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sábado, 24 de abril de 2021

CRISIS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. EL REFORMISMO EN LA PICOTA.

 


Entrevista a Irene León

ECUADOR: ¿DEL SUEÑO DE MONTECRISTI AL “PANAMÁ DE LOS ANDES”?

Irene León, socióloga y analista ecuatoriana, nos acercó su mirada sobre el balance de la Revolución Ciudadana, el estallido de octubre de 2019, las causas de la derrota, los movimientos sociales, y la política expectable bajo el futuro gobierno de Guillermo Lasso.

23/04/2021

Los antecedentes: golpe blando y lawfare en Ecuador

Muchas de las preguntas y muchas de las respuestas de estos tiempos aluden a la Revolución Ciudadana (en adelante RC). Quizás el primer punto sea: ¿qué pasó con la RC? Y la primera respuesta es que hubo en Ecuador un golpe blando muy bien organizado. 

Podemos volver a leer [al teórico estadounidense] Gene Sharp y ver que hubo una combinación de varios elementos que hicieron que un proceso que tenía una adhesión mayoritaria de la población, llegara luego a ser estigmatizado. La RC tenía una fuerza organizada, típica de los nuevos movimientos políticos que surgieron en América Latina en los últimos 20 o 30 años.  

Así surgió Alianza País, como una confluencia de propuestas sobre cuya base se elaboró una agenda programática. En el año 2006 confluyeron allí movimientos, organizaciones y frentes políticos, para construir un movimiento progresista: eso fue y no otra cosa. La agenda llevada adelante puso foco en la distribución de la renta y, en un mediano plazo, en la “desneoliberalización” del país. Esto estuvo articulado también a otras visiones de largo plazo, como la apuesta prioritaria e histórica de la integración latinoamericana. Y más allá en el horizonte, la propuesta constitucional del socialismo del buen vivir.

Toda esta perspectiva se demostró imbatible en elecciones, por lo que se decidió recurrir a otros métodos para destruirla. Se provocó la traición desde las propias filas del liderazgo del proceso, y se provocó la implosión del movimiento. En menos de seis meses fue destruido el escenario político anterior y se inició la transición hacia un neoliberalismo de tipo radical.

Además, fue parte del guión un mecanismo de persecución judicial y política que afectó y afecta a varias personas hoy en el exilio, pero sobre todo al entramado político del proyecto y al conjunto de la población, dado que se vive un ambiente de persecución generalizado en torno a la libertad de ideas y la libertad de expresión. Incluso se produjo una censura explícita con la desaparición virtual de los medios públicos del Ecuador. 

Un punto de llegada”: el estallido social de Octubre

A pesar de todo, durante los cuatro años de gobierno de Lenín Moreno se articuló un grupo de resistencia en torno a la propuesta de la RC. Fue esa la única fuerza que movilizó al país contra el neoliberalismo. Durante 2017 y 2019 hubo aquí una acción movilizada por parte de este único polo que se atrevió a salir a las calles. Octubre es en ese sentido un punto de llegada, y allí [en el estallido social] lograron confluir fuerzas diversas con distintos intereses, sin lo cual es imposible entender el proceso actual de acumulación política.

Vimos allí a un sector del movimiento campesino que sí ha estado activo contra el neoliberalismo todo este tiempo. También a un sector del movimiento indígena y popular, activo en la resistencia a las políticas de Lenín Moreno y el FMI. 

Pero también se movilizó la CONAIE (la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que durante aquellos años no tuvo ningún protagonismo público frente a la agenda impuesta por el modelo dominante, sino que discurrió con una agenda propia y de bajo perfil. Finalmente, es esta la que logra hegemonizar el resultado político, a través de la movilización de las comunas indígenas, no necesariamente alineadas a su liderazgo, en todo el país. 

El resultado final fue una negociación con el gobierno de Moreno que nos llevó a diluir la agenda estratégica neoliberal que estuvo colocada en las calles durante Octubre. La realidad es que no hubo resultados concluyentes frente a la imposición de las políticas del Fondo Monetario Internacional [se refiere, en particular, al alza del precio de los combustibles, el intento de limitar las vacaciones de los empleados públicos y otras medidas de ajuste fiscal]

El acuerdo entre Moreno y parte de la dirigencia de la CONAIE, con la presencia de organismos internacionales que fungieron de moderadores, debilitó las capacidades más enérgicas del estallido. Este sector [de la CONAIE] ha hegemonizado la vocería del movimiento, soslayando a todos los demás sectores indígenas. 

