LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL ES UNA TRAMPA

 

Por werken rojo

9 noviembre, 2020

 

por Celso Calfullan

El acuerdo al que llegaron Chile Vamos, la ex Concertación y el Frente Amplio desde un principio fue elaborado como una trampa para que el pueblo no pueda realmente participar y solo lo pueda hacer formalmente.

Toda la casta política quería frenar la posibilidad que los que salieron a las calles durante la revuelta popular pudieran llevar a cabo los cambios que requiere este país. En lo primero que pensaron para ponerse de acuerdo fue precisamente en cuál era la mejor forma para frenar las demandas que tiene el pueblo.

Uno de los principales puntos del acuerdo fue que todas las normas deben ser aprobadas por dos tercios de los integrantes de la Convención Constitucional, en lo concreto esto significa que un tercio de los integrantes tiene derecho a veto, este poder de veto fue entregado conscientemente a la derecha pinochetista, por parte de los partidos de la ex Concertación y el Frente Amplio, esto no fue un error o una ingenuidad por parte de estos partidos, sino que lo realizaron conscientemente.

Esto nos demuestra que tanto la ex Concertación, como el Frente Amplio no tienen la menor intención de realizar los cambios que el pueblo está exigiendo en todo este último año y por eso acordaron el quorum de los dos tercios, para luego usar esto como excusa para no realizar los cambios, el quorum de los dos tercios es completamente antidemocrático por donde se lo mire. Por otro lado ni siquiera pueden decir que fueron presionados o usar el tema del temor a la dictadura, como lo hicieron a fines de los años ochenta.

La Convención Constitucional no cumple las reglas básicas de la democracia como ellos mismos la definen, donde supuestamente la mayoría define los cambios que se requieren en esta sociedad.

Esto nos viene a confirmar una vez más el carácter poco democrático que tenemos en Chile, desde la dictadura hasta nuestros días, donde la derecha siempre ha tenido derecho a veto con apenas un tercio de los votos y que nos ha llevado a las situación de crisis que tenemos ahora, porque realmente las mayorías nunca han sido tomadas en cuenta en los últimos 30 años.

Por esto mismo es fundamental seguir denunciando la trampa llamada Convención Constitucional por antidemocrática y porque será poco representativa de los anhelos que tienen las grandes mayorías en Chile.

Además de lo anterior, hay que mencionar que los candidatos independientes están en completo desmedro con respecto a los partidos, la cancha está completamente inclinada en favor de los partidos que llevaron a cabo este acuerdo, finalmente todo muy conveniente para ellos por supuesto.

Pero a pesar de estas limitaciones igual hay que intentar presentar candidatos realmente independientes que no obedezcan a los intereses de los partidos que han defendido este sistema en los últimos 30 años, ellos siempre han estado muy cómodos con la constitución que heredaron de la dictadura y si no hubiera sido por las grandes movilizaciones y la revuelta de octubre 2019, jamás hubiéramos tenido un plebiscito para saber si queríamos o no una nueva constitución.

Pero está claro que no podemos tener ninguna confianza en un sistema ideado por la casta política para escribir una nueva constitución, esta no puede ser acordada y negociada en una convención constitucional antidemocrática, por eso mismo tenemos que seguir exigiendo una verdadera Asamblea Constituyente, donde participen las organizaciones sociales y comunales realmente representativas de los sectores populares que han luchado por realizar los cambios que el pueblo requiere para tener una vida relativamente digna y no como ocurre ahora.

La lucha por una Asamblea Constituyente debe seguir siendo central en el próximo periodo que se nos avecina, junto con la necesidad de impulsar también la lucha por tener un gobierno de los trabajadores.

Celso Calfullan.

Fuente: https://werkenrojo.cl/la-convencion-constitucional-es-una-trampa/

 

MAYORÍA IMPEDIDA DE APROBAR NUEVA CONSTITUCIÓN

19/11/2020 Articulista

por Felipe Portales

Esto es lo que significa, en definitiva, el antidemocrático quórum de los dos tercios, impuesto por algunos parlamentarios (y ni siquiera debatido al interior de los partidos, ni menos con las organizaciones sociales) a través del funesto y engañoso acuerdo del 15 de noviembre del año pasado. En efecto, dicho quórum le permitirá a la minoritaria derecha –que siempre ha obtenido desde 1990, y lejos, más de un tercio de los congresales electos- vetar cualquier texto constitucional que le incomode. Y si a ella le retrucan con otro veto, quedará muy contenta con la mantención de la actual Constitución que, no nos olvidemos, fue impuesta por Pinochet en los 80, y asumida por Lagos y todos sus ministros, con algunas reformas, en 2005, como “una Constitución democrática que ya no divide a los chilenos” (Ver “El Mercurio”; 18-9-2005).

