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viernes, 26 de octubre de 2018

LA POBREZA EN EL PERÚ, LOS ÚLTIMOS RESULTADOS DEL ESTADO


Foto: andina.com.pe


Información
25/10/2018

Según el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el año 2017 cuyos datos recién vienen siendo publicados, tenemos datos muy interesantes sobre la medicación de la pobreza, pobreza monetaria, que es la que resalta.

Según el INEI, en el Perú, las personas que no son pobres, son aquellas que tienen ingresos individuales por encima de los 338 soles, es decir, sobre algo más de 150 dólares al mes. Los pobres extremos, serían aquellos que ganan menos de 183 soles al mes, es decir, menos de 80 dólares.

El salario mínimo vital se encuentra en los 930 soles, es decir, en más de 415 dólares. Por lógica, un individuo con estos ingresos, según esta lógica, solamente con un sueldo mínimo vital normado por el Estado, ya no es pobre, es clase media y además, logra un ingreso con el que supuestamente podría cubrir las necesidades de una persona adicional. ¿Esto será cierto?

Según esta lógica, hemos pasado de tener 42,4% de población en situación de pobreza el 2007, a tener, 21,7% de población en situación de pobreza (más de 6 millones de habitantes) el 2017. Según esta estimación, además, mientras la pobreza en la zona urbana se encuentra alrededor del 15%, en la zona rural se encontraría alrededor del 44%. La desigualdad es enorme.

En la misma estimación, a la fecha, el departamento más pobre del Perú sería Cajamarca (52%), el mismo lugar donde opera el tercer yacimiento minero más grande del mundo (Yanacocha) operado por Newmont Mining, Buenaventura y World Bank.

Por otra parte, según estos mismos cálculos, la pobreza extrema, habría pasado de 11,2% el 2007, a 3,8 el 2017. Como en el caso anterior, la desigualdad de la misma entre lo rural y urbano, es abismal. 1,2% en la zona urbana y 12,8% en la zona rural. Y como en el caso anterior, la pobreza extrema nuevamente se situaría en Cajamarca con más de 20% de la población en esta situación.

Ahora, el peso poblacional de los pobres urbanos y rurales, estaría equiparado, es decir, existen casi tantos pobres urbanos (3 millones 752 mil) como rurales (3 millones 154 mil) sin embargo, la diferencia está en las cantidades absolutas, es decir, aparentemente hay más población, pero, menos pobres en la zona urbana pues, hay mayores oportunidades de ganar más de 150 dólares por mes en estas que en las zonas rurales. De estos pobres, el 33% habla un idioma indígena y más del 40% del total, indígena y no indígena, es población de 0 a 14 años de edad.

De todos, casi el 70% no cuenta con títulos de propiedad, el 42% vive en casas de adobe y el 58% bajo pisos de tierra. El 73% de estos pobres no tiene acceso a agua pública. Y el 50% de ellos y ellas, solamente ha estudiado el nivel primario. Más del 80% no cuenta con ningún seguro de salud. El 53% se dedica a la agricultura (ya no cruzamos esto con la capacidad de asistencia técnica y crédito de estos y el conjunto de agricultores que está por debajo del 10%).

En el año 2014, un diario local decía: “El Perú tendría la oportunidad de convertirse en un país de primer mundo en los próximos 13 años, es decir en el 2027, si logra un crecimiento sostenido anual del 6%, así lo estimó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)”1 La pregunta sería, ¿con estos indicadores, será cierto que seríamos un país del primer mundo aquí a 10 años?

Jorge Arboccó
Antropólogo peruano



lunes, 18 de mayo de 2015

ENTRE LENTEJAS Y LA GOBERNANZA DE LA TIERRA




Por Jorge Arboccó*

18 de mayo, 2015.- El Semanario Hildebrandt en sus Trece resaltó recientemente una información importante a considerar en medio del conflicto alrededor del proyecto minero Tía María. Según esta, el Grupo México, casa matriz de la Southern Copper, cuenta en su historial empresarial reciente con un derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos en el Río Sonora en México en agosto del 2014.

Esta misma empresa, según un audio propalado en la televisión peruana, ha estado tratando de “comprar la conciencia” de uno de los voceros del paro en el Valle del Tambo (Arequipa); la misma empresa que acaba de ser acusada de corrupción en Andalucía (España).

Esta situación, nos recuerda la importancia de lograr en el Perú una buena gobernanza de la tierra, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

“una gobernanza débil provoca la degradación del medio ambiente, ya que funcionarios públicos corruptos e intereses privados actúan en connivencia para ignorar los controles sobre el uso de la tierra, la extracción de agua y minerales y el desbroce de bosques.”

Si consideramos que a nivel nacional la agricultura emplea al 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) Nacional y al 65.5% de la PEA del área rural según datos del último Censo Agrario. Somos entonces concientes que es la agricultura y no las actividades extractivas, la que de manera sostenida vienen generando empleo y desarrollo a nuestro país, sobre todo a las zonas rurales.

Sin embargo, un Estado centrado en el extractivismo, ha venido generando que el 15,38% del territorio nacional, unas 19.573.752 hectáreas, se encuentran concesionadas a compañías mineras. En la Amazonía peruana, 49 millones de hectáreas están repartidas en lotes concesionados a operadores petroleros. En contraste, sólo 15 millones de hectáreas son áreas protegidas, 7 millones son concesiones forestales y 3 millones son tierras colonizadas para ampliar frontera agropecuaria.”

Hasta hoy el Perú no diversifica sus bases productivas y económicas e insiste en centrar su desarrollo en el extractivismo. Además, existe poca disposición del Estado a buscar salidas más creativas a las acciones violentas y cortoplacistas que rigen el escenario actual. El historiador peruano, Antonio Zapata, en un reciente artículo en el diario La República, ensaya una posibilidad a esta situación:

“A estas alturas se sabe dónde están los yacimientos mineros y se tiene una evaluación de su potencial. Asimismo, se sabe dónde la minería afecta todo el ecosistema y dónde es relativamente aceptable. Con ese conocimiento se puede elaborar un mapa que establezca dónde se puede desarrollar minería y dónde queda prohibida. Que se apruebe en forma plebiscitaria, porque si la ciudadanía lo respalda, ese acuerdo será poderoso e imparcial, justo lo contrario al Estado.”
Lastimosamente el Estado ha dejado de lado los procesos de Zonificación Económica y Ecológica a nivel nacional.

Además, el problema está en que el Estado aparece hoy en día como un intermediario de las empresas y el gobierno de turno, prefiere expresar la voz de la inversión irresponsable a la voz de millones de ciudadanos y para esto, aprovecha el monopolio de los medios de comunicación. Es vergonzoso ver cómo, cual cadena nacional, varios medios se presentan para exhibir una cara de la moneda y no exponer la situación de violencia propiciada por el actual gobierno.

Tenemos decenas de conflictos ambientales latentes y activos y un Estado que responde en el mejor de los casos con “mecedoras de dialogo” que no llegan a buen puerto y en su otra expresión, en acciones represivas con armas de guerra, literalmente disparando a población civil como si fueren delincuentes. Lo cierto es que crece la indignación y ante más represión, la respuesta viene siendo, más violencia, tanto de los ciudadanos como del gobierno pero, en una proporción bastante desigual y que esperamos cese inmediatamente.


*Jorge Arboccó es antropólogo peruano.
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Fuente: Publicado en: https://nuestrosderechos.lamula.pe/2015/05/18/entre-lentejas-y-la-gobernanza-de-la-tierra/nuestrosderechos/