LA VERDAD DE LA MILANESA MINERA

 

MINERÍA PERUANA: LA VERDAD DE LAS MENTIRAS

Por: Juan Aste Daffós

La campaña que hoy desarrollan las empresas mineras a través de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y medios de comunicación afines está centrada en que el Perú necesita con urgencia invertir en exploración para que en un futuro cercano se puedan ejecutar grandes proyectos mineros. De tal manera que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales obtengan más ingresos por canon y regalías y lleven adelante proyectos para el desarrollo territorial con el objetivo de cerrar las “brechas” (léase desigualdades) sociales, entre los más pobres y el promedio de los menos pobres.

Sin embargo, la verdad es otra. El objetivo principal de las empresas mineras, principalmente de las grandes corporaciones transnacionales, es aprovechar la coyuntura actual de precios elevados de los metales. La finalidad es asegurar su rentabilidad para los próximos 20 a 30 años invirtiendo las sobreganancias obtenidas en la ejecución de proyectos de exploración, accediendo a nuevos territorios o regresando a otros, así como, en proyectos de ampliación de los que están en operación. Por eso, plantean la urgencia de realizar la expansión minera

Para este objetivo cuentan con el apoyo de un gobierno deslegitimado, en un contexto que suponen de debilidad en la respuesta del movimiento social que. En caso que las fuerzas policiales y militares empleen la violencia, en particular en aquellos proyectos que no tienen licencia social, los conflictos socioambientales que enfrentan a comunidades y poblaciones locales con las empresas mineras y el gobierno se expandirán e intensificarán. Quizás por esto preferirían priorizar proyectos en territorios de las regiones macro norte.

El tiempo corre en contra de la estrategia actual de las empresas mineras y del gobierno en la medida que la reactivación de la movilización social logre la renuncia de Dina Boluarte y se concrete el adelanto de las elecciones generales. Por ello están incidiendo con una campaña destinada a obtener la eliminación de trámites administrativos y una mayor desregulación de las normas ambientales, a fin de reducir el tiempo y conseguir legalmente una rápida autorización para el ingreso a explorar los territorios. En este sentido, no es casualidad que del 08 al 10 de mayo próximos se realizará en Lima el XIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores titulado “Descubriendo la Minería del Futuro”.

La agenda del empresariado minero, de acuerdo al Informe de la Comisión para el  Desarrollo Minero Sostenible (Feb.2020, PCM) es: eliminar la consulta previa (derecho de las comunidades) y que solo haya acuerdo previo (negociación que establece un compromiso económico de la empresa minera con la comunidad) para el acceso a la exploración; limitar al máximo la acción supervisora del Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) y que las empresas se auto controlen y envíen sus informes ambientales al Estado; simplificación de los procedimientos administrativos (tramitología) en la obtención de las autorizaciones, planteando incluso el silencio administrativo positivo (en caso de que el funcionario no responda en plazo determinado, se asume la autorización del trámite); ningún cambio en la estructura tributaria, lo que se traduce hoy en no aceptar un impuesto a la sobreganancia minera; apoyar la formalización de los mineros informales e ilegales que acompañen la expansión de la minería formal.

Lo cierto es que las comunidades, los agricultores y los centros poblados involucrados consideran que la ejecución y operación de los proyectos mineros afectarán sus planes de vida, las cuencas hídricas y los ecosistemas vinculados a la salud y la producción agroalimentaria, lo que agravaría su situación económica y social. A su vez, la consulta previa actual es un trámite burocrático utilizado para aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A su vez, la inexistencia de planes de ordenamiento territorial legalmente amparados facilita la imposición de los proyectos mineros.

La asimetría o la desigualdad en las relaciones de poder entre un sector y otros y los incumplimientos reiterados de los acuerdos en las mesas de diálogo abonan en la misma dirección. Asimismo, la historia ha revelado que minería y pobreza en su entorno han ido de la mano desde siempre, sin contar con los actuales y potenciales efectos de la crisis climática y la pandemia. Más aún, cuando las empresas se niegan a pagar un impuesto a la sobreganancia minera que allanaría los gastos del Estado en salud, educación, proyectos para la diversificación productiva generadores de empleo masivo, y la atención de desastres y pandemias en beneficio de las mayorías del país. Por estas razones, las comunidades, agricultores y poblaciones locales del entorno de los proyectos no otorgan la licencia social.