Es lo que reconoció descarnadamente Pablo Longueira ante el Consejo Ampliado de la UDI –en una intervención que se ha filtrado profusamente por video- cuando buscó calmar la ansiedad que muchos en su partido tenían frente al inminente triunfo del “Apruebo” en el plebiscito pasado, ya que creían que la mayoritaria centro-izquierda podría aprobar en la Convención Constitucional, luego de ello, una Constitución que sentase las bases para sustituir el “modelo chileno”.

Obviamente, ante la opinión pública se presenta tal acuerdo por parte de sus suscriptores fundamentado en que una Constitución es demasiado importante como para dejarla simplemente a cargo de una “mayoría circunstancial”. Pero lo que ocultan es que con ese quórum le están dejando el poder para hacerla o dejarla como está, a una “minoría permanente”, rompiendo además las bases fundamentales de la lógica, las matemáticas y el sentido común, ¡al hacer equivalente un tercio a dos tercios!

La falacia de dicho argumento se hace evidente también cuando se emplea mañosamente el ejemplo de Sudáfrica, al señalar que allí se estableció el quórum de dos tercios. Pero, ¡lo que no se dice y se oculta!, es que en dicho país se colocó efectivamente en primera instancia dicho quórum, pero siempre dejando la facultad de que la mayoría accediese a un plebiscito dirimente para que el pueblo (el real soberano en una democracia) decidiese finalmente si ratificaba los textos mayoritarios de la Asamblea o los minoritarios. Esto no tiene nada que ver con la imposición del 15 de noviembre. Así, por ejemplo, si el 65% de la Convención futura desea que el agua sea un bien de uso público que solo puede concesionarse administrativamente a privados, ¡no podrá establecerlo si el 35% no lo quiere! Y tampoco podrá reponer aquella disyuntiva en el famoso “plebiscito de salida” en que se aprobará o rechazará todo en bloque. Concebir que este procedimiento es democrático es sencillamente grotesco.

Y también se arguye mañosamente que esto es lo que ratificó cerca del 80% del electorado en el plebiscito. Esto es otro gigantesco sofisma, porque es claro que la inmensa mayoría de la población no tenía idea de esta profunda limitación democrática que CONTENÍA AMBAS DISYUNTIVAS PLEBISCITARIAS; y aunque lo hubiese sabido, no tenía opción al respecto. Esto es, se escogía “apruebo o “rechazo”; y “convención mixta constitucional” o “convención constitucional”; ¡pero no se escogía “quórum de dos tercios” o “quórum mayoritario”! En ambas se estipularon los famosos dos tercios…

Y, además, en el curso de toda la campaña NADIE se refirió siquiera a esta crucial disposición, ni menos se debatió frente a la opinión pública este tema. De tal manera que cuando algún personero de la ex Concertación o de la derecha dice de forma rimbombante que ¡cómo se puede suponer que la generalidad de los chilenos votó engañada!; hay que responderle que sí, que así fue. Engaño que contó con la totalidad de los grandes medios de comunicación (particularmente la TV) que no informaron ni debatieron los alcances de este crucial dispositivo. Y por cierto, no sería en absoluto el primer engaño que “las dos derechas” le han hecho al pueblo chileno en los últimos 30 años. Basta recordar el que le hicieron en 1989 (¡que todavía la generalidad desconoce!), cuando, a través de una Reforma Constitucional concordada ese año, el liderazgo de la Concertación le regaló a la inminente oposición de derecha solapadamente (ya que se plebiscitaron “en paquete” 54 reformas) la futura mayoría parlamentaria, por el cambio de los quórums exigidos para la aprobación de las leyes estipulados en el Artículo 65 de la Constitución original del 80.

