HOMENAJE A LOS OCHENTA Y OCHO (88) AÑOS DE CREACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL Y EL RECUERDO A MIGUEL ANGEL CUSSIANOVICH, PRIMER CONTRALOR CONSTITUCIONAL

Estimados amigos:

En los últimos días del mes de febrero de 1930 se dio la ley de creación de la contraloría general de la república firmada por Augusto B, Leguía, que ratificó el decreto supremo de 1929; la CG hoy cumple 88 años de su existencia.

En su recorrido ha tenido momentos oscuros y luminosos, en dirección a que la CG sea la institución autónoma más importante de todas las instituciones no ministeriales, cuyos objetivos no solo han sido la fiscalización de los recursos del Estado; sino que, a través de la cuenta general de la república y de las evaluaciones trimestrales marca la situación presupuestal/financiera (gastos e inversiones) ordenadas contablemente más el control de resultados de lo que de manera tangible realiza el Estado en el corto y mediano plazo.

Esto último, a pesar de tantas décadas no tiene un orden secuencial y codificado que establezca con meridiana exactitud los logros de lo que hacen las entidades públicas; asimismo, al producirse los hallazgos relacionados con el control, se hace importante apreciar el desempeño de los funcionarios responsables de las gestiones administrativas y de inversión, sobre si han cumplido o en cambio se han presentado desmanejos e irregularidades, que motivaran sanciones administras o denuncias a la fiscalía y al poder judicial.

Es importante exponer una breve historia de la contraloría general peruana. Se puede señalar que ha tenido dos etapas, la de 1930 a 1992, la que se distinguió por perfilar el concepto y la acción de la supervigilancia, este objetivo no se logró de inmediato. A los pocos años de creada la CG se hizo presente la misión Kemmerer, la que trabajó por encargo de la academia universitaria y el gobierno de los EE.UU. respectivamente; la misión propuso en el proyecto de ley de reorganización de la CG, lamentablemente el proyecto no fue sancionado, aun cuando se observara que el mencionado proyecto señalaba perspectivas y atributos que sirvieran en camino al proceso de modernización de la contraloría general.

El olvido del proyecto de la misión Kemmerer correlativamente condujo que después de treinta y cuatro años se sancionara la ley del presupuesto funcional de la república (enero de 1964) en que se le concedió al ente contralor autonomía funcional y con objetivos destinados a la evaluación presupuestal, tanto en el aspecto contable/financiero como por primera vez del cumplimiento de las metas tangibles que permitieran objetivamente medir lo realizado o de lo no se pudo efectuar en los plazos programados.  

Sin embargo, el capítulo VIII dedicado a la CG que formaba parte de la mencionada ley de 1964  apuntaba al presupuesto por programas, cuyo destino era registrar los avances operativos y los técnico/administrativos, pero no tuvo la acogida del caso. La desatención en especial de la alta burocracia del ministerio de hacienda y de la propia contraloría no haría posible poner a punto sus funciones en la acción contralora, a pesar del tiempo transcurrido de 34 años, todavía se reflejaba las carencias no solo en el nivel de la toma de decisiones, como para optar por la reorganización; sino implícitamente no existía personal multiprofesional que reclamaba el quehacer del control público.   

Es decir, los directivos del ministerio de hacienda y comercio no tenían la  disposición por la independencia de la contraloría, y mantendría secuestrada a  la institución contralora, prolongando esta dependencia hasta inicios de la década del setenta. En esos años las reparticiones públicas estaba en manos de los diletantes, no había personal técnico/administrativo y profesional suficiente. Los contralores no todos eran profesionales sean de la especialidad contable o abogados dedicados a laborar en la administración pública.

En 1971 el gobierno militar dispuso la reorganización de la CG en condiciones de ser un órgano autónomo y con un sentido moderno del control público que tuviera el objetivo de la supervigilancia tanto en la fiscalización de los recursos del erario, como del control de resultados.

Esto último representaría que la CG se convirtiera en el Órgano Superior de Control, pues solo la contraloría y su sistema nacional de control, por crear asumirían la responsabilidad de ser una organización de control autónoma. Así, el decreto ley 19039 de noviembre de 1972 consagró todo lo mencionado y a la vez señaló los requisitos para ser contralor general; de los procedimientos de determinación de responsabilidades (PDR); y correlativamente todo lo que significaba las sanciones administrativas de control y las denuncias a la fiscalía en caso de indicios razonables de comisión de delitos de quienes ejercían la responsabilidad de la dirección y de ser jefes de los programas presupuestales en los distintos sectores de la administración pública.

Es importante resaltar que la ley 19039 tuvo la misión de recrear la CG, estuvo dirigida por el general de brigada (EP) don Oscar Vargas Prieto y un grupo selecto de asesores militares en el manejo de las instituciones públicas, de los presupuestos por programas y de la ubicación geopolítica del Estado. A la presencia del grupo militar se sumó la nueva generación de profesionales, muchos ya venían trabajando en la contraloría, y fueron quienes formularon  las nuevas disposiciones bajo la dirección del grupo militar que incluía tanto la ley de la Contraloría General y del Sistema nacional de Control y su reglamento.

Así, el nuevo quehacer del control fue iniciado en 1972; en 1980 se sumó la administración civil de la contraloría de acuerdo a las disposiciones que señalaba la nueva Constitución Política de 1979, así fue que el nuevo contralor general presentado por el poder ejecutivo al Senado de la república, él cual designó por votación calificada al Ingeniero Miguel Ángel Cussianovich Valderrama, siendo el primer contralor constitucional. Para quienes conocen las cuestiones de administración institucional y particularmente en relación al tema del accionar de control, consideran que Miguel Cussianovich representó una administración prudente y firme en sus decisiones.

Las excelencias del periodo 1980-1987 estuvieron en que mantuvo las disposiciones de la ley 19039 dictada por el gobierno militar; asimismo, en ese período hubo decisión en desarrollar y continuar con la política del control público abierta en 1972.

La excelencia también estuvo en el sentido de la continuidad institucional, si se cambiaba el personal harían perder el paso de la organización contralora. Cussianovich al no retirar el personal encontrado, porque éste no solo tenía experiencia por los años de su desempeño en la CG; sino que ostentaban formación profesional, ayudó a reestructurar el escalafón institucional señalando perfiles en los cargos y de las promociones, respondiendo a la carrera de control de funcionario y servidor de la institución.  