Como saldo de esa negociación, hubo también una suerte de pacto anti RC. Todos los actores presentes en la mesa concluyeron que el problema era, aparentemente, lo que llaman el “correísmo”. Hubo un pacto tácito de estigmatizar al movimiento, lo que de hecho redundó en un nuevo proceso de persecución política contra militantes y dirigentes. Ese mismo día culminó con distintos encarcelamientos arbitrarios. 

Confusiones programáticas”: el progresismo y el movimiento indígena

Hay una confusión programática entre las luchas antineoliberales -que tiene expresión en los movimientos populares, parte del movimiento indígena, el movimiento urbano- y el acumulado del progresismo, en particular las políticas de la RC concretadas durante un decenio. Entonces hay estos dos frentes, estos dos focos de experiencia y acción.

Pero el sector que hegemonizó el proceso de octubre se expresa más cercano a la derecha que a las propuestas programáticas de la izquierda. Esto incluye al candidato a la presidencia Yaku Pérez [del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik]. Aquí hay un entorno que no necesariamente proviene del movimiento popular e indígena, sino de lo que el intelectual y político indígena Carlos Viteri conceptualiza como figuras construidas por los grandes medios de comunicación.

Estos sectores expresan por ejemplo tesis anti-extractivistas y tesis sobre el “imperialismo Chino”, como parte de un entorno refractario al progresismo y la izquierda en la región. En Bolivia, en Brasil, encontramos discursos parecidos. Incluso pudimos ver una versión “decolonial” de parte de figuras que nunca nombran al capitalismo, al imperialismo o el mundo corporativo realmente existente. Claro que estos discursos tienen su asidero, dado que por ejemplo la extracción es una práctica desde los inicios de la Colonia, existe. Pero el extractivismo no es en sí mismo un modelo: el modelo es el capitalismo, y tiene distintas fases como la actual, globalizada. Ojo otro eje tuvo que ver con la idea de que la izquierda ya estaba caduca, de que ya no era necesario hablar de izquierdas o derechas, o incluso de clases sociales. 

En todo caso se trata de discursos accesorios, dado que en la agenda política formal el movimiento Pachakutik actúa en alianza con sectores de la derecha: basta por caso con ver los votos de sus legisladores en la Asamblea Nacional. 

La fábrica de sentido común”: la derrota electoral

No hay que olvidar que la RC llegó a las elecciones sin un partido político, dado que no pudo ser acreditado por la persecución judicial política y electoral del Consejo Nacional Electoral y otros actores. ¿Entonces quién estuvo en la campaña de Andrés Arauz? Los movimientos sociales, el movimiento campesino, el movimiento indígena y alguna parte del movimiento de trabajadores (solo una parte dado que otros sectores del movimiento sindical operan directamente con la derecha). Vimos también al movimiento feminista, al movimiento LGBTI. Cada sector fue sacando sus respectivos manifiestos, respaldando la candidatura de la RC. 

También se movilizaron las fuerzas populares de los barrios extremadamente pobres y los trabajadores informales de Guayaquil, el principal puerto capitalista del país, por lo que por primera vez se llega a ganar con tanta diferencia en [la provincia de] Guayas. ¿Por qué no se reconoce esto comunicacionalmente, y por qué este sector de la élite dice que los movimientos populares estuvieron contra Arauz? Nuevamente creo que estudiar a estas figuras del golpe blando y a Gene Sharp, para comprender cómo se construyen sensaciones de incomodidad, cómo se fabrica el sentido común sin el cual es imposible explicar la victoria del candidato [del Movimiento Creo Guillermo] Lasso.

La derecha logró posicionar que la RC sólo construyó malas carreteras, que se trató de una banda de corruptos y forajidos que se escaparon antes de quedar presos, que Rafael Correa es un dictador y que persiguió y asesinó a no se cuanta gente, etc. Ahora mismo vemos por ejemplo una operación por la cual se busca negar que la RC se sostiene como la primera fuerza política del país, posicionando en cambio en ese lugar a Pachakutik. De la misma manera, en la primera vuelta, aún cuando Arauz ganó las elecciones con una diferencia importante [más de 12 puntos sobre sus rivales inmediatos], al otro día se puso en el centro de la escena la disputa entre Pachakutik y CREO que al final decidió saldarse entre amigos. 