Otro gran engaño fue respecto del ¡caso Clarín!, en que los gobiernos de la Concertación se negaron “con dientes y muelas” –con el obvio y entusiasta apoyo de la derecha propiamente tal- a devolverle los bienes confiscados por la dictadura a Víctor Pey por el cierre de dicho diario, con los que Pey relanzaría el diario. En ello se llegó Incluso a desarrollar esquemas de corrupción, como lo certificó el Colegio de Abogados con la sanción que le aplicó a un abogado funcionario de gobierno por favorecer a un familiar para que comprara partes de los “derechos” que el gobierno de Lagos les había adjudicado a personas que el propio Consejo de Defensa del Estado había desechado como propietarios del “Clarín” en 1975. Todo este caso nunca fue ni ha sido debatido en TV por las partes involucradas, por lo que la generalidad de la población lo desconoce completamente. Y podríamos seguir indefinidamente.

Positivamente, ha surgido un grupo de diputados de diversos partidos, encabezados por Camila Vallejo, quién ha presentado un proyecto de ley destinado a que la “Convención Constitucional” pueda funcionar bajo sus propios términos como toda Asamblea realmente Constituyente (y no “Constituida” como la chilena); y desechando la imposición antidemocrática del quórum de dos tercios. Lamentablemente, el PS actuando de forma completamente entreguista con la derecha propiamente tal -y autoritaria con sus propios diputados- hizo “bajarse” lastimosamente del grupo de diputados que había presentado el proyecto a la socialista y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández…

                 Y ahora –reveladoramente- el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado DC Matías Walker, ha manifestado que no le dará prioridad alguna al proyecto, demostrando el temor de que los  parlamentarios de la ex Concertación tienen de quedar “desnudos” al rechazar dicho proyecto democratizador. En cambio, la derecha propiamente tal -que no tiene nada que esconder al respecto- ha planteado, a través del diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, que el proyecto sea votado inmediatamente por la Comisión.

                 Al menos están quedando cada vez más claros los objetivos claramente antidemocráticos de las dos derechascon este mal llamado “proceso constituyente”. Y que si llegan a tener “éxito” con una “nueva” Constitución consensuada entre ellas, no tendrá mayor legitimidad que la que obtuvieron con su anterior Constitución consensuada en 2005.

Fuente: https://elporteno.cl/mayoria-impedida-de-aprobar-nueva-constitucion/

 

 

DISOLUCIÓN DE CARABINEROS: ¿CON QUÉ REEMPLAZAR ESTA POLICÍA?

Juan Valenzuela

 

La “reforma a carabineros”, después de la violenta represión el pasado viernes 2 de octubre -cuando el policía Sebastián Zamora, ahora en prisión preventiva, arrojó al río Mapocho al joven A.A. de 16 años en el Puente Pio Nono- se ha transformado en una preocupación central para los directores de las principales instituciones del Estado y políticos de este régimen, atemorizados con la perspectiva de un regreso de las manifestaciones masivas a las calles y un incremento de lucha de clases como respuesta a la represión. Un escenario que le imprime un sello convulsivo al proceso constitucional en curso.

El gobierno: aprovechando de reimpulsar su agenda represiva

Pero el gobierno pareciera querer apagar el incendio con más bencina. La reunión de la “comisión nacional de reforma a Carabineros” realizada en la mañana el pasado viernes 9 de octubre en el palacio de La Moneda, fue encabezada por Piñera y participaron el ministro del Interior Víctor Pérez, el presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva, también fue de invitado Sergio Micco del Instituto Nacional de Derechos Humanos -entre otras personalidades.

Luego de realizada la reunión, Piñera puso en evidencia que la conclusión del gobierno es insistir en su agenda represiva: en conferencia de prensa, llamó a acelerar la aprobación de la ley que posibilita el uso de las fuerzas armadas en la protección de la denominada “infraestructura crítica” por decisión presidencial, previo informe de la ANI, brindándole al mismo tiempo al presidente la potestad de definir qué es “infraestructura crítica” por decreto, mientras se aprueba un nuevo proyecto de ley que tendría un año de plazo para su promulgación, en el que definirá legalmente el término. Es evidente que esta ley será usada contra los trabajadores y los sectores populares: el gobierno y carabineros fueron cómplices del paro de los dueños de camiones que atentaron contra el abastecimiento bloqueando las carreteras; pero ¿cómo respondería el gobierno si fuesen trabajadores o mapuche quienes interrumpieran el flujo en las carreteras? Ahí si van a ser “infraestructura crítica”.