Lo que mencionamos de lo ocurrido desde 1972, el historiador económico Antonio Zapata, lo califica como “la edad de oro” al periodo 1980-1987 bajo la dirección de un peso pesado como Miguel Ángel Cussianovich.

De acuerdo al diseño constitucional de la Carta de 1979 vendría la designación de la nueva contralora doctora Luz Áurea Sáenz (1987/1994), quien tenía los meritos suficientes al haber sido fiscal. Es importante resaltar que una contraloría autónoma en sus actos y decisiones no solo actúa dentro de planes y programas ajustados a los objetivos institucionales; sino que sólo se puede desarrollar en el país con un Estado de derecho y de respeto a los designios que señala la democracia política liberal, y que después se desarrolle la democracia económica de la república.

Es así que la contraloría general que tuvo dos décadas (1972 a 1992) de un trabajo donde sobresalió la dirección inicial por parte del general Vargas Prieto y que tendría el período culminante de la “edad de oro” bajo la rectoría del Ing. Cussianovich; sin embargo, a pesar de los meritos de la segunda designación de la doctora Luz Aúrea Sáenz en su período hubo injerencia partidaria desde el poder ejecutivo y de la célula parlamentaria aprista, observándose tanto limitaciones funcionales, como los preludios futuros del desborde institucional.

Lamentable, el desborde llegaría y comienza la segunda etapa con el autogolpe del gobierno que presidía Alberto Fujimori. Comenzaría la etapa negra para la institucionalidad contralora. Desde el 5 de abril de 1992 la Contraloría General fue anulada en su autonomía y rebajada en sus funciones e intervenciones hacia las instituciones estatales.

La Constitución Política de 1993 ratificó el reemplazo de la supervigilancia contralora por la supervisión de la legalidad, este disloque administrativo y de su racionalidad, será patente para que la CG no tuviera los procesos de determinación de responsabilidades (PDR), y menos las sanciones directas de los funcionarios y jefes de pliegos y programas que gozarían de impunidad.

Lamentablemente, contrario a la primavera democrática del gobierno de transición constitucional presidido por Valentín Paniagua, sus actos de respetar  la institucionalidad y la vuelta según los casos a una recomposición no tuvo eco; desde el 2001 a la actualidad los cuatro gobiernos elegidos  no han hecho nada por reestructurar la CG, podemos afirmar, para mal se presentaron las olas delictivas en la apropiación de los fondos del erario.

Hubo como se ha dicho puerta abierta, exprofesamente para que los malos funcionarios arrebataran los fondos del erario público. Esta situación en estos últimos veinticinco años tiene la comprobación ya histórica y actual en que se han desarrollado dos olas delictivas: la década del 90 con la corrupción mafiosa de Fujimori/Montesinos/Hermoza; y la segunda promovida por las empresas del Brasil -de cariz geopolítico rapaz- en alianza con la empresas nacionales de la construcción y los sobornados presidentes, altos funcionarios del gobierno central, y de los gobiernos regionales, incluidos algunos gobiernos municipales.

Esperamos que la contraloría con la nueva administración no solo se fortalezca; sino sea posible tener una institución que intervenga dentro de los marcos que señala el moderno quehacer de los Órganos de Control Superior, lo que aún no se han cubierto, se requiere la recomposición institucional, entiéndase reformas constitucionales, reorganización y nuevas disposiciones que devuelvan los fueros de la administración contralora, sin menoscabo del control previo y concurrente.

Sin embargo, se hace necesario que se establezca realizar con metodologías actualizadas las rendiciones de cuentas de orden periódico, trimestral a las cuales se someten a todas las organizaciones públicas sin excepción, y se llegue al balance anual, a través de la cuenta general, para que se produzca el examen en que participen todos los miembros del congreso en la primera legislatura.

Tamaña labor reformadora no será un canto de sirena para los peruanos, sino un himno entonado por la institucionalidad, la excelencia administrativa dentro del marco del Estado de derecho democrático.

Atentamente,

Fernando Arce Meza

¿EN CAMINO A UNA CONTRALORÍA GENERAL RECOMPUESTA?

Estimados amigos:

Después de una no querida enfermedad, restablezco con ustedes el diálogo que mantenemos hace algunos años. Somos testigos de los acontecimientos que el nuevo Contralor General ha venido proclamando las desventuras de los proyectos de inversión del gobierno que ha terminado el 28 de julio del 2016. Sus intervenciones entusiasman y no llaman la atención de los eternos enemigos del Control Público, que recurren a los mismos argumentos que desde 1972 vienen asumiendo a fin de desaparecer la acción contralora, por la acción supervisora de cualquier empresa auditora.

Atentamente,

Fernando Arce Meza

El reciente Contralor General, el CPC Edgar Alarcón Tejada, designando por el Congreso de la República, se convertirá en el afortunado funcionario que al 2021 celebrará, no sólo los noventa y un años de creada la Contraloría General, sino el bicentenario de la Independencia.

Por el azar de la historia un miembro destacado de la administración estatal, como el Contralor General Edgar Alarcón, va tener la gran oportunidad de estar en dos acontecimientos de significativa celebración. Esta presencia se daría en el contexto de los avances de la institucionalidad a nivel nacional, cuya continuidad se espera. Lo mismo habrá de ocurrir con el proceso de desarrollo, en la apuesta por el equilibrio en una economía social de mercado, y que las acciones progresistas lleguen alcanzar el social liberalismo.

Este cargado optimismo aparecería también como la realización de los mitos prehispánicos, del Perú milenario y los que muchas veces estuvieron vinculados  estrechamente a los levantamientos emancipadores, más cercanos de ser conseguidos: la insurrección de Condorcanqui y la revolución de 1814 de los hermanos Angulo, a estos movimientos cabe incluir las montoneras formadas de criollos, mestizos, indios y negros que entre 1821 y 1824, en la lucha final independentista apoyaron a los ejércitos tanto de San Martín, como de Bolivar.

