El colapso del régimen fujimorista puso al
descubierto la forma como estaba involucrada en el “narcotráfico” la cúpula
político militar y empresarial del país y el tráfico de influencias en el poder
judicial, la policía antidrogas y el Congreso.
12/07/2021
“No sólo
hay que izar las banderas de la lucha contra el analfabetismo y la injusticia
social y económica, así como por la tecnificación del aparato estatal, sino
también denunciar con entereza y claridad la corrupción de los malos
funcionarios públicos, cualquiera que sea su nivel, así como la incompetencia
excesiva de las burocracias de las empresas estatales y otros organismos. La
pelea contra el delito de enriquecimiento ilícito requiere que aparezca al
servicio de ella una legislación rápida y de ejemplar eficacia, comisiones
permanentes de investigación, facilidades para la legítima denuncia popular,
aplicación de un sistema de jurados respetables que emitan fallos de conciencia
con sanciones para la difamación”. (Jorge Basadre, “Algunas reconsideraciones
cuarentaisiete años después”; noviembre 1978; pp.409-410).
En la coyuntura electoral peruana del 2021, que ha
encumbrado al profesor Pedro Castillo como Presidente de la República y que
asumirá el cargo el 28 de julio - aunque continua la pataleta perdedora de la
Señora K y sus aliados a nivel nacional e internacional -, un personaje central
en apoyo a estos sectores fascistas, ha sido el delincuente Vladimiro
Montesinos Torres, preso en la Base Naval del Callao desde el año 2001,
donde purga 25 años de cárcel. Este delincuente, operador de inteligencia
ligado a la CIA desde los setentas y experto en “guerras asimétricas, fue
condenado por ladrón y asesino, pero nunca por tráfico de drogas. Lo mismo en
el caso del reo Alberto Fujimori quien tampoco ha sido condenado por traficante
de drogas, sino “solo” por ladrón y asesino,
Como hemos informado en un artículo reciente,
Montesinos conoce bien en qué consiste este tipo de guerra[1], habiendo tenido la osadía de escribir
tres libros al respeto desde la Base Naval del Callao, sin que los marinos
carceleros le dijeran nada. Uno en el 2006 (Peón de Ajedrez: La Guerra
Asimétrica Cubano-Venezolana y sus Implicancias en las Elecciones Peruanas[2]), otro ese mismo año (Ídolos de barro:
los demonios de la guerra asimétrica) y un tercero en el 2008 (Redes
y coaliciones terroristas guerra sin rostro: Amenaza a la seguridad continental[3]). Pero ha seguido escribiendo otros
libros más[4] y se ha pronunciado sobre la situación
política nacional … sin que nadie le diga nada[5]. Ver su sitio en Facebook en el que opina
sobre la masacre de 16 personas del 23 de mayo 2021 en el VRAEM, su apoyo a la
candidatura de Keiko Fujimori y sus críticas al Servicio de Inteligencia
Nacional, por no hablar de su más reciente incursión política asesorando a la
Señora K[6], lo que ha motivado que el Ministerio de
Defensa ordene a la Fiscalía que se inicie una investigación al respecto.
El Ministerio Público, en el nuevo gobierno del
profesor Pedro Castillo, debería reabrir estos casos de narcotráfico,
incluyendo a la Señora K y su hermano Kenyi, así como desarrollar una política
clara y transparente de lucha frontal contra todo tipo de delitos y tráficos
ilícitos. No debería existir “Razones de Estado” o conveniencias políticas
respecto a esta lucha frontal. No creemos que los “Estados defienden intereses
y no principios”, como versión renovada de Maquiavelo en donde “el fin
justifica los medios”: debemos estar en contra de cualquier medio vedado por la
Ética Humana, para conseguir un fin.
Relaciones non sanctas de los EEUU[7]
Uno de los más abiertos cuestionamientos de la
política norteamericana surge de las evidencias sobre las curiosas relaciones
de varios gobiernos de los Estados Unidos con Estados, gobiernos y con
encumbrados personajes de esferas gubernamentales latinoamericanas relacionados
con el “narcotráfico”, ilustradas un tanto tímidamente por la película
“Tráfico”. Las alianzas tejidas en el Perú entre el gobierno de EEUU y
Fujimori, con su asesor Vladimiro Montesinos, quien aparecía como aliado
importante en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y en sus operaciones
asociadas al Plan Colombia.
