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miércoles, 3 de junio de 2015

REGRESO A COCACHACRA




Por Rocío Silva Santisteban

3 de junio, 2015.- Son las 6:30 de la tarde y los cacerolazos se oyen por todo el pueblo. Las mujeres se paran en la puerta de sus casas o de sus tiendas con una sartén y un cucharón para declarar su indignación. También prenden velas dentro de botellas de plástico para que no se apaguen con la brisa que viene desde el mar. ¿De qué otra manera podemos protestar?, se quejan. Les digo que porten lazos verdes con un listón negro para manifestar su luto como lo hacían las mujeres en Conga durante el Estado de Emergencia porque están suspendidas algunas garantías pero jamás se puede suspender la libertad de expresión.

Han pasado solo 45 días entre la primera vez que vine a la zona y ahora que regreso pero en densidad histórica parecen diez años: cuatro personas han sido asesinadas, dos agricultores y un obrero de construcción por proyectiles de arma de fuego y un policía golpeado por la turba; se ha instalado el Estado de Emergencia y según el registro del puesto de salud más de cien personas han sido atendidas por heridas, aunque, como me confiesa la doctora: “muchas ni siquiera vienen porque tienen miedo de que les pasemos nuestras listas a la PNP”. Por eso se sacan los proyectiles en sus casas y llegan al puesto con infecciones por malas curaciones.

Hay miedo en Cocachacra y muchas quejas: por abuso de la fuerza por parte de la PNP como, por ejemplo, cuando detuvieron a un sereno y le hicieron bajar de una camioneta del serenazgo para golpearlo hasta producirle un esguince; porque los jóvenes y adolescentes duermen en los cerros por temor a ser capturados; porque la policía les pregunta a los niños del colegio si sus papás participaban en la huelga. Las personas tienen miedo incluso de hablar por celular y los adolescentes han aprendido a grabar y registrar situaciones de violencia porque los periodistas que lo hicieron han tenido que huir hacia Arequipa como también huyeron tiempo antes otros pobladores a favor de la mina. La desconfianza se ha instalado incluso entre vecinas que se acusan mutuamente de delación.

La gente agradece que Nicolás Lúcar haya venido a la zona y aborrecen que algunos periodistas, sin salir de su set en Lima, sostengan que hubo saqueos en Credishow cuando, me dice una señora, “sí rompieron las lunas pero nadie robó nada ni saqueó nada”. Están cansados del estigma de violentos. Me dice una trabajadora de la Municipalidad que cuando van a Arequipa no los aceptan en los hoteles porque “son terroristas antimineros”.

Por supuesto que también la espiral de violencia de los espartambos les está pasando la factura. Sin embargo el tema es más complejo: como me explica un profesor de colegio, muchos adolescentes los ven como héroes, incluso hay un hip hop cuyo coro dice “el ministro no quiere entender/ este valle no lo voy a vender / somos hijos de Tambo y somos es-par-tam-bos…” Además me explican, por enésima vez, que no han llegado “puneños huaraqueros” porque “muchos tambeños venimos de Puno y sabemos tirar con honda para espantar a los pájaros”. Otros me explican que se sienten indignados con el ministro. ¿Con cuál? les digo yo. Me explican que, por orden de indignación, primero con Cateriano, luego con Pulgar Vidal y por último con Pérez Guadalupe “porque dijo que a Ramón Colque lo mataron de un piedrón cuando murió por bala…”.

¿Cómo recuperar la confianza?, pregunto. Solo un hombre mayor que nos repitió varias veces que había leído el Informe Final de la CVR se atreve a sugerir que venga el Presidente.
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Fuente: Publicado en el diario La República: http://larepublica.pe/impresa/opinion/4671-regreso-cocachacra

sábado, 30 de mayo de 2015

EXTRACTIVISMO Y POST-EXTRACTIVISMO, UN DEBATE ENTRE DEFENSORES DE LA MINERÍA CAPITALISTA.


- La polémica Pulgar-Vidal contra De Echave – Silva Santisteban  y el fondo de la cuestión: ¿tocamos o no tocamos el modelo?

