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jueves, 12 de enero de 2017

ASÍ FUE CÓMO CASTAÑEDA CREÓ EL CAOS EN PUENTE PIEDRA Y ESTÁ PONIENDO PARCHES QUE NO SIRVEN DE NADA




Periodista egresado de YouTube
Jueves, 12 enero 2017

Luego de ser ignorados desde agosto del año pasado, un enorme grupo de vecinos de Puente Piedra decidió dejar las pancartas protestantes a un lado y destruir por completo el peaje. Desde entonces (e incluso antes) una serie de eventos han venido desarrollándose con la única finalidad de llegar a un acuerdo.

Antes de llegar a ese punto, se deben analizar muchos factores: ¿Por qué se construyó ese peaje tan cerca a otro? ¿Por qué de un momento a otro? ¿Fue legal esa construcción? Sorpendentemente, si se revisa el contrato, se encontrarán varias sorpresas.

Puede que parezca sencillo, pero el megaroche del peaje de Puente Piedra es complicado y tedioso. No te preocupes; este útero llega a tu rescate con un megapost dividido en cuatro partes que te lo cuentan toditito (y te ahorran vaaarios clicks).

PARTE I: Orígenes

Si ya sabes cuál es el origen de las manifestaciones por el peaje en Puente Piedra, te recomendamos saltar directamente a la segunda parte. Si no, aquí te lo recordamos de forma rápida y breve. El jueves 5 de enero, las noticias nos contaron que una enorme protesta ocurría en Puente Piedra y que un tramo de la Panamericana Norte había sido bloqueado. ¿La razón? La instalación de garitas para el cobro de peaje había enfurecido a los vecinos.

La instalación no fue lo único que ocasionó los disturbios: 
  • Transportistas y vecinos venían protestando desde agosto del año pasado por la construcción del nuevo peaje, pero la Municipalidad de Lima no les hizo caso.
  • El peaje se construyó sin ningún tipo de aviso a los vecinos.
  • El precio asciende hasta los S/ 5.00 (y obliga al vecino a pagar doble, de entrada y salida).
  • Fue construido a menos de un kilómetro del otro.
  • No tiene justificación técnica.
¿Por qué se construyó este peaje? Cynthia Yamamoto nos lo explica en este post uterino.

“Este peaje está dentro de las obligaciones derivadas del contrato de concesión firmado entre Rutas de Lima (Odebrecht) con la Municipalidad de Lima que fue presentado por Odebrecht en el 2010 durante la segunda gestión del alcalde Castañeda, en la que se realizaron también los informes preliminares legales  y luego fue firmado en el 2013 (gestión de la alcaldesa Villarán)”.

Es decir, la construcción se realizó debido al contrato establecido con Rutas de Lima y abarca tanto la anterior gestión de Castañeda como la gestión de Villarán.

PARTE II: ¿Un peaje ilegal?

Ya nos quedó claro -en teoría- por qué se construyó el peaje: era parte de un contrato presentado en la gestión de Lucho y firmado en la gestión de Villarán. Sin embargo, hay una parte de la historia que se está escondiendo detrás de la cortina: la construcción del peaje se hizo antes de tiempo. Las garitas debieron levantarse DESPUÉS de que una serie de obras hayan sido terminadas.

Revisemos lo que dice Susana Villarán sobre la legalidad del peaje en este post.
“Se establecen tres tipos de peaje, los existentes, los complementarios y los nuevos (estos últimos solo se podrán instalar una vez cumplidas las Obras Obligatorias) y establece una tasa de retorno a la MML (EMAPE) del 4% de lo recaudado en los peajes del Proyecto de Concesión“.

¿Por qué creerle a Susana Villarán?

No le estás creyendo nada a Villarán, estás leyendo lo que establece el Contrato de Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima. Si revisas la página 16 del documento, encontrarás este pequeño cuadrito.



¡Bingo! Acabas de encontrar cuáles son los proyectos que deberían estar culminados para que se pueda construir -con todas las de la ley- el peaje. Según la web de Rutas de Lima, estas obras todavía no han sido terminadas y la Municipalidad de Lima, al ser preguntada por La República si ya se había concluido siquiera con el 50%, jamás respondió.

¿Conclusión? Este tuit:

Tal y como lo lees: e l   p e a j e   f u e   c o n s t r u i d o   d e   f o r m a   ilegal.

PARTE III: Castañeda, el culpable

Lucho tiene un patrón de comportamiento bastante predecible. ¿Qué hace cada vez que se encuentra en problemas?

Lo de vieja es por el nombre del meme, porsiaca.

Exacto. En este caso -como en muchos otros- Castañeda intentó culpar de todo a Susana Villarán. Pese a que, efectivamente, el contrato fue firmado en la gestión de Susana, la responsabilidad de Castañeda es igual o mayor que la de la exalcaldesa. Vayamos por partes y cucharadas para no perdernos.