Las empresas mineras y el gobierno nacional asumen que con su apoyo “técnico” y el de algunas universidades limeñas de “élite” se pueden elaborar planes de “desarrollo territorial”, e incluso comprometer a los gobiernos regionales y locales, para garantizar la ejecución de proyectos que “beneficien” a las comunidades, desplazando sus planes de vida y los proyectos que ellas mismas han decidido autónomamente ejecutar. Pero, dejar a las comunidades y poblaciones locales fuera de las decisiones sobre su destino es exactamente lo contrario a lo que estas han estado demandando con la movilización social suspendida por el momento.

Respecto a la crítica de las empresas mineras que los recursos del canon y la regalía minera son mal utilizados, y por ello proponen participar con el gobierno nacional en “ayudar” a elaborar planes de desarrollo territorial en beneficio de las poblaciones del entorno minero, debe precisarse el carácter legítimo y legal de estos recursos obtenidos por el Estado y la autonomía en las decisiones sobre su uso y gestión por parte de los gobiernos regionales y locales.

El Estado redistribuye la mitad del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en forma de canon minero a los gobiernos regionales y locales y a las universidades de las regiones donde se encuentran los recursos minerales. A su vez recibe el ingreso de la regalía que pagan las mineras como una “contraprestación económica por la explotación de los recursos minerales, metálicos y no metálicos”, que en realidad es el pago que hacen las empresas mineras al Estado y que este transfiere a las regiones donde se explotan los recursos minerales que son agotables dado su carácter de no renovables. En consecuencia, canon y regalía son ingresos legítimos y legales que recibe el Estado y que canaliza a las regiones donde se encuentran y explotan los recursos minerales.

Una vez en manos de los gobiernos regionales y locales y las universidades, las decisiones sobre su uso y el control de su gestión pasan a depender de estas instancias del Estado y de la participación de la población organizada, y no es incumbencia de las empresas mineras inmiscuirse en estas decisiones.

El hecho que los proyectos de los gobiernos locales y regionales se decidan en función de contrataciones fraudulentas y otras acciones de corrupción aprovechando la inexistencia de poblaciones organizadas que demanden y participen en la elección y ejecución de proyectos y en la rendición de cuentas es un problema de elección de los gobernadores y los alcaldes, así como, de la débil o inexistente participación ciudadana.

Asimismo, los gobernadores regionales y los alcaldes, en su gran mayoría tienen como objetivo principal disponer de mayores recursos financieros u obtener el ahorro de los mismos mediante el mecanismo de obras por impuestos. Lo que inhibe no solo a estas instancias del Estado a realizar demandas frente a las infracciones ambientales y sociales de las empresas mineras, sino que posterga la formación de capacidades para una gestión pública descentralizada, eficiente y libre de corrupción.

Pero ¿cuál es límite de la expansión minera? En la práctica no hay límites porque los que promueven a ultranza la actividad minera afirman que el Perú debe aprovechar la extracción y explotación de los recursos mineros allí donde se encuentren, lo que deja  como “letra muerta” la prohibición del ingreso en áreas naturales protegidas, áreas de restos arqueológicos, y la protección de las fuentes de agua como las cabeceras de cuenca. Más aún, si la consulta previa es solo un procedimiento burocrático, por lo que nada de lo señalado se cumple realmente por las decisiones de política minera de los gobiernos y la aplicación de una legislación muy conveniente para las empresas mineras.

Así esta política termina reforzando una economía predominantemente extractivista minera que genera muchos dólares de ganancias con precios altos, los que incentivan mayores importaciones que terminan en una mayor dependencia o destrucción de lo poco que queda de la producción y el empleo generados en el país. Lo que conduce a que ahora casi el 80% de los trabajadores y micro y pequeños empresarios sean informales y que el comercio  ambulatorio se realice con productos mayoritariamente importados.

Con ello, los 300 mil jóvenes que ingresan anualmente al mercado laboral no encuentran trabajo y pasan a ser informales o se incorporan en la economía ilegal del contrabando, el narcotráfico, la tala y la minería ilegal, o pasan al hurto o el sicariato. De nada sirve que nos digan que ha aumentado el PBI per cápita y que se ha reducido la pobreza monetaria debido al crecimiento económico medido por el aumento del PBI, donde la minería aporta con la décima parte y que sus exportaciones superan el 60% del total de las exportaciones, porque ello no se ha traducido en la reducción de las desigualdades económicas y sociales del país.