Bien sabemos que los peruanos lograrían tan sólo una independencia incompleta, porque ella no estuvo inscrita en una lucha de liberación caracterizada por haber sido un frente patriótico, constituidos por las diversas etnías mencionadas y que aún pertenecían a la división social por castas coloniales. Al carecer de este frente de liberación étnico/social, el Perú se distinguiría como la república de la exclusión y la discriminación que, alargaría la instauración de la ciudadanía y la democracia. 

Como consecuencia de esto último, la Republica ha pasado por tantas vicisitudes ligadas a su débil institucionalidad, así, llegando a los años de 1930, el centralismo estatal se consolidaría bajo los designios del Ministerio de Hacienda y Comercio, por ejemplo, mantuvo silencio ante los intentos innovadores que portó la Misión Kemmerer, para intentar la institucionalidad del control público, y que, después de 34 años de creada la CG se produjo otro intento que, impediría la independencia del ente contralor, a pesar de la Ley 14816 dictada en el primer gobierno de Fernando Belaunde que hacia a la Contraloría General acreedora a una definitiva vida institucional marcada de autonomía.

En la década del 70, paradójicamente, un selecto grupo de militares del gobierno revolucionario de las FF.AA. asumió la responsabilidad de instrumentar una nueva CG y el SNC, al reformular y descentralizar la acción contralora, dando relevancia a la conformación de grupos multiprofesionales, destinados a intervenir en el cómo se habría de conseguir que las cuentas públicas (financiera y de metas tangibles) estuvieran en condiciones de evaluar los resultados de las organizaciones estatales. 

Correlativamente, también la reorganización de la CG contó con los Procedimientos de Determinación de Responsabilidades (PDR), destinados a juzgar las faltas e irregularidades, bajo procesos que respetaron las dos instancias, este proceso respondía a que la sanción era para los funcionarios públicos infractores. En 1979 la nueva Constitución Política, constitucionaliza el control público en el contexto de la democracia representativa. La designación corrió a cargo del Pleno del Senado y por votación calificada, se designó al primer Contralor General, el Ingeniero Miguel Ángel Cussianovich Valderrama, experimentado combatiente en los avatares de la administración pública. La elección de Cussianovich reforzó la autonomía y la institucionalidad constitucional del Órgano Superior de Control, no se cambió el accionar contralor sin recurrir a una nueva ley orgánica marcada por la política de control iniciada por el gobierno militar, la cual se definiría como política de Estado. 

El historiador de la vida financiera estatal peruana Antonio Zapata ha llamado a la administración Cussianovich (1980/87) como la “edad de oro” de la CG; pero, la siguiente administración de la doctora Luz Áurea Sáenz (1987/1994), no le alcanzaría esta denominación, pues el jefe del ejecutivo García Pérez y la mayoría parlamentaria aprista en el Congreso de la República limitaron la acción contralora, con ello la CG se vio afectada no sólo en su autonomía, sino que se rompía la línea virtuosa de la acción contralora. Las consecuencias de las interferencias mencionadas evitaron pronunciamientos e intervenciones contraloras en los asuntos claves de la gestión del primer gobierno de Alan García, que estaban teñidos de graves irregulares, evidenciando muestras de corrupción. 

Sin embargo, el boicot a la actividad contralora, sería, a partir del 05/04/1992, con el golpe civil/militar de Fujimori/Montesinos/Hermosa que, utilizando a la fuerza pública  tomó el local de la CG, declaró en reorganización la institución y antecedido por el arresto domiciliario de la doctora Luz Sáenz designada por el Senado como la primera autoridad de la organización contralora. Este asedio representó la perdida de su autonomía, bajo una gravísima merma en su misión institucional.

Así dejó su carácter supervilante por la “supervisión de la legalidad” que es compatible con el acto administrativo ejecutivo y no con el acto administrativo de control; como consecuencia de tamaño atentado, la CG perdió funciones de sanción directa, eliminándose los Procedimientos de  Determinación de Responsabilidades (PDR). La congelación de la Contraloría se debió a consejos y decisiones tomadas por el Ministro de Economía Carlos Boloña.

Y posteriormente con la nueva Constitución Política de 1993 designaron, a través de la Comisión Permanente del Congreso como Contralor General al CPC Enrique Caso Lay, bajo este nuevo procedimiento, el Contralor General perdió jerarquía que, lo convirtió en funcionario incondicional (al no ser designado por votación calificada), estuvo en disposición de emitir resoluciones que exoneraba a la Contraloría General de la supervisión posterior, ello representaba la renuncia a dicha revisión, como fue el caso de que las Fuerzas Armadas y Policiales, efectuaran las más variadas adquisiciones desde los botones de las chaquetas militares hasta tanques, aviones y barcos de guerra. Esto último fue el ejemplo mayor de cómo operaron los arrebatadores de los caudales públicos desde el poder.

Se convirtieron en mafias organizadas, participando los mandos militares, vocales supremos, fiscales y alto funcionarios que formaban parte de los diversos entes estatales, igualmente, como miembros de estas organizaciones para delinquir estuvieron los proveedores acostumbrados a estas formas irregulares, incluidos los traficantes de armas. Caído el gobierno de la mafia, el gobierno de transición constitucional propuso los anteproyectos de los juzgados anticorrupción, los que fueron aprobados por el Congreso de la República, los que permitirían abrir los juicios correspondientes de cientos de acusados de corrupción, respetando los procesos judiciales, se ordenó el apresamiento de los culpables.

Los Procuradores Públicos no hicieron ninguna excepción para acusar, la misma conducta observarían los fiscales y jueces; sin embargo, esta política de captura de los delincuentes de cuello y corbata fue disminuyendo, en su rol acusador de los tres gobiernos siguientes al 2001: de Toledo, García Pérez y Humala. La discontinuidad en la lucha provocó la  eliminación de las políticas y de los juzgados anticorrupción. 

Asimismo, en relación a las limitaciones funcionales y de su alicaída autonomía de la Contraloría General, siguió, como en el caso de la designación de los Contralores Generales por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Estos  contralores generales no tomaron la iniciativa de cambios una vez derrumbado el gobierno de la perturbación de la institucionalidad, ellos aceptaron el cargo sin tomar en cuenta las graves limitaciones de la CG, ni tomarían decisiones que motivaran reformas claves que le permitiera ser el Órgano Superior de Control. 