Un revival neoliberal: de Moreno a Lasso

La “ganancia” electoral de Lasso -no se puede conceptuar como una victoria- es parte de ese proceso de retoma del estado por parte de las fuerzas conservadoras. Un estado reconceptualizado que se define constitucionalmente como plurinacional, que promueve un sistema económico popular y solidario, y que señala como modelo el socialismo para el buen vivir. Este golpe blando que vivimos es contra todo este legado. No es contra [Rafael] Correa, ni contra Andŕes Arauz. Es contra esa propuesta. Los modelos en disputa son hoy por hoy el neoliberalismo o la refundación plurinacional del Estado.

En el primer período de este golpe se puso en marcha el retorno al neoliberalismo duro, bajo el anti liderazgo de Moreno. Para la consecución de esto hubo dos actores claves: por un lado las instituciones financieras internacionales y con ellas todas las fuerzas del capital. Y por otro lado el retorno de los Estados Unidos y sus aliados a la gestión política del país. Es decir, la disputa de contenidos y de sentidos tiene que ver con ser un país soberano articulado a la propuesta de integración latinoamericana, o volver a ser un satélite de bajo perfil bajo el mando norteamericano.

La agenda neoliberal está colocada sin camuflaje, y hace parte de una propuesta capitalista global. Pero para eso se tuvo que dar un golpe, romper la institucionalidad, poner al margen la Constitución, violar todos los derechos y garantías existentes, etc. Es decir que el neoliberalismo, no solo aquí sino en todas partes, sólo se impone con violencia. No se trata de una propuesta que pueda generar felicidad, no es el Sumak Kawsay, la propuesta de una relación armoniosa entre la gente y entre esta y la naturaleza. 

Sin duda que en los días que quedan del gobierno de Lenín Moreno, se buscará concluir con el “trabajo duro”: la privatización del Banco Central y la reforma a la legislación laboral. Se busca instalar que aquí somos privilegiados porque hay dólares, y que somos unos privilegiados y ociosos que queremos trabajar 8 horas diarias y tener vacaciones. Lo que se viene es una legislación laboral muy regresiva. 

Asimismo se concluirá con toda la privatización de los recursos estratégicos y de los bienes del Estado. El trabajo sucio está bastante avanzado como para que el país se vuelva la sede del capitalismo financiero que han propuesto Lasso y su gente. La aspiración es volverse un Panamá de la región andina, pero para eso deben borrar los controles constitucionales al accionar del capital financiero. Incluso pueden llegar a reponer la carta magna de 1998 o proponer una nueva, más radicalmente conservadora. 

No será tan fácil como esperar cuatro años para volver a ser electos, dado que se producirá un tremendo afianzamiento del neoliberalismo duro, lo que viene acompañado de un plan de eliminación de cualquier vestigio de la RC. Incluso hay quienes han llegado a sugerir la desaparición física de militantes y dirigentes. Detrás de estas políticas aparecen el Partido Social Cristiano o [la ex Ministra de Gobierno] María Paula Romo, responsable de la política represiva de Octubre. Se trata de sectores señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, responsables directos de todo lo sucedido. 

El principal aliado, como ya fue anunciado por Lasso, será Estados Unidos. Van a intentar firmar inmediatamente un acuerdo de libre comercio, que más que un acuerdo será una capitulación que no respetará ni las leyes ni la constitución. 

¿Del sucre al SUCRE?: fantasmas de la desintegración regional

Uno de los ataques más potentes contra la candidatura de la RC fue contra la propuesta de integración regional. Andrés Arauz fue clarísimo, al señalar que venía con una agenda económica de saneamiento y redistribución, y luego una de revitalización de la integración latinoamericana, que implicaba por ejemplo la restitución de la UNASUR y de su sede en Quito [abandonada durante el gobierno de Moreno].