Por el contrario, una economía basada en la exportación de minerales, principalmente de cobre y oro, reproduce un círculo vicioso de generación de mayor informalidad e ilegalidad, y cuando caen los precios de los minerales, la inflación aumenta porque al haber menos dólares sube su precio y aumenta el costo de las importaciones de las que depende la economía interna. Salir de esta situación supone depender cada vez menos de la actividad minera y promover la diversificación productiva que dinamice la economía interna, nos haga menos dependientes de las fluctuaciones y cambios del comercio exterior, y se sostenga en una efectiva descentralización económica y de la gestión ambiental, con participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Los que ilusamente hablan de industrializar la minería no contemplan la imposibilidad de esta opción, debido a que los dueños de la minería, principalmente del cobre, son empresas transnacionales, cuyos contratos de venta futura de concentrados a largo plazo con sus compradores, deciden el grado de elaboración y su destino, y porque la producción industrial a base a los metales existe hace mucho tiempo y la realizan grandes corporaciones que poseen ventajas en el mercado internacional debido a su bajo costo en razón a su alto nivel de productividad y economías de escala, por lo que difícilmente un empresario minero se arriesgaría a ejecutar proyectos de industrialización de los metales en el Perú.

En resumen, el modelo económico en el Perú basado en la minería resulta insostenible, porque solo beneficia a sus dueños, funcionarios y representantes que tienen vínculos con esta actividad, y afecta al conjunto de la sociedad peruana, trasladando solo una pequeña parte de su renta al Estado. Ésta ha fluctuado alrededor del 3% del total de ingresos tributarios del Estado peruano, menos la devolución de parte de estos impuestos, y genera muy poco empleo directo (210 mil personas ó 1.2% de la PEA en 2022) y por cada puesto directo crea menos de 3.6 empleos indirectos que presenta la minería chilena de mayor dimensión y competitividad.

Por lo tanto, si a los ingresos tributarios neto (en los que se consideran los descuentos) le restamos el valor del impacto ambiental, la diferencia sería negativa, con el agravante que los ecosistemas afectados se pierden para siempre en un país megabiodiverso, pluricultural y multilingüe. Donde el lema de “Perú país minero” termina siendo una expresión interesada y peor aún, cuando en los discursos de los representantes de los intereses mineros se mencionan conceptos como “regiones mineras”, “provincias mineras”, y corredor minero.

Así, en el corto plazo dependemos de las exportaciones mineras, pero debemos ir dependiendo cada vez menos de esta actividad y colocar la prioridad en la producción agroalimentaria; de productos biomedicinales; el turismo en sus variantes ecológica, arqueológica y vivencial; y la producción industrial donde exista una experiencia histórica de calidad como en tejidos y confecciones. También se debe priorizar el cambio de la matriz energética hacia bienes renovables que vayan en concordancia con la conservación y protección de los ecosistemas que albergan una rica biodiversidad y con proyectos y acciones para la mitigación y adaptación frente a la crisis climática.

25 abril, 2023/por RED MUQUI

Fuente: https://muqui.org/noticias/muqui-informa/ambiente/mineria-peruana-la-verdad-de-las-mentiras/

 

REFLEXIÓN DE COYUNTURA

 Escribe: Milcíades Ruiz

En estos momentos, desde afuera podríamos ver figuradamente, un escenario político indeseable, en el que un ave que “no tiene vuelo” luce asustado al verse rodeado de “aves de rapiña de alto vuelo”, que lo picotean y quieren eliminarlo. Ante la presión, el bisoño les concede todo para que lo dejen sobrevivir, pero al mismo tiempo les otorga, nuevos motivos que estimulan el ataque contrario. Veamos algunos aspectos.

Es claro que me estoy refiriendo a la situación que atraviesa la nueva administración estatal bajo la conducción del presidente Castillo. La precariedad en la capacidad de gestión pública ha sido su principal característica desde que asumió el mandato hace cuatro meses. Esta precariedad es la causa de muchos desatinos, improvisaciones, discordancias e inconsistencias ideológicas, conceptuales y administrativas.