Se entiende que los Contralores Generales designados durante los gobiernos democráticos carecieron de capacidad como para comprender que a la caída del gobierno del autoritarismo y la mafia, la CG requería de su institucionalidad perdida, y de lo que significa devolver sus funciones, dirigida a ser tanto evaluador de las rendiciones de cuentas y del control de resultados, como de la recuperación de los juicios de cuentas y las sanciones directas. Dejando de lado la “supervisión de la legalidad”. Guardar silencio es mostrar conformidad con una organización disminuida de autonomía, aceptando el status imperante. No sabemos si el reciente designado Contralor 2006/2023 CCP Edgar Alarcón Tejada seguirá la política del silencio como sus anteriores pares.

Empero, llama la atención que últimamente su presencia sea reiterada en los medios de comunicación, declarando que se está investigando acciones del gobierno que ha terminado su período, encontrándose en la etapa del examen de las irregularidades Encontradas. Con esto pareciera que Edgar Alarcón estaría tomando distancia en relación a la conducta de los contralores generales desde 1992 hasta el 2016. Después de 24 años de Contralorías Generales sin tener autonomías y sin la toma de decisiones de sus primeras autoridades, nunca denunciaron no sólo las corrupciones heredadas del fujimorismo de la década del 90, sino que nunca se ha visto ante la opinión pública que sus observaciones dieran motivo al debate sobre el accionar de las organizaciones estatales reflejadas en las Cuentas Generales anuales de tres gobiernos: el central, los regionales y los municipios.

Las afirmaciones sobre el actuar de los anteriores Contralores Generales con relación del actual mandamás Edgar Alarcón no sólo toma distancias en las políticas de comunicación, sino con todo lo que viene realizando, intenta crear una posición distinta. Ello despierta entusiasmo que la administración del actual Contralor General se dirige a cambios transcendentales en el accionar del control, partiendo de respetar los derechos humanos de contralores, controlados y de los exfuncionarios que en períodos anteriores tuvieron moral de trabajo y mística entre 1972/1987, así como disposición de siempre de colaborar con la resurrección de la CG. 

Sus pronunciamientos han recibido críticas duras, por poner en evidencia irregularidades y por pronunciarse públicamente. En estos días se repiten los mismos argumentos que durante la historia republicana en el siglo XX, los enemigos de la institución contralora, rechazan que los hallazgos no resultan convenientes para los dueños de los proyectos, pues, la relevancia de éstos produce la desdichada paralización de las acciones y obras que se vienen ejecutando, se llega al extremo de decir que, la Contraloría General es un paquidermo que al “poner la pata se va a detener las acciones tanto en los proyectos de inversión, como igualmente” pasaría de existir irregularidades en los programas de ayuda alimentaria y sociales en general. 

Se dice también que los funcionarios públicos e inversores saben normar y realizar los proyectos y que, las intervenciones contraloras y los señalamientos correctores impedirían seguir ejecutando los proyectos. Se preguntan ¿quién o quienes le han concedido licencia de correctores?, tratando de desconocer el trabajo contralor, se pregunta ¿tiene la CG profesionales de nivel, para atreverse a poner en duda a los que norman y realizan proyectos de obras, en especial de Proinversión?.

Es de observar que, en más de un mes el actual  Contralor General Edgar Alarcón ha removido conciencias, se cree que no sólo viene poniendo en aprietos a las cúpulas de quienes formulan y norman (aprobando) proyectos que, siendo los responsables de faltas, errores e irregularidades; sino que todas estas intervenciones correctoras corresponde al período del gobierno que terminó.

Surge la duda que, igualmente, esta CG dirigida por Edgar Alarcón procederá igual con el actual gobierno, el mismo que ha hecho críticas por sus intervenciones.  Asimismo, esta situación polémica lleva a estar atentos sobre si el cargo que desempeña Alarcón Tejada será respetado en su envestidura por los tres poderes públicos, o habrá el retiro que, y estaría sentenciado a hacerlo renunciar. 

El actual Contralor General debe dignificar su cargo en el marco de la autonomía institucional que él cree que existe; teniendo como antecedentes la involución que ha venido sufriendo la CG en estos 24 años. ¿Dejaría el cargo ante las presiones por su renuncia?. De no haber intentos de ese posible alejamiento del Contralor General Edgar Alarcón, guardara silencio como antes lo hicieron sus pares.

Finalmente, este valor de salir a la luz pública de Edgar Alarcón Tejada, actual Contralor General sería, para certificar su permanencia en la institución, sabiendo que sus decisiones corresponden al funcionario que, está dispuesto a propugnar tanto en reestructurar y recomponer, como en restablecer los fueros jurisdiccionales de la Contraloría General, los que fuera perdiendo desde 1987 a la fecha. 

LA DESCOMPOSICIÓN DEL ESTADO PERUANO (Tercera parte)

Fernando Arce Meza

Estimados amigos:

El artículo en sus dos partes “Lo Acontecido en Ancash: Confirma la Descomposición Organizativo/Política del Estado Peruano”, le ha faltado extender mayores argumento que ahora hemos denominado Colofón: “Apreciaciones Finales”.

Este importante agregado se hace significativo porque en el hemos hecho una breve recapitulación histórica en los aspectos de la forma como los peruanos afrontaron su participación en la vida nacional, participación que fue nula o en todo caso fue manipulada por los grupos de poder.

Este manejo lamentablemente ha ido en contra del peruano creativo y dispuesto a tener instituciones y lograr que el país se volviera una nación; el factor más evidente ha sido el de la crisis familiar, la disminuida de la educación pública, estas dos  han servido de sustento a la crítica situación por la que hoy atravesamos.

En síntesis, los peruanos tenemos que asumir una nueva aptitud frente al poder, frente a los partidos políticos, los que tienen que ser democráticos y renovados; así mismo las llamadas organizaciones tutelares de la república, como la iglesia católica, ella tiene que dejar su política conservadora e ignara en conocimientos científicos, de los acontecimientos mundiales como es el nuevo sistema de comunicaciones y de las técnicas en general. A la iglesia le corresponde entregarse a luchar a favor del respeto a la persona humana, a la familia para levantar la parte espiritual, y contra la pobreza material y psicológica de la mujer y hombre peruano.