Tan era así que en vano el Gobierno de EEUU
extendió certificados oficiales de buena conducta al Perú y el Zar Anti Drogas
Barry MacCaffrey de ese país no vaciló en reunirse con Vladimiro Montesinos con
ocasión de un par de visitas que hizo en 1996 y en 1999. Resulta
revelador el reportaje en primera plana del “Washington Post” titulado “Allies
in Drug War in Disgrace” de Anthony Faiola en mayo del 2001, que recoge los
testimonios de Generales hoy encarcelados, sobre la sólida alianza establecida
con EEUU. El General Juan Miguel del Águila, quien se desempeñaba como jefe de
seguridad de la Policía Nacional en época de Fujimori manifestó que “Estados
Unidos es nuestro socio en todos los aspectos, dándonos inteligencia,
entrenamiento, equipos y trabaja estrechamente con nosotros en este campo”.
Hoy este general se encuentra preso por haber planeado un atentado terrorista
que causó varias muertes y que el Gobierno intentó atribuir a la oposición.
El rol de Montesinos y los EEUU
Las influencias y el atrevimiento de Montesinos
llegaban lejos. En uno de los vídeos filmados por el Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) está grabado el diálogo entre este y el empresario de medios de
comunicación Genaro Delgado Parker. Montesinos le propone fundar una ONG
internacional especializada en temas de “narcotráfico” y desarrollo
alternativo. Asimismo, le sugiere aprovechar sus contactos empresariales y su
prestigio de hombre de prensa para abrir una sede en Estados Unidos, señalando
que a través de sus buenos contactos con altos personajes del gobierno
norteamericano podría ver la forma de conseguir financiamiento y, de ese modo,
negociar juntos.
Frente a las crecientes críticas de corrupción,
autoritarismo y la anti constitucional imposición de su segunda reelección por
parte de amplios sectores del congreso norteamericano, Fujimori buscó
congraciarse con los sectores duros de Washington. En febrero de 1999, a
raíz de una visita a esa capital, lanzó diversas declaraciones públicas contra
la política de diálogo con la guerrilla del presidente Pastrana y planteó una
iniciativa de los países de la región para resolver el problema mediante una
fuerza de intervención multilateral.
De regreso de Washington, Fujimori convocó al
Consejo de Defensa Nacional y ordenó el desplazamiento de tropas y la apertura
de nuevos puestos de control a orillas del Río Putumayo en la frontera con
Colombia. Obviamente, una fuerza pequeña no podía controlar una frontera tan
vasta, pero estaba implícito el mensaje a Colombia de poner orden en casa si no
quería correr el riesgo de una intervención externa. El mensaje iba orientado
al Pentágono y a la CIA en Washington en el sentido de que contaban un aliado
para los planes intervencionistas que venía barajando.
Montesinos fue aliado de Estados Unidos en el
aprovisionamiento de armas a las fuerzas paramilitares en Colombia, pero en
algún momento decidió tener su propio juego. Los servicios de inteligencia
norteamericanos detectaron una operación de transporte de armas de Jordania a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) montada por Montesinos y
sus allegados en el Perú. Descubierto en este empeño, en una conferencia
conjunta con Fujimori, Montesinos trató de culpar al personal subalterno de
haber efectuado el operativo falsificando las firmas de los comandantes de las
Fuerzas Armadas.
El asalto de la narco-mafia fujimontesinista
Las investigaciones del entonces Congreso de la
República de 2001 a 2003, permitieron esclarecer millonarias transacciones de
compras de armamento ruso de dudosa calidad por las cuales Montesinos y la
cúpula militar habían recibido jugosas comisiones. El presidente de la comisión
investigadora del Congreso estimó en mayo del 2001 que los fondos acumulados
por Montesinos y su banda podían estimarse en US$ 1,000 millones. Se sospechaba
además que parte de las operaciones de compra de armas fueron costeadas
mediante envíos de drogas a las mafias rusas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas para
la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA)[8], uno de los orígenes de la corrupción, su
alimentación y proliferación posterior fue el tráfico de drogas con fines
ilícitos. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría del Estado, la
corrupción sistémica construida y ejecutada en 1990-2000, se ejerció desde lo
más alto del poder ejecutivo a través de la mafia gobernante integrada por los
cabecillas Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa, con el
correspondiente apoyo operativo (Roberto Huamán y Manuel Aibar), administrativo
(Maruja Ramos y tres personas no identificadas) y de asesoría (Merino y
Huertas). Esta red incluyó los poderes electorales (Rómulo Muñoz Arce y Alipio
Montes de Oca), Judicial (Alejandro Rodríguez Medrano y Blanca Colán), Político
(Víctor Joy Way, José Francisco Crousillat y Oscar Medelius),
empresarial/financiero (Alberto Venero, Juan Valencia y, probablemente,
Dionisio Romero del Banco de Crédito y Eugenio Bertini del Banco Wiese
Sudameris) y militar (José Villanueva EP, Antonio Ibárcena AP, Elesván Bello
FAP, Fernando Rodríguez Z. y Eduardo Bellido Mora EP).
