ECUADOR ELECCIONES: NO EXISTE COMUNICACIÓN NEUTRA

Medios enteramente políticos

Adalid Contreras Baspineiro

ALAI AMLATINA, 01/03/2017.- El reciente 19 de febrero, en el cierre de la jornada de las elecciones ecuatorianas, una vez que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio lectura oficial de las tendencias sobre el 51,8% de las actas que le otorgaban al candidato oficialista Lenin Moreno de Alianza País 38,26% de la votación y a Guillermo Lasso, líder del opositor CREO-SUMA el 29,86% quedando en el segundo lugar, la conductora del programa de uno de los canales de televisión que construyó su versión del paisaje electoral en base a la información de la empresa Cedatos, contratada por Lasso según lo reveló uno de sus altos dirigentes, concluyó afirmando que el gran perdedor de la jornada fue la empresa Opinión Pública, contratada por Alianza País, que garantizaba el triunfo de Moreno en primera ronda con más del 40% de la votación y una diferencia mayor a 10 puntos. Cedatos proyectó segunda vuelta.

La experiencia narrada es paradigmática por tres razones: una que muestra que los periodistas/medios/encuestadoras/redes juegan sus propios campeonatos rivalizando políticamente entre ellos; otra que legitima la importancia recuperada el día de las elecciones por los medios tradicionales en una campaña en la que el retorno de la política a las calles y la ciberpolítica habían secundarizado su protagonismo; y la tercera razón tiene que ver con su alineamiento, identificándose en distintos grados con uno de los polos del campo político en las batallas simbólicas por la significación y disputas por el poder y la hegemonía, al punto que, desde una de las perspectivas, no son sólo instrumentos de la oposición, sino la oposición misma.

Lo cierto es que la experiencia ecuatoriana confirma que no existen procesos comunicacionales asépticos, sino más bien, como conceptualiza Wolton, espacios donde hacen presencia “los actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política”, según él: políticos-periodistas-opinión pública, ampliado por nosotros a políticos/estrategas/partidos/gremios - periodistas/medios/encuestadoras/redes - opinión pública/electores/ciudadanía, que no son meros dispositivos/recursos humanos/organizacionales/técnicos, sino activos actores políticos.

El rol político de los periodistas/medios/encuestadoras/redes, en el proceso electoral ecuatoriano, se caracteriza por la ocurrencia de cuatro momentos que tienen en común el paso de la linealidad típica de las campañas publicitarias difusionistas a la producción discursiva construida a partir de las sensibilidades, percepciones, necesidades, intereses y opiniones de los electores, para decirles lo que esperan oír.

Cuatro momentos, cuatro

El primer momento ocurre durante el largo proceso preelectoral, en el que los medios de comunicación afiliados a la propuesta oficialista destacan los logros de la “década ganada” (en alusión a los 10 años de gobierno del presidente Correa) y los visibilizan mediante una profusa publicidad estatal, además de cadenas informativas que se atan a “las sabatinas”, espacio semanal de rendición de cuentas del presidente, donde se reafirma militancia y se cuestiona a la oposición.

En contraposición, las propuestas de las oposiciones circulan construcciones discursivas de ablandamiento del posicionamiento gubernamental y de generación de un ambiente de duda, incertidumbre, temores e indecisión, acudiendo para ello, en complicidad con los grandes medios comerciales, al descrédito del gobierno y su modelo estatista de revolución ciudadana. Para ello se riegan mensajes que sobredimensionan las dificultades vividas y cuestionan las medidas tomadas por la contracción económica producto de la baja del petróleo en el mercado internacional, así como por los efectos de un devastador terremoto. Las oposiciones, que no lograron unirse en un frente común, buscan el posicionamiento de sus candidatos como los paladines de la democracia, de la libertad de expresión y de la iniciativa privada expuesta como la fórmula salvadora frente a la que denominan “década perdida”.