Piñera también llamó a apurar la ley que permitirá crear un “nuevo sistema nacional de inteligencia” y una serie de herramientas supuestamente dedicadas a enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. En resumen, anunció una agenda reaccionaria y con un acento en un discurso de seguridad con el cual, de paso, busca despolitizar: su énfasis es que tanto los delincuentes y terroristas como sus víctimas no son “ni de izquierda ni de derecha”.

¿Y sobre carabineros? Con prepotencia, Piñera insistió en la reforma que ya había ingresado en 2018 al Congreso y que un día antes de que el joven A.A. fuese arrojado al río en Puente Pio Nono, había ingresado al Senado. Una reforma que, en términos de Piñera, fortalecerá la capacidad operativa policial y permitirá –supuestamente- mejorar la cultura y las prácticas de los agentes, fomentando el respeto de los derechos humanos y la transparencia en el uso de los recursos, como si esta gente acostumbrada a la impunidad y a la represión más vil contra el pueblo y los trabajadores, pudiese adquirir credenciales humanitarias y de honestidad, de la noche a la mañana.

En realidad, con esta política Piñera realiza el gesto de “lavarse las manos” a fin de proteger las jerarquías y los equilibrios al interior del gobierno y del aparato represivo y de mantener buenas relaciones con las fuerzas policiales a su gestión. No olvidemos que la crisis de carabineros se ha profundizado a raíz de los multimillonarios robos a nivel de los altos mandos y de la represión brutal de la que fue agente la institución en octubre y noviembre de 2019, generando daño ocular irreparable a cientos de personas, torturando –como ocurrió en la comisaría de Peñalolén- o haciendo montajes –como en la Universidad de Concepción y fue recientemente denunciado por un estudiante. Previamente, el asesinato de Camilo Catrillanca y la operación Huracán, ya se habían transformado en escándalos.

Ahora, la crisis parece dar un salto. Todos estos hechos requieren que el gobierno sea muy activo si desea mantener “en funcionamiento” la maquinaria represiva.

La refundación que propone la oposición parlamentaria (el asunto es conservar)

Desde los partidos de la ex Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista, varias voces se han pronunciado sobre esta crisis. El ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, planteó que hacía falta un interventor civil de la institución. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, preguntó “dónde estuvieron los protocolos de derechos humanos” y José Miguel Insulza del PS dijo que se trataba de un delito grave y que el mando debía responder. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, señaló que “es urgente una refundación profunda a Carabineros de Chile, el general Rozas no puede continuar al mando, ha amparado, ha tolerado las violaciones a los derechos humanos, no puede haber impunidad”. También llamó a que el Estado reconozca la verdad. Gabriel Boric de Convergencia social declaró que “esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales, y quienes lo defienden cómplices” y llamó a refundar la institución de carabineros para que de una vez por todas respete los derechos humanos. El Frente Amplio en una declaración exigió la inmediata renuncia del ministro del Interior y de Mario Rozas. Por su parte, Daniel Jadue alcalde de Recoleta y militante del PC, comentó por su parte que “este registro del horror debiese ser suficiente para que ministro del Interior y director de Carabineros pongan sus cargos a disposición”.

Con más o menos matices, la oposición parlamentaria parece unida en ciertos planteamientos: la necesidad de una reforma a la institución de carabineros, cuyo punto de llegada sería una policía respetuosa de los derechos humanos, lo que empezaría por la remoción del actual general director. El Frente Amplio y los impulsores de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, señalan además la responsabilidad política de Interior y la necesaria renuncia del UDI a su cargo.

Para realizar esos objetivos depositan su confianza en el método de la presión parlamentaria, condicionando la aprobación del presupuesto 2021 para carabineros a la remoción del general director Mario Rozas y realizando al mismo tiempo una acusación constitucional en contra del ministro del Interior.