Servindi, 29 de mayo, 2015.- El domingo 24 de mayo el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal publico un polémico artículo en el diario El Comercio titulado “Los dilemas de la Tía” en el que cuestiona el fundamento ideologico de los que sostienen el posextractivismo en el Perú, contenido en un documento del partido  Tierra y Libertad.

El artículo recibió una rápida respuesta del economista José de Echave, miembro de la organización no gubernamental CooperAcción, y de Rocío Silva Santisteban, periodista, poeta y actual Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Dado el interés del debate resumimos sus principales planteamientos y colocamos los enlaces a los mismos para el lector que desee profundizar en los mismos.

¿Qué defiende el ministro?

Pulgar-Vidal se refiere de manera crítica al denominado “pos-extractivismo” que propone el partido Tierra y Libertad liderado por Marco Arana, entendido como una etapa de transición para que la economía peruana dependa cada vez menos de la exportación de materias primas.

Si bien el ministro admite y reconoce que el pos-extractivismo no significa “cero extractivismo”, afirma que esto “no es del todo cierto si recurrimos a la fuente ideológica de esa posición y la analizamos a detalle”. La fuente está contenida en el documento “Nueva minería exige debate nacional” de agosto de 2012 a la cual el ministro somete a examen.

El cuestionamiento que realiza Pulgar-Vidal es que “la posición ideológica de los posextractivistas es limitar las inversiones en actividades como la minería, petróleo, agroindustria, riego destinado a esta, etcétera”.

Lo que sorprende y preocupa al ministro no es que se discuta sobre la naturaleza pública o privada del operador extractivista, como se debatía en décadas pasadas. Lo que le preocupa es “la negativa al desarrollo de la actividad”.

Para Manuel Pulgar-Vidal pretender limitar el crecimiento de las actividades extractivas es sostener una posición “bucólica y anacrónica”.

Según él, esa posición sería la razón que divide a la izquierda peruana entre quienes sostienen tal planteamiento “y otra (izquierda) capaz de plantear, aun en las diferencias, puntos de encuentro desde el potencial de nuestro país y la mirada común al crecimiento y al desarrollo.”

Pulgar-Vidal concluye en una afirmación bastante general y que podría ser suscrita por cualquier persona: “Apostemos a un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y su potencial y concertemos una visión de bienestar y prosperidad para todos los peruanos.”

Sobre el actual modelo económico en curso, los conflictos socioambientales que genera el extractivismo y la necesidad de cambios para afrontar nuevos desafíos -incluyendo los que nos plantea el cambio climático- ni una palabra.

La respuesta de Echave

Para José de Echave lo “anacrónico” no es proponer transiciones sino conservar de manera absurda las actuales reglas de juego, ver cómo se desmantela lo poco avanzado en materia ambiental y seguir defendiendo un modelo que no nos prepara para el presente y el futuro.

Echave cita a Rajendra Pachauri, director del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), quién en la conferencia inaugural de la COP 20 dijo: “Si no se cambia el modelo, los riesgos son la escasez de alimentos y de agua, el desplazamiento de la población y grandes conflictos”

José de Echave recuerda a Pulgar-Vidal que además de ser ministro del Ambiente en el Perú es presidente de la COP 20. En este sentido, lo anacrónico es negarse a transitar a un escenario distinto y “seguir defendiendo un modelo que nos lleva directo y sin escalas a los riesgos que anuncia Pachauri, premio Nobel el 2007 con el IPCC”.

Echave enfatiza en la necesidad de una “férrea voluntad política” para mitigar y adaptar. Y adaptar implica modificar los medios de vida, la producción, la infraestructura, las leyes, las políticas y las instituciones para responder a los eventos climáticos.

“En suma significa transitar a un escenario distinto” y pensar en un “modelo de extracción equilibrado y sensato”.

De Echave concluye citando al economista ecuatoriano Alberto Acosta, para quien el gran reto para todo el planeta y para países como el Perú se resume en “cómo procesar democráticamente una nueva forma de organizar la economía, reconociendo los límites de la Naturaleza y asegurando una vida digna para todos los habitantes del planeta”.