El segundo momento ocurre durante el desarrollo de la campaña electoral, que se caracteriza porque la videopolítica en la que tradicionalmente los periodistas/medios son los actores clave, da paso a una articulación entre la rua y la ciberpolítica caracterizada por el retorno de la política a las calles y su inserción en los mecanismos de las redes sociales, a los que Castells llama “autocomunicación” por su cualidad de autoconvocatoria y su capacidad ilimitada de generarse/recibir mensajes y definir receptores en el ciberespacio, además del “dataísmo” resaltado por Byun Chul Han refiriéndose al almacenamiento/producción/distribución de datos infinitos y en tiempo real que tienen la web y los sistemas de internet, convirtiéndose en fuentes de información para otros medios.

En este proceso, las oposiciones activan las redes sociales con su lenguaje emotivo y autoconvocante que, al no regirse por los cánones del derecho a la información, se otorgan permisividades que no se atan a los códigos deontológicos para trabajar la noticiabilidad, así como para profundizar la desacreditación del gobierno, añadiendo al cuestionamiento que hacen de la política económica, la denuncia de hechos de corrupción valiéndose de prófugos de la justicia para involucrar a funcionarios de gobierno. Es un típico, y eficiente, manejo del recurso de la posverdad, que se ha naturalizado con la guerra sucia para modelar opinión pública con eventos en los que las emociones y creencias valen más que los hechos tal cual realmente son, y logran afectar la credibilidad del binomio oficialista en una dimensión que hace pasar desapercibida la posición del candidato presidencial Lenin Moreno cuando afirma que “ni los corruptos de hoy ni los de ayer”.

Por su parte, la propuesta comunicacional de Alianza País, además de continuar con la publicidad gubernamental, se desempeña, casi exclusivamente, en la relación directa de sus candidatos con los electores en eventos masivos que buscan reencantar a un grupo de población que la saben cuestionada en sus afiliaciones y esperanzas iniciales con la revolución ciudadana, además de consolidar su “voto duro” que representa más del 30% del electorado. Esta opción, tomada acaso por exceso de confianza en las posibilidades de su triunfo o en la eficacia de su campaña, denota un notorio descuido en el manejo de la ciber y de la telepolítica, otorgándole ventaja a las oposiciones. Ambos polos priorizan la exposición de promesas electorales antes que de programas políticos.

El tercer momento ocurre el día del acto eleccionario, las horas que le preceden y las que le siguen en tensa vigilia por los resultados finales de la primera vuelta, con periodistas/medios/encuestadoras/redes ya abiertamente identificados. En su estrategia, las oposiciones suman a sus mensajes de desacreditación los de un supuesto fraude electoral, incitando el calentamiento en las calles con movilizaciones que articulan fines inmediatos de defensa del voto con otros destituyentes. Lo más revelador de esta estrategia es que nunca presentaron denuncia alguna por los canales regulares sobre el supuesto fraude, quedándose en una movida de redes sociales, mediática y de toma de calles, hasta el anuncio del balotaje que las oposiciones celebraron frenéticamente, como si hubieran ganado las elecciones.

La propuesta gubernamental, que también cuestiona la veracidad del recuento de votos, convoca a respetar la institucionalidad democrática y en su discurso destaca su triunfo con una diferencia mayor a un millón de votos en relación al segundo; pone en agenda que logra mayoría en la Asamblea (74 contra 63 de la suma de las oposiciones); y destaca el amplio reconocimiento positivo de su propuesta en la consulta para el impedimento de candidaturas por personas ligadas a paraísos fiscales.

El cuarto y actual momento está relacionado con la segunda vuelta electoral. Las oposiciones, ahora aliadas en sus liderazgos, han internalizado que este proceso es producto de sus movilizaciones y presión sobre el Consejo Nacional Electoral al que desacreditaron en grado extremo, poniendo en tela de juicio su legitimidad como garante para la segunda vuelta. Sobre esta base, en su estrategia suman al acumulado de cuestionamientos al régimen su intención de convertir la votación en un acto plebiscitario entre correístas y anticorreístas, acompañado de un espíritu triunfalista que les hace suponer que el 60% de ecuatorianos votaron contra el oficialismo y buscan el cambio.

Por su parte, la estrategia de Alianza País, que también propugna el cambio con profundización de las conquistas de la revolución ciudadana, pareciera jerarquizar la exposición de su programa de gobierno, desnudando en paralelo el esquema propio de las políticas de ajuste del programa de Lasso, a tono con la línea de otros gobiernos de la región, lo que inevitablemente le pone en el carril de las construcciones discursivas que se hacen desacreditando al contrincante. La fórmula oficialista tiene internalizado que el 70% de ecuatorianos votaron contra Lasso y que, a pesar de las adhesiones de los dirigentes de los distintos frentes a su candidatura, los votos no se endosan mecánicamente.