Es por todos conocidos que no tenemos instituciones que levanten, no solo la familia y la educación pública, sino los valores de la civilidad, pues hemos llegado a la desintegración social y política (Estado fallido), hemos caído en una corrupción acelerada y organizada, pues, existen grupos organizados no solo de delincuencia común, sino también mafiosos dentro del Estado (los corrompidos); y la parte no estatal le corresponde, principalmente a las empresas, las que quieren avanzar creciendo para ganar más y más (corruptores), esto último a puesto a la empresa privada de cabeza sin sentido social.

Amigos míos, todo ello nos ha llevado a la crisis, que no solo es ética y moral de vida, sino se acerca a la incapacidad en el orden económico, para cambiar el modelo extrativista (primario exportador), que conservadoramente es protegido por los grupos de poder económico y político, y le dice no a la diversidad en la producción.

Atentamente,

Fernando Arce Meza

Apreciaciones Finales

Terminamos este Colofón haciendo una breve reflexión de cómo los peruanos  tenemos que entender que todo lo que ocurre, parte de la familia como institución, la que está en crisis, ello menoscaba principalmente a la unidad familiar. Con o sin separación los padres una buena parte tienen un  comportamiento no apto para una sociedad sana y de prácticas democráticas, lo que redunda en contra de la educación del futuro ciudadano. 

Asimismo, los padres por múltiples razones, también se suma su inestabilidad emocional, y que, a la vez no están preparados para educar, no son conductores de los hijos para asuman responsabilidades futuras en el estudio, el empleo y la vida en general. Muchos padres ignoran o no priorizan lo que significa educar, ello hace que sus hijos no puedan desarrollarse como personas tanto en construir su autoestima, como al guardar el respeto dignificante hacia los ciudadanos con los que comparten vivencia cultural, vecindad poblacional y perspectivas en el logro de la nacionalidad.    

Asimismo, debemos reconocer que la instrucción primaria, secundaria, técnica y universitaria no es impartida con calidad académica y técnica, estamos penúltimos en los aspectos del aprendizaje en matemáticas y compresión de lectura, y en el orden académico universitario resultan retrasados en América Latina. En suma estos aspectos no permiten ser una ayuda para comprender la crítica situación en que vivimos, donde sobresale la exclusión y la desigualdad, lo que condiciona en el progreso del país.

Completando la formación que se imparten en los centros educativos, deja de desear lo que representa el desarrollo cívico del estudiantado, para efectos de fortalecer el comportamiento ciudadano que, asegure las responsabilidades personales y familiares; en las relaciones de sociabilidad en el ámbito poblacional; y en los campos del trabajo y de la  participación política.  

Finalmente, volvemos a la historia, para saber porque los peruanos en mayoría tienen comportamientos inadecuados cómo para entender y ubicarse en el tiempo y en la situación en que no encontramos de crisis estructural desde la Independencia. Alfonso W. Quiroz en su “Historia de la Corrupción en el Perú” publicada en el 2013 en el capítulo 2 de su obra “Cimientos Socavados de la Temprana República” dice y comenta:

“desafortunadamente para el Perú”… en mayo de 1824 William Tudor, el cónsul estadounidense en Lima, comunicaba al Secretario de Estado John Quince Adams, “los invasores que vinieron a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. Sus malos manejos, si despilfarro y su sed de saqueo pronto alienaron los afectos de los habitantes”… “Tudor no limitó sus críticas a los libertadores extranjeros; la población peruana, observó, era suave, afeminada e ignorante del resto del mundo debido a su reclusión bajo el dominio hispano” (Quiroz, Alfonso W. ob cit, pág 135).   

Estimo de lo recogido por el economista e historiador Quiroz, algunas frases y calificativos son rescatables, y que, responden al comportamiento, en especial, de los peruanos de la época; semejante después a los siguientes tiempos y actuales como de “suave e ignorante”, para ello se remonta a los siglos de dominio y represión colonial española. Los siglos del coloniaje hizo de criollos, mestizos y los nativos que se modularía comportamientos a ser ajenos a lo que pasaba, no podían comentar los abusos, no sabían leer ni leen, y sean amigos de la indiferencia. Estos comportamientos que estuvieron presentes en toda la vida republicana, tienen el agravante de ser miembros de un país independiente, en el marco de un Estado que debería ser autónomo y soberano, hecho que el Estado Peruano aún no lo logra en doscientos años.

¿Qué podríamos esperar de los peruanos en el tiempo de la República y hoy, mientras existían dictaduras, mandones, sin elecciones electorales, golpes, grupos de poder locales y extranjeros que, se habrán de adherir a la corrupción tanto para dar continuidad de los gobiernos, como para salvaguardar sus intereses aún en los gobiernos democráticos?.

Alfonso Quiroz suscribe y comenta también sobre el tema del día la corrupción:

“Por lo general las autoridades protegían operaciones de contrabando, desvió de fondos públicos para amasar fortunas, no pagaba lo aceptable a sus diplomáticos y operadores financieros en el exterior (préstamos y no cubría a tiempo con su personal de aduanas” (ob cit, pág 141), y de seguro pasaba con el  resto, en el pago de sus haberes.

“según un pensador liberal contemporáneo, el conjunto inadecuado de prohibiciones y barreras al comercio libre, heredado del régimen colonial, constituía el germen de la corrupción” (Ob cit, pág 141).

Para una mayor aclaración Quiroz recurre al mismo autor que dice: “el contrabando, fomentado y sostenido por la corrupción y venalidad de los empleados” … “se propaga su contagio de los empleados del fisco y de los comerciantes a todas las clases de la sociedad” … “nace necesariamente de los estancos, de las leyes prohibitivas, de los impuestos excesivos. No hay él otro preservativo que la libertad y moderación de los impuestos” … “cuya fácil consecuencia se extiende y contamina a los magistrados y a toda la sociedad” (Ob cit, pág 141) .

