Públicas
de Andalucía 2017-2021
LA MERCANTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
16/12/2016
| Lucía Cayuela
“En las universidades, la privatización,
manifiesta, se ha dirigido a aspectos no educativos como la restauración y la
seguridad. En general, en el caso de la educación superior, la mayor amenaza se
presenta no tanto a modo de privatización sino de mercantilización. Esto supone
cambiar las relaciones y los valores de las personas para estimular a los
mercados, mientras se dirige la institución como si fuera un negocio.”
(L. Levidow, Neoliberal Agendas for Higher
Education)
El modelo de financiación de las universidades
públicas andaluzas en vigencia está a día de hoy dando sus últimos estertores.
Aprobado en 2007 y prorrogado hasta la actualidad /1 aunque su vigencia
estaba limitada hasta 2011 /2, la Junta de Andalucía pretende aprobar
antes de 2017 un nuevo proyecto /3. Según afirma el anterior rector de
la Universidad de Sevilla (US) y actual consejero de Economía e Innovación,
premiará la “excelencia” /4. Antonio Ramírez de Arellano, que
anteriormente había ocupado otros puestos en el equipo rectoral de la US,
aseguraba en noviembre mantener un diálogo constante con las universidades
públicas andaluzas /5, aunque éste parece inexistente con el alumnado,
que conoció el nuevo Modelo de Financiación por medio exclusivamente de los
consejos de estudiantes, no teniendo éstos posibilidad de convocar asambleas
donde se discutiera el documento.
Así, los consejos de estudiantes andaluces, con un
escasísimo margen de maniobra, decidimos rechazar de frente este modelo /6,
al haberse recibido el documento preliminar el 22 de noviembre y teniendo Consejo
Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía (CAE) el 24 de noviembre para
presentarlo. Durante la celebración de este CAE se lanzó en Twitter el hashtag
#ModeloPrivatización y se hizo público tanto el modelo como un comunicado en
contra de éste. Este rechazo se ha repetido en otros espacios de la
Universidad, el pasado 12 de diciembre celebramos en Sevilla un Pleno del CADUS
(Consejo de Alumnos Delegados de la Universidad de Sevilla) en el que todas las
delegaciones presentes declararon rechazar este modelo y señalaron la necesidad
de difundir su contenido, nuestra repulsa, favorecer la realización de
asambleas en febrero tras el periodo de exámenes y organizar acciones en contra
de este ataque a la Universidad pública andaluza. No fueron pocas las voces de
representantes del alumnado que hablaron incluso de la posibilidad de convocar
un Paro Académico, como el de 2012, si se considerara necesario por el alumnado
/7. Sin olvidar que los rectores andaluces han criticado el modelo, por
su infrafinanciación, de las Universidades públicas. Es importante hacer
hincapié en que es necesario abrir un espacio de debate dentro de la comunidad
educativa y la sociedad, puesto que no sólo rechazamos su contenido, que en
algunos aspectos se asemeja más a un plan estratégico que a un modelo de
financiación, sino que también criticamos muy duramente las formas
antidemocráticas en las que ha nacido.
Antes de pasar a analizar el contenido de este
nuevo modelo de financiación, me gustaría dar unas pinceladas para contextualizar.
En cuanto a la realidad socioeconómica, la tasa de paro en Andalucía es del
28,5, frente al 18,9 del Estado español. Respecto al PIB por habitante,
Andalucía se sitúa a la cola con 17 263 euros, muy por debajo de la media
estatal de 23 290 euros. La deuda de la Junta de Andalucía con las diez
universidades públicas andaluzas asciende a 226 millones de euros /8.
Respecto al fondo estratégico, este modelo manifiesta abiertamente estar en
relación con la iniciativa EU2020, que analiza la universidad como una
herramienta clave del desarrollo económico.
Dentro de este marco, nos encontramos un documento
con un alto contenido y lenguaje mercantilista que supone un gran retroceso
para la universidad pública andaluza, uno de los mayores ataques de los últimos
años junto al “tasazo” que logramos frenar en 2012 con el movimiento
#SevillaPara. Es un texto que perfila un entorno competitivo muy ligado al
mundo empresarial, trata al estudiantado como clientes y la docencia no es más
que una actividad complementaria a la investigación (pero sólo la que publica
en revistas prestigiosas, produce patentes y en términos económicos es
rentable, esa “excelencia” citada al comienzo de este artículo). Un documento
que señala más hacia una Universidad pública integrada en el sistema productivo
y bajo la influencia de la competitividad y no hacia una herramienta para
construir igualdad y generar y transmitir conocimiento científico y técnico,
pero también humanista y social.
