02/11/2016 | Samuel Farber
En julio de este año, el ministro de Economía de
Cuba, Marino Murillo, anunció que debido a un 20 por ciento de reducción en los
envíos de petróleo de Venezuela, el gobierno proyectaba un recorte en el
suministro de electricidad en un 6 por ciento, y de combustible en un 28 por
ciento. Mientras tanto ordenó la reducción inmediata de consumo de energía en
el sector público y la consecuente reducción de la empleo en ese sector, y
advirtió la posibilidad de apagones, haciendo resurgir así el espectro de los
terribles días del Período Especial de los 90.
Esto ha sido otro golpe más contra los esfuerzos
del gobierno de Raúl Castro para establecer la versión cubana del modelo
sino-vietnamita basado en un estado de partido único y la apertura de la
economía al sector privado y al mercado.
En la esfera política esos esfuerzos se han
centrado en relajar el control del estado sobre su ciudadanía. Pero eso no ha
implicado ningún grado de democratización. Así por ejemplo, las reformas de
emigración del 2012, que facilitaron el movimiento de los cubanos para salir y
volver a la Isla, nunca reconocieron viajar al exterior como un derecho de los
ciudadanos cubanos.
En la esfera de la Economía, el gobierno ha
implementado una estrategia muy modesta y contradictoria. Por ejemplo, las
reformas estructurales en el sector de la Agricultura permiten contratos de
arrendamiento de la tierra por un máximo de 20 años, en contraste con los
gobiernos chino y vietnamita que autorizan contratos mucho más largos y hasta
permanentes.
Actualmente se permite el trabajo por cuenta propia
en unas cuantas (poco más de 200) ocupaciones. De haberlo permitido a través de
toda la economía—salvo en aquellos sectores que considera como prioridades
sociales, como la Salud—la reforma podía haber aumentado significativamente la
disponibilidad de productos y servicios en la Isla.
Los cambios complementarios que el gobierno
introdujo —tales como el establecimiento de mercados mayoristas y la banca de
crédito comercial— para reforzar las reformas estructurales fueron
insuficientes y acabaron por impactar negativamente en las propias reformas.
Además, la burocracia y la ineficiencia de Acopio—la agencia estatal que
monopoliza el poder de compra de la mayor parte de los productos agrícolas a
precios establecidos por el gobierno–ha desacelerado la producción agrícola. Y
muchos productos se han echado a perder por las demoras para ser procesados en
las plantas del mismo gobierno.
Sin recuperación
Antes de la crisis actual, la economía cubana había
logrado recuperarse parcialmente de los terribles años del Período Especial que
la devastó tras el colapso del bloque Soviético a fines de los ochenta y
principios de los noventa. La economía de la isla tocó fondo entre 1992 y 1994,
cuando la escasez de alimentos provocó una epidemia de neuropatía óptica que
afectó cerca de cincuenta mil personas.
Actualmente la nación ha sobrepasado el PIB al que
llegó en 1989. Pero hay otros indicadores—tales como el salario real y las
pensiones, que en el 2014 llegaron solo al 27 y el 50 por ciento,
respectivamente, de los niveles a los que estaban en 1989, que nunca se
recuperaron. Mientras tanto, el gasto social ha estado en declive y se espera
que el consumo familiar baje un 2.8 por ciento en 2016 y un 7.5 en 2017.
Si bien es cierto que la hambruna de principio de
los noventa quedó atrás, los cubanos siguen teniendo que luchar muy duro para
conseguir sus alimentos. El muy celebrado desarrollo de la agricultura orgánica
urbana representa una proporción relativamente baja de la producción agrícola.
Según lo señaló el economista cubano C. Juan Triana Cordoví, la disminución de
la producción doméstica ha forzado a los hoteles a importar verduras,
incluyendo la yuca, un tubérculo básico de la dieta nacional. Los escasos
avances logrados en la agricultura sostenible no compensan el hecho que la
producción de comestibles no ha llegado al nivel de 1989, y que Cuba ha tenido
que importar más de la mitad de sus víveres a un costo anual de dos mil
millones de dólares.
