidos podía
extenderse violentamente sobre territorio extranjero, un precedente citado de
forma inquietante por funcionarios estadounidenses tras la más reciente
agresión que sacudió al mundo y desencadenó protestas globales.
De manera similar, la destitución en
2004 del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide —electo democráticamente
en dos ocasiones— sigue un patrón congruente. Aristide ha sostenido de forma
constante que fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, obligado a subir a
una aeronave y enviado al exilio en la República Centroafricana.
Si bien funcionarios estadounidenses
afirmaron que renunció voluntariamente, el resultado fue idéntico: un
presidente inaceptable para Washington fue expulsado físicamente del país y se
instauró un orden más dócil.
Este episodio evocó transgresiones
previas de Estados Unidos en Haití, incluida una brutal ocupación militar de 19
años a comienzos del siglo XX.
Más allá de las capturas directas, el
historial estadounidense es una letanía de intervenciones encubiertas que
derrocaron gobiernos legítimos.
El golpe de Estado de 1954 en
Guatemala, diseñado por la CIA, derrocó al presidente democráticamente electo
Jacobo Árbenz para proteger las ganancias de la United Fruit Company, dando
inicio a décadas de guerra civil con rasgos genocidas.
En Chile, el sabotaje económico y la
guerra política impulsados por Estados Unidos facilitaron el golpe militar de
1973 contra el presidente Salvador Allende, que dio paso a la dictadura de
Pinochet.
En Brasil, el apoyo estadounidense
fue determinante en el golpe militar de 1964 que inauguró un régimen
autoritario de veinte años.
Incluso en los casos en que Estados
Unidos no ejecutó directamente la acción, su influencia resultó decisiva para
legitimar la destitución ilegal de dirigentes.
El golpe militar de 2009 en Honduras,
en el que el presidente Manuel Zelaya fue capturado por soldados y expulsado
del país en pijama, fue de facto avalado por Washington mediante su negativa
clave a calificarlo como “golpe de Estado” y su posterior reconocimiento de
elecciones celebradas bajo el régimen golpista.
Este continuo histórico, que va de
Guatemala en 1954 a Honduras en 2009, revela una doctrina inmutable: los
líderes latinoamericanos que afirman la soberanía nacional, el control sobre
los recursos naturales o una política exterior independiente corren el riesgo
de ser etiquetados como criminales, terroristas o dictadores por Washington,
convirtiéndose así en objetivos de remoción mediante golpes, exilio o, como
ahora ha quedado establecido, secuestro directo.
El secuestro del presidente Maduro
es, por tanto, la manifestación más reciente y extrema de este supuesto derecho
imperial que Estados Unidos se ha arrogado sobre lo que durante largo tiempo ha
considerado su “patio trasero”.
Soberanía, inmunidad y el
desmantelamiento del derecho internacional
El acto descarado del secuestro del
presidente Maduro trasciende las relaciones bilaterales y ataca los pilares
fundamentales del orden jurídico internacional posterior a 1945.
La Carta de las Naciones Unidas, en
su artículo 2(4), prohíbe explícitamente “la amenaza o el uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado”.
La operación estadounidense,
realizada sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, sin declaración de
guerra alguna y sin una alegación creíble de legítima defensa frente a un
ataque armado inminente, constituye una violación de manual de esta norma
imperativa del jus cogens.
Asimismo, el principio de igualdad
soberana de los Estados, piedra angular del sistema de la ONU, queda reducido
al absurdo cuando un Estado secuestra militarmente al dirigente electo de otro.
Igualmente, grave es la vulneración
de la doctrina consuetudinaria de inmunidad de los jefes de Estado.
Este principio jurídico, esencial
para la estabilidad de las relaciones diplomáticas, establece que los jefes de
Estado en ejercicio gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción de
tribunales nacionales extranjeros durante el tiempo que dure su mandato.
El intento de Estados Unidos de
eludir este principio mediante la formulación de cargos penales —todos ellos
políticamente motivados y carentes de fundamento— representa, según expertos
jurídicos, una peligrosa forma de nihilismo legal.
Se instrumentalizan los sistemas
judiciales internos como herramientas de política exterior, declarando de facto
que cualquier país con suficiente poder militar puede despojar unilateralmente
de inmunidad a un líder extranjero mediante una acusación.
Si este “precedente de Caracas” se
consolida, se universaliza una ley de la selva, en la que los poderosos pueden
secuestrar a los dirigentes de los débiles basándose en acusaciones
unilaterales, advierten los expertos.
Ello invita a acciones recíprocas por
parte de otras grandes potencias y amenaza con sumir la diplomacia
internacional en una era de caos y secuestros de represalia.
La respuesta tibia de gran parte de
la comunidad internacional, impulsada por el temor a represalias económicas y
militares de Estados Unidos, pone de relieve la crisis de un sistema
multilateral rehén de una potencia hegemónica.
Este precedente se cierne ahora sobre
todo país que aspire a un camino independiente, anunciando que la soberanía
nacional queda condicionada al consentimiento de Washington.
La defensa de Venezuela como defensa
de un mundo multipolar
El secuestro del presidente Nicolás
Maduro, señalaron analistas a Press TV, no es simplemente un ataque
contra Venezuela, sino un acto declarativo contra el propio concepto de un
orden internacional regido por normas.
Afirman que deja al descubierto la
hipocresía fundamental de una política exterior estadounidense que proclama
retóricamente la democracia y el Estado de derecho, mientras recurre de manera
sistemática a golpes de Estado, sanciones y fuerza militar para socavar ambos
principios.
Este acontecimiento constituye la
culminación de una guerra híbrida de veinticinco años, lanzada no porque
Venezuela careciera de democracia, sino porque la ejerció para recuperar sus
recursos en beneficio de su pueblo.
Las acusaciones de “narcoterrorismo”,
que no han sido respaldadas por prueba alguna, sirven únicamente como una
cortina de humo cínica para el verdadero objetivo de la operación: la
pacificación final y forzosa de una nación rebelde y la apertura sin
restricciones de sus reservas petroleras al control corporativo extranjero.
Activistas en Venezuela y en otros
países subrayan que el camino a seguir exige más que declaraciones de
preocupación. Sostienen que requiere que la comunidad internacional —en
particular los países de América Latina, África y Asia, históricamente
sometidos a la dominación imperial— rechace colectivamente este precedente
mediante medidas diplomáticas, políticas y económicas decisivas.
“La lucha por la soberanía de
Venezuela se ha convertido en la primera línea de una batalla más amplia por un
mundo genuinamente multipolar, donde el derecho internacional rija tanto a los
fuertes como a los débiles, y donde las naciones tengan el derecho inalienable
de determinar su propio destino, libres de la amenaza de secuestro, coerción o
cambio de régimen”, declaró al sitio web de Press TV Dave
Smith, comentarista radicado en Sídney.
“La alternativa es aceptar una nueva
era de prerrogativa imperial, en la que el destino de los líderes y de las
naciones no lo decidan sus propios ciudadanos, sino las fuerzas especiales y
las ficciones jurídicas de una potencia hegemónica”.