En la definición de las características de este
Modelo de Financiación (MF), nos encontramos con que “las Universidades
públicas andaluzas se obligarán a lograr recursos privados adicionales”, en el
mismo documento se explica que en 2015 la financiación procedente de la Junta
era del 73’8 % y que el resto procedía de recursos propios (precios
públicos, proyectos competitivos, servicios y otros). Ahora los “resultados
de gestión” incluyen la “captación de recursos ajenos para alcanzar la
tasa del 30% de financiación no autonómica”. Y lo repiten de nuevo cuando
se habla de la financiación global, “es necesario también estimular e
incentivar la financiación privada”. ¿Se imaginan una asignatura de
Farmacología pagada por Bayer? ¿Esta aportación sería desinteresada y neutral?
Desde el movimiento estudiantil lo ponemos en duda. Se trata de un ataque
frontal contra la Autonomía Universitaria. La mercantilización del conocimiento
supedita éste a los intereses de las empresas y no a los de la sociedad.
Dentro de estas características del MF, se pide que
“la evolución y forma en que se provea la financiación pública se realice en
función de los servicios docentes y de I+D+i que proporcione a sus diferentes
usuarios y de la calidad de los mismos”, “mediante resultados, calidad,
evolución de la demanda”, con un “sistema de incentivos en la
financiación vinculada a resultados”. Implementando la Contabilidad
Analítica, para un “análisis más preciso y comparable de la actividad
económica-financiera, con un mejor conocimiento de los costes reales de las
diferentes enseñanzas y actividades de las universidades y su relación con la
financiación pública y privada”. Esto favorecerá claramente a los centros
adscritos y a las grandes universidades, habrá universidades de primera y de
segunda. Aquellas que sean competitivas dentro del mercado serán las que
obtendrán mayor financiación, viéndose perjudicadas aquellas universidades de
menor tamaño o con menor volumen de investigación volcada al mercado. En un “horizonte
cada vez más competitivo entre las propias organizaciones públicas”, las
universidades pequeñas (situadas en la periferia de la Comunidad Autónoma)
quedan desplazadas.
Dentro de los objetivos estratégicos, en el campo
de la formación, las enseñanzas serán “orientadas a la mejora de la
empleabilidad del alumnado egresado” e incidirán “en la especialización
de la oferta universitaria y su adecuación a las características del entorno
social y productivo o internacionalizando si se ha decidido mantener una oferta
de servicios con baja demanda”. La Universidad en el ámbito docente ya no
se considera un centro de conocimiento, sino una fábrica de trabajadores
especializados “empleables” en detrimento de los estudios que no se dirigen
tanto al mercado laboral empresarial. ¿Qué pasará con Filosofía, Historia o
Antropología? ¿Desaparecerán por “no ser competitivas”? Además, se plantea “incrementar
y difundir las enseñanzas superiores no presenciales”, reduciendo costes y
optimizando la “producción” de especialistas, sin fomentar el debate, la
asociación, la interacción social y la confrontación de ideas. Se habla también
de “fomentar la mentalidad emprendedora” como si de una empresa se
tratara.
El anterior apartado se cierra afirmando que “la
ciudadanía debe ser consciente que la totalidad del alumnado está becado, unos
con beca del 85 % y otros con beca del 100 % del coste real de sus
estudios universitarios”. El coste real de mis estudios universitarios
incluye 6 años sin poder trabajar a tiempo completo para llegar al último curso
de Medicina, acudiendo a prácticas, seminarios y clases obligatorias y
estudiando un elevado número de horas, la comida, vivienda, luz, agua y demás
necesidades de la Vida, los materiales de estudio y prácticas, además del
transporte desde mi vivienda en el área metropolitana hasta la Facultad (que, por
ahora, no disfruta de ningún tipo de bono estudiantil). Estos son gastos que
jamás me han sido becados. Como podemos leer en los ensayos del movimiento
estudiantil italiano: “la necesidad social de una cierta cantidad y calidad
de fuerza de trabajo cualificada se descarga sobre los costes privados de los
individuos” /9. Ya se ha comentado la realidad socioeconómica
andaluza, una región desfavorecida en la que las familias afrontan que las
becas del Estado lleguen a partir de diciembre, sean limitadas y cada vez
presenten requisitos más difíciles de alcanzar. Una vez más, son las familias
(aquellas que pueden) las que afrontan un presupuesto que debería ser social,
¿cuándo comenzaremos a hablar de becas reales que permitan independizarnos por
realizar una tarea esencial como es formarnos y que con el Plan Bolonia cada
vez se asemeja más a una jornada laboral -cuando no son prácticas empresariales
no cobradas? Quizás sea el momento de pedir que se nos beque realmente entre el
85 % y el 100 % del coste real de nuestros estudios universitarios y
darle razón en algo a este modelo, sería una gran victoria social para dar a
conocer a la ciudadanía en general.