Otra elección

La segunda vuelta supone otras estrategias y, en consecuencia, otros procesos de comunicación que tienen que tomar en cuenta que el 18% de ausentismo y 9.62% de votos nulos y blancos siguen navegando en la indecisión; que la población buscará ya no solo promesas sino ante todo seguridades; que hay polarización entre un proyecto de cambio regresivo a las fórmulas de ajuste estructural versus otro de profundización de la política estatal vigente; que las militancias están activas; que resta apenas un poco más de treinta intensos días y noches para las elecciones del 2 de abril; que el Consejo Nacional Electoral está en la mira de la desconfianza; que las intervenciones comunicacionales serán multimediáticas y multidiscursivas con periodistas/medios/encuestadoras/redes/analistas ya catalogados en uno u otro polo del campo político; que la composición de la Asamblea hará de su funcionamiento un espacio de debate y negociación permanente; y que los pactos y alianzas son condición sine qua non tanto para las elecciones como para la gobernabilidad, en un nuevo mapa político nacional y continental.

Adalid Contreras Baspineiro

Sociólogo y comunicólogo boliviano. Ha sido Secretario General de la Comunidad Andina - CAN

URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/183811

SÍ PORQUE SI Y NO PORQUE NO: REFERÉNDUM REELECCIONARIO EN BOLIVIA

 Adalid Contreras Baspineiro

ALAI AMLATINA, 11/02/2016.-  Las palabras de cierre de un reciente evento intercontinental hicieron eco de un sentimiento compartido que el coordinador tradujo en esta pregunta: “Si Bolivia está tan mal como se la pinta ¿por qué es el país latinoamericano con mayor crecimiento económico y por qué tiene el ritmo más dinámico de desaceleración de los índices de pobreza y pobreza extrema?”. La pregunta, que sigue rondando en el ambiente, fue provocada por las intervenciones de afines a los grupos de la oposición al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que se desgastaron en descalificativos sobre el gobierno y sobre el referéndum que podría viabilizar una nueva reelección del binomio Evo Morales Ayma – Álvaro García Linera.

Lo cierto es que éste es el ambiente de búsqueda de generación de opinión en el que se desenvuelve el referéndum que se realizará el próximo 21 de febrero en Bolivia, para decidir si el pueblo está o no de acuerdo en modificar el artículo constitucional que podría permitir una nueva repostulación de los actuales gobernantes por un período más entre el 2020 y el 2025.

Re-re-re-elecciones en regla

El tartamudeo que acompasa este subtítulo ha sido generalizado como apelativo peyorativo por la oposición y creativamente asumido por el oficialismo para nominar la consulta popular que el próximo 21 de febrero decidirá si SÍ o NO, don Evo Morales Ayma y don Álvaro García Linera pueden re-candidatearse –sí o no- como Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Una perspectiva de explicación de este proceso de consulta ciudadana es de naturaleza jurídica. El próximo 21 de febrero el pueblo boliviano deberá pronunciarse sobre su acuerdo o desacuerdo en relación a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que establece mandatos de cinco años con reelección por una sola vez de manera continua. Con el resultado de este pronunciamiento se viabilizará o inviabilizará, participativamente, la posibilidad de dos reelecciones sucesivas.

La base jurídica de este proceso es el referéndum para responder con un SÍ o un NO a una pregunta cuya definición siguió este derrotero: el Congreso Nacional propuso una pregunta tras previa consideración de propuestas de distintos sectores; luego esta pregunta sugerida por el Poder Legislativo es trasladada para su revisión en el Tribunal Nacional Electoral; y de allí retorna al Congreso bicamaral para su análisis y aprobación final.

La primera propuesta de pregunta planteada por el Congreso Nacional decía textualmente: "¿Está usted de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua, lo que habilitaría la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025?". La pregunta aprobada y que se basa en la redacción trabajada por el Tribunal Electoral quita la última frase, despersonalizando la alusión a la actual gestión gubernamental. De todas maneras, el Poder Legislativo consideró necesario incluir en las papeletas del referendo, acompañando la pregunta, esta precisión complementaria: "por Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025".

