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lunes, 4 de febrero de 2019

VENEZUELA: LA LIBIA DE AMÉRICA LATINA Y EL NEOIMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE



04/02/2019

Nueve meses le tomó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Estados Unidos, para destruir la sociedad libia. En tan poco tiempo el país más rico del continente africano, pasó a ser un Estado fallido sumido en una guerra civil que continúa desde 2011. Ante la nueva ofensiva imperial contra Venezuela, este caso debe ser visto como una advertencia para el futuro de la región.

Si bien el petróleo parece ser el casual de la intervención, y no las justificaciones ‘humanitarias’ que caracterizan al gobierno estadounidense, esta lectura de la situación sigue siendo superficial. En ambos casos el motivo de intervenir implica más que simplemente adueñarse de recursos, modus operandi del imperialismo tradicional estadounidense.

Este modelo se basaba en el concepto de nation-building (construcción de nación), a través el cual los norteamericanos se adueñaban de recursos y con una institucionalización ‘guiada’ satisfacían sus intereses privados y políticos. Un ejemplo es Chile en la década de los 70.

En 1973, Estados Unidos financió y dirigió el golpe de Estado contra Salvador Allende para luego tutelar a la nación hacia el neoliberalismo en base de los intereses de empresas privadas y estrategias geopolíticas para la región. Este modelo, y muchos otros en la región y el mundo, estaban amparado en falsos valores como el orden, la justicia, el progreso y el desarrollo.  

Sin embargo, todo cambió luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Bajo la administración de George W. Bush, los neoconservadores, una facción poco conocida de la derecha estadounidense, tomaron control de la política exterior y defensa dando paso a una nueva fase de dominio imperial.

Luego de gestar su estrategia global durante décadas, con la invasión a Iraq en 2003 marcaron el final del modelo tradicional y el inicio del neo imperialismo. El orden, el progreso y el desarrollo son reemplazados por la seguridad/militarización; la división interna en base de diferenciadores étnicos, religiosos, y/o históricos; y especialmente el caos.

Una estrategia que no nació en el Pentágono sino en las aulas de la Universidad de Chicago con los escritos de Leo Strauss. Como lo explica la profesora Shadia Drury, el filósofo judío (1899-1973) reintrodujo la noción del caos como herramienta de dominación de una “elite escogida” para someter a masas incultas en base a la jerarquía “natural”; ergo su obsesión por los clásicos como Platón y Aristóteles y los contemporáneos Nietzsche y Heidegger.

¿Pero qué tiene que ver un filósofo político del siglo XX con el imperialismo del siglo XXI?

Primeramente el straussianismo es la influencia principal de los neoconservadores, que entre sus filas cuentan con figuras como Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Arthur Cebrowksi y John Bolton, actual Consejero de Seguridad Nacional de Trump, entre otros.

Fue Rumsfeld, ex Secretario de Defensa (2001-2006), quien incorporó la doctrina de Cebrowksi, Vicealmirante de la Marina, sobre una guerra centrada en redes, la cual restructura la estrategia de dominio total (full spectrum dominance) con la era de la información para así lograr una hegemonía en el campo de lo social, lingüístico, cognitivo, informativo y físico.

Para el cometido una de las herramientas más utilizadas es el uso de la mentira (actualmente fake news o verdades alternativas) a través de los medios y redes de comunicación, con el objetivo de manipular el sentir colectivo. Este instrumento de ingeniería social era algo que Strauss consideraba necesario para proteger a la elite superior de la persecución de las ‘masas vulgares’.

El uso del lenguaje y las mentiras se vio con las supuestas armas de destrucción masiva para justificar la invasión a Iraq, la supuesta conexión terrorista en Afganistán, la construcción discursiva de Muamar el Gadafi como un dictador sanguinario, el mediático ‘Eje del Mal’, y ahora una réplica para presentar a Venezuela como un Estado fallido, incluyéndolo en la ‘Troika de la Tiranía’ con Nicaragua y Cuba.

Otro de los elementos claves de la teoría de Strauss aplicada en la estrategia militar estadounidense es el mencionado caos. En el nuevo modelo imperialista, el objetivo no es ‘construir naciones’, ni siquiera bajo el neoliberalismo, sino hundir a las sociedades dominadas.