Las principales fuentes de financiamiento de esta
red criminal, que se estimaba en US$ 264 millones y se orientaron al lucro
personal de los cabecillas y sus cómplices, fueron para comisiones ilegales;
extorsiones; operaciones financieras y comerciales; afectaciones del tesoro
público; y, tráfico ilícito de drogas. Estos dineros, fueron ubicados en
decenas de cuentas corrientes y de ahorros en bancos de Suiza, Luxemburgo,
Estados Unidos, Gran Caymán, México, Bolivia, Panamá y Bahamas, pero sólo se ha
logrado bloquear US$ 166.7 millones de este total, principalmente en la plaza
Suiza.
Las fuentes de fondos para el beneficio de la
organización criminal por un monto aproximado de US$ 4 millones mensuales
usados en los dos últimos años de la dictadura, fueron: fondos de las FFAA y la
PNP; aportes eventuales de colaboradores; y, presupuesto reservado del SIN.
Estos fondos constituían una “caja” de gastos operativos destinados a
financiar: magistrados, medios televisivos, diarios “chicha”, tránsfugas,
colaboradores y campañas políticas. Sólo en las cuentas directas o ligadas a
Montesinos se ha ubicado US$ 165.5 millones. Pero es difícil estimar cuánto de
este dinero provino de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de
drogas.
Conclusiones de las comisiones investigadoras
Las principales conclusiones a las que arribó el
Equipo Técnico de la Comisión Congresal[9], crudamente expuestas, pero no discutidas
ni aprobadas por los Congresistas fueron las siguientes:
1. Durante la década de los 90, bajo
la responsabilidad de Alberto Fujimori Fujimori (AFF), Vladimiro Montesinos
Torres (VMT) y Nicolás Hermoza Ríos (NHR), se conformó progresivamente, gracias
al manejo de hilos importantes del poder ejecutivo, militar/policial,
inteligencia, legislativo, judicial, político/electoral, mediático, económico y
social, una red organizada de relaciones para delinquir (RORD) en delitos de
tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
2. Esta red tuvo antecedentes desde
1988-89 y pasó por varias etapas. Propusimos la siguiente periodización:
construcción en 1990-92, consolidación en 1993-95, eliminación de competidores
en 1995-97, operación plena en 1997-99 y crisis organizativa en 1999-2000.
3. Esta RORD comenzó a establecerse
realmente con la fuerza del poder oficial, desde la promulgación de decretos de
urgencia (noviembre de 1991) expedidos por las facultades extraordinarias que
solicitó Fujimori (mayo de 1991), destacando el dispositivo (DL 643) que
constituyó el Sistema de Defensa Nacional (SDN), unificó el Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN), conformó el Comando del Frente Interno (COFI) y
dispuso el ingreso de las FFAA en el combate al TID (DS 137-91), tarea que
anteriormente le correspondía a la Policía Nacional del Perú (PNP).
4. La red se consolidó con el
narcogolpe del 5 de abril de 1992[10], comprometiendo en el delito de TID a
personajes importantes de los diversos poderes, sin que hubiera una
fiscalización del Congreso ni acciones policiales y judiciales que lo evitaran.
5. El Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) realmente dirigido desde 1991 por Montesinos, aunque
virtualmente por un oficial de la FFAA - Gral. EP Julio Salazar Monroe en
1990-97 y Contlmte. AP Humberto Rozas Bonucelli en 1997-2000 -, tuvo un rol
importante en la conformación de la RORD a delitos de TID.
6. Montesinos era proveído de
información privilegiada por parte de las instituciones encargadas de la lucha
contra las drogas, como la Dirección Nacional de Inteligencia de Narcóticos
(DININ-SIN), la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO-PNP), la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD-Minint) y la Comisión Nacional de Lucha
Contra el Consumo de Drogas (Contradrogas), cuyos jefes, directores,
principales funcionarios y asesores fueron nombrados entre los más cercanos colaboradores
de Montesinos y del SIN.