La falta de destreza en el manejo de situaciones políticas lo está llevando a la autodestrucción. Digo esto porque habiendo recibido un alto respaldo electoral, no ha sabido corresponder a las expectativas esperadas, desalentando este apoyo. Era previsible que habría muchas dificultades opositoras a un gobierno de izquierda, pero al parecer no tenían un plan preconcebido para contrarrestar a la oposición.

A los electores le hubiera gustado que la conducción administrativa se mantuviese firme a sus promesas electorales sin ceder posiciones. El pueblo valora siempre a quienes se juegan la vida por sus ideales, pero repudia a quienes los defraudan. El pueblo defiende a quienes luchan contra sus opresores y no, a los que pactan con ellos. Si los actos gubernamentales no satisfacen las expectativas, entonces el apoyo electoral se desvanece. Lo veremos en las próximas elecciones municipales y regionales.

La lógica era que la nueva administración buscase empoderarse teniendo el manejo estatal, para estar en condiciones de consolidarse y resistir los ataques enemigos. Es lo que hizo Cuba y Venezuela mediante medidas en beneficio de los sectores más pobres, medidas nacionalistas y de recuperación de soberanía en el disfrute de los recursos naturales, relaciones económicas equitativas, etc. Solo así, se va generando poder popular de respaldo frente al poder de la oposición.

Si el gobierno construye sus defensas políticas, la oposición no tendrá mucho margen de maniobra y solo atinará a defenderse. Todo ataque tropezaría con el blindaje popular. Lo hemos visto en el caso del apoyo internacional al gobierno paralelo de Guaidó en el sabotaje para derrocar al gobierno de Venezuela. En cambio, en nuestro caso, la oposición ha pasado al ataque porque su contendor está desprotegido. A pesar de ser manejable, persiste en eliminarlo porque se presta para ello.

Sin embargo, los sectores populares no salen a defender al gobierno. Por el contrario, estos días, las comunidades nativas están en pie de guerra reclamando la acción del gobierno, los obreros marchan reclamando seguridad ciudadana, gremios agrícolas regantes amenazan con paro, las comunidades afectadas por la minería se mantienen pie de lucha exigiendo cumplimiento de compromisos, los ganaderos reclaman atención del gobierno frente al abuso oligopólico de grandes empresas que dominan el mercado lácteo, etc. etc.

Pero ya todos los gremios están hartos de ser engañados. Por eso, amenazan con paros para ser atendidos. Solo así, logran que el gobierno los atienda, pero solo con promesas, sin tomar medidas efectivas. Apaga incendios con las resabidas “mesas de diálogo” pero no genera apoyo popular. Las promesas no bastan para impulsar movilizaciones populares en defensa de un gobierno que no les ha dado nada todavía. Todo esto, genera un ambiente propicio para la escalada contraria.

Insólitamente, ha sido el presidente el que ha buscado desmontar su base de apoyo orgánico, alejándose del partido político que lo encumbró, pero con el cual, no se identifica. Con ello, ha perdido también su bancada en el Parlamento. ¿Por qué hizo esto? Quizá por falta de visión política estratégica. En la práctica, se ha ido quedando sin partido político. Sus aliados Nuevo Perú, JPP y, Frente Amplio, tampoco hacen algo por convocar y movilizar a sus bases en respaldo al gobierno.

La ineptitud suele ser una limitación insuperable para muchos conductores sociales. La improvisada plancha presidencial impuesta de relleno por Perú Libre, ha tenido que improvisar ministros y altos ejecutivos algunos de los cuales, en vez de enaltecer al gobierno, lo han desprestigiado con sus repudiables inconductas. Dos gabinetes ministeriales en tan corto tiempo y siguen los desatinos

Desde los orígenes de la vida humana, el grupo social siempre ha seguido al líder más apto, porque los ineptos conducen al fracaso. La historia está llena de las proezas legendarias de los conductores sociales, luchando contra la adversidad, para proteger a los suyos. Esta selección natural social, ha sido desnaturalizado por los sistemas de dominación y en nuestro caso, quizá no podríamos culpar tanto al presidente Castillo. Hay responsabilidad de quienes designaron la plancha presidencial solo por cumplir con la normatividad electoral, como lo admite la vicepresidenta.