También se han perdido muchos de los logros en los
campos de la Educación y la Salud. Aún no se han reemplazado a todos los
maestros que abandonaron el sector debido a los bajos salarios; el número de
repasadores privados —frecuentemente maestros de escuela pública que trabajan
en sus horas libres—ha crecido exponencialmente. Se están derrumbando numerosos
edificios escolares, bibliotecas y laboratorios. Antes del inicio del presente
año escolar se cerraron 350 escuelas por las deplorables condiciones físicas en
las que se encontraban.
Lo mismo ocurre con muchos de los hospitales y
otras instalaciones médicas que actualmente funcionan solo con el personal
mínimo indispensable; el gobierno ha estado enviando un gran número de médicos
de familia y especialistas a Venezuela y a otros países a cambio de petróleo y
moneda extranjera.
Es muy probable que las reformas timoratas y
contradictorias del régimen actual desaparezcan junto con la salida de la
escena de la generación histórica de líderes revolucionarios. Sus
descendientes, la segunda generación de la burocracia estatal, muy
probablemente adoptarán de lleno el modelo sino-vietnamita, con una cierta
inclinación hacia un capitalismo ruso que combina el establecimiento de una oligarquía
surgida del saqueo de la propiedad del Estado con una “democracia” nominal que
le proporcione al Congreso estadounidense la excusa necesaria para abrogar la
Ley Helms-Burton de 1996 y así revocar el bloqueo económico de la Isla.
Además de ganarse la simpatía de los EE UU, la
nueva generación de líderes se ganará el apoyo del capital extranjero y de, por
lo menos, un sector del capital cubano-americano con la promesa de un gobierno
totalmente en control del estado, los medios masivos de comunicación y de las
organizaciones de masa—incluyendo los sindicatos controlados por el Estado—para
así garantizarle a sus nuevos inversionistas capitalistas, tanto cubanos como
extranjeros, la paz, la ley y el orden.
Sin embargo, tanto fuera como dentro del gobierno
se están hablando de otros modelos económicos, aunque muy discretamente debido
en gran parte a un sistema político que no permite una discusión cabal, libre y
honesta de las ideas.
Una economía libre y racional – los críticos del
sistema
Desde hace un buen rato, los críticos del régimen
que pertenecen al “mainstream” cubano han estado abogando por el
establecimiento de una economía de libre mercado como la única alternativa
“racional” a la administración burocrática de la economía bajo el control del Partido
Comunista.
Este grupo abarca un amplio espectro de opinión que
va desde una posición dura de libre mercado hasta una perspectiva social
demócrata de Estado de beneficencia. En este último grupo, críticos moderados
se traslapan con sectores de economistas académicos en la Isla, incluyendo a
miembros del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La
Habana.
Pero casi ninguno de estos críticos ha siquiera
mencionado la cuestión de qué hacer con la parte más importante de la economía
cubana: las grandes empresas del Estado. En cambio, se enfocan en el
establecimiento de PYMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) aunque nunca han
aclarado qué es lo que la “mediana” empresa significa específicamente.
Mientras tanto, apoyan las medidas del gobierno
para remplazar el sistema universal de racionamiento con otro que, en lugar de
subsidiar productos, lo haga a personas de bajos recursos. Hoy por hoy, todos
los cubanos, independientemente de sus ingresos, reciben una serie de productos
a precios bajos subsidiados por el gobierno. Bajo el nuevo sistema, solo los
más pobres y desprotegidos recibirían esos beneficios, racionalizando así los
mercados agrícolas y reduciendo el presupuesto gubernamental. La reciente
reducción de los productos que son distribuidos por esa vía marca el primer
paso hacia el sistema basado en el nivel de ingresos.
Finalmente, también insinúan su apoyo a que se
elimine el monopolio estatal del comercio extranjero y se permita que los
cubanos importen del extranjero sin límite alguno.
Tito en Cuba – la oposición de izquierda
Como parte de la oposición al régimen, la izquierda
crítica naciente —mayormente constituida por corrientes anarquistas y social
demócratas— ha tenido que funcionar bajo la vigilancia y represión del Estado.
Estas corrientes están opuestas a cualquier reducción de beneficios del Estado
y —por primera vez en la historia de la izquierda en Cuba—abogan por una
economía de autogestión obrera.