7. Las instituciones gubernamentales
antidrogas creadas durante los noventa desde el SIN y el Congreso de la
República y los dispositivos legales promulgados para supuestamente combatir el
TID, fueron modificadas con instancias orgánicas y legislaciones diversas que,
en general, resultaban dispersas, contradictorias, confusas y competitivas,
favoreciendo de esta forma la proliferación del TID y por ende el
fortalecimiento de la RORD. La creación y conformación de salas especializadas
en juzgar delitos de TID permitió que la RORD tuviera el control de los
procesos iniciados o en curso con la finalidad de manipularlos a favor de los
procesados, para su neutralización y/o posterior incorporación como
colaboradores de la RORD.
Hipótesis no investigadas
Durante la investigación de la Comisión en la que
participé y de las anteriores se han recogido testimonios e indicios que
ameritan ser investigadas en base a las siguientes hipótesis que al presente no
se ha tenido suficientes indicios para su demostración:
1. Existió articulación entre la
RORD para el TID y exponentes de los principales grupos económicos de poder en
el Perú, particularmente en los sub sectores de banca y finanzas, comercio y
servicios, actividades inmobiliarias, transportes (aéreo, terrestre y marítimo)
y medios de comunicación.
2. La utilización de una parte de
los fondos de la cooperación internacional para la lucha antidrogas en los
aspectos de interdicción, inteligencia, erradicación y desarrollo alternativo,
fueron funcionales al TID y la corrupción desde el poder, realizándose cabildeo
nacional e internacional para presentar éxitos virtuales en esta lucha.
3. Hubo articulación y apoyo mutuo
entre el TID y la violencia política y terrorista que impulsaron Sendero
Luminoso y el MRTA, así como en relación con la respuesta del Estado y las
organizaciones de autodefensa (rondas campesinas).
4. Hubo indiferencia y complicidad
de la sociedad civil frente al problema del TID y la corrupción aparejada a
esta actividad bajo supuestos beneficios económicos, financieros y sociales de
esta actividad en comparación con otras.
5. Contrariamente a las
informaciones oficiales, la evolución de la extensión de cultivos de coca con
fines ilícitos y tradicionales, tuvo un comportamiento errático en los 90
(incremento en 1990-93, disminución en 1994-97 e incremento en 1998-2000),
concordante con los precios de la coca y derivados (incremento en 1990-94,
desplome en 1995-97 y subida en 1998-2000).
6. La política de erradicación
forzosa de cultivos de coca en 1996-2000 (en 1989-95 estuvo suspendida por
razones de seguridad), provocó el traslado, la dispersión y la fronterización
de los cultivos, lo que agravó la situación socio-económica de las comunidades
afectadas, puso trabas al desarrollo alternativo y provocó mayores niveles de
inseguridad y rebrote focalizado del terrorismo.
7. Hubo una política
policial-interdictiva que provocó cuantiosa incautación de drogas y bienes de
traficantes, pero fue más virtual que real, afectando a bandas y firmas
competitivas de la RORD, sobre todo en 1995-2000, cuando comenzó a fabricar y
exportar drogas bajo protección “oficial” y felicitación internacional con
“certificación” positiva de 1995 en adelante.
8. Hubo una política policial-penal
que al aplicarse detuvo significativa cantidad de traqueteros, micro
comercializadores, traficantes y dueños de bandas y firmas que, en resumidas
cuentas, competían con la RORD y cuyas detenciones servían para encubrir la
existencia de operadores de TID más eficientes y seguros.
Conclusiones
Los archivos de las Comisiones investigadoras están
disponibles en el Centro de Investigaciones del Congreso de la República y por
lo tanto se recomienda leer y sistematizar estos materiales en base a la
profundización de las conclusiones y la comprobación de las hipótesis no
comprobadas. Se debe promover la creación de una instancia nacional estatal y/o
privada de alto nivel técnico, con criterio de investigación y análisis
independiente, que continúe las investigaciones y haga las recomendaciones a
las instancias gubernamentales encargadas de combatir el TID y delitos
asociados[11]. Se debe promover cooperación, asistencia
mutua y coordinación inter-institucional en procesos investigatorios y
convenios inter-estatales para la investigación, persecución y eliminación de
bandas internacionales de traficantes.