La crítica de Rocío Silva Santisteban
Para Rocio Silva Santisteban el ministro Manuel Pulgar-Vidal ridiculiza la propuesta pos-extractivista calificándola de “bucólica y agrarista”. Además, la atribuye a Eduardo Gudynas, soslayando que es sostenida por múltiples intelectuales latinoamericanos y europeos como Héctor Alimon21da, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa.

Silva Santisteban aclara que la propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a rajatabla sino sobre “la propuesta racional de una minería que se enmarque dentro de una visión pluriproductiva”.

En tal sentido, el concepto “Zonificación Ecológica Económica” (ZEE) es esencial y debe ser asumido y priorizado por los distintos gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional.

Por cierto, observa, que actualmente solo diez departamentos y dos regiones especiales cuentan con una ZEE que no se respetan y si han salido adelante es más por la buena voluntad de algunos funcionarios, y sin mayor apoyo político del Ministerio del Ambiente.

Silva Santisteban cita a Raúl Zibechi: “La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del extractivismo”.

Y aterrizando con la realidad que vive hoy el Perú Silva Santisteban agrega que ello sucede porque el extractivismo se sustenta en la acumulación por despojo, y requiere de un control de esa población a la que se despojará. “Se trata de estrategias que van de la mano con la imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia.”

Acceda a los artículos y documento referido a través de los siguientes enlaces:

- Nueva minería exige debate nacional, por Tierra y Libertad, agosto de 2012 (PDF, 8 páginas).
- Los dilemas de la Tía, por Manuel Pulgar-Vidal (diario El Comercio, 24 de mayo, 2015).
- Extractivismo y estado de emergencia, por Rocío Silva-Santisteban (diario La República, 26 de mayo, 2015).
- Ay Ministro, por José de Echave C. (CooperAcción, 26 de mayo, 2015).
Ay Ministro

Por José De Echave C.

El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pretende debatir a su manera sobre varios temas a la vez. Bienvenido el debate y que sea en los mejores términos.

El ministro opina muy seguro sobre temas de hidrogeología y afirma que lo de las aguas subterráneas del proyecto Tía María es un tema resuelto; critica abiertamente los mapas de concesiones y a las instituciones que los elaboramos y da a entender que le molesta que el Ingemmet difunda esta información. ¿Acaso propone que los ciudadanos y ciudadanas ya no accedamos a esa información? Finalmente, en entrevistas y en un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (24 de mayo de 2015), critica duramente las propuestas que en diferentes espacios se vienen construyendo y apuntan a transitar del actual modelo de extracción a uno que sea más sensato y equilibrado. Termina el artículo con un párrafo que por supuesto nosotros suscribimos: “Apostemos a un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y su potencial y concertemos una visión de bienestar y prosperidad para todos los peruanos”.

El tema es cómo. ¿Qué propone el ministro para lograr esa gran meta? ¿Las políticas de su gobierno? ¿La Ley 30230? ¿Las que propone la Sociedad Nacional de Minería y la Confiep?

Precisamente, los que hablamos de transiciones intentamos apostar por un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales para el beneficio de todos los peruanos y peruanas. El reto es precisar cómo nos imaginamos, por ejemplo, la minería para los próximos 30 años. Y esa minería no puede ser la que hemos visto y la que algunos han padecido en las últimas dos décadas. Para los que reconocemos que la minería es una actividad importante y lo seguirá siendo, el reto es transitar a un escenario distinto y no seguir defendiendo absurdamente las actuales reglas de juego y ver cómo se desmantela lo poco que se había avanzado en materia ambiental.

Pero el otro gran problema es que el artículo no solamente lo suscribe el Ministro del Ambiente del Perú, sino también el presidente de la COP (Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). El ministro sabe perfectamente que para  impedir una elevación de la temperatura del planeta por encima de los dos grados centígrados, no se debería tocar el 70% de las reservas probadas de gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Ni una palabra sobre eso.

El propio Rajendra Pachauri, director del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), afirmó en la conferencia inaugural de la COP 20 en Lima, que “Si no se cambia el modelo, los riesgos son la escasez de alimentos y de agua, el desplazamiento de la población y grandes conflictos”. “Para impedir que la temperatura global se incremente en dos grados centígrados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre 40 y 70% al 2050 y eliminarse casi en su totalidad  el 2100”.