Contra esto se armó una campaña sucia en la que se sugería que se iba a quitar a los ecuatorianos el dólar para colocar el SUCRE [el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, proyecto de moneda común latinoamericana impulsada por Hugo Chávez y el ALBA-TCP]. Como nosotros tuvimos antes del dólar una moneda que también se llamaba sucre, se suponía que el satanizado socialismo de Venezuela y Cuba iba a llevar al Ecuador hacia sus peores momentos históricos. En cambio, se sugería, como ya tenemos una economía dolarizada debemos aspirar a ser algún día como los Estados Unidos. 

Las alianzas regionales que se afianzarán no son nuevas, son las que ya colocaron a Ecuador, bajo el gobierno de Moreno, en la Alianza del Pacífico. Por eso vimos que los primeros intercambios de simpatía diplomática fueron con [Juan] Guaidó y [Álvaro] Uribe. En el entorno andino sin duda se estrecharán más las relaciones con Colombia, el cual se toma incluso como un ejemplo en materia de legislación laboral flexibilizada, con jornadas semanales de 48 o 50 horas. 

Además, con el sector financiero a la cabeza, se privatizaran los bienes estratégicos con la presencia de las corporaciones transnacionales, nuevamente invitadas con todo entusiasmo, dado que estas serían necesarias ya no para dinamizar la economía, sino para poder vivir, ser y existir. 

Incógnitas en torno a los movimientos indígenas

Yo creo que los sectores de derecha del movimiento indígena tienen aspiraciones articuladas al proyecto de Guillermo Lasso. No han sido engañados: son neoliberales y quieren eso. 

Por supuesto que no se trata del movimiento indígena como un todo, sino de una fracción de derecha. Las comunas, las bases indígenas, han estado movilizándose en otro sentido. La derecha indígena se mueve en un entorno de fundaciones, de ONGs con ideas sociales pero no populares. Su desafío inmediato será desplazar a la RC en el legislativo, dado que según la ley esta tiene prioridad para presidir la Asamblea Nacional. Pachakutik está haciendo alianzas con la derecha para poder quedar al frente del organismo. Seguramente los veamos apoyar la legislación neoliberal propuesta, como lo hicieron en este período.  Como movimiento seguramente podrán recomponerse, dado que se trata de organizaciones históricas. 

He visto análisis que dicen que la izquierda ecuatoriano no se unió: ¿entonces que de la agenda programática que apoyaron 500 o 600 movimientos de todo el país, urbanos, campesinos, indígenas, de mujeres, de estudiantes? Creo que es una unidad que hay que valorar en este contexto de persecución.

 

https://www.alainet.org/es/articulo/211949

 

 

sábado, 13 de agosto de 2016

LAS TRASNACIONALES Y “LA ARQUITECTURA JURÍDICA DE LA IMPUNIDAD”: CHEVRON EN ECUADOR




Irene León

ALAI AMLATINA, 12/08/2016.- Una corporación transnacional, de las más poderosas del mundo: Chevron (Texaco), se queja de haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos, por parte del Ecuador de tiempos neoliberales y por esos reclamos, de hechos que alega sucedieron entre 1964-1992, justamente, cuando los gobiernos colocaban los intereses corporativos por encima de las prioridades nacionales, el país se vio obligado a pagarle $112 millones de dólares USA, el pasado julio 2016[i].

La transnacional, luego de haber causado significativos daños ambientales en la Amazonía, invirtió la responsabilidad y con insospechados argumentos, impuso a la República del Ecuador, es decir al pueblo y sus instituciones, una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (2009)[ii], acusando al país de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo.

Pero, esta es la misma transnacional que, en un caso precedente[iii] (2003-2011), conocido como el de “los afectados”, fue inculpada por daños a poblaciones amazónicas y sentenciada, en instancias nacionales, a indemnizar con una suma de 9.500 millones de dólares a los demandantes, unas 30.000 personas. Sentencia incumplida por la transnacional que más bien vuelve a la carga acusando a estas comunidades indígenas y campesinas de extorsión.

Ha esquivado también la sentencia a pedir perdón a las comunidades amazónicas por los agravios causados, sin lo cual el dictamen estipulaba un resarcimiento adicional de 8.500 millones de dólares.  Al contrario, más bien parece abrigar la expectativa de que el país le pida perdón en el marco del arbitraje.