¿Por qué es responsable Castañeda?

Revisemos lo que señala Rosa María Palacios en su columna “Lucho sabe mucho”
  • “Lo segundo es que la Municipalidad debía liderar un proceso de conversaciones para ver la mejor ubicación futura de ese peaje. Esta no era al lado del pre existente. Hay zonas en el trayecto con menor densidad poblacional. El peaje no es para quien recorre 3 kilómetros. Eso es absurdo. El peaje es para distancias largas. ¿Conversó Castañeda con los alcaldes del norte de Lima como se lo solicitaron? Nunca. ¿Por qué? Ahí no basta con escudarse en la mudez. La responsabilidad es suya.
  • En el mismo día, subió el peaje, puso uno nuevo y quitó el subsidió al transporte de carga de larga distancia que pagaba peaje al MTC en el cercano Ancón. ¿Esa es una gestión eficiente? No lo creo. Lo que Lucho ha demostrado es ser un pésimo gestor. Pero esto puede tener, como veremos, otra explicación”.
El contrato señala, en castellano sencillo, que el alcalde (en esta caso Castañeda y no la exalcaldesa de hace dos años) era el responsable de hallar el lugar en el que se debía instalar el peaje.
  • ¿Quién dijo que se debía instalar donde se instaló? Castañeda. 
  • ¿Quién autorizó que se construya sin que las obras obligatorias hayan sido concluidas? Castañeda.
  • ¿Quién quitó el subsidio al transporte de carga? Castañeda.
Pero esos no son los únicos pecados de Lucho…

Acordó con Rutas de Lima aumentar la concesión y darle S/20 millones

Otorgó el 4% de lo recaudado en el peaje a Odebrecht sin motivo

Revisa nuevamente la segunda parte de este especial. Notarás que Villarán señala que el contrato firmado establece una tasa de retorno a la Municipalidad de Lima del 4% de lo recaudado. ¿Qué se ha hecho con esta plata?
  • Lo tercero, y esto es gravísimo, es que se le ha entregado a Odebrecht el 4% de la recaudación del peaje que estaba reservada a la Municipalidad. Se ha modificado sustancialmente el contrato sin seguir la vía regular – addenda, revisión y aprobación del MEF – solo por resolución del Concejo. ¿Por qué motivo? Nadie lo sabe”.
  • “Es decir, se ha regalado al concesionario una montaña de dinero, cuando Marcelo Odebrecht ya estaba preso y todos sabíamos de los delitos de corrupción cometidos en Latinoamérica por esta empresa. La única razón posible es ayudar a la empresa a vender la concesión (vendida ya en parte) con mayor solidez.  ¿Va a hacer eso el alcalde de Lima a cambio de nada?”.
¿Por qué Castañeda le regaló esa plata a Odebrecht?

¿Por qué se entregaría este dinero a una empresa que, para entonces, tenía a su presidente preso por corrupción?

La respuesta está en tu corazón

PARTE IV: Soluciones que no solucionan nada

Como bien mencionamos en la tercera parte, Lucho intentó culpar a Villarán por todo lo ocurrido. Sin embargo, a diferencia de otros casos, esto no fue suficiente. Castañeda tuvo que buscarle una solución al problema ya que, por si no había quedado claro, un grupo de personas habían destruido y quemado las garitas del peaje y otro grupo de personas -aún más grande- se preparaba para marchar hoy, jueves 12 de enero. Debido a esto, Lucho tuvo que volver a intentarlo.

► SEGUNDO INTENTO: Decir que estaba “atado de manos”

El viernes 6 de enero, luego de los destrozos, Castañeda dijo que no podía hacer nada por cambiar el contrato ya que “tiene una serie de obligaciones y lo que se ha hecho es aplicar lo que dice el papel”. ¿De verdad no se puede hacer nada? FALSO. Es más, ¡el propio contrato señala qué es lo que se tiene que hacer en caso se quiera renegociar!

“El alcalde Luis Castañeda, en opinión contraria a especialistas, congresistas y demás autoridades, ha dicho que no puede renegociar el contrato y que se encuentra “maniatado”. Sin embargo, lejos de establecer candados, el propio documento fija en su capítulo XX los mecanismos para modificar los términos de la concesión vial”.


Pudo renegociar Río Verde, pero no puede renegociar el peaje. Simplemente trabajando, JE JE JE JE. Ilustración: el bravo de Carlín

► TERCER INTENTO: Proponer ¿exonerar de IGV a los peajes?

Sí, tal y como lo oyes. Lucho pensó que sería una gran idea presentar un proyecto de decreto para exonerar del IGV a los peajes. Jorge Gonzales, economista consultado por El Comercio, aseguró que hacer esto no sería una buena idea. Hasta entonces, las personas seguirían pagando su peaje felices y contentos.