La política de drogas es de primera importancia
para el nuevo Gobierno que se instala el 28 de julio del 2021 debido a cinco
razones: 1) Es un elemento gravitante de las relaciones del Perú con EEUU y el
sistema interamericano y, por lo tanto, de la política exterior a ser
desarrollada en los próximos años. 2) Puede ser un tema importante en las
relaciones de cooperación y equilibrios estratégicos de Europa, Canadá, Rusia y
China con nuestro país. 3) Los errores y limitaciones de las políticas a
implementar, en caso no se corrijan las anteriores, colaborarían con la inseguridad
en las zonas de selva alta en las que puede rebrotar el terrorismo – más de lo
que ya está en el VRAEM -, la violencia social, la delincuencia y el sicariato.
4) La continuación de las actividades de cultivo y producción de coca y la
obtención de sus derivados, provoca serios problemas a la ecología y medio
ambiente de la región andino-amazónica. 5) La proliferación de la producción,
tráfico y consumo de drogas alimenta el sistema de corrupción que se desarrolló
durante el régimen mafioso 1990-2000 y que, lamentablemente, aún continúa en el
2021.
Todas estas facetas y actividades se desarrollaron
en el Perú, casi sin excepción durante la década de los noventa, a niveles
nunca vistos con anterioridad en lo referente a su extensión y profundidad en
el ámbito de la Sociedad y el Estado, involucrando a sus principales
instituciones y los más connotados representantes públicos y privados,
funcionarios y líderes políticos. El estrepitoso colapso del régimen
fujimorista puso al descubierto la forma como estaba involucrada en el
“narcotráfico” la cúpula político militar y empresarial del país y puso en
evidencia también el tráfico de influencias sobre temas de drogas en el poder
judicial, la policía antidrogas y el Congreso. Todo ello puso en entredicho al
Gobierno de los EEUU, que había respaldado a la dupla Montesinos/Fujimori
considerándolos aliados claves en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas,
así como en la implementación del Plan Colombia.
Lima, 11 de julio 2021
- Hugo Cabieses Cubas es economista, de la
Universidad del Pacífico. Director secretario del Foro Peruano de Relaciones
Internacionales, investigador del Centro de Investigación Drogas y Derechos
Humanos, del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica, activista del
Foro Social Pan Amazónico y consultor asociado del Transnational Institute de
Ámsterdam. Ex asesor parlamentario (2016-2019), ex Viceministro de Ministerio
del Ambiente MINAM (2011) y ex asesor parlamentario 2016-2019. Militante
socialista.
[1] Ver mi artículo “Perú: con "despacitud
y calmancia" porque el golpe no avisa” en: https://www.alainet.org/es/articulo/212733.
[2] Ver:
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/baixardoc.com-peon-de-ajedrez-vladimiro-mont.pdf.
[3] Ver: http://estudiovaldivia.com/libros/guerrasinrostro.pdf.
[4] Ver: http://librosvirtualesvladimiromontesinos.blogspot.com/.
[5] Ver: https://www.facebook.com/100014605564457/posts/1181388659024642/?d=n&s=09
[6] Ver: IDL-Reporteros; “Las seis
sorpresas del “Doc”; en: https://www.idl-reporteros.pe/las-seis-sorpresas-del-doc/
[7] Ver mi texto no publicado
“Wikileaks, “narcotráfico” y la agenda electoral hipócrita en el Perú” (Lima,
enero del 2011). Asimismo, ver: Mariano Valderrama & Hugo Cabieses;
"Questionable Alliances in the War on Drugs: Peru and the United
Status" (Menno Vellinga; University Press of Florida; 2004);
"Corrupción asociada al tráfico ilícito de drogas en el Perú: hipótesis y
propuestas para investigar" (Ámsterdam, 24 de mayo 2004).
[8] Ver mi informe “Corrupción
asociada al tráfico ilícito de drogas en el Perú, cooperación internacional y
cabildeo político en la política antidrogas”, GTT-INA, 10 de julio 2001.
[9] Ver: Comisión Investigadora de
los casos de corrupción de la década 1990-2000; "Corrupción y mafia en el
poder en asuntos de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Dinero 1990-2000”;
Lima, 2003; https://www4.congreso.gob.pe/historico/ciccor/infofinal/narcotrafico.pdf.
[10] Ver mi temprana declaración al
respecto en: Hugo Cabieses; “En el Perú, el narcotráfico lo dirigieron desde el
Palacio de Gobierno”; La Revista de El Espectador, Bogotá Colombia, 1ro de
julio 2001.
[11] Ver: Juan Belikow; “Retos y
desafíos en seguridad para la región suramericana: los 100 problemas de
seguridad que potencia la pandemia del COVID-19” en: CAEN Nro 5; Lima,
2020; https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1224823/REVISTA_CAEN_N_5.pdf
https://www.alainet.org/es/articulo/213032