También es el resultado de un estado de ánimo electoral de repudio a los partidos corruptos. “El tiro les salió por la culata”. Se cosecha, lo que se siembra. No obstante, existen casos de líderes forjados en la lucha contra las barreras de un sistema electoral adverso que, son ejemplo de consecuencia política, coraje y destreza. Salvador Allende fue uno de ellos. Los principios ideológicos no se negocian porque no son una mercancía del mercado.

Quien abraza una ideología por convicción, no puede negarse a sí mismo, amparándose en ambigüedades. Va hasta las últimas consecuencias porque está seguro de los fundamentos de su ideología. Solo los oportunistas vacilan y se entregan por falta de convicción. Culpar a otros por nuestras incapacidades, no es correcto. No es que la oposición quiera vacar al presidente por ser campesino (que no lo es), ni por ser docente profesional. Son los intereses de grupos oligopólicos los que están en juego.

El neoliberalismo ha construido una estructura de lucro y corrupción, que los grupos de poder predominantes no quieren perder. Aunque esta tendencia ya ha penetrado en la actual administración, la oposición quiere asegurarse de que sus dominios no serán afectados en lo mínimo. No confían en el mandatario porque a cada momento suelta amenazas contraproducentes. Por ejemplo, “no dar ni un céntimo” a los medios que lo denigran. El chantaje ridículo es inefectivo. Hay otras maneras de contrarrestar esta ofensiva. Detrás de la prensa están los poderes fácticos.

Nuestra patria sufre de parasitosis de inversión extranjera. Esta epidemia teme los cambios en el sistema vigente. Los depredadores de nuestras riquezas están no solo en la minería e hidrocarburos. Están en todos los sectores altamente rentables de nuestro país. Todo nuestro territorio está concesionado en beneficio de los inversionistas extranjeros con incentivos excepcionales, subsidios, mísera tributación, etc. Tienen en sus manos puertos y aeropuertos, carreteras, servicios turísticos, financieros, telecomunicaciones, operatividad digital, cadenas de tiendas y farmacias, etc. etc. Esto es lo que está en juego.

Vean a continuación, en los siguientes mapas de inversión minera y de hidrocarburos, cómo está perforado nuestro territorio por todos lados, depredando nuestras riquezas y contaminando la vida nacional. (Fuente: MEM)

Y miren en el siguiente mapa, las concesiones de perforación petrolera y otros hidrocarburos otorgados como propiedad privada a los depredadores, por encima de los derechos de propiedad de la población amazónica.

Tras estas áreas de depredación van como los buitres carroñeros los empresarios nacionales sub contratistas que hacen el trabajo sucio y participan del festín. Estos, tampoco quieren perder la estructura que parasitan. Corruptos y corruptores de la administración pública son los facilitadores que tampoco les conviene que se acabe la mermelada. Esto es lo que nosotros lo hemos permitido calladamente.

Entonces pues, es una cuestión de consciencia nacionalista y de patriotismo desmontar esta estructura depredadora si queremos una patria libre y soberana. Por eso digo que, no toda la culpa la tiene la derecha sino también nosotros por ser permisivos, indiferentes y carentes de patriotismo. El empoderamiento de la derecha es también por culpa nuestra porque no desarrollamos poder popular.

Lo que perdemos nosotros (o lo que nos dejamos ganar) favorece a la derecha y, viceversa. Son contraparte de una misma unidad. Es la ley de los contrarios. Si damos muestras de debilidad, eso estimula al enemigo. Si este, advierte que a la menor presión cedemos espacio, arremeterá seguro de que no encontrará resistencia para su predominio. La corrupción también ha penetrado nuestras filas débiles de honestidad y la depuración es una tarea indispensable.

No es admisible justificar reuniones pactadas fuera de palacio con empresarios que resultan beneficiados con obras públicas de cuantioso presupuesto, como que son reuniones personales, libres de sospecha. Toledo, ODEBRECHT y el Club de la Construcción saldrían bien librados de culpas si dicen lo mismo. Y los corruptos y corruptores actuales no tendrían necesidad de hacer sus arreglos en palacio, sino en domicilio particular para proceder impunemente. Todo esto dice mucho de la calidad de gubernamental que tenemos.