Respecto a la investigación, se habla de “fomento
de la ciencia orientada a la competitividad e innovación”, ¿son las
enfermedades raras competitivas? ¿No es, sin embargo, su estudio esencial para
el avance del conocimiento humano y para las personas que las padecen? Además,
se habla de “orientar los programas y proyectos hacia líneas estratégicas
emergentes de investigación científica, centrándose en (…) la transferencia de
tecnología y conocimiento al tejido empresarial” como si las universidades
públicas se trataran de empresas que deben vender su producto. En ningún
momento se menciona a las humanidades, ni a la producción cultural (aunque sí a
la divulgación de la cultura).
Retomando la “excelencia”, se incentivará la “atracción
del profesorado con alta cualificación investigadora”, que no garantiza la
calidad de la docencia recibida por el estudiantado. Además, para “favorecer
la inserción laboral de los estudiantes egresados” se dará apoyo a
prácticas en empresas (que no cobramos o que tienen un salario ínfimo) y se
fomentará la “cultura emprendedora”, un significante que a menudo incluye el
individualismo y la competitividad frente a las redes colectivas. Dentro de los
objetivos del Contrato Programa, se incluyen los ingresos de investigación
científica, innovación y transferencia tecnológica y creación de empresas,
centrándose de nuevo más en el mercado que en los conocimientos, el análisis y
la crítica, tan necesarios para el avance humano.
Respecto al análisis de género, en el MF sólo se
hace mención a la paridad en los órganos de gobierno y a la necesidad de
fomentar el número de mujeres investigadoras y catedráticas, como si no se
precisara de un trabajo exhaustivo para eliminar “techos de cristal” que
dificultan el acceso de las mujeres a ciertos espacios en la Universidad.
Tampoco se hace alusión a ningún otro grupo en riesgo de exclusión, exceptuando
las ayudas al estudio y la atención a la discapacidad. Inmersos en la
“competitividad”, no se habla de las necesidades específicas de los grupos
vulnerables.
Con este modelo, se busca que el “sistema
público universitario andaluz se sitúe en el 1’5 % del PIB regional a
precios de mercado”, estando hoy día “por debajo de tales niveles”,
es decir que para crecer podrán aumentarse las tasas universitarias (por debajo
del precio “de mercado” estatal gracias a las movilizaciones masivas de 2012)
y/o aumentar los ingresos privados, mercantilizando el conocimiento. Frente a
ambas posibilidades, encontrarán un movimiento estudiantil organizado en
contra. Y no será el único sector, como se comenta previamente, el pasado 8
noviembre los rectores andaluces denunciaron la infrafinanciación con el MF /10.
La formación universitaria no es un gasto, es una inversión para la sociedad.
Formar profesores, historiadores, médicos o economistas es una necesidad
social, no un privilegio.
Se ha hablado de la presentación de un texto
modificado para este modelo, pero una modificación en las formas o en el
lenguaje empleado no será suficiente, perdurarán las intenciones y líneas
estratégicas. Es necesaria la apertura de un proceso de análisis participativo
y abierto a la sociedad para la confección de un modelo de financiación que
garantice una Universidad Pública, de calidad, popular y autónoma.
Es por esto que es esencial la difusión de este MF,
su análisis, debate y la convocatoria de asambleas tras el periodo de exámenes
en las que se conforme una visión del estudiantado y un plan de acción. Quieren
modelarnos como personas dóciles y precarias, nos tendrán rebeldes y
organizadas, ¡ni sumisas ni pasivas!
Lucía Cayuela es Delegada en el Consejo de Alumnos de la
Universidad de Sevilla (CADUS) y activista del Movimiento de Acción Estudiantil
(MAE)
Notas:
0/ Documento de bases del Modelo de financiación de
las Universidades públicas de Andalucía 2017-2021: http://www.cadus.es/wp-content/uploads/2016/11/Bases-MF-2017-21-V7nov16-0-2.pdf
9/ Movimentostudentesco (ed.), Documentidellarivolta
universitaria, Bari, Laterza, 1968/2008, p.37
- See
more at: http://www.vientosur.info/spip.php?article12018#sthash.tYmvuwYy.dpuf