Pero siendo básico sacar a Rozas y evidente que el ministro y el gobierno de Piñera son impulsores de la represión, el método puramente parlamentario del Frente Amplio y el Partido Comunista ¿de qué puede servir? El gobierno quiere evitar una nueva crisis en su relación con carabineros como la que se abrió cuando Hermes Soto se negó a renunciar a su cargo en 2018. Pero incluso si fuese reemplazado Rozas ¿qué garantiza que la remoción de Rozas no se transformará en un simple “cambio de rostro” como ya ocurrió con Hermes Soto? La oposición habla de carabineros respetuosos de los derechos humanos ¿pero cómo podría conseguirse el milagro de que una organización de 60.000 personas unidas por el ejercicio de la violencia en nombre de la ley y que castigan a los manifestantes, mientras muchas veces hacen de guardias privados de grandes empresarios o de las marchas del rechazo, se guíe por criterios de “humanidad”?

Disolver carabineros, el único camino realista…pero ¿qué disolución?

El intento de asesinato de A.A. en el puente Pio Nono, ocurre a poco más de 20 días del plebiscito constitucional. Es en este marco que la idea de disolver carabineros ha comenzado a ganar cierta aceptación en el debate político en la izquierda, lo que resulta inédito. ¿Pero de qué tipo de disolución se habla?

Uno de los argumentos para esta postura es que la discusión constitucional que se inicia con el plebiscito con la elección hacia la convención constituyente, posibilitaría esa “disolución” y la creación de una “nueva policía” respetuosa de los derechos humanos. Es decir, la propuesta de terminar con esta policía y reemplazarla por otra, se ve como factible como un acto resultante de una mayoría electoral en el proceso constitucional. Esto se plantea junto al objetivo de sacar a la derecha del poder ejecutivo en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, el abogado Esteban Vilchez Celis escribió recientemente en El Desconcierto:

«A este gobierno que desprecia los derechos humanos, tenemos que despedirlo desde las urnas y desde ellas impedir que otro parecido llegue nuevamente a La Moneda. Y a Carabineros debemos recordarles que les dimos la confianza para protegernos y que, desde que lanzan niños desde los puentes y luego lo niegan y hasta falsean antecedentes –además de todas las violaciones a los derechos humanos que han precedido este último acto aberrante–, esa confianza se ha perdido irremediablemente, por lo que, apenas podamos, como mayoría democrática civil y poder constituyente, decretaremos su disolución, para que devuelvan las armas y los recursos que les entregamos, a fin de entregárselas, junto con la confianza, a una policía del futuro. A una comprometida con ser del débil el protector y que crea en serio en los derechos humanos. Una que ya no viva en el mal y la mentira».

Algunas organizaciones de estudiantes y de las juventudes de izquierda tales como Convergencia Social, Comunes, las JJCC o los estudiantes Humanistas, recientemente realizaron un planteo similar de “disolución y refundación urgente” de carabineros, llamando a dar un “debate democrático con énfasis en DD.HH. y con participación de organizaciones sociales defensoras de éstos” pues si las reformas emanan del actual ejecutivo y ministerio del Interior, no se puede esperar un verdadero cambio. La consecuencia lógica de este planteamiento es la necesidad de cambiar al presidente de la república en las futuras elecciones para que ese “debate democrático” tenga alguna posibilidad de llevarse a la práctica.

¿Es posible realizar este tipo de disolución de carabineros? ¿Es cierto que podremos “como mayoría democrática civil y poder constituyente”, decretar la disolución de carabineros, para que “devuelvan las armas y los recursos que les entregamos” para poder dárselos esta vez a una “policía del futuro”, como señala el abogado Vilchez Celis? ¿Es posible refundar la policía uniformada después de disolver carabineros sobre la base de criterios de organizaciones sociales si cambia de manos el poder ejecutivo?

A nuestro modo de ver, entender la disolución de carabineros de esta manera es contribuir a una ilusión. Ya es difícil pensar que en los marcos que impone el proceso constitucional -con todo su sistema de quórums y limitantes de acceso a las candidaturas-, una mayoría ciudadana podrá decretar la disolución de carabineros para dar paso a su refundación. Si la simple prisión preventiva del represor Sebastián Zamora ha activado las amenazas en contra de la fiscal Ximena Chong, imaginemos que haría este cuerpo armado de casi 60.000 individuos, si la Convención Constitucional o un nuevo presidente de la república, los quisiera disolver como institución estatal. ¿Acaso no se abriría espacio para que el cuerpo policial desarrolle métodos reaccionarios extra legales para resistir?