Esto es realidad pura y dura y para nada bucólica. Data dura como exige el ministro. Lo anacrónico es seguir defendiendo un modelo que nos lleva directo y sin escalas a los riesgos que anuncia Pachauri, premio nobel 2007 con el IPCC.  El cambio climático nos pasa factura desde ahora. Más data dura: un estudio hecho para el Banco Central de Reserva del Perú calcula que para el 2030 se proyectan  pérdidas equivalentes al 6,3% y al 2015 de más del 20%.

Algunos pretenden seguir manejando la economía como si estuviéramos en la década del 50 del siglo pasado. Para evitar lo que se nos viene es urgente mitigar y adaptar, y para ello se necesita una férrea voluntad política, algo que no se ve en el país. Adaptar, por ejemplo, significa ajustar los sistemas humanos y naturales frente a entornos nuevos o cambiantes; la adaptación implica modificar consecuentemente el comportamiento, los medios de vida, también la producción, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos ya experimentados y los esperados. En suma, significa transitar a un escenario distinto.

De eso se tratan las transiciones y la necesidad de pensar un modelo de extracción equilibrado y sensato. Como señala el economista Alberto Acosta, el gran reto para todo el planeta y para países como el Perú se sintetiza en cómo procesar democráticamente una nueva forma de organizar la economía, reconociendo los límites de la Naturaleza y asegurando una vida digna para todos los habitantes del planeta. Sigamos debatiendo ministro.

Extractivismo y estado de emergencia

Por Rocío Silva Santisteban

El ministro Manuel Pulgar Vidal publicó el domingo un artículo en el que ridiculiza la propuesta posextractivista que múltiples intelectuales latinoamericanos y europeos plantean, entre ellos por supuesto Eduardo Gudynas, pero también Héctor Alimonda, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa, sosteniendo que se trata de una propuesta “bucólica y agrarista”. Reducir y extrapolar son dos características del debate simplón: lamentable para una persona con la trayectoria de Pulgar Vidal.

Sin embargo, es necesario aclarar desde una perspectiva de las ideas que la propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a rajatabla sino sobre la propuesta racional de una minería que se enmarque dentro de una visión pluriproductiva. Por ese motivo, el concepto “Zonificación Ecológica Económica- ZEE” debe ser asumido y priorizado por los distintos gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional. Por cierto, es una tarea del Minam que, por la buena voluntad de algunos de sus funcionarios, sale adelante sin mayor apoyo político. Hoy solo diez departamentos y dos regiones especiales (Vraem y Picota) cuentan con un ZEE que, además, no se respeta.

Pero en nuestro Perú actual nos enfrentamos a lo que yo misma denomino un “extractivismo compulsivo” que fue fomentado por el gobierno de Alan García con la justificación teórica del “perro del hortelano”, discurso subalternizador, que ha sido percibido por los indígenas peruanos como irrespetuoso y discriminador. Durante este gobierno, al que los votantes de Humala dieron apoyo porque esperaban una diferencia del anterior, se ha profundizado este extractivismo compulsivo: el presidente Humala ha priorizado, debido a la desaceleración de la economía, el fortalecimiento de proyectos de exploración y explotación, tanto mineros como petroleros, muchas veces ninguneando las propias leyes aprobadas como la de consulta previa (reglamentada de tal manera que parece amortajada). Si bien es cierto no apela al discurso del “perro del hortelano”, hoy por hoy le da sustento a la calificación inadmisible del funcionario de la Southern, Julio Morriberón, la de “terroristas antimineros”. Así, el diario El Comercio tituló el domingo “Humala afirma que terroristas azuzan la violencia en Islay” dándole el espaldarazo que ese discurso reificante necesitaba. Es vil usar el fantasma del terrorismo para enfrentar otro tipo de conflictos totalmente diferentes.

Raúl Zibechi sostiene en un análisis sobre el extractivismo en América Latina que: “La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de operar del extractivismo”. ¿Por qué? Porque el extractivismo se sustenta en la acumulación por despojo, por lo tanto, requiere de un control de esa población a la que se despojará. Se trata de estrategias que van de la mano con la imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia. Lo ha dicho también Horacio Machado para Potosí, pero se aplica a Tía María: “Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes –mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual– son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos”.

El gobierno ha tomado una decisión. La jauría de la derecha cavernaria grita y aúlla. Los señores de la mina sonríen en silencio.


Publicado en Kolumna Okupa de La República, el martes 26 de mayo de 2015.

miércoles, 20 de mayo de 2015

OLLANTA HUMALA: TELONERO DE LA SOUTHERN




Foto: Iván Herrera
Por Rocío Silva Santisteban*

19 de mayo, 2015.- Han sido varios comentaristas, columnistas, opinólogos y ciudadanos de a pie que coinciden en que el mensaje a la Nación del presidente del Perú no dijo nada, excepto dar un paso al costado para que la empresa Southern sea quien tome las decisiones, con el argumento de respetar los convenios y marcos legales de la inversión.OHT dio el pésame a todas las familias de los muertos de Tía María y bla bla bla. Quienes esperábamos una decisión nos quedamos esperando.

A los pocos y bien cronometrados minutos, el director general de la Southern contesta. La respuesta incluye la consideración de decir que la vida humana está por encima de los contratos comerciales, algo que el presidente Humala no mencionó expresamente. El director planteó una “pausa” de dos meses y el Poder Ejecutivo respiró aliviado pensando que realmente el problema puede “patearse un tantito”.

Este ha sido otro momento vergonzoso en la historia del Perú: un gobierno enmudece ante las violaciones de derechos humanos de uno y otro lado, para preocuparse, sobre todo, del cumplimiento del derecho comercial. ¿Cuánto vale la vida de un agricultor en el Perú?, ¿acaso el costo de una bala? ¿Cuánto vale la vida de un policía?, ¿la gratuidad de una piedra? A la democracia peruana se le ve el fustán y a los ujieres de las empresas, autoritarios momentáneos, como la presidenta del Congreso que cree saber lo que es ejercer el poder, renegados de sí mismos, emplean toda suerte de argumentos acomodaticios para justificar su traición. Y dan un paso al costado. Qué vergüenza.

En medio de todo, otro traidor a la causa que lo llevo al liderazgo, se vende por un buen plato de lentejas aunque tiene, por lo menos, el coraje de aceptar ir a prisión (el Ministerio Público se demora tanto que bien pudo correrse). Una mujer de 35 años, Yovanna Mendoza, es rapada en Cocachacra porque la encontraron grabando un video con los rostros de quienes se reunieron para hablar con Nicolás Lúcar. Se descubren otros videos de policías que destruyen una cabina de teléfonos para culpar a la población. Los periodistas limeños se desgañitan contra los huaraqueros y los espartambos pero callan la información de heridos de bala trasladados a hospitales de Arequipa, así como ante las denuncias preventivas contra sus colegas de Cable Visión y Exitosa Mollendo. En un video se ve a un joven oficial de la PNP disparándole con su revólver a la población desarmada. Los jóvenes isleños, enfundados en uniformes caqui y portando AKMs de madera, creen que golpear con cadenas y corear monstruosas consignas es parte de la protesta. Y el caos le revienta en la cara al presidente del Perú que se agacha para evadir al zapato de la indignación.

Mientras tanto la empresa Southern es denunciada por José Luis López Follegatti, analista de Diálogo Minero –fuera de toda sospecha de ser “anti”–, de hacer la clásica maniobra de solicitar 4.400,8 hectáreas más de lo que consignaron en su ultrarrevisado EIA que consigna tan solo 488,5 hectáreas. ¡Diez veces más! ¿Y ahora que nos puede decir el ministro Pulgar Vidal?
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*Rocío Silva Santisteban (Lima, 1963). Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es Doctora en Literatura por la Universidad de Boston. Ganó el Premio Copé de poesía con su poemario Ese oficio no me gusta (1990). Otras publicaciones: Mariposa negra (1993), Condenado amor y otros poemas (1995) y Turbulencias (2006). En 1994 publica su libro de relatos Me perturbas (1994). Actualmente es periodista y docente universitaria. Además es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.