Es interesante que nunca mencionan la cuestión de
planeación democrática o de coordinación entre sectores económicos. Su versión
de la autogestión obrera presenta una economía de empresas autosuficientes que
compiten entre sí. Se asemeja al sistema que implementó Tito en Yugoslavia
desde los 1950 hasta los 1970.
Este fue un socialismo de mercado autogestionado al
nivel local, pero controlado a nivel regional y nacional por la Liga Comunista.
Aumentó la participación de los trabajadores, incluso en la toma de decisiones
a nivel local, pero debido a la competencia y a la falta de planeación, también
creó desempleo, una gran volatilidad en los ciclos económicos, desigualdad
salarial y discrepancias regionales que favorecieron a las repúblicas del norte
de ese país.
La falta de poder de los obreros para decidir
cualquier cosa mas allá de lo que pasaba en su lugar de trabajo generó en ellos
una perspectiva localista, provinciana, y aislada de las decisiones económicas
a nivel nacional. Los trabajadores no veían razón alguna por la cual apoyar la
inversión en otras empresas, sobre todo, las que quedaban lejos de ellos y sus
lugares de trabajo.
A fin de cuentas, como lo señaló Catherine Samary
en su libro Yugoslavia Dismembered, el modelo yugoslavo de autogestión
no pudo hacerle frente ni al plan de la burocracia ni al mercado. La década de los
70 fue la última en la que logró obtener cierto grado de crecimiento. Acabó
acumulando una deuda de 20 mil millones de dólares que conllevó a la
intervención del Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, el modelo yugoslavo, desde el punto
de vista de la gestión obrera presenta demasiados problemas como para ser
emulado en Cuba. Por añadidura, nadie en esta oposición de izquierda cuestiona
cómo sería posible el modelo de autogestión en la ausencia de un movimiento
obrero o cómo podría funcionar si los trabajadores no están motivados para
luchar por su autogestión. Obviamente, nada de esto propicia la posibilidad de
la autogestión.
Hay otra corriente dentro de esa izquierda crítica
que rechaza cualquier concesión al capital y a la empresa privada, esgrimiendo
el argumento de que la empresa capitalista por definición contradice al
socialismo. Pero no consideran la cuestión crítica de cómo puede emerger una
Cuba socialista y democrática del estancamiento económico y la pobreza en la
que se encuentra sin hacer ningún tipo de concesión al capital.
Lo que sí es posible
Para un número creciente de cubanos dentro y fuera
del país, el socialismo -sea en su versión autoritaria o democrática- es una
utopía irrealizable. Cada vez menos cubanos lo consideran probable o deseable.
Para aquellos que todavía apoyan esa idea, la situación económica actual —en
combinación con la existencia de un capital extranjero extremadamente poderoso—
les impide siquiera imaginarse la posibilidad eventual de un socialismo pleno.
La viabilidad de un socialismo pleno está
relacionada con la teoría marxista que rechaza la posibilidad del socialismo en
un solo país, especialmente cuando se trata de una patria económicamente
subdesarrollada que existe en un mundo capitalista libre de la amenaza
inmediata de un movimiento revolucionario socialista.
Además de tenerse que enfrentar a las hostilidades
de su vecino imperial, Cuba no podría adoptar un socialismo autárquico como vía
para su desarrollo económico, porque depende de la importación del petróleo. Su
dependencia al turismo, a la exportación de servicios médicos, níquel y, a
menor grado, de productos farmacéuticos y de la muy reducida industria del
azúcar caracterizan a su economía basada en el comercio con el exterior. Su
integración al mercado capitalista mundial impide el establecimiento en su seno
de una democracia socialista plena.
Pero esto no quiere decir que Cuba debe abandonar
la idea del socialismo, pero sí que se puede pensar en términos de una economía
de transición, de un baluarte provisional que realmente se puede implementar
hasta que la situación internacional cambie en una dirección más favorable al
socialismo.
La economía política del marxismo clásico ofrece un
modelo de lo que ese baluarte podría ser. Reconoce, para comenzar, que en
economías menos desarrolladas como la de Cuba, los individuos, la familia y la
producción a pequeña escala desempeñan un papel más importante que en las
economías desarrolladas.
