Ulises Noyola Rodríguez
ALAI
AMLATINA, 09/01/2017.- Al cierre del cuarto año de
gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública de México alcanzó un máximo
histórico de 9.38 billones de pesos, monto equivalente a 50.5% del Producto
Interno Bruto (PIB). Esta situación pone de manifiesto la crisis estructural
que padece la economía mexicana, agudizada a raíz del estallido de la crisis
global en septiembre de 2008.
Desde
mediados de 2014, las finanzas públicas fueron afectadas por la caída del
precio del petróleo y el nivel de producción de Petróleos Mexicanos, ambos
factores disminuyeron la participación del sector petróleo en el gasto público
de 40 a 13% entre 2008 y 2016, con lo cual, se puso en riesgo el financiamiento
de la inversión pública, el presupuesto de los estados y los programas sociales[1].
Frente a
la debacle, el gobierno mexicano decidió apostar por el endeudamiento público,
principalmente a través de la emisión de deuda interna (67% de la deuda
pública), que se contrata con acreedores nacionales y se liquida en pesos
mexicanos, lo cual disminuyó la vulnerabilidad externa ante una restricción del
financiamiento externo denominado en dólares[2].
Sin
embargo, la emisión de deuda pública no sirvió para impulsar el crecimiento
económico sustentado en una mayor inversión pública, sino que las entidades
estatales con un mayor nivel de endeudamiento público estuvieron caracterizadas
por tener gobiernos con altos índices de corrupción (Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Quintana Roo, Veracruz)[3].
La falta
de supervisión del gobierno mexicano sobre la deuda pública permitió el
endeudamiento excesivo de las entidades estatales, sin comprobar la
canalización de los fondos recaudados para el financiamiento de proyectos de
infraestructura, que evitaran su uso inadecuado auspiciado por la corrupción de
los gobernadores estatales.
Uno de
los casos más dramáticas es Veracruz, entidad que fue recientemente declarada
en emergencia financiera debido a la incapacidad de la administración estatal
de cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y servicios de sus
funcionarios públicos; esto pone en evidencia las graves consecuencias
derivadas de la adquisición de un elevado nivel endeudamiento público bajo un
contexto político plagado de corrupción[4].
Por otra
parte, para el gobierno mexicano será cada vez más difícil encontrar
condiciones accesibles de financiamiento a través de costos reducidos en los
mercados nacionales debido a la normalización de la política monetaria de la
Reserva Federal de Estados Unidos, situación que ha provocado cinco incrementos
de la tasa de interés de referencia por un total de doscientos cincuenta puntos
base por parte del Banco de México durante 2016.
De esta
manera, el aumento sistemático de la tasa de interés de referencia del Banco de
México que se situó en un nivel de 5.75% en diciembre de 2016, elevará aún más
el costo del financiamiento del gobierno mexicano en los mercados financieros;
la situación será cada vez peor toda vez que se esperan tres aumentos más de la
tasa de interés de los fondos federales de la Reserva Federal para el año 2017.
Las
condiciones adversas de financiamiento para el gobierno mexicano ya se ha
hecho sentir en la reducción del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente
a 2017 por una cantidad de 240,000 millones de pesos, que afectó seriamente la
disponibilidad de recursos de varias dependencias estatales (Petróleos
Mexicanos, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Secretaría de Salud)[5].
La
perspectiva de la economía mexicana es desfavorable ya que se prevén mayores
ajustes en el sector público que todavía tuvo un déficit primario de 217,570
millones de pesos (1.3% del PIB) en 2015, que se espera convertir en un
superávit primario de 73,800 millones de pesos (0.4% del PIB) con el fin de
fortalecer la confianza de las finanzas públicas en los mercados financieros en
2017[6].
La
restricción de financiamiento público por parte de las autoridades estatales se
realiza en un contexto crítico para la economía mexicana luego del triunfo
electoral del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump. El magnate se comprometió a construir un muro fronterizo que sostiene,
será financiado por el gobierno mexicano, además de llevar a cabo una
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
durante los primeros meses de su mandato.
La
negociación para reformular los términos del TLCAN corre el riesgo de
desencadenar aún más incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial
entre Estados Unidos y México. El panorama es muy amenazante ante la
posibilidad de reducir la inversión privada de origen estadounidense hacia la
economía mexicana, situación que no haría sino apuntalar las tendencias
recesivas sobre México ante la ausencia de un estímulo fiscal.
El
desarrollo de las negociaciones sobre el TLCAN podría resultar grave para la
economía mexicana, puesto que la proyección de crecimiento del PIB se encuentra
actualmente en 1.9% para el próximo año, mientras que un caso adverso de las
negociaciones podría suscitar una caída de 2.7 % del PIB en 2017[7], de acuerdo con la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Por
añadidura, si Donald Trump hace realidad algunas de sus amenazas en contra de
México (congelamiento de las remesas, aplicación de un arancel de 35% sobre las
exportaciones mexicanas, salida de Estados Unidos del TLCAN), provocará una
salida abrupta de capitales, situación que reducirá considerablemente el margen
de maniobra del gobierno para apoyar la actividad económica por medio del
endeudamiento.
La
perspectiva negativa de las calificadoras de crédito internacionales (Fitch,
Standard & Poors, Moody’s) sobre la economía mexicana a partir del triunfo
electoral de Donald Trump, apunta a la disminución de la nota asignada a los
títulos de deuda pública por las calificadoras de crédito, lo cual se traducirá
en mayores ajustes en el sector público a fin de conseguir un saldo positivo en
las finanzas públicas en 2017.
En
conclusión, el porvenir de la economía mexicana se vislumbra bastante negativo
tras el triunfo electoral de Donald Trump, que indudablemente causará estragos
para las finanzas públicas de México, pero solamente mostró la vulnerabilidad
de la economía nacional derivada de la desarticulación del sistema productivo,
la corrupción y nuestra extrema dependencia de la economía de Estados Unidos.
- Ulises
Noyola Rodríguez es colaborador en la División de Estudios de Posgrado de
Economía en la UNAM.
[1] El
Economista. Ingresos petroleros tocan mínimos, solventan sólo 13% del gasto
público. Fecha de publicación: 19/06/2016.
[2] Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas. Análisis y Evolución de la Deuda Pública.
Fecha de publicación: 21/06/2016.
[3] Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas. Diagnóstico de la Deuda Pública de las
Entidades Federativas. Fecha de publicación: 01/04/2016.
[5] El
Financiero. Hacienda propone otro recorte por 70 mmdp en 2017. Fecha de
publicación: 09/09/2016.
[6] Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Fortalecer economías y apoyar inversión,
prioridad internacional en 2017. Fecha de publicación: 02/12/2016.
[7] El
Economista. Cepal recorta expectativas de crecimiento para México a 1.9%.
Fecha de publicación: 14/12/2016.
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/182710