El estratega geopolítico del Departamento de Defensa y asistente de Cebrowski, Thomas P. M. Barnet, impartió el modelo al Alto mando militar en el Pentágono en 2003, resumiéndolo en un nuevo mapamundi. El mapa divide al globo entre países los que denomina “núcleo funcional” y la “brecha de no integrados”. (Ver mapa)

Las naciones en este segundo grupo ya no son vistas como independientes y soberanas sino como un bloque homogéneo sin posibilidad de integración. Así Bush denominó del Gran Medio Oriente a naciones árabes del norte de África, Península arábica, países persas, subsaharianas y países del Cáucaso; con el objetivo justificar guerras sistemáticas y paralelas.

En estos bloques territoriales las guerras se vuelven interminables y recurrentes. Ya no es necesario una transición controlada con un dictador amigo o un gobierno sumiso; el desorden y el desgobierno son el objetivo.

Como explica el analista Thierry Meyssan, esta idea no considera que el acceso a los recursos es crucial para Washington sino que los estados del “núcleo funcional” sólo tendrían acceso a esos recursos recurriendo a los estadounidenses. Para ello es necesario destruir la estructura estatal e institucionalidad de los países invadidos, de una forma que cuando lo necesiten estos recursos sean de fácil acceso.

En este sentido el hecho que Libia e Iraq, en la actualidad, produzcan menos barriles de petróleo de lo que hacían con los gobiernos depuestos y muchos pozos pasaron a manos de organizaciones ajenas a los intereses estadounidenses no es un efecto imprevisto. Como tampoco lo es que las condiciones de la población están muy por debajo de estándares internacionales de bienestar y seguridad; con cifras de muertes civiles sobre los cientos de miles.

Es así que ante la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero, y casi dos décadas más tarde, parece haber llegado el momento para una intervención similar en América Latina.

El guion lo reveló, la periodista argentina, Stella Calloni, con un documento del Comando del Sur (SouthCom) firmado por Kurt Tidd, ex comandante en jefe hasta noviembre de 2018, bajo el nombre de ‘Masterstroke’ (Golpe Maestro) que detalla las acciones directas e indirectas para desestabilizar al país y sumirlo en caos.

Entre los planes sugieren “incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, contribuir a hacer más crítica la situación de la población, causar víctimas y señalar como responsable al gobierno de Venezuela”.

Con la justificación del ‘humanitarismo’ el texto propone “establecer una operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático, del secretario general Luis Almagro”. Acciones idénticas a las realizadas en Libia hace ocho años con la OTAN y miembros de la Unión Europea.

Esto no es coincidencia y tampoco actos desconectados ya que con Bush, Obama y Trump los neoconservadores continúan ejerciendo su influencia y poder en la Casa Blanca y las esferas miliares de los Estados Unidos; algo que debe preocupar a todos los latinoamericanos.

La situación de Venezuela no se trata de la defensa de un régimen político sino de la soberanía, democracia y estabilidad de toda la región y su futuro. Caso contrario seremos testigos de una Libia en América Latina y el control triunfante del neo imperialismo norteamericano.


https://www.alainet.org/es/articulo/197940

jueves, 23 de noviembre de 2017

LA ANTICORRUPCIÓN, UNA ESTRATEGIA DE LAS ELITES PARA EVADIR SUS RESPONSABILIDADES



23/11/2017

La lucha contra la corrupción en Ecuador es una estrategia política promovida por las elites económicas para ignorar los factores estructurales que permiten el flujo ilícito de capitales, verdadero problema del país y la región.

La corrupción no es el mayor problema del Ecuador. Sin embargo, en los primeros 100 días de gobierno, el presidente Lenín Moreno se ha dedicado a combatirla. Su lucha hace eco a empresarios, turbas enardecidas, medios de comunicación y oposición partidista, que consideran a la corrupción como causante de todos los males. Mientras tanto se ignoran afectaciones financieras mucho más cuantiosas para el país.