En su Socialismo Utópico y Científico,
Federico Engels distingue entre el capitalismo moderno, en el que la producción
está socializada, pero el producto es controlado y apropiado por los
capitalistas, y el socialismo, en el que tanto la producción como la propiedad
están socializadas. De esta distinción deriva la noción que la propiedad
productiva basada en el trabajo colectivo es el objeto apropiado de la
socialización y no la propiedad productiva individual o de familia, y mucho
menos la propiedad de objetos para uso personal como la ropa, autos y muebles.
Por lo tanto, una economía de transición en Cuba
permitiría la pequeña propiedad productiva privada. Esta es una posición que
deriva de un análisis marxista del capitalismo y no de una adaptación
oportunista a la política liberal del libre mercado.
Esa economía de transición subordinaría el sector
privado de la pequeña empresa, regida por los mecanismos del mercado, al sector
público a cargo de administrar la gran industria del país —productos
farmacéuticos, turismo, minerales y la banca— bajo el control obrero,
coordinada y planificada democráticamente. El gobierno trataría de armonizar
–basado en los recursos a su alcance para investigar las condiciones del
mercado y desarrollar los pronósticos económicos más idóneos- la economía
estatal con la economía de la pequeña empresa conforme a un plan definido.
Obstáculos económicos
Pero primero es necesario hacer un reconocimiento
honesto de la economía, la que ha estado en franco deterioro aun antes de la
crisis actual provocada por la reducción de los envíos de petróleo de
Venezuela.
Para empezar, el extenso sector público que abarca
tres cuartas partes de la economía se está tambaleando. El economista cubano
Pedro Monreal ha señalado que el gobierno mismo ha admitido públicamente que el
58 por ciento de las empresas estatales están funcionando “mal o
deficientemente.”
El crecimiento económico ha sido bajo y empeorará
con la crisis actual. Según los cálculos del también economista cubano Pável
Vidal Alejandro, el PIB de Cuba no crecerá en el 2016 y muy probablemente se
contraerá en un 3 por ciento en el 2017. Sería el primer año de crecimiento
negativo registrado en los últimos 25 años de la economía cubana.
Hay voces importantes en la oposición de izquierda
que se oponen al crecimiento económico por razones ecológicas, entre otras. Sin
embargo, una de las condiciones necesarias para la democratización es la mejora
de las condiciones materiales en las que viven sus ciudadanos. La alternativa
—el continuo estancamiento económico y deterioro del nivel de vida— fomentará
la emigración masiva, que además de ser una tragedia en sí, resta el potencial
de cualquier movimiento de oposición democrática y progresiva —ya no se diga
socialista— en Cuba.
Aún más alarmante es el hecho que la tasa de la
nueva inversión, requerida para reponer el capital existente, es una de las más
bajas de Latinoamérica, con menos del 12 por ciento de su PIB. Los pronósticos
del gobierno indican una disminución en la inversión del 17 por ciento en el 2016,
y 20 por ciento en el 2017. Eso conllevaría a la formación bruta del capital un
poco por arriba del 10 por ciento, casi la mitad de la taza de inversión
necesaria para el desarrollo económico.
El deterioro del capital no solo impide expandir,
sino mantener los niveles actuales de la ya deteriorada producción económica y
nivel de vida. Es por eso que Cuba ha llegado al límite de sus recursos para
lidiar con el aumento significativo del turismo –de 3 millones de turistas en
el 2014, a 3,5 millones en el 2015, y a 3,7 millones calculados para fines del
2016– que se desató con la reanudación de las relaciones entre Cuba y los
EE UU en diciembre del 2014. La eliminación de restricciones en las
remesas a la isla, que Obama ordenó, ha empeorado significativamente la escasez
de alimentos y bebida. La oferta no puede dar abasto con el aumento de la
demanda.
La productividad económica en el país también se ha
quedado atrás. Salvo por la papa, la producción agrícola en Cuba está muy por
debajo del resto de Latinoamérica. En el sector industrial, la biotecnología ha
sido el único que goza de una productividad relativamente alta en comparación
con la que reina en las otras economías de la región.
