Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda
Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares
22-06-2015
El miércoles y el jueves de la pasada semana la
Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las conclusiones
preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo
de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la
Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación
científica de este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con
el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la
europarlamentaria Sofia Sakorafa.
La
publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-, o esta nota de prensa en castellano) ha llevado a la
publicación de algunas crónicas donde apenas se esbozan las líneas generales de
sus conclusiones, en línea con lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es
ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual
impago.
Sin embargo,
en el proceso de acumulación de la deuda existen además errores de forma y
violaciones legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las
cuales fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos
de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos, griegos y
extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta el mes de
diciembre.
Leonidas
Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de
la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre
sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto público
excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países
de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los
acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos
fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal
de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de
las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria”.
Vatikiotis
considera que “a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos
constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada
durante las últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción
posible para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el
impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países
europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno griego,
aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la
cancelación de la deuda”.
Maria Lucia
Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento
“Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el
contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras
firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades
contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin
de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.
“Estamos
ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”,
señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea
(CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para
no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la
Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la
banca”.
Según la
investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas
ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la
aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente
contabilizado, ni garantía para Grecia.
El mismo día
en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF
(Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad
financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP
(Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”.
Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil
millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones financieras y los
gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había
sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.
En opinión
de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un
trasvase de los activos tóxicos de la banca privada a los bancos
centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este
canje”.
Sergi
Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda
en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando
en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda
insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una
reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre
cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que
era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara
hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la
economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […]
Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están
hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger
unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo
neoliberal desmontando el estado del bienestar”.
Pero
Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central
de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el
Parlamento amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de
la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades
financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El
resultado, explica el investigador, es que “no tenemos evidencias de que el
dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas
del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque
sabemos que hay una serie de fondos que han sido utilizados para ello y que un
70% del préstamo solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo
de Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para explicar
que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo bajo ley británica,
vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con garantías de los estados
socios y tiene una condición crediticia artificial, emitida por las agencias de
rating que le otorgan la máxima calificación, gracias a lo cual sus activos no
tienen ningún riesgo por lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del
que Grecia no se beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por
parte del Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable
en manos del pueblo griego”.
Los
argumentos legales son rigurosos, y el informe publicado evidencia que se han
vulnerado muchos artículos del Tratado de la UE o de las propias instituciones
que participaron en el fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el
poder no tiene ningún problema en romper las normas.
Miguel
Urbán, eurodiputado de Podemos, presente en la segunda jornada pese a no
integrar la Comisión parlamentaria, considera que el informe presentado es “un
hecho histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur
de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente política de
reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para los pueblos del sur
que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la deuda con el que han
justificado recortes, planes de austeridad, ajustes...”.
Al tiempo
recuerda que paralelamente al proceso griego “se está constituyendo una
comisión de Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas
(que se reunirá del 30 de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones
como que las deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de
pagar, que no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda,
porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo en un
proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido ningún tipo de
moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE, Mario] Draghi (el pasado
lunes) reconoció en Bruselas que no iban a comprar bonos de deuda griega hasta
que no terminaran las negociaciones”.
Por último,
el eurodiputado considera que hay muchas implicaciones de este comité en el
estado español, “muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su
intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal de
Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la Plataforma
Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría griega va a ser un
elemento central y servir de ejemplo para lo que podamos hacer en el estado
español”.
Antonio
Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador del
diario Gara. Su último libro es: Syriza,
el anuncio de algo nuevo (Akal, 2015), además de Solidaridad
y autogestión en Grecia (Dyskolo, 2014).
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200254