Lo dicho ha continuado en la República, tal vez con mayor dosis que en la colonia. El exceso en las tasa de los impuestos, las leyes prohibitivas no son cerrojos, y los comportamientos irregulares (corrupción) se extiende, y están como ahora incluidos los magistrados. “Acabada la administración colonial, cuando el tiempo había arraigado profundamente estas costumbres, nada fue más impolítico que conservar el aliciente del crimen, manteniendo prohibiciones parciales, imponiendo derechos excesivos sobre artículos de primera necesidad. La prosperidad de la nación demandaba suspenderlos y moderarlos para destruir el germen de corrupción” ob.cit., pág 141)

Por último no siendo el tema de nuestro estudio la corrupción, tal como la hemos presentado y la hacemos nuestra en este caso de lo que dice Alfonso W. Quiroz, resulta un tema por exterminar, usando potentes desinfectantes e insecticidas. Claro está, ahora aparecen nuevas corrupciones y los corruptos, pero antes no se publicaban las noticias por falta de libertad, de prensa ni tampoco se escribía, salvo por algunos académicos como Jorge Basadre que nos enseñó que había que propiciar trabajos y formular investigaciones. 

La calidad de protesta basada en el entendimiento y de la verdad consecuencia de estudios y cruce de informaciones, los peruanos también sufrimos del comportamiento psicológico disfuncional. El planteo de los intereses, defendido por los políticos, gobernantes de turno y los grupos de poder económico; éstos   también son propietarios (en mayoría) y/o dominan los medio de información respectivamente, los medios han ocupado un papel importante al haber  creando lo que hemos llamado el “constructo conservador”, convertida en un tipo de mentalidad, que alcanza a todos los segmentos sociales, ella está impidiendo la reflexión de la “libertad en el pensar y en el actuar”, también  han instalado elevar el miedo, para oponerse a los cambios socio económicos.

Otras secuelas son la indiferencia por el prójimo y en todo lo que ocurre, La Iglesia Católica no ha hecho pelea con argumentos sólidos con lo que se llama moderno y actualizado en el vivir; así por ejemplo se vota sin convicción con preferencias accediendo improvisadamente por el que hace costosas propagandas, también se eligen a los mandones, caudillos y lobbistas  que tiene doble personalidad, que usan su oratoria engañosa como mentirosa y al asustar al elector esto es aprovechado, para que se olvide lo maligno de los candidatos, sus faltas, los pésimos y corruptos gobiernos conservadores.

No se aprecian las denuncias congresales y penales que recae sobre venales hombres y mujeres públicas que ocupan altos cargos y/o han formado parte de gobiernos autoritarios, que han atentado contra la dignidad de la persona humana y han sido cómplices participando en la corrupción y en las corruptelas rebajado su calidad profesional sean civiles y militares. No decimos nada cuando se nombrar funcionarios del Estado que han sido reos en cárcel, merecedores de carcelería, sentenciados o están procesados  ¿cabe el perdón? y ¿los ejemplos para a la juventud?. Urge tener coherencia y respeto por la historia milenaria y de los nacidos en el Perú prehispánico, colonial y republicano. Si no apaguemos la luz, quedando en Estado Fallido, 

Tenemos que difundir lo que ocurre en el país, sin miedos y en voz alta, escribiendo, dando clases universitarias esclarecedoras, formar escuelas de padres y de maestros tanto en valores morales para la vida y propiciando “moral de trabajo y del desarrollo”, como en valores cívicos para no traicionar cada día que pasa a la patria y las generaciones de nuevos peruanos. 

Fernando Arce Meza                              Surco, 10 de Julio del 2014

DESCOMPOSICIÓN DEL ESTADO PERUANO (Segunda Parte)

SEGUNDA PARTE

LOS ORGANISMOS DE CONTROL PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL EN LA DESCOMPOSICIÓN ORGANIZATIVO/POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO

Estimados amigos:

En esta parte reiteramos tener muy en cuenta que el desarrollo de una democracia no avanza si es que no se respeta el equilibrio de poderes; lo que significa para un proceso democrático es contar con válidos  organismos autónomos, en el sentido que estos se consagren a coadyuvar a que el Estado llegue a todos los peruanos, para que los entes públicos coordinen sus actividades; sin embargo, por muchas décadas ha habido superposición entre los poderes, siendo el Ejecutivo el más ha marcado en las interferencias funcionales e intervenciones, quebrantando la interdependencia de poderes;  los organismos autónomos, caso de la Contraloría General (CGR), hace veinticinco años que ha perdido autonomía, llevándolo a limitar sus atribuciones, convirtiéndose en una institución silenciosa cuando se ha requerido su presencia de coordinación en la acción pública.

Sobre la Contraloría General de la República (CGR) y el Sistema Nacional de Control (SNC), que incluye los Organismos Institucionales de Control (OICs), sus titulares se han visto mellados en sus funciones. Esta actúa de manera limitada, porque la Constitución Política de 1993 le señala como función principal la supervisión de la legalidad, la que es propia de una organización ejecutiva, ello conllevaría a que la CGR debiera formar parte del Poder Ejecutivo.

La función supervigilante que se le ha reconocido desde su creación, la que con el tiempo ha evolucionado hasta asumir la evaluación del control de resultados, hecho que la consagraría en sus intervenciones auditoras, sin pedir permiso a nadie, y lo debe hacer en todas la entidades públicas sin excepciones, considerando que cualquier entidad que administra los fondos públicos está obligada a los respectivos exámenes y auditorias de carácter multiprofesionales.

Sus resoluciones se dictaban sin consultar a los controlados y en defensa de los recursos públicos y gestiones de las entidades sin excepción. Además tenía atribuciones de sanciones administrativas, a través de los Procesos de Determinación de Responsabilidades (PDR) respetando las dos instancias, sin intervención del Contralor General, y contaba con cuadros de funcionarios y servidores multidisciplinarios que se activaban con el Estatuto de la Carrera de Control.

La función contralora de acuerdo a la Constitución Política de 1979 y su Ley Orgánica N° 19039 de Noviembre de 1972 no dependía de ningún poder del Estado, pero, si era un brazo técnico/administrativo del Congreso. Este último al ser el ente administrativo/político que en su máxima función fiscalizadora examinaba y sentenciaba anualmente la Cuenta General de la República, siendo su principal instrumento el “Informe y Auditoria” realizado anualmente en la Cuenta General de la República.