Como las personas seguían pensando en llevar a cabo su marcha en contra del peaje…

► CUARTO INTENTO: Pedir a la Defensoría que le diga qué hacer

Un día antes de la quema del peaje, el defensor del Pueblo, Walter Gutierrez, advertía que el incremento del peaje y la restricción al libre transito “constituyen un abuso de posición de dominio de la concesionaria”. La Defensoría propuso suspender el aumento del peaje. Cinco días después, cuando las papas ya recontra quemaban, la MML, mediante una carta firmada por la gerente general, invitó al defensor a una reunión.

QUINTO INTENTO: Una solución temporal

Al igual que la cinta adhesiva que colocas alrededor de tu manguera para no tener que comprar otra (hasta que el problema se vuelva incontrolable), la Municipalidad optó por una solución temporal: la suspensión del cobro de peaje durante 30 días.

Al mismo tiempo, Castañeda emitió un pronunciamiento al lado de los alcaldes de Ancón y Puente Piedra. ¿Que se dijo? Que se está revisando el caso con el concesionario y… nada más. Leyó el comunicado adjunto y se fue.

La suspensión, como es evidente, es una solución temporal. En un mes se volverá a restaurar el cobro y las protestas, al parecer, también continuarán. En estos momentos los vecinos de Puente Piedra están movilizándose en la Panamericana Norte. Todas aquellas personas que no están de acuerdo con pagar dos peajes cada vez que se transportan por la zona saldrán a protestar.

Al margen de la solución del problema, aún hay muchas preguntas que Lucho debe responder. 


viernes, 21 de octubre de 2016

PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES SIN TREGUA…SIN PAUSA





21/10/2016
Opinión

Lamentable que a dos meses y medio de gobierno se produzca la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa de un certero balazo de fusil como consecuencia de la acción de desbloqueo de la carretera desde la comunidad de Quehuira hasta Las Bambas. El bloqueo, como sabemos, había sido impuesto por cuatro comunidades afectadas por el uso de la carretera comunal por parte del proyecto minero Las Bambas y por el cual exigían a la empresa minera el pago de una compensación económica. No era la única demanda. Los comuneros tenían una larga lista de reclamos, siendo el factor dinamizador que impulsó el bloqueo y los enfrentamientos con la policía el tema de la carretera.

El desenlace era previsible. Los representantes de los comuneros en estas tres últimas semanas había sido intensa: una delegación llegó al Congreso de la República para denunciar no solo el tema de la carretera sino otros puntos de su plataforma, así como cuestionar las mesas de diálogo que se habían instalado y a los representantes del gobierno. Las mesas de diálogo habían perdido credibilidad, no obstante, se insistía en ellas; precisamente una semana del enfrentamiento se había realizado una mesa de diálogo, pero, al parecer, ya nada podía contener la confrontación. Había un antecedente reciente que los comuneros recordaban: en septiembre del 2015, se produjo un enfrentamiento violento en medio de un paro indefinido en el distrito de Chalhuahuacho que arrojó el saldo de tres comuneros muertos: Betto Chahuallhua Huillca, Alberto Cárdenas Challco y Esequiel Huamaní Mío); y en esa ocasión, después de este fatal enfrentamiento se instaló una mesa de diálogo que empezó a funcionar en enero del 2016.

Es inevitable hacer comparaciones de este trágico conflicto con los que me tocó lidiar cuando era Jefe de la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM. Características similares se presentaron en los conflictos de Espinar – Conga – Paita – Andahuaylas – Puerto Maldonado; en estos conflictos las muertes por el conflicto social se produjeron por dos factores: por un lado, la predisposición de líderes que llevan a la población a un enfrentamiento violento; y por otro, a una mala práctica de la policía en la contención y disuasión de las poblaciones movilizadas. En conflictos de tan alta tensión, a veces resulta inevitable que se impongan liderazgos que buscan ex profesamente la confrontación, con el pleno conocimiento que un saldo de víctima provoca una crisis política, del cual es difícil salir.

Cuando ese factor no se controla; cuando se deja que los mandos operativos de la Policía Nacional actúen a su criterio sin medir las consecuencias políticas de la confrontación; o, lo que es peor: actúen sin contar con los instrumentos de disuasión y prevención, el resultado es el saldo inevitable de víctimas; y como consecuencia de ello, la apertura de una crisis política que afecta al gabinete y a los ministros involucrados en el conflicto. Lamentablemente es así, y cuando eso sucede, pocos recuerdan el problema que originó el conflicto porque ya es otra agenda y son otros los actores en esa crisis.

A dos meses y medio de gobierno de PPK los conflictos sociales han estallado sin pausa ni tregua. No es que considere que haya un plan concertado de desestabilización del gobierno por los conflictos sociales. Lo que existe en el país es un modus operandi de las organizaciones sociales con demandas incumplidas o con plataformas de lucha que buscan imponerse en la agenda nacional.