Este proceso previo al referéndum, tiene ya con la definición de la pregunta su propia dinámica de aprobación o desaprobación de su viabilización. Como es obvio suponer, la oposición intentó desactivarlo con apelaciones jurídicas que es necesario mencionarlas. Argumentó que el artículo 411 de la Constitución Política del Estado impone que para su reforma total o de sus bases fundamentales es necesario el mismo procedimiento de su aprobación, es decir una Asamblea Constituyente. Este intento no prosperó porque el mismo artículo 411 señala que las reformas parciales, como acontece en este caso, se viabilizan vía referendo.

En otro intento jurídico por impedir la posibilidad de la habilitación de don Evo Morales Ayma y don Álvaro García Linera a una nueva reelección, los voceros de la oposición argumentaron que la precisión que acompaña a la pregunta del referendo no es una complementación sino una alusión directa a los actuales mandatarios. Y acudiendo al artículo 123 de la Constitución adujeron que la ley no tiene carácter retroactivo por lo que entendían que, en el caso de ganar el SÍ, la posibilidad de una segunda reelección consecutiva era viable de ahora en adelante. Intento que tampoco prosperó, por lo que se considera que el marco jurídico viabiliza sin impedimentos la posibilidad de la re-re-re-elección con el voto ciudadano en referéndum.

La vía es política

El proceso de reelección se origina en la iniciativa de los líderes y bases de la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales para el Cambio (CONALCAM), una poderosa coalición popular conformada por las más representativas organizaciones populares bolivianas, en alianza con una nueva intelectualidad y, en torno a ellos, un nuevo ejército, policía y empresariado, que invitan al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente García Linera considerar la posibilidad de su reelección, con la finalidad de asegurar las conquistas alcanzadas, profundizar el proceso de cambio y garantizar el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 que contiene programas y acciones dirigidos a garantizar la sustitución de la matriz productiva.

CONALCAM constituye un sui géneris sistema de cogobierno y control político-social, representativo del Nuevo Bloque Histórico de Poder que ha trastocado la tradicional estructura semicapitalista de élites de la agroindustria, minería, ganadería, empresariado rentista de Estados prebendales y una burocracia y ejército funcionales a sus intereses. Es un sistema de poder popular que funciona al estilo de lo que Castoriadis denomina “poder antinómico”, porque las organizaciones sociales al mismo tiempo que trabajan en la construcción de hegemonía con el instrumento político, el Movimiento al Socialismo (MAS), buscan en paralelo la autodeterminación propia de las organizaciones que la componen. En este esquema, donde CONALCAM no es una construcción gubernamental sino una estructura de legitimación de las organizaciones y movimientos sociales con cuyas luchas y reivindicaciones se conquista el poder, cobra sentido el modelo de gestión del presidente Evo Morales, de “mandar obedeciendo”.

Luego de diversas consultas, análisis de alternativas y adhesiones múltiples a la invitación planteada por la CONALCAM, Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera deciden aceptar la invitación condicionando la realización de una consulta nacional para que sea el pueblo boliviano quién decida y legitime la posibilidad de su segunda reelección contínua desde la creación del Estado Plurinacional. Adicionalmente solicitan, en retribución complementaria y siguiendo la tradición de políticas públicas que generan acumulados históricos en el desafío de la sociedad del Vivir Bien, el acompañamiento ciudadano al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, hito que celebra el bicentenario de la primera independencia nacional y, lo afirman así, el inicio de la definitiva liberación económica.

El proceso descrito encamina el referéndum en su arista política, que como es natural en estos casos polariza dos posiciones: la del SÍ y la del NO, sin posibilidades intermedias porque aun existiendo se diluyen sin matices ni analgésicos. En el voto por el SÍ se reflejarán dos aspiraciones: por una parte el reconocimiento a la gestión de gobierno y al liderazgo del presidente y vicepresidente; y de otra parte o en forma combinada, sentimientos de temor por un posible retorno de los modelos que sumieron al país en la miseria. En tanto en el NO conviven una variedad de posiciones como el cuestionamiento de algunos sectores al régimen gobernante esperando abrir las compuertas para retornar a sus situaciones de privilegios elitistas; otras posturas expresarán desencantos ya sea con la gobernabilidad o la gobernanza masistas; y no faltarán aspiraciones por generar vasos comunicantes para profundizar el proceso de cambio, reconduciéndolo.