La demanda de arbitraje de la Chevron a Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el caso de ‘los afectados’, como para coartar las políticas de soberanía energética, productiva y económica enunciadas en el país. Pues el arbitraje extrajudicial, preferido por las corporaciones, por considerarlo ‘expedito’ y distante de los ‘rudimentos’ de la legislación internacional, exige a los países renunciar a sus prerrogativas nacionales y en casos hasta internacionales.

Más aún, como señala el experto Gus Van Harten[iv], sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden defenderse, en medio de procesos que no son independientes, ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros. Ejercen, además, gran influencia en la selección de los árbitros, en la sede de los arbitrajes y otros elementos, que optimizan las condiciones para la obtención de reiterados resultados en su ventaja.

Esto es manifiesto en la demanda de Chevron contra Ecuador, donde las variantes de ‘procedimiento’ comprenden la inclusión constante de nuevos elementos, la ‘subdivisión’ de problemáticas e incluso un ‘reinicio’, que le permitió agregar alegatos a la demanda en curso, mientras que, durante años, la defensa de Ecuador no obtuvo respuesta a sus requerimientos, a tal punto que, luego de un cúmulo de solicitudes sin respuesta, el país se vio obligado a solicitar, sin éxito, la cesación de algunos de los árbitros[v].

Asimismo, la definición de ‘perjuicio’ o de ‘injusticia’ con la que la corporación formula su demanda, no refiere a las conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia apegadas a los principios de derechos humanos, sino que apunta a alguna perturbación del privilegio de ‘trato más favorable’ para la inversión, el comercio y la rentabilidad, que se ha posicionado como argumento inapelable en los tribunales de arbitraje internacional.

La sede del arbitraje es Estados Unidos, país reconocido por una importante simbiosis entre la economía corporativa y el mundo político. Para ilustrar con un ejemplo, citado por Alejandro Teitelbaum[vi], autor de una importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y democracia, mencionamos el caso de la ex secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos servicios en el directorio de Chevron fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un importante buque.[vii]

Pero este no es un caso aislado, numerosos estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el conjunto de ‘Mecanismos de solución de controversias’ contemplan, en palabras de la estadounidense Lori Wallach, “especiales privilegios y derechos solo para unos: los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorga más poder que a la ciudadanía y a los gobiernos”[viii],

Son parte de esta arquitectura del comercio transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos[ix], bajo cuyo paraguas mercantil Chevron argumenta su demanda de arbitraje y alega ser víctima de denegación de justicia, de una supuesta colusión intersectorial y otros. Pero se trata, a todas luces, de una aplicación retroactiva, pues el TBI firmado en 1993 sólo entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía se retiró del país en 1992.

Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de velar por la plena seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las multinacionales, colocando a los Estados receptores y a sus pueblos en un segundo plano, que más que de ‘reglas’ de comercio transnacional se habla de una ‘arquitectura jurídica de la impunidad’[x].

El poder en toda su amplitud

Chevron figura entre las mayores transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el 2015 ascendieron a $129.900'000.000,00 dólares USA[xi], equivalente a tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año, US$36.317 millones[xii], 16 veces el presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación del petróleo en el mercado mundial, 2015 no fue un año tan bueno para la transnacional, comparado con el 2014, cuando sus ingresos operativos fueron de $200.500’000.000,00 USA[xiii], es decir cinco veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país.

Su poderío se expresa en una amplia expansión por el mundo y a operaciones estratégicas y fusiones, como la ocurrida el 2000 con Texaco.  Esta práctica de poder y estrategia integral, son patentes también en la estrategia de la demanda arbitral contra Ecuador, cuyos componentes comunicacional, económico y político, actúan como complemento de una ofensiva legal sin barreras.

Es más, la amplitud de acciones deja entrever que la demanda de arbitraje es apenas una parte, de una movida estratégica relacionada con geo economía petrolera. Un indicio: el petitorio formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que se suspenda las ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión indirecta.

En el proceso de arbitraje, mientras acusa a Ecuador de ‘colusión’ entre gobierno y pueblo afectado y censura su eventual encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral cuando lo requiere, fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus voceros con adjetivos varios. Las palabras 'corrupción', 'fraude', 'coaligados', son incluso argumentos de la demanda. Eso se refleja en una sostenida acción comunicacional de descrédito del país, que incluso el autor Orlando Pérez la asocia con la estrategia de golpes blandos[xiv].