Pero visto este problema con sentido procesal, la perspectiva con vacancia o sin ella, no nos da muchas esperanzas de un mejoramiento en el desempeño gubernamental del Ejecutivo ni del Legislativo en los días venideros. Tampoco nosotros salimos bien librados de esta circunstancia negativa. La inacción nos ha ganado y es una obligación dinamizar nuestra vocación de justicia social. La pasividad es nuestra mayor debilidad y tenemos que superarla.

Claro que esta, es solo una opinión particular y admito que puedo estar equivocado. Pero si todos expresamos nuestro punto de vista, quizá salga algo bueno del intercambio de pareceres. ¿Qué planteo? Pues. Activar el intercambio de ideas para generar iniciativas políticas que permitan el empoderamiento popular.

Diciembre 03- 2021

Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/

 

A PARAR EL MAYOR SAQUEO QUE SUFRE CHILE: LA RENTA MINERA DEL COBRE

Autor: MANUEL HIDALGO VALDIVIA

A lo largo de los últimos 20 años, por lo menos, las clases dominantes y sus servidores se han encargado de acallar las voces de quienes han alertado acerca del saqueo que sufre Chile como consecuencia de la desnacionalización de la gran minería del cobre y del aberrante marco legal existente y de la débil institucionalidad tributaria y aduanera que prevalece en su beneficio. 

El 23 de octubre recién pasado, el economista Orlando Caputo, en un breve artículo[1], comparaba las ganancias globales de las mineras privadas en el cobre el año 2018 y el valor global de las medidas anunciadas por el presidente Piñera, en su llamada “agenda social”, para enfrentar la rebelión popular en curso en nuestro país. Mientras las ganancias globales de las 10 grandes mineras privadas –GMP-10– del cobre, principalmente extranjeras, alcanzaron en 2018 la cifra de 13.780 millones de dólares, la mencionada agenda social se estimó inicialmente en 1.200 millones de dólares. Aunque esta estimación de esta agenda ha subido a 1.500 millones de dólares en las últimas semanas, sigue siendo sólo un 10,9% de lo que sólo el año pasado se embolsaron las grandes mineras privadas. 

Como se menciona en ese artículo, en abril de 2018, la Revista de la CEPAL N° 124 publicó un estudio de 4 académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Gino Sturla, Ramón López, Eugenio Figueroa y Simón Accorsi, titulado “La riqueza regalada a la gran minería del cobre en Chile: nuevas estimaciones, 2005-2014”[2]. En tal estudio, a partir de una investigación del Banco Mundial sobre las rentas mineras en diversos países –entre ellos Chile-, los autores determinan tanto la renta compensada de las GMP-10, como la renta graciosa apropiada por las GMP-10, para el período comprendido entre 2005 al 2014 inclusive.

La renta compensada se estima substrayendo de la renta minera[3] tanto el premio por el riesgo involucrado en las actividades de exploración minera, como la compensación que exige la volatilidad propia del precio del cobre. De esta manera, al incorporar ambas correcciones, la estimación de la renta compensada GMP-10 resulta ser de unos 156.000 millones de dólares. Esto implica que la renta promedio anual del período de 2005 a 2014, corregida después de deducir ambos componentes es de 15.600 millones de dólares; un monto superior al que calcula Caputo para el 2018. 

Si de esa renta compensada se resta los impuestos pagados por la GMP-10 cada año del período estudiado, se llega a las renta graciosa apropiada; concepto equivalente a la riqueza que se ha regalado a esas empresas. Así se llega a un monto de 114.000 millones de dólares en el período de estudio. Es decir, unos 11.400 millones de dólares anuales, en promedio, lo que equivale al 5,1% del PIB y al 23,3% del gasto público durante el período. 

Para que se comprenda la magnitud de estas cifras, los autores señalan que “Se ha estimado que la gratuidad de la educación en el país, entendida como el financiamiento estatal completo y en todos los niveles de la educación, requiere de recursos equivalentes a casi 5.000 millones de dólares adicionales al año. Es decir, con la riqueza que se regaló anualmente a estas grandes empresas transnacionales durante el período de 2005 a 2014, se podría haber financiado la educación gratuita completa y, con los 6.400 millones de dólares restantes, se podría haber mejorado el sistema de salud y pensiones de manera definitiva”.