La “mememización” del referéndum

Situaciones como éstas, colocadas en el campo político, constituyen oportunidades históricas para direccionar análisis, campañas y enfoques de fundamentación del SÍ o del NO en el tratamiento de temas estructurales como la realidad-real y futuro-real del país, o en mecanismos propios del juego democrático como la alternancia en el ejercicio del poder.

Pero en el balance del proceso pre-referéndum podemos afirmar que ni los análisis sobre el poder, ni sobre el país ni sobre la alternancia, han logrado sobreponerse a la banalización del proceso en un escenario que se ha convertido en el remolino de los descalificativos con despliegues mediáticos, especialmente por redes sociales y en lenguaje de Facebook, Instagram o Twitter, que exaltan las formas y minimizan los contenidos con grandes dosis de ironía y de creatividad, obviamente sin límites en la ética. Los memes imponen su estilo no solo en las redes sociales y las plataformas virtuales sino que también lo contagian en los artículos de prensa, en las declaraciones, en las exposiciones visuales y en las entrevistas, secundarizando los esfuerzos de algunos analistas de uno y otro bando, por fundamentar sus puntos de vista. Los “factores de opinión” tienen que competir no sólo con sus opuestos, sino también comunicacionalmente con las empatías o antipatías que provocan los memes que parecen no tener fin en las cadenas de aligeramiento de la política de descalificación sin argumentación.

De este modo, un proceso que podría haberse diseñado para repensar Bolivia, se reduce a un juego de posiciones que si bien desperezan de su angurria el criterio de la alternancia, su consideración se reduce a justificar desde el lado oficial que es una práctica de largo cuño en países del denominado “primer mundo” y en la propia historia latinoamericana-caribeña, y que se sataniza en las concepciones contemporáneas de la democracia representativa. Por su parte, la oposición convierte el mecanismo de la alternancia en su “caballito de Troya” del que descuelgan una sarta inacabable de imágenes y epítetos como el autoritarismo, la angurria de poder y la  autocracia para pretender descalificar la gestión de los actuales mandatarios bolivianos, en no pocos casos aludiendo situaciones personales.

Por qué SI y por qué NO

En los últimos 10 años de la historia de Bolivia se han celebrado tres elecciones nacionales que se caracterizan, entre otros factores, por una altísima participación ciudadana que en su última versión logra más del 90% del ejercicio cívico por su derecho al voto. Estos procesos electorales se caracterizan también por la evidente preferencia nacional por el gobierno de Evo Morales Ayma. En efecto, el año 2006 el Movimiento al Socialismo (MAS) con un contundente 54% de preferencia en primera ronda rompe una tradición de triunfos electorales en procesos anteriores que no pasaban del 30% y que se definían en votos pactados por una “megacoalición” de partidos conservadores en el Congreso. El año 2011 el MAS inicia su segundo mandato después de un triunfo con el 64%, que tiene que interrumpir por la creación del Estado Plurinacional con una nueva Constitución que condiciona nuevas elecciones que las vuelve a ganar con el 62% de preferencia, para iniciar oficialmente un segundo período el año 2015. De aceptarse su presentación a una nueva reelección después de la creación del Estado Plurinacional, ésta ocurriría en el 2019, para un mandato posible entre los años 2020 y 2025.

A diferencia de estos procesos electorales nacionales, las experiencias contemporáneas de las elecciones municipales y prefecturales, así como la autoconsulta sobre la constitución de territorios indígenas, muestran resultados menos favorables para el Movimiento al Socialismo (MAS). Los resultados de estas experiencias han llevado a considerar, desde una perspectiva, que existe un desgaste en el gobierno; desde otra mirada que la preferencia no es por el gobierno ni los líderes locales sino por Evo Morales; u otras visiones que creen que partidos y movimientos de la oposición se están afianzando. Como fuera, estos son procesos que inyectan optimismo en los propulsores del NO es N.O. y medidas de cuidado en los gestores del SÍ es S.I.