Ecuador por su parte, en desigualdad de condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar su reputación, frente a una multiplicidad de ardides, a través de los cuales ha operado un desplazamiento desde su situación de víctima hacia el banquillo de los acusados. Es una defensa 'defensiva' y disciplinada a los condicionamientos del mecanismo arbitral.

Aun así, ¿hay otra salida? ¿se puede revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes?  ¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?

Abundante bibliografía, con significativas credenciales académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de los tratados de inversión, como los que presenta la transnacional para acusar al Ecuador. Está en debate igualmente el desbalance de un sistema injusto, que prioriza la seguridad de las inversiones privadas y coloca a los países como concurrentes de menor rango, que deben defenderse, por fuera del amplio acervo de legislación internacional y de derechos humanos, como si las cuestiones de soberanía fueran sólo un malentendido de términos contractuales.

Una demanda internacional extrajudicial contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de la soberanía, tiene que ver con geo economía y geopolítica petrolera. En otras palabras, es una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus instituciones, que deberían comprometerse en una estrategia sostenida de defensa integral y multidisciplinaria.

Además, Ecuador tiene para defenderse no sólo la evidencia de un ecocidio[xv], que produjo consecuencias irreversibles en uno de los entornos más biodiversos del mundo, sino que en los 24 años transcurridos luego de la partida de la transnacional, un remanente de unas 800 piscinas de residuos tóxicos al descubierto, contaminaron agua, aire y tierra, impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron el disfrute del hábitat, causaron enfermedades, y otros.

Y eso sólo es una parte de las consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada, pues como lo señala el Presidente Rafael Correa, en esa época ya existían tecnologías para evitar estos ecocidios y el de Lago Agrio es 85 veces mayor al causado por la British Petroleum en el Golfo de México[xvi] (2010), que beneficio de defensa inmediata del Presidente del afectado Estados Unidos y obtuvo reparación.

Y justamente, es determinante desde la mirada geopolítica, especialmente de defensa de la soberanía, la exposición documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las evidencias de la contaminación, que amparado por el mandato constitucional de defender pueblo, soberanía y territorios ha realizado el Presidente Correa. Esto marca un hito histórico, que empina el sentido de responsabilidad en la gestión de Estado, de modo inverso a la tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron más bien como auxiliares de las corporaciones foráneas.

Estos hechos han movido ampliamente a movimientos sociales, personalidades, diversos actores sociales del mundo, quienes se han expresado y en casos hasta se han movilizado, para defender al Ecuador de esta perversa inversión de papeles. Asimismo, numerosas instituciones, Congresos nacionales, instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad con el país.

El pago, los embargos y otras confusiones

Chevron utiliza sin ambages argumentos del ‘caso afectados amazónicos’ para sustentar el arbitraje, sostiene que este caso vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide al país ordenar el cese de las acciones emprendidas por esas comunidades en otros países, es más, denuncia como un incumplimiento de laudos arbitrales, que el gobierno no anule la sentencia de Lago Agrio[xvii] y no coarte las acciones subsecuentes de los amazónicos[xviii], pero en contradicción con esto acusa como fraudulento cualquier intercambio entre nacionales.

Tan es así, que en el reciente incidente del pago de $112 millones USA, que el país se vio obligado a sufragar a la transnacional, por un laudo arbitral sobre denegación de justicia, cundió la confusión. Pues a más del arbitraje, la transnacional sostiene una maraña de juicios y apelaciones, en distintas partes, para eludir el pago que ella sí tiene pendiente con los indígenas y campesinos amazónicos.

Estos últimos, por su parte, en la busca de mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron un embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países. Por eso, cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, los amazónicos reclamaron el monto del arbitraje como un abono a los 9.5 mil millones que la transnacional les debe.