El aumento de la productividad no es un asunto que
solo atañe al capitalismo en su sed de lucro, sino también a una economía
interesada en reducir el trabajo arduo, mejorar los niveles de vida, y
maximizar el tiempo de ocio tratando de producir más con la fuerza de trabajo
disponible.
El Che Guevara abogó por lo que, de hecho, acabó
siendo una manera de exprimir aún más al trabajador. La organización del
trabajo, la tecnología, y lo más importante: el control obrero, ofrecen una
alternativa real para obtener una economía más productiva.La autogestión es en
sí una motivación poderosa. La baja productividad actual deriva de un sistema
burocrático que sistemáticamente desorganiza y genera caos, y que no lofrece a
los trabajadores ni incentivos políticos —que le permiten a los trabajadores
voz y voto con respecto a su trabajo—, ni incentivos materiales —típicos del
mundo capitalista desarrollado— para motivarlos. Los incentivos morales de
Guevara fracasaron: fueron un método de responsabilizar a los trabajadores sin
darles poder alguno, y para hacerlos trabajar más duro sin ofrecerles ningún
control ni remuneración.
Obstáculos ecológicos
La oposición de la izquierda al crecimiento
económico se basa, sobre todo, en consideraciones ecológicas. Cuba está
confrontando muchos problemas graves del medio ambiente, entre ellos un aumento
en la cantidad de roturas y filtraciones del viejo y mal mantenido sistema de
agua. Esto ha causado una pérdida considerable del líquido, que muchas veces se
acumula en las calles y en los terrenos vacíos, y el uso de recursos insalubres
para almacenarla como respuesta a su escasez. Esta situación ha conllevado a la
proliferación del mosquito Aedes Aegypti, el trasmisor de la temible enfermedad
del dengue.
El número creciente de cerdos, aves y de cultivos
caseros –parte del muy celebrado, pero muy problemático movimiento agrícola
urbano- combinado con el muy deteriorado servicio de recolección de basura ha
aumentado considerablemente la posibilidad de brotes epidémicos en las áreas
urbanas. Las recientes declaraciones del gobierno afirmando que ha logrado
contener la epidemia de zika y que casi ha eliminado el dengue deben verse con
escepticismo, en tanto que persistan las condiciones que propician la
propagación de estas enfermedades.
La posición contra el crecimiento entre los cubanos
de la izquierda oposicionista ganó fuerza a raíz de la reciente visita a la
isla del economista Jeffrey Sachs, quien durante su estadía en La Habana instó
“al pueblo cubano que no avance hacia el siglo veinte.” Según explicó el
reportero Fernando Ravsberg, Sachs insistió que los cubanos debían enfocarse en
crear un sistema económico sostenible y concentrarse en el desarrollo de la
agricultura orgánica, sembrada sin tractores y cultivada sin el uso de
fertilizantes químicos o pesticidas.
Si el reporte de Ravsberg es correcto, Sachs no sopesó
los costos y beneficios que cada medida para proteger el medio ambiente implica
tanto para el medio ambiente, como para la sociedad en general. Es cierto que
los tractores pequeños y eficientes, que el gobierno cubano está proyectando
producir en asociación con capital estadounidense, consumen petróleo. Pero los
efectos negativos que el petróleo tiene en el medio ambiente no se comparan con
el costo mucho mayor de una agricultura basada en energía animal o energía
humana. Estas producen menos alimento y requieren cantidades masivas de energía
de seres humanos y de bestias.
La historia misma de Cuba lo ha demostrado: el
abandono de vehículos motorizados en la agricultura que tuvo lugar a principios
del Período Especial representó, en términos netos, un gran retroceso para los
cubanos.
Fue también en los noventa que el transporte urbano
se desmotorizó. Los residentes urbanos recurrieron a las bicicletas, que más
tarde fueron abandonadas; no porque los cubanos preferían las guaguas
abarrotadas e infrecuentes o los taxis colectivos caros (solo una proporción
muy pequeña de los nacionales tiene su propio carro), sino porque con la
bicicleta no les era posible llegar a tiempo al trabajo desde los lejanos
suburbios donde vive la clase trabajadora, ni la bicicleta los protegía de la
lluvia y vientos tropicales que arrasan al país de junio a noviembre.