La preferencia por Evo Morales se basa en el reconocimiento de los cambios producidos en su gobierno, de los cuales podemos destacar un inédito y sostenido crecimiento económico aún en contexto de crisis mundial con un promedio que bordea el 5.1% y que se coloca entre los más altos del continente. Son destacables también la reducción de la extrema pobreza de un 38,2% el año 2005 a un 17,3% en el 2014; la reducción de la desigualdad entre el año 2005 en que el 10% más rico ganaba 128 veces más que el 10% más pobre a 39 veces el año 2014; también el salario mínimo sube de 440 pesos bolivianos el 2005 a 1656 el 2015, con lo que se mejora el poder adquisitivo de la población.

Si bien estos datos comparan el presente con un pasado crítico reciente, en los imaginarios de la población estas comparaciones empiezan a formularse con otros parámetros donde los indicadores se comparan ya no en tiempo pretérito sino con las crecientes expectativas en la calidad de vida e inclusión de la ciudadanía. Por ello una posible reelección no puede basarse sólo en lo hecho sino en las proyecciones del proceso. Y aquí cobra sentido el Plan Patriótico 2025, propuesto por el gobierno del MAS y que se basa en la realización de 13 pilares fundamentales “para levantar una nueva sociedad y estado más incluyente más participativo, más democrático sin discriminación sin racismo sin odios sin división como manda la Constitución Política del Estado”: 1) erradicar totalmente la pobreza extrema; 2) socialización y universalización de los servicios básicos; 3) acceso a la salud, educación y deporte para formar seres humanos integrales; 4) soberanía científica y tecnológica con identidad propia; 5) soberanía comunitaria financiera; 6) soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral; 7) soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; 8) soberanía alimentaria a través del saber alimentarse para vivir bien; 9) soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra; 10) integración complementaria de los pueblos con soberanía; 11) soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo (ama sua, ama llulla y ama qilla); 12) disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y nuestros sueños; y 13) reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro Mar.

La razón más recurrente que maneja la oposición para justificar el voto por el NO radica en la descalificación del gobierno por los malos manejos y presunta corrupción en el Fondo Indígena ligado a organizaciones que forman la base del poder popular que cogobierna con el MAS, y que los mismos gobernantes consideraban como el último bastión de dignidad. Este tema es recientemente agravado por la denuncia de un posible tráfico de influencias para la adjudicación de contratos a la empresa de una ex pareja del presidente. También se arguye que el discurso ambientalista del Vivir Bien está en contradicción con acciones del gobierno, como la construcción de una carretera en el territorio protegido TIPNIS. Se sostiene asimismo que la construcción del poder hegemónico sería una forma de autoritarismo centralista que fragiliza la institucionalidad estatal y la inclusión. Y se ha afirmado que en un contexto de bonanza económica se podrían haber acelerado los cambios sin necesidad de arrastres desarrollistas.

Un camino sinuoso

La reelección es sin duda un ejercicio arriesgado que don Evo Morales Ayma y don Álvaro García Linera deciden encarar, a sabiendas que el referéndum profundiza el ejercicio democrático en la medida que la decisión recae sobre la responsabilidad del pueblo boliviano. No es exagerado afirmar que éste resulta el proceso electoral más complejo para el Movimiento al Socialismo (MAS)

Esto, entre otras razones, porque es un proceso que le concede a la oposición una privilegiada posibilidad de articulación que no le fue posible en anteriores elecciones nacionales o locales (ni le sería posible a futuro) porque las coincidencias entre los sectores de la derecha el centro y la izquierda, no se visibilizaban usualmente sino con rubor ideológico y timidez programática. Sin embargo ahora, al no existir trabas de tabúes para encontrarse en una decisión en la que no están obligados a exponer propuestas, gozan de la posibilidad de aunar esfuerzos para justificar el NO sólo en la desacreditación acudiendo a neologismos como el autoritarismo, prorroguismo, exaltación del liderazgo personalizado u otras atribuciones que se suelen hacer a los mandatos de largo aliento en nuestro continente. Y en efecto es lo que se está haciendo.