No olvidemos además que las amenazas a la fiscal han sido avaladas incluso por el senador UDI Iván Moreira que con total descaro declaró a 24 horas que “cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo de amenazas” ¿Es esperable que carabineros simplemente “devuelvan las armas” por decisión de una mayoría en la convención? ¿No contarían con apoyos en las “altas esferas” del poder estatal para preservarse como institución? A lo más aceptarían un cambio de nombre y nuevas remociones. Pero ¿su disolución?

Disolver a carabineros -lo que implica desarmarlos y privarlos de sus recursos materiales- es, sin duda, un objetivo muy deseable. La simple existencia de esta institución implica que la integridad física y la vida están en peligro, sobre todo cuando uno se manifiesta, cuando uno es huelguista, mapuche, mujer, joven o pobre.

Compartimos la postura de que hay que privar de las armas y recursos a los carabineros, consideramos necesaria la lucha por la disolución de esta institución nefasta. Pero a diferencia de quienes sostienen que eso será posible confiando en los mecanismos normales del proceso constitucional, sostenemos que la disolución de la policía solamente será posible si los trabajadores y los sectores populares desarrollan sus métodos de lucha de clases como la huelga general, sus propios organismos de lucha y su propio poder. Es la apuesta política que peleamos en Ideas Socialistas y el PTR.

Justificar la existencia de la policía suponiendo que los trabajadores y los sectores obreros y populares son incapaces de cuidarse a sí mismos, es mera ideología al servicio de la clase dominante. En octubre y noviembre de 2019 vimos surgir formas germinales de seguridad organizadas por los propios trabajadores y jóvenes que participaron en la rebelión -como las brigadas de salud o la primera línea- y experiencias de autoorganización y coordinación más avanzadas como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta que unía a trabajadores y pobladores y que funcionaba en la sede del Colegio de Profesores, lugar donde se brindaba atención de salud a los heridos de las manifestaciones y que funcionó como espacio asambleario. Una experiencia similar se dio en Valparaíso. También surgieron las asambleas territoriales. La brutal represión desatada por carabineros en esos meses es lo que empujó a que se formaran tanto instancias destinadas a defender el derecho a manifestación y que atendían a los heridos y que evitaban la dispersión rápida y la exposición a los ataques de carabineros, como las brigadas y la primera línea; como también otras instancias que ligaban la unidad de acción en las calles y la seguridad, con la deliberación política, como el Comité de Emergencia o iniciativas de coordinación desde los trabajadores de la FENATS Barros Luco donde se votó como política la salida de Piñera, la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y el llamado a una huelga general como método de lucha para realizar esos objetivos.

Estas experiencias demuestran en la práctica que la seguridad, es una preocupación que se expresa en formas organizativas y experiencias vivas. Las experiencias más avanzadas en este sentido en Chile, se dieron en 1972 y 1973, con los Cordones Industriales, que se autoorganizaron desde los principales centros fabriles del país y que tuvieron que hacerle frente al paro patronal de octubre de 1972 y a grupos de extrema-derecha que asaltaban fábricas y sedes sindicales. Sin embargo no lograron desarrollarse al punto de reemplazar la maquinaria represiva del Estado burgués, que contraatacó con el golpe de Estado.

Es precisamente a través del desarrollo de la autoorganización que se puede avanzar a la formación de comités de autodefensa de los trabajadores y los sectores populares que reemplacen a carabineros y al aparato represivo. Pero esa autoorganización no surgirá por “arte de magia”. En el actual escenario político pasa por desarrollar la más amplia unidad de acción de la clase trabajadora y los sectores populares no sólo para defender los puestos de trabajo, sino también para enfrentar las medidas represivas, como la aprobación de la ley de infraestructura crítica, defender el derecho a manifestación, luchando por el fin del estado de excepción y la liberación de los presos políticos y exigiendo a las organizaciones de masas más grandes -como sindicatos y federaciones- que se hagan parte de esta lucha; y pasa también por pelear con una postura independiente en el proceso constitucional, buscando darle expresión política a los sectores que no confían en la trampa y no renuncian a las aspiraciones de la lucha como la Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Es a través de las experiencias vivas en la lucha de clases y las luchas políticas que se irán desarrollando formas novedosas de seguridad, dirigidas por los propios trabajadores y sectores populares. En la tradición de Trotsky, decimos que “todas las policías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del Estado burgués y de sus pandillas de políticos corruptos deben ser disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las milicias obreras”. Ninguna confianza en una “nueva policía” dependiente de los capitalistas y su Estado.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Disolucion-de-carabineros-con-que-reemplazar-esta-policia

 

ENTRE EL GARROTE REPRESIVO Y LA ZANAHORIA ELECTORAL: ¿CHILE RUMBO A UNA CARNICERÍA?