Por experiencia sabía que todo inicio de gobierno es una oportunidad para que los diferentes grupos y organizaciones sociales consideren oportuno imponer una agenda al gobierno entrante; una agenda en la que se legitime liderazgos y se impongan condiciones al diálogo. Así pasó en el 2006 cuando el 3 de agosto estalló el conflicto social en la localidad de Combayo – Cajamarca contra la empresa Yanacocha con el resultado de un rondero muerto por la intervención de las fuerzas de seguridad de la empresa; lo mismo pasó el 3 de agosto del 2011 en los valles de Huaura y Cañete, cuando los productores de algodón bloquearon la carretera panamericana imponiendo una negociación respecto del pago del quintal de algodón en los términos que habían pactado con el gobierno aprista apenas unas semanas antes de dejar el gobierno. Eso mismo pasó el 3 de agosto del 2016 con el conflicto en Urubamba. De ese conflicto a la fecha, sin pausa, se han reactivado conflictos en diferentes escenarios del país; y de ellos, lo que estaba pasando en las provincias de Cotabambas y Grau, era, sin duda, el más crítico.

¿Por qué, entonces, conociendo estos antecedentes, las autoridades del gobierno nacional y regional, y los negociadores de las mesas de diálogo dejaron escalar el conflicto hacia una confrontación? ¿Por qué no se pudo encontrar salidas consensuadas entre la empresa, los comuneros y los sectores del gobierno regional y nacional?

Creo que, a manera de hipótesis, que existen tres razones que pueden explicar esto:

La primera: los tres actores: comuneros y organizaciones sociales y políticas – Proyecto Las Bambas (sus tres administraciones) - representantes de los gobiernos regional y nacional, pusieron en prácticas diferentes estrategias en los procesos de diálogo que no se basaron en la confianza y en su desarrollo no construyeron credibilidad de los acuerdos por el incumplimiento de compromisos. Los recursos que se obtuvieron provenientes del proyecto minero, nunca fue suficiente; los proyectos de inversión que se comprometieron tanto el gobierno nacional y regional, tardaron demasiado en concretarse o simplemente no se concretaron; los recursos del canon o los proyectos de inversión aprobados por el proyecto minero beneficiaron a unos y excluyeron a otros. Así, sin consensos de por medio, y sin la confianza en los actores, la confrontación no solo era inevitable, sino que la posibilidad de evitarlas ya no podía lograrlo por esos medios de las mesas de diálogo con los mismos actores, por lo demás.

La segunda; porque, en cierta forma, la expectativa por obtener el máximo de beneficio de la confrontación no era solo de los pobladores y sus líderes, sino también de la empresa. Es cierto que en las comunidades y en las poblaciones aledañas hay un sobredimensionamiento de expectativas, alejadas de cualquier ideología o de pretensiones programáticas; pero siendo así, la empresa también se guiaba por la reducción de sus costos; y, ciertamente, no atender la demanda de las poblaciones vecinas era una forma de reducir costos. El camino de la confrontación, por tanto, era la forma de imponer condiciones, porque los pobladores entendieron que la mejor forma de obtener sus demandas era con la confrontación. Y por ello fueron permisibles a los discursos radicales que se ofrecieron e impusieron en la conducción de la movilización. Lo que no valoraron en esta estrategia es que la violencia y el saldo de víctimas generan una crisis política y una vez en ella, cambia de plano la agenda de negociación y los comuneros pueden quedar al margen de la salida a la crisis porque ya son otros los actores los que se apropian de la representación comunal.

La tercera, porque la estrategia de confrontación y la violencia usada tiene en el fondo un objetivo político que va más allá del conflicto en sí. Nadie debe ignorar que en torno a los conflictos existen intereses políticos que desde la confrontación y violencia buscan imponer liderazgos con el propósito de controlar espacios locales, territorios, gobiernos locales. No incluir en el análisis este factor es pecar de inocencia o de ingenuidad.

Lo que me asombra, y preocupa, que los equipos del gobierno, conociendo el proceso del conflicto hacia la crisis política generada por la exacerbación de la violencia, no cuenten con las herramientas que permitan impedir que se llegue a ese desenlace; me alarma que, ante esas circunstancias, sea la policía la que tenga el rol protagónico y que siendo ellos los protagonistas, el conflicto fácilmente puede terminar con el saldo de víctimas ya conocido. Es lamentable, pero los hechos han mostrado que los negociadores del gobierno desaparecieron en la hora crítica de la confrontación.

¡Qué mal todo! Ahora este conflicto de Las Bambas ha pasado a otro escenario. Son otros los actores los que tratarán de sacar ventaja de las víctimas producidas en este lamentable enfrentamiento.


http://www.alainet.org/es/articulo/181123