Por eso pierden peso argumentos objetivamente ciertos como que en el referéndum no se vota por ningún candidato sino por la decisión de SÍ o NO cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Argumento que en un ambiente de descalificación política convierte en paradoja el refugio del voto en una argumentación jurídica, mostrándose como argumento para impedir que el oficialismo desarrolle su campaña resaltando su gestión y propuestas de futuro.

La oposición sabe que la posibilidad de una segunda oportunidad para impedir la reelección es menos clara que ésta, puesto que en el caso de una victoria oficialista en el referéndum, tendría que proyectar sus candidatos en las elecciones presidenciales de finales de 2019 afrontando un doble problema: el de construir programas más viables y convincentes que el del MAS; y pretender la unidad con discrepancias internas tanto de concepciones de sociedad como de liderazgos.

De todas maneras median cuatro años en los que Morales Ayma y García Linera desplegarán esfuerzos para consolidar las conquistas de la revolución cultural en democracia, bajando por ejemplo el índice de pobreza a un dígito, o generalizando el acceso al hábitat, como es su propósito. Y aunque no se lo dice, para el 2019, en un nuevo ejercicio de decisión interna, el MAS tendrá que haber decidido si Morales Ayma y García Linera serán sus candidatos, o no.

La complejidad del referéndum en la apuesta del binomio gubernamental se enfrenta a otro tema que puede decidir el curso de los resultados. Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera tienen ya 9 años de vida en el poder. En este tiempo ha surgido una nueva generación de votantes: los jóvenes de 18 y de 20 años que antes de la asunción de Evo al poder tenían entre 8 y 12 años y por ello no tienen la vivencia ni de las dictaduras militares que conculcaron todos los derechos ni la de los gobiernos neoliberales que en el pasado cercano desmantelaron el Estado. Para los jóvenes votantes de ahora su única referencia de gobierno es el binomio Evo – Álvaro por lo que sus expectativas se mueven únicamente en un balance de su gestión y de las empatías que guardan con sus aspiraciones, sus seguridades, sus racionalidades y sus ilusiones, cada vez más propias de un mundo interconectado, tecnificado, interculturalizado y profesionalizado y de una Bolivia con proyecciones desde los bordes hasta el eje de decisiones en el mundo.

El contexto del referéndum boliviano no se desmarca del continental que recientemente ha alimentado las ilusiones de cambio en las oscilaciones del péndulo con inclinación hacia la derecha. La victoria parlamentaria en Venezuela y el triunfo electoral de Macri en la Argentina han puesto en el tapete el eslogan de la “unidad de todos sin colores ni banderas”, como la varita mágica capaz de cambiar el rumbo de la historia. Analistas políticos, líderes de partidos y periodistas se ocupan de ensalzar la idea de la unidad por encima de las ideologías con un pragmatismo que no tiene proyecciones porque sus aspiraciones se acaban en los límites de los procesos electorales.

Este proceso no le es ajeno al referéndum boliviano, donde la opción por el NO, a diferencia de lo que pregonan los que la sustentan no es sólo un acuerdo por impedir la reelección de Evo y Álvaro, sino una puerta de apertura a la historia regresiva de la privatización. Lo que está sucediendo en la Argentina con la conculcación de las conquistas ciudadanas institucionalizadas en políticas de Estado, que ahora se devuelven a la historia de la larga noche neoliberal, deben poner nerviosos a los gestores del NO, porque procesos ejemplificadores como éstos, lejos de perjudicar favorecen las pretensiones de reelección del binomio Morales Ayma – García Linera, en un país donde muy pocos sienten nostalgia por los años de la privatización y el ajuste estructural, y menos aún deben ser quienes apuestan por un retroceso a la historia que sumió Bolivia en su crisis económica y de participación social más extrema.

Como se verá, el proceso de reelección es un ejercicio complejo en el que la carta de presentación del gobierno del MAS es su gestión de gobierno calificada como una de las más emblemáticas de la historia boliviana; y en la vereda del frente, los grupos promotores del NO han arrastrado las campañas en un contradictorio escenario de búsqueda de argumentaciones y predominantes enjambres cibernéticos de desacreditación y banalización de los actuales gobernantes.

Quito, 10 de febrero de 2016

- Adalid Contreras Baspineiro, académico boliviano, fue Secretario General de la Comunidad Andina – CAN.

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