24/02/2020 Editor

por El Porteño

Vivimos un momento de inflexión en la lucha. El Gobierno ha desplegado una intensa campaña de terror criminalizando la protesta y está logrando aislar a la vanguardia de la Primera Línea y a la izquierda que está fuera del Acuerdo por la Paz. Toda la institucionalidad se ha dispuesto para dar un golpe represivo en marzo y mientras se escriben estas líneas la represión sobre la protestas contra el Festival de Viña ha servido de laboratorio. El centro de la ciudad está sobrevolado por helicópteros y ocupado militarmente por las FFEE de Carabineros los que detienen, golpean y disparan a todo aquél que se disponga a protestar o a detenerse en el sector. La corrupta alcaldesa Reginato, el Intendente Martínez y hasta el -hasta ahora desconocido- Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, han alzado la voz para pedir mayor represión contra la «delincuencia». El mismo Leiva llama a «defender el honor de los chilenos bien nacidos» y el General de Zona de Carabineros, Hugo Zenteno, ha salido a amenazar directamente a la población: «ni hablemos de DDHH». Estas declaraciones deben entenderse como explícitos actos de deliberación amparados por el Gobierno de Piñera.

Los alarmantes hechos han sido observados con indigno silencio por la oposición burguesa en el Congreso (ex Nueva Mayoría y Frente Amplio), preocupada como está por el plebiscito y el levantamiento de candidatos para la eventual Convención Constitucional. Esta oposición, lo mismo que la burocracia sindical agrupada en la Mesa de Unidad Social, ha guardado silencio y como mucho alguno de sus voceros ha salido a condenar los «excesos». Después del Acuerdo por La Paz ni la oposición ni la burocracia han llamado a una movilización de alcance nacional, comprometidos como están por el restablecimiento del «orden público» capitalista.

El mecanismo es bastante sencillo. El Gobierno despliega una feroz represión que ha seguido costando la vida, la mutilación y la libertad de miles de compañeros; la prensa destaca los «destrozos» de la movilización», luego de esto, los Ministros salen a emplazar a la oposición para que condene las movilizaciones, las que son catalogadas de «violencia», «delincuencia» y hasta «narcotráfico». Ante esto la oposición aparece sin discurso que valide el movimiento y su única respuesta es la esperanza de un cambio por la vía institucional.

Es rigurosamente, el mismo libreto de la Dictadura. El mismo que pavimentó de 1983 al 86, la llamada Transición Democrática», un libreto que persigue como cuestión prioritaria la desmovilización en base al terror, el desgaste y el aislamiento de los sectores movilizados. La situación es clara, si el proceso de movilizaciones abierto en octubre hubiese sido sostenido en un plan de lucha, Piñera ya hubiese caído hace mucho. Después de la Huelga General del 12 de noviembre Piñera ya estaba completamente derrotado, sin el apoyo de sus partidos ni de las FFAA, el Gobierno asesino de los «Tiempos Mejores» volvió a la vida gracias al «Acuerdo por la Paz», el que como hemos repetido incansablemente tiene como primera finalidad la desmovilización y estabilización del régimen, en ningún caso la apertura a un proceso de imposición de las reivindicaciones que levanta el movimiento de masas. 

No hay contradicción entre el proceso constituyente y la represión piñerista, ambas acciones políticas desplegadas desde el régimen confluyen en el fin de la defensa del orden capitalista y de los intereses del imperialismo. Si bien es cierto que el imperialismo, empujó a los partidos del régimen para salvar a Piñera, no es menos cierto que desde el propio Gobierno se articula simultáneamente un plan de autogolpe para aplastar el movimiento. Piñera ha presentado, hasta hoy, 504 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado todas ellas invocando desacato y apología de la violencia. A esta fecha hay cerca de 2600 presos políticos, en prisión preventