Los poderes empresariales usan al Estado para lograr que sus intereses se conviertan en Ley. Saben que en ese escenario la defensa de los derechos convoca miles de personas, que se oponen a que los derechos de los trabajadores sean vulnerados. La lucha contra la denominada “Ley Pulpin demuestra que estamos vigilantes para impedir cualquier fechoría desde el Parlamento.
Ahora han cambiado de táctica. Han descubierto que una sentencia judicial es mejor que la ley. Saben por experiencia que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial son más asequibles a sus “contantes” requerimientos. Esta es una estrategia global, por esta vía se legaliza la eliminación de los derechos de los trabajadores.
Se aferran a la supuesta separación de poderes. Mecanismo que obligaría al ejecutivo y al Parlamento a cumplir y hacer cumplir de forma obligatoria la sentencia.
La sentencia de la Corte Suprema es el inicio de la ofensiva en contra de los trabajadores. El siguiente paso es eliminar el derecho a tener un contrato a plazo indeterminado, derecho a la reposición y contar con la protección del Estado, por ser la parte débil de la relación laboral.
Lo que quieren los empresarios –para lo cual cuentan con el respaldo de Kuczynski, los fujimontesinistas y la derecha en su conjunto- es una sentencia del Tribunal Constitucional que elimine estos derechos y se pueda despedir sin expresión de causa y con una miserable compensación.
Hay que parar esta ofensiva. Convocamos a los trabajadores, a los jóvenes y pueblo en general a movilizarse.
TODOS A CONCENTRARNOS EN LA PLAZA ESPAÑA EL DIA VIERNES 23 A LAS 5.00 DE LA TARDE.
SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS
Fuente: Jornal de Arequipa
¡¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS EMPRESARIOS Y NO LOS
TRABAJADORES!! ¡¡NI UN SOL MENOS EN LOS SALARIOS!!
Rechazamos categóricamente la resolución de la
Corte Suprema que crea la jurisprudencia necesaria para que tanto las empresas
privadas como el estado puedan recortar los salarios a sus trabajadores de
manera arbitraria e inconsulta.
El soporte jurídico en el que se sostiene la Corte
Suprema para emitir este vergonzoso fallo, es nada menos que una ley que data
de 1,941 (ley 9463), además de las interpretaciones anti laborales hechas
durante el régimen dictatorial y neoliberal de Alberto Fujimori.
Lo que está detrás de todo esto no es más que la
necesidad que tienen los empresarios y el estado de blindarse ante el inminente
impacto de la crisis económica mundial, la cual no es solamente una crisis
financiera, sino más bien es una crisis estructural del sistema capitalista en
su conjunto.
Queda por tanto demostrado, una vez más, que
nuestro estado y sus poderes no representan por igual a todos los peruanos,
sino todo lo contrario, están al servicio de una minoría de empresarios
transnacionales que al usufructuar la propiedad sobre los medios de producción
sobre explotan a los trabajadores y saquean nuestros recursos naturales sin
siquiera pagar los impuestos que corresponden ni las compensaciones por el daño
ambiental que generan (como lo demuestra palmariamente el caso southern)
Estos empresarios que hoy pretenden cobijarse
detrás del fallo de la corte suprema, son los mismos que durante los años del
boom minero exportador acumularon capital a sus anchas a partir de la
precarización laboral que afecto a millones de peruanos, quienes no solo se
quedaron sin empleo seguro sino que también se vieron obligados a vender su
fuerza de trabajo a sumas irrisorias y vergonzosas, por esa razón hoy en el
Perú tenemos uno de los sueldos básicos más bajos del continente (S/. 850.00
nuevos soles mensuales que equivalen aproximadamente a $ 250 dólares). Esos
aterrados empresarios, son los mismos que se beneficiaron también de los contratos
de estabilidad tributaria promovidos por el gobierno de Alberto Fujimori, los
cuales les permitieron no pagar impuestos al estado. Por eso durante el periodo
de crecimiento económico tuvimos la tasa impositiva más baja del continente.
El gobierno neoliberal y pro imperialista de PPK
también saldrá ganando con este fallo ya que tendrá la puerta abierta para
bajar los salarios a los trabajadores del sector público y de esa manera podrá
incrementar el fondo necesario para oxigenar financieramente a los empresarios
que se vean afectados por la recesión mundial. Esta medida entonces serviría
para allanar jurídicamente el camino del ajuste que prepara el gobierno y que
buscara implementar a través de las facultades legislativas en materia económica.
La crisis internacional no la generamos los
trabajadores ni el pueblo empobrecido, sino más bien fueron los empresarios y
los banqueros internacionales los que nos llevaron a la situación en la cual
hoy nos encontramos. Deberán ser ellos entonces quienes paguen la crisis en
curso. Como va quedando claro ya; el gobierno PPK tampoco es garantía para que
se respete el derecho fundamental al salario digno, por tanto, carece de las
credenciales democráticas que la gran prensa, un sector de la derecha y Veronika
Mendoza del Frente Amplio le atribuyeron en la segunda vuelta.
Esta es una gran oportunidad para que la clase
obrera vuelva a la escena política y levante cabeza. Así como los jóvenes se
pusieron de pie e hicieron retroceder a Ollanta Humala cuando este pretendió
aprobar la ley pulpin, hoy le toca a los trabajadores y al pueblo movilizarse
para que el fallo en cuestión sea anulado. Para alcanzar ese objetivo es
necesario crear espacios de organización y centralización de la lucha a escala
local, regional y nacional que nos permitan discutir democráticamente un plan
de acción y una propuesta alternativa a la política de saqueo y explotación
implementada por el capital a través de las instituciones del estado y el
gobierno de turno.