Por otro lado, también la Chevron pretendía, a su vez, un embargo de bienes ecuatorianos, para capturar el monto antes descrito y evadir su responsabilidad con los amazónicos. Por lo que los indígenas y campesinos amazónicos tuvieron que levantar el embargo en Ecuador, ante la consideración de que ellos son parte de este país y que cualquier confiscación de los bienes nacionales no constituye un resarcimiento para ellos, ni para el pueblo ecuatoriano, sino al revés.

En síntesis, la Chevron no solo sale más que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima al banquillo de los acusados y, además, el Ecuador ha pagado a la Chevron y no al contrario. Y, este laudo arbitral es sólo un componente de una demanda más amplia aún en curso.  

El país está inmerso en la trampa de un sistema arbitral, que tiene más relación con los negocios de las transnacionales que con sistemas de justicia, y para salir urge refrescar la estrategia de defensa, con una mirada más integral que nunca, donde todo apunte a defender al pueblo y su soberanía y para eso cada ecuatoriano/a cuenta, cada gesto de coherencia cuenta.


- Irene León es socióloga ecuatoriana.




[i]  Entre 91 y 93 Texaco (Chevron) planteó siete demandas comerciales a Ecuador, por hechos sucedidos en décadas anteriores. En 2016 la Corte federal de Washington ratificó una sentencia de denegación de justicia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, que conminó al país a pagar $96.3 millones de dólares USA más intereses a la transnacional.
[ii]  Permanent Court of Arbitration, PCA Case No. 2009-23: 1.Chevron Corporation and 2. Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador, https://pcacases.com/web/view/49
[iii]  Juicio 2003-0002, Corte de Justicia de Sucumbíos, Juez Nicolás Zambrano, febrero 2011. http://www.redibec.org/pdf/sentencia_TEXACO.pdf
[iv]  Gus van Harten, Five Justifications for Investment Treaties: A Critical Discussion, York University - Osgoode Hall Law School, 2010, Canadá, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928
[v]  Diego García Carrión, Caso Chevron: defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, Procuraduría General del Ecuador, Gestión 2008-2015, Ecuador, 2015
[vi]  Alejandro Teitelbaum, Al Margen de la Ley: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. ILSA, Bogotá: 2007, pg 86
[vii]  Idem 6, pg 87
[viii]  Transnational Institute, Laurie Wallach, Public policies under attack, Netherlands:2015, https://www.tni.org/es/node/22496
[ix]  SICE, Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de inversiones,  http://www.sice.oas.org/bits/usaec_s.asp
[x]  Juan Hernández Subizarreta y Pedro Ramiro, Contra la lex mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las transnacionales, ICARIA, España 2015
[xii]  Ministerio de Finanzas, Proforma del Presupuesto General del Estado, República del Ecuador 2015, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Proforma-del-PGE-2015.pdf
[xiii]  Idem.11
[xiv]  Orlando Pérez, Director de El Telegrafo, co autor del libro La verdad no contamina, El Telegrafo, Ecuador, 2014, estima que la campaña de comunicación de Chevron, asociada a la estrategia de golpes blandos, cuesta unos 700 millones de dólares USA, http://ecuadorinmediato.com/index.phpmodule=Noticias&func=news_user_view&id=2818759511&umt=orlando_perez_estrategia_comunicacional_chevron_forma_parte_golpes_estado_blandos_audio
[xv]  Son 80.000 toneladas de residuos petrolíferos vertidos entre 1964 y 1992, en un entorno de unas 500.000 hectáreas, en Lago Agrio, Amazonía ecuatoriana.
[xvi]  En 2015 la British Petroleum se comprometió a indemnizar US$20.800 millones, por el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México en 2010 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/05/actualidad/1444070551_444278.html
[xvii]            Idem 3
[xviii]  Según la Chevron, las cosas son así: “On February 7, 2013, the Tribunal issued its Fourth Interim Award in which it declared that the Republic of Ecuador “has violated the First and Second Interim Awards under the [BIT], the UNCITRAL Rules and international law in regard to the finalization and enforcement subject to execution of the Lago Agrio Judgment within and outside Ecuador, including (but not limited to) Canada, Brazil and Argentina.” The Republic of Ecuador subsequently filed in the District Court of the Hague a request to set aside the Tribunal’s Interim Awards and the First Partial Award (described below), and on January 20, 2016, the District Court denied the Republic’s request.” Chevron, 2015 Annual Report, pgs 50-53 https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf
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