Conociendo los antecedentes de cómo accionaba el SNC y quienes eran Contralores hasta antes del 5 de Abril de 1992, se colige que la autoridad designada como Contralor General  no solo tenía que ser un profesional con condiciones de líder, sino que tenía que responsabilizarse en la calidad de servicio a la ciudadanía.

Esto no convertía a la CGR y el SNC en una super entidad, para ello tenía su autonomía que le permitía ser supervigilante de las gestiones de las entidades estatales. Solo el Congreso de la República, podía ordenar auditar las cuentas, asimismo  llegaba a sustituir al Contralor General si éste cometía falta grave, porque el Congreso (Senado) lo designaba por votación calificada. Empero, la Contraloría no era un ente dependiente del Congreso.

Igualmente, ahora la Contraloría General por lo que dispone la Constitución actual es un organismo público más, y cuando asume responsabilidades o intenta decidir, no puede hacerlo, porque se encuentra limitada, no tiene autonomía como lo hemos explicado. Desde 1992 quienes autoritariamente tomaron el Poder del Estado, el dúo Fujimori/Bologna decidieron que la Contraloría era un adorno para el interior del país, pues, estaba maniatada y pintada en la pared; a pesar que desde el exterior los expertos reclamaban que no había rendiciones de cuentas, un aspecto importante que, sintetizaba su carácter autonómico y ponía al Estado en condiciones de conocer gastos y sus actos realizados con el dinero del erario nacional por parte de las entidades públicas y alcazaba un rol por demás necesario, para el planeamiento estratégico y la programación seria de los presupuestos anuales.    

En síntesis no podemos esperar de este tipo de CGR y de los Contralores que han ejercido el cargo, donde todos fueron a aprender el control al revés en estas tres últimas décadas, por eso entre otras cosas no podían ser líderes, pues con el tiempo sabemos quiénes eran:

La Señora Herminia Drago fue designa para terminar con los avances de la Contraloría General antes de 1992, ella cumplió la misión de exterminio ordenado por Fujimori/Bologna.

El señor Enrique Caso Lay, está en carcelería por ser parte de la mafia Fujimori/Montesinos.

La señora Ingeniera Carmen Higaona fue invitada a renunciar porque no era vista con buenos ojos por el Presidente Toledo y su Gobierno, se tomó como justificación los juicios abiertos por su accionar como Superintendente Nacional de Aduanas.

El señor Genaro Matute Mejía especialista de ESAN en Informática y reciente graduado al final de su mandato fue designado después de convencer a la Comisión Seleccionadora del Congreso, y no fue a votar el parlamentario que decidiría su admisión a ser considerado como candidato, para evitar lo que se iba a tratar en esa reunión; es importante indicar que el ex Vicepresidente del Gobierno de Toledo, el señor Raúl Diez Canseco Terry, lo cita ese mismo día a su despacho, a fin de evitar que votara en la Comisión Seleccionadora, con ello logró que el caso del candidato seleccionado Matute Mejía pasara a la Comisión Permanente del Congreso para ser designado Contralor General. Como todos los anteriores contralores desde 1992 hasta el 2001, tuvo por lo menos dos años en prepararse para ejercer el cargo.

La Contraloría General con todo lo acontecido, muestra clara y suficientemente que no puede actuar como un válido “Órgano Superior de Control”, tiene además limitaciones en sus presupuestos, para tener plantas de profesionales en las regiones descentralizadas o en los Organismos institucionales de Control.

El actual Contralor General ha expresado las limitaciones, ha conseguido proyectar los dispositivos que crean los Tribunales de Sentencias Administrativas, estos están formados por profesionales destacados, pero que desconocen lo que es el control en su conceptualización del control por resultados. Ha denunciado también la impunidad que se sufre cuando se pasan al Ministerio Público y al Poder Judicial, para enjuiciar a funcionarios públicos que en sus gestiones muestran indicios evidentes de comisión de delitos.

Sin embargo, observemos: primero, los Procuradores de la Contraloría no hacen el seguimiento de las denuncias en las Fiscalías y Juzgados, y segundo, estos últimos se demoran en abrir los juicios y son irrisorios el número de funcionarios que reciben condena. Esto tiene que ver con la calidad de quienes conforman los órganos de justicia, pues los magistrados carecen de formación en el actuar del control, así como le dan poca importancia a los informes de la CGR, al no ser vinculantes. Los funcionarios judiciales nombran peritos que también desconocen de control, y en muchos casos terminan archivados. Empero, cabe señalar que la CGR no ha tomado la iniciativa de estudiar y evaluar lo que se debe hacer, para acabar con las limitaciones que impiden la  labor de un control como el que hemos reseñado. En más de veinte años ni la Contraloría General, ni el Congreso de la República han preparado proyectos de ley para realizar cambios y reformas significativas en este sentido.  

Finalmente, desde la narrativa histórica en estas últimas décadas queda hacer precisiones, qué ha pasado con la CGR y el SNC, y también señalar la organización del control público, el que no se puede soslayar del proceso de descomposición organizativa, administrativa y política, y de cómo la CGR se ve envuelta en los acontecimientos relacionados con la irregular administración del gobierno descentralizado de Ancash, a los que se suman otros gobiernos  descentralizados. Desde hace por lo menos 25 años la CGR no ha tenido constitucional y legalmente las posibilidades de avanzar, la instalación del autoritarismo iniciado el 5 de Abril de 1992 y la Constitución Política de 1993 han convertido a la CGR en una entidad supervisora de la legalidad, que la coloca en la línea de las entidades ejecutoras.

La supervigilancia que le dieron los dispositivos desde su creación ha sido eliminada, este hecho coloca a la CGR limitada no sólo en su autonomía basado en los avances del derecho administrativo, en el progresismo alcanzado a 1992 fue echado por la borda, todo lo estudiado para ponerse en acción de nada ha valido, se involucionó; sino, también gracias a los mentores del neoliberalismo peruano que siguen tan conservadores como en el siglo XIX, formularon disposiciones modernizantes, pero ellos jugaron al control al revés, incapaz de tener una organización que diera pie a que los controles en general no fueran severos, conociendo el grado de la corruptela que se ha  vivido y se vive en la República. Así, de una CGR semidestruida pusieron en funciones a una organización que brinda el servicio del control muy y bastante disminuido.