El ‘detonante’ fue el escándalo político del caso Odebrecht y Petroecuador, con relación al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y exfuncionarios del gobierno correista. Moreno llegó a culparlo de todo a la administración de su antecesor, acusándo a sus integrantes de  “mafiosos”. Su respuesta fue instalar un Frente Anticorrupción y desatar una cruzada por toda la función pública. Pero, ¿esta lucha es justificable o es solo demagogia?

Según el Procurador General del Ecuador, Diego García, se estima que más de 50 millones de dólares se entregaron en coimas en el Caso Odebrecht -la empresa brasileña acepta que fueron 33.5 millones-. El alto monto ha desatado publicaciones, marchas y es el estandarte que justifica la agenda anticorrupción.

Sin embargo, la cifra es ínfima comparada con los 400 millones de dólares que pierde aproximadamente el Ecuador por evasión de impuestos cada año. “Desde el 2000 hasta marzo de 2016 cerca de 4.500 millones ha dejado de percibir el Estado”, afirmó el titular del Colegio de Economistas de Pichincha. Es así que mientras los millones de Odebrecht duelen e indignan a los ecuatorianos, los miles de millones en ilícitos tributarios son ignorados.

Entre 2012 y 2016, los 200 grupos económicos más grandes del Ecuador sacaron al exterior aproximadamente 49 mil millones e introdujeron 35 mil millones. Una diferencia de 14 mil millones, equivalente al 14% del Producto Interno Bruto (PBI) o aproximadamente el 50% del presupuesto general del Estado ecuatoriano para 2018. Dinero que se quedó en guaridas fiscales, afectando a la recaudación tributaria y el desarrollo del país.

Esto quiere decir que existen problemas mucho más grandes que afectan a los bolsillos de los ecuatorianos. Y aunque debe existir cero-tolerancia contra la corrupción a todos los niveles del Estado y sin importar la cifra, esta no es el problema. Simplemente es un subproducto de falencias estructurales causadas por el capitalismo y la liberalización del mercado financiero internacional.

Lo irónico es que, como dice el economista Juan Valerdi, “los que luchan contra la corrupción son amigos de los que hacen las operaciones”.  En una economía neoliberal al desregularizar el mercado y reduce el tamaño del Estado, la misma fiscalización y control para ‘luchar’ contra la corrupción serían imposibles. Para entender esto es importante recordar la crisis del 2008 y cómo el lobbying (corrupción legalizada) causó el debacle financiero.

Además como explica Anja Rohwer, del Instituto para Investigación Económica de la Universidad de Munich, la corrupción es “una variable que no puede ser medida directamente” y esto, según economistas de Harvard y el Massachusets Institute of Technology (MIT), representa un problema empírico ya que cómo cuantificar el problema de algo que por definición está oculto y no se puede ‘medir’. Esto no significa que se debe justificar o ignorar la corrupción pero si buscar la fuente del problema.

Inclusive en términos globales la corrupción no representa la mayor afectación. Según un reporte de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, el 63% del total de flujos ilícitos globales son generados por grandes bancos, transnacionales y elites económicas, el 37% por todo tipo de criminalidad, y solo el 3% corresponde a la corrupción gubernamental. Estos flujos financieros ilícitos (FFI) se entienden como movimientos de dinero entre países que han sido ganados, transferidos o utilizados de manera ilegal.

Para el economista Dev Kar, los FFI son las razones que verdaderamente afectan a los países en desarrollo. En un reporte de Global Financial Integrity se estima que Ecuador entre 2004 y 2013 ha perdido aproximadamente 25 mil millones de dólares en facturación fraudulenta.  Es decir que el 98% de los FFI responden a la sub y sobrefacturación en aduanas. Y en 2017 para la región estos representan aproximadamente un 87%.

Algo que el mismo Moreno entiende ya que en la primera reunión del Plenario del G77+China afirmó que "la evasión tributaria internacional es un problema que afecta mucho más a los países en desarrollo. Cada dólar que se pierde por la evasión fiscal representa menos recursos para financiar el desarrollo”. Entonces, ¿dónde están los ‘frentes’ anti evasión de impuestos o anti salida ilegal de capitales?

El silencio de los medios de comunicación y políticos de ‘oposición’ es la respuesta. El discurso anticorrupción entonces no es una verdadera lucha para detener la corrupción, sino un arma política. A través de esta se ignora el rol del empresariado y las estructuras legales e ilegales que permiten el flujo ilícito de capital, manipulando así a la población.

Tan absurda es la situación que los voceros ‘anticorrupción’ son empresarios/políticos como Guillermo Lasso, excandidato a la presidencia del Ecuador, o las Cámaras empresariales y gremios del sector privado, que regularmente realizan fugas de capitales y al momento adeudan al Servicio de Rentas Internas casi 2.200 millones de dólares.

Es así que el discurso ‘anticorrupción’ se convierte en el ‘chivo expiatorio’ perfecto para desviar la atención a las falencias del sistema del que ellos se benefician. Una idea que José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, resume al advertir que la corrupción es la razón por la que “en muchos países la gente se va a dormir con hambre”. La fuga de capitales, impunidad al empresariado, inequidad estructural y explotación no tienen nada que ver. Los culpables son el Estado y la función pública.

Como lo explica Dan Hough, Director del Centro para el Estudio de la Corrupción en la Universidad de Sussex, esto genera un problema ya que la percepción común relaciona a la corrupción solo con el sector público.

En la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) define un acto de corrupción como aquel relacionado con la función pública. Una lógica influenciada por el neoliberalismo. Al colocar toda la culpa de la corrupción en el sector público se ignora activamente el rol que cumple el sector privado. El resultado es satanizar al Estado, con el fin de reducirlo.

A su vez las empresas privadas y los empresarios como voceros de la ‘anticorrupción’ brindan una imagen contrapuesta de transparencia. Esto se maneja discursivamente a que la conclusión ‘lógica’ sea privatizar al Estado y que este sea manejado por los empresarios. Cumpliendo así con cabalidad uno de los diez postulados del Consenso de Washington y su revisión posterior, receta del neoliberalismo para el ‘tercer’ mundo.

Este trato diferenciado puede observarse en el caso Odebrecht en Ecuador. Mientras que el vicepresidente Jorge Glas, cumple prisión preventiva por supuesta asociación ilícita; a Juan Pablo Eljuri, empresario de los grupos económicos más grandes de Ecuador, investigado por supuesta captación ilegal de dinero en el mismo caso, se le retiró la orden de prisión y soltó con libertad condicional.

En Brasil algo similar sucedió en el caso Lava Jato. El ex presidente de la empresa pública Eletronuclear recibió 43 años de prisión. Mientras que los empresarios involucrados tendrán que cumplir penas de entre seis a 20 años. A su vez esto lleva a la posterior politización de la justicia.

En Ecuador, la denuncia del involucramiento de Mauricio Rodas, alcalde de Quito, en el caso Odebrecht se trató de manera superficial en el ámbito judicial y mediático. A pesar de que según Diario O’Globo de Brasil la multinacional “habría pagado a algunas autoridades” para ganar la licitación de la construcción del Metro de Quito, habría un sobreprecio en la obra y viajes no justificados del burgomaestre; nadie dijo nada. Para los involucrados su ventaja fue no pertenecer al partido oficialista de Alianza País.

Estas acciones demuestran los fines de la lucha anticorrupción, que termina siendo una estrategia política para deslegitimar gobiernos, realizar golpes de Estado ‘legales’ (Brasil), y promover el neoliberalismo en la región. Su último objetivo: privatizar lo público y corporativizar al Estado. Mientras tanto, la fuga ilegal de capitales termina en alguna de las 87 guaridas fiscales evadiendo el pago justo de su carga impositiva y obviada de la discusión en la esfera pública.

Si la lucha es honesta, debe empezar por ahí, en aquellas estructuras que permiten y promueven la corrupción. En otras palabras, al ‘tomar al toro por los cuernos’ se evitarían figuras ambiguas como frentes anticorrupción y más demagogia. Una lucha real implicaría una fuerte reforma aduanera, políticas de cero-tolerancia a la evasión fiscal y la salida ilegal de capitales y fiscalización constante de los grupos económicos que más deberían reportar.

Martín Pastor (Ecuador)