Y “si en el país se hubiesen ahorrado estos 114.000 millones de dólares y estos se hubieran invertido como fondos soberanos, se obtendría un fujo anual permanente de rentas superior a 7.000 millones de dólares, asumiendo un patrón de inversión conservador. Es decir, el país tendría cada año un fujo estable anual de recursos, independiente de las fuctuaciones del precio del cobre, equivalente a casi todo el gasto público en salud, lo que implica que se podrían doblar los servicios públicos de salud del país de manera permanente”. 

Con coraje, los autores responden al término de su estudio una pregunta ineludible: “¿quién o quiénes regalan graciosamente esta enorme cantidad de recursos a estas empresas? No cabe duda de que la respuesta debe buscarse entre quienes permiten, desde el Poder Ejecutivo y el Parlamento del país, que las leyes que posibilitan este absurdo regalo sigan vigentes.”

Por si eso fuese poco, un año después de esta valiosa investigación, la Revista de la CEPAL N° 127, de abril de 2019, publica un estudio de los autores Michael Hanni y Andrea Podestá, que alumbra un nuevo ángulo del saqueo de que Chile es objeto por las grandes mineras privadas; el de la facturación fraudulenta del comercio internacional. Su estudio se titula “Manipulación del precio del comercio internacional de productos del cobre: un análisis de los casos de Chile y el Perú”[4]. 

El estudio de estos profesionales de la División de Desarrollo Económico en la CEPAL, examina el grado de subfacturación de las exportaciones de productos del cobre –concentrados de cobre, por un lado y cátodos de cobre refinado, por otra- de Chile y el Perú, en el período 2006-primer semestre 2016.

“Mediante la aplicación de una metodología novedosa en la que se toman en cuenta los términos contractuales típicos de la industria y los costos de seguros y fletes, se pone de manifiesto la existencia de transacciones comerciales de cobre a precios unitarios inferiores al valor del mercado”. 

“En Chile, durante el período analizado, el valor de las exportaciones de concentrado de cobre subvaluadas alcanzó 3.035 millones de dólares, que equivalen al 2,2% del valor FOB exportado, de acuerdo con la estimación en la que se considera la composición del concentrado que consta en las declaraciones de aduana. La mayor parte de este monto corresponde al subperíodo 2006-2010 cuando el valor subfacturado representó en promedio el 4% del valor exportado. En los años siguientes se observa una reducción del monto subfacturado, con un promedio del 0,9% del valor exportado entre 2011 y 2015”. 

“En cuanto al monto subfacturado asociado con la exportación de cátodos de cobre refinados, en el caso de Chile, alcanzó los 6.348 millones de dólares, en este mismo período, lo que equivale al 3,2% del valor exportado. De ese monto, 2.516 millones de dólares (el 40% del total) corresponden a transacciones realizadas en virtud de un contrato de largo plazo que firmó Codelco con China Minmetals Corporation en mayo de 2005. Tal contrato, comprometió la venta de 836.250 toneladas de cátodos durante un período de 15 años; con un precio de venta que se determinaría mediante una parte fija reajustable y una parte variable que dependería del precio de mercado en el momento del embarque. Las exportaciones en virtud de este contrato empezaron en junio de 2006 y se canalizaron a través de la empresa Copper Partners Investment Company Ltda; esa compañía y Codelco participaban en partes iguales. Cabe mencionar que, en 2016, Codelco terminó su participación en esa empresa conjunta y puso fin al contrato con Minmetals, luego que el Servicio de Impuestos Internos de Chile, cuestionara el régimen tributario de la empresa conjunta y obligara a Codelco a pagar 149 millones de dólares.” 

“El monto subfacturado relacionado con otras transacciones de cátodos de cobre refinado fue de 3.833 millones de dólares durante el período de análisis, equivalentes al 1,9% del valor exportado. En este último caso, se observó también una clara tendencia a la baja en la subfacturación luego de 2010. Como resultado, el peso del monto subfacturado en relación al valor exportado cayó de un promedio de un 3,1% en 2006-2010, al 0,9% en 2011-primer semestre de 2016”. 

Sin embargo, anotan los autores, “estas estimaciones son más bien conservadoras dado que en los registros de exportación pueden existir fuentes de subestimación que no se han podido ajustar debido a la falta de datos disponibles. Por ejemplo, en una investigación del Centro de Investigación Periodística CIPER, de Chile, se detectó que, por décadas, las exportaciones de concentrado de cobre no se habían controlado, y se había aceptado la pureza y el peso declarado por las mineras. Del mismo modo, Castillo (“El cobre: anatomía del mayor fraude minero en Chile”.Andros Impresores 2015) asegura que la fiscalización de las exportaciones mineras es la gran debilidad del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. De hecho, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el año 2015 concluyó que el país no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para ejercer un control eficiente y riguroso que determine la trazabilidad del cobre, y llamó la atención acerca de la falta de atribuciones y recursos de los organismos fiscalizadores”. 

Un párrafo final de este estudio anota: “La labor futura en este ámbito debería centrarse en investigar otros canales a través de los cuales las empresas desvían de manera ilegal hacia el extranjero las utilidades que obtienen en el sector minero. Aunque la evidencia sugiere que una creciente proporción del comercio internacional del cobre se realiza en condiciones de mercado, en los países considerados todavía se podrían estar perdiendo ingresos tributarios por otros medios, sobre todo mediante transacciones entre las filiales –que desempeñan un papel importante en el sector minero de ambos países- y sus casas matrices en el extranjero. Si bien las operaciones entre partes relacionadas se rigen por las reglas de los precios de transferencia, en ellas muchas veces se suelen incluir pagos por servicios respecto de los cuales es muy difícil fijar un precio de mercado. Cabe resaltar que otra área de trabajo importante consiste en examinar la estructuración financiera de las empresas mineras con el objeto de determinar si esa estructura refleja un intento de reducir artificialmente los impuestos que se pagan. En particular, se debe profundizar la investigación del posible abuso de derivados financieros para trasladar beneficios fuera de la región. “

Con todos estos antecedentes, cabe preguntarse hasta cuándo se permite toda esta situación. ¿Por qué no retomar la iniciativa que ya en 1952, los senadores Radomiro Tomic y Salvador Allende presentaron en el parlamento para establecer el estanco del comercio de exportación del cobre[5], de modo que toda tonelada de este mineral que se produzca en Chile sea entregada obligatoriamente a una entidad estatal, a cambio de un precio fijado con una rentabilidad razonable, para que sea ésta entidad la única que pueda determinar la oferta exportable que desde este país se haga hacia el mercado mundial e influya así de manera determinante en el precio que se pueda obtener; al mismo tiempo que se ponga fin definitivo a la captación privada de una renta que sólo debe pertenecer al Estado de Chile y cancele para siempre las elusiones y evasiones tributarias de las que hemos sido víctimas por tanto tiempo?

En el DL 1349, que creó la Comisión Chilena del Cobre, en enero de 1976, en su artículo 18, se habilita al Presidente de la República, bajo ciertas circunstancias excepcionales a decretar, sin excepción alguna, el monopolio del comercio de exportación del cobre chileno y de sus subproductos. Es hora de ir más allá de esa regulación, en defensa de los intereses de todo Chile y decretarla como paso mínimo para avanzar a la plena recuperación del cobre, para un desarrollo con soberanía.

Manuel Hidalgo V.

Economista-asesor sindical

14 de diciembre de 2019.

[1] “Las ganancias de la minería privada en Chile”, Orlando Caputo. https://www.puntofinalblog.cl/blog/las-ganancias-de-la-mineria-privada-en-chile

[2] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43463/1/RVE124_Sturla.pdf

[3] la renta representa un excedente por encima de la ganancia necesaria para asignar los recursos a la actividad en cuestión. En términos más simples, la renta es el monto que sobra del valor de la producción después de descontar todos los costos, incluido el que supone el retorno normal al capital y las primas por los riesgos pertinentes.

[4] https://www.cepal.org/es/publicaciones/44574-manipulacion-precio-comercio-internacional-productos-cobre-un-analisis-casos

[5] “Historia política y tributaria del cobre en Chile”, Estudio encargado a la Biblioteca del Congreso Nacional por los senadores Jorge Lavandero, Carmen Frei y Ricardo Núñez.

Fuente: https://www.puntofinalblog.cl/post/a-parar-el-mayor-saqueo-que-sufre-chile-la-renta-minera-del-cobre