El gobierno chino ha fomentado la propiedad
individual de carros, lo que ha contribuido a la enorme contaminación urbana de
ese país. Es una advertencia que debería llevar a cualquier gobierno cubano a
considerar un sistema efectivo de transporte público como una política a favor
del medio ambiente.
Por último, Cuba necesita mejorar la proporción de
la electricidad que produce basada en recursos renovables. Actualmente es solo
un 5 por ciento, lo que representa la cuarta parte de lo que se ha logrado en
toda Latinoamérica.
La política hacia una alternativa socialista
El camino hacia el socialismo requiere tanto de un
programa como de una política a seguir, basada en consideraciones estratégicas
y tácticas regidas por ciertos principios, para participar, intervenir y
responder a las propuestas del gobierno y de las varias corrientes de
oposición.
Guiados por esa política principista orientada a
intervenir en los problemas concretos que afectan a la sociedad, los cubanos
socialistas podrían identificar ciertas áreas de interés común con los
católicos liberales y los críticos socialdemócratas en la Isla. Estas incluyen
propuestas para promover la producción y la productividad agrícola, tales como
la codificación de los derechos de usufructo de los pequeños productores
agrícolas, la eliminación de la venta forzada del producto a precios
establecidos por Acopio, y el establecimiento de mercados mayoristas para la
pequeña empresa y los productores individuales.
En la esfera del empleo urbano, se deben apoyar
propuestas para formar cooperativas basadas en la iniciativa de los
trabajadores y no por órdenes del gobierno para deshacerse de sus empresas que
se están yendo a pique por bajo rendimiento,o de negocios que no puede
administrar centralmente, como los pequeños restaurantes.
Igualmente importante sería oponerse a otras
propuestas de esos mismos grupos, como la propuesta para legalizar el empleo en
todas las ocupaciones, aun en aquellas que deben funcionar en el interés
público, como la educación y la medicina.
La izquierda también debería responder a la
propuesta de la libre importación señalando que un estado democrático debe
decidir el uso de las divisas del país basado en una serie de prioridades que
incluyen criterios sociales para favorecer a los sectores más empobrecidos de
la población y la compra de bienes de producción que más beneficien el
desarrollo económico. Porque de otro modo, los cubanos pudientes pueden
malgastar las de por sí escasas divisas en la importación de bienes frívolos
tales como carros y muebles de lujo.
Y podría presentar su oposición a la opinión
dominante actual —entre los críticos y de un número creciente de economistas en
el gobierno— que el Estado debe subsidiar a personas en lugar de subsidiar
productos y que debe reemplazar el subsidio universal con un sistema que
únicamente le proporciona ayuda a los ciudadanos más necesitados.
Es claro que los subsidios universales proveen
beneficios innecesarios para los cubanos más pudientes. Pero los críticos de
ese sistema nunca mencionan el lado negativo de su propuesta que consiste en
que socava la solidaridad social. La experiencia internacional ha demostrado
que programas basados en el bajo ingreso conllevan a la estigmatización de la
gente pobre y que como resultado pierden su legitimidad a través del tiempo
socavando así la asignación de fondos para sus operaciones y su viabilidad.
Una posible respuesta a ese problema podría
consistir en la introducción de una escala conforme a la que los beneficios
obtenidos varían en relación inversa al ingreso. Esto permitiría reconocer la
existencia del diferencial de necesidades y al mismo tiempo maximizar el apoyo
político a la existencia y continuación del programa.
Los socialistas que vienen de la tradición marxista
saben que los subsidios tienen que ser selectivos: cualquier economía se
derrumbaría si el Estado proporcionara todo gratis o a precios por debajo del
costo de producción. Más aún una economía relativamente subdesarrollada como
Cuba, que cuenta con un excedente demasiado pequeño como para poder sostener
muchos productos subsidiados o gratis.
Pero es importante conservar viva la noción del
subsidio universal, porque mantiene el camino abierto a la posibilidad de su
expansión cuando la economía se vuelva más productiva y más rica.