Trato de recordar, haciendo memoria del recorrido del accionar del control público que, necesariamente me lleve a comparar a los Contralores Generales desde 1971 a 1992, con los Contralores de los dos últimos decenios, encontrando que durante el Gobierno Militar se aprobó, si no me equivoco, la primera ley orgánica de la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control que definitivamente la sacaba del ámbito del MEF, y que le dio autonomía y se nombró hasta 1980 a sobresalientes generales del Ejército Peruano como Contralores Generales de la República.

Vueltos a la democracia constitucional a propuesta del Poder Ejecutivo se presentaba al candidato a Contralor General al Senado de la República, el cual era evaluado por una comisión parlamentaria para su designación posterior por voto calificado de los miembros del Senado. Se designó al primer Contralor Constitucional del período 1980/1987, al Ingeniero Miguel Ángel Cussianovich  Valderrama (ex Ministro de Trabajo), y después fue designada para el siguiente periodo 1987/1993 a la doctora Luz Aurea Saénz (ex fiscal). Desde 1971 a 1992 tuvimos contralores calificados. Llegando a la cúspide de una administración contralora que marcaría diferencias hacia arriba con el Ingeniero Miguel Ángel Cussianovich, él aceptó la Ley Orgánica emitida por el Gobierno Militar, pues como hemos dicho esa ley era viable para realizar una labor distinguible , a lo que se sumaba la ética y la moral de todos los Contralores de esa época, la que encamino el control hacia un buen puerto.

La niñez y la juventud peruana de hoy debe saber esta historia reciente en que las leyes de control no pasaron de una, y que los Contralores tenían ética e impartían estímulos para garantizar la moral de trabajo a los funcionarios y servidores, sobre todo cuando se estableció el Estatuto de la Carrera de Control y de las Promociones, con las evaluaciones que se sometía automáticamente a su personal profesional y administrativo.

Tenemos que recordar los memorables momentos de la Institución, Superior de Control; asimismo, debemos resaltar las calidades y cualidades de funcionarios ejemplares en que se desarrollaron, merecedores del respeto como personas humanas. Por último tenemos que significar que requerimos urgentemente levantar el ánimo de los peruanos, porque somos herederos de una historia milenaria, existiendo en diversos momentos personalidades destacadas en las distintas actividades del Estado y del país en general. Es pertinente hacer historia pasada y actual, enmendar rumbos con perspectivas de futuro cercano que delimite fines y objetivos, particularmente, de la institucionalidad estatal

Con relación a los organismos de justicia que forman parte del Estado, considerando sus actuaciones al administrar justicia, a todos sin ningún tipo de excepciones, y bajo los mismos parámetros, resulta de suyo muy importante el comportamiento de fiscales y jueces.

De siempre y especialmente cuando el Perú ha crecido en población y pobreza con períodos en que se ha crecido en su economía, también se ha incrementado a nivel del Estado la improvisación en las formas organizativas que no están de acuerdo con el tamaño y condiciones sociales, para verse obligados a efectuar una integral reforma de la estructura organizativa del Estado.

El poder de la justicia no puede ser una isla y seguir actuando con disparejas formas de comportamiento de jueces y fiscales. Asimismo, se ha observado cómo la orientación y la dirección de las máximas autoridades del Ministerio Público y también el comportamiento de los Vocales Supremos deja la estela de que sus dictámenes acusatorios y sentencias no se ajustan a las leyes y la razón de la lógica en que entiende el ciudadano común y corriente. Ellos también forman parte de la descomposición organizativa, administrativo/política de la República. Por ejemplo, nuestros fiscales y jueces en general no dan a conocer la calidad de juicios que enfrentan, ni explican el porqué de los archivamientos constantes en las cortes, principalmente al interior de la República.

Lo sucedido en Ancash no es un caso aislado, y la reciente reacción de los acontecimientos despiertan dudas por decirlo a media voz, cuando los medios de comunicación empezaron acompañadas de personas y de las organizaciones civiles a denunciar los actos irregulares y que estarían al margen de la ley, fueron presurosos los fiscales y jueces para motivar el encarcelamiento de los culpables y a buen seguro de algunos que no merecen compartir carcelería. Pero, no han sido sólo los jueces y fiscales de los casos, sino los altos magistrados del Ministerio Público como José Peláez Bardales y Ramos Heredia, quienes han pedido perdón y esperan reformular sus anteriores actos de directivos. Es decir, muestran ante la opinión pública que todo sería distinto de hoy en adelante. Lo hecho requiere una investigación de parte del Consejo Nacional de la Magistatura.

Cabe indicar en cuanto al Ministerio Público y a los jueces y vocales del Poder Judicial, que existen magistrados que son legal y éticamente correctos, pero de éstos quedan atrás sus cualidades al igual de los que actúan en contra de lo que la ley y la ética señalan. Asimismo, no podemos dejar de afirmar que existen corruptelas y corrupción en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Tal como hemos afirmado, el funcionario estatal judicial no sólo debe estar bien preparado, sino que debe observar un comportamiento ético, para fomentar una moral de trabajo en el ámbito judicial en que se desarrollen y dicten sentencias justicieras y  no se archiven los casos de acusaciones de corrupción y de malos manejos administrativos que merezcan ser condenados, lo cual en la mayoría no se da hoy en día.   

Los peruanos tenemos que entender que la familia actualmente está en crisis, pues existen diversos factores que menoscaban la unidad familiar, principalmente en el comportamiento ético y moral; y por ende la educación no se da porque los padres por múltiples razones no priorizan la educación de sus hijos, olvidándose que esto es muy importante para el desarrollo de la persona humana. También la instrucción primaria, secundaria, técnica y universitaria no es impartida con calidad. Somos considerados penúltimos en los aspectos académicos de América Latina. No debemos olvidar que, tanto en la familia como en los centros académicos, se deben considerar cursos y tareas relacionadas con el desarrollo cívico.

Fernando Arce Meza

                                                        Surco, 17 de Junio del 2014