2. 08.
2019
Por: Alan
Fairlie Reinoso
El presidente Vizcarra, anunció el envío de un
proyecto que permita adelantar las elecciones presidenciales y del
Parlamento. Es una medida adecuada para salir de la crisis institucional en que
se encuentra el país, acompañada de una asamblea constituyente, tal como hemos
planteado en su momento.
Pero, no se trata solo de cuanto avanza la
“reforma” política o judicial, ese ha sido el argumento, o pretexto, para
anunciar tal medida. En el discurso de Fiestas Patrias, resaltó que había
conducido una transición democrática exitosa
Anuncios del mensaje
El gobierno ha fracasado en reactivar la economía,
y ha priorizado la meta inflación y el ajuste para reducir el déficit fiscal.
Pero insistió en señalar que creceríamos 3.5%, que la recaudación tributaria se
ha recuperado, que apoyará a pymes y las compras públicas serán un mecanismo.
Se espera casi 5 millones de turistas, que se impulse la red vial departamental
con 20,000 millones de soles en 5 años, desarrollo social, universidades
públicas. Sin duda uno de los anuncios más importantes, fue la implementación
del acceso universal a salud, junto con la transformación digital del estado y
el avance en la descentralización (todos muy positivos). Pero, nada de combatir
la elusión y evasión tributaria, que darían recursos para implementar tales
medidas.
Plan de competitividad y productividad
Pero, un tema clave es este plan 2019-2030
(publicado el mismo 28 de julio), igual que el plan nacional de
infraestructura, que pretenden tener una dimensión territorial. Sin embargo, el
50 % de obras estará en Lima metropolitana, el 83 % está concentrado en
transporte y comunicaciones y el 66% son APPs. Estas medidas buscan implementar
las políticas aprobadas el 31 de diciembre del año pasado. Lejos de la
diversificación productiva anunciada para tres sectores (forestal acuicultura y
turismo), se consolida una estrategia primario-exportadora, para lo cual se
están impulsando medidas de facilitación de comercio, un clima adecuado para
los negocios, infraestructura económica y social con más APPs, recortes de
derechos laborales, flexibilización de estándares ambientales. En suma, la
profundización del modelo económico.
Así lo confirma el titular del MEF, en una muy
transparente entrevista (Gestión, 30/7/19). Señala que tienen solo un año para
implementar estas medidas, pero lo prefiere a años de incertidumbre, y que
espera hacerlo armoniosamente con el nuevo titular del Congreso, que comparte
el enfoque.
También señala que tiene la expectativa que salga
pronto la renovación de la ley de promoción agraria, la simplificación del
régimen tributario (muy similar a propuesta de la CCL, declara), zonas económicas
especiales, plan de desarrollo sobre el corredor del oleoducto norperuano, una
nueva ley de minería acorde al modelo (sin consulta previa vinculante).
Calculan que unas 20 (de las 84) medidas deben pasar por el Congreso, pero que
el resto son regulaciones internas principalmente de los ministerios. Espera
que no se dé marcha atrás en el proyecto Tía María, y confiesa que aceptar la
petición de revisión de la licencia es un trámite administrativo, pero que
demostrarán que esa decisión se hizo en el marco de la ley y es correcta.
Adelanto elecciones y modelo
Por tanto, queda claro que el gobierno buscará
acelerar la profundización del modelo en este año, en alianza con el nuevo
presidente del Congreso. Que no se dará marcha atrás en temas demandados por la
población como Tía María, que avanzarán a toda velocidad porque la mayoría de
las normas se pueden implementar desde los ministerios.
En vez de dedicarse a reactivar la economía en el
corto plazo, y dejar que sea el pueblo quien decida con su voto si se
profundiza o no el modelo económico en curso, lo están blindando.
Esto es un engaña-muchachos. Aquellos que dan loas a Vizcarra, sobre todo del campo progresista, deberían reflexionar y reaccionar. Se debe exigir que las medidas estructurales respecto a la economía, las defina el nuevo gobierno y Congreso elegidos.
No hacerlo, sería una burla a la demanda de los
gremios laborales y agrarios, a las comunidades afectadas por la contaminación,
a los reclamos de las regiones, a los trabajadores y usuarios de salud y
educación que ven deteriorada su calidad de vida, mientras otros hacen negocios
con lo que son derechos universales. Se necesita una coordinación urgente y
deponer legítimos intereses personales y particulares, para construir una
plataforma programática y política que ofrezca al país una alternativa para el
desarrollo sostenible y el bienestar sobre todo de los menos favorecidos. No se
debe tolerar que sigan “meciendo” al pueblo.