Los críticos liberales y el gobierno mismo están de
acuerdo en la necesidad de la inversión extranjera como una manera de resolver
la baja capitalización de la economía cubana. Muchos en la izquierda están
opuestos a esa idea y la ven como el caballo de Troya del capitalismo y el
dominio extranjero. Pero la ausencia de una industria doméstica desarrollada de
bienes de todo tipo hace necesaria una política de inversión capitalista
extranjera, aunque eso sí: controlada y selectiva. Esta posibilitaría la
importación de nueva maquinaria, y la renovación de la infraestructura de los
servicios públicos y del transporte.
La nueva inversión foránea también puede tener un
efecto significativo en la empleomanía y un impacto multiplicador en la
creación y desarrollo de nuevas industrias que complemente y contribuya al
desarrollo de las industrias ya establecidas.
El impacto de dicha inversión sobre los sueldos y
condiciones de trabajo sería negociado a través de sindicatos independientes,
los que inmediatamente cancelarían la práctica actual del gobierno de cobrar
directamente los salarios que los inversionistas extranjeros le deben a los
trabajadores cubanos y de pasarles a estos últimos solo una fracción de lo que
ganaron. El gobierno sostiene que con el dinero que retiene sufraga el gasto
social y otras operaciones gubernamentales. Pudiera lograr lo mismo a través de
un sistema de impuestos transparente y equitativo en lugar de detentar el
monopolio de la venta y el control del trabajo.
Es cierto que una producción basada en la
autogestión y la existencia de sindicatos poderosos pueden desalentar la
inversión extrajera. Sin embargo, una administración y un sistema tributario
honestos, junto con la existencia de recursos naturales y humanos no
reproducibles en otros países pudieran superar esa desventaja.
Los críticos de derecha de la oposición minimizan y
hasta ignoran el importantísimo problema de la creciente desigualdad. A la
izquierda este problema le brinda una oportunidad única para introducir y
propagar el principio de sindicatos independientes, los que aunados a un
sistema progresivo de impuestos pueden funcionar más efectivamente que la
política actual de reglas burocráticas diseñadas para hostigar a la pequeña
empresa y a los cuentapropistas.
No quiere decir que se debe abrogar todo tipo de
regulación. Esta es necesaria en varias esferas como la seguridad ocupacional,
la salud, pensiones y derechos sindicales. Si fuera administrada –bajo el
control y supervisión de los trabajadores- por organizaciones profesionales en
lugar de una burocracia central, acabaría beneficiando a los trabajadores y no
a los propietarios. Para poder hacerlo, es primero necesario distinguir entre
las reglas diseñadas para proteger a los trabajadores y las reglas que protegen
los intereses de los burócratas.
La intervención y participación con respecto a las
propuestas presentadas tanto por el gobierno no democrático como por el sector
de la oposición pro-capitalista le brinda a la izquierda la oportunidad de
formular demandas específicas y de mobilizar a la gente para luchar por ellas.
Eso es lo que construye un movimiento —o por lo menos un polo alrededor del
cual organizarse— a pesar de la represión gubernamental y el escepticismo
popular.
El régimen actual de Cuba no permite la existencia
legal de otros partidos, de sindicatos independientes o de medios de
comunicación libres. Estos son, por supuesto, los elementos que conforman el
marco político que facilitaría el tipo de sistema social y político de
transición aquí esbozado. Aun así, la oposición debe hablar de una alternativa
que abiertamente reconoce tanto las posibilidades como las dificultades
involucradas en construir una democracia socialista. Eso es lo que le da poder
a la gente en lugar de hacerle sentir que no hay nada que se puede hacer para
hacer avanzar al país en una dirección anticapitalista, radicalmente
democrática y encaminada al socialismo. Hay una alternativa.
Samuel Farber nació y se
crió en Cuba y ha escrito numerosos artículos y libros sobre dicho país. Su
último libro es The Politics of Che Guevara: Theory and Practice,
publicado por Haymarket Press en 2016.
12/10/2016
Traducción: Selma Marks para Havana
Times
- See more at:
http://www.vientosur.info/spip.php?article11872#sthash.oDSAtVCr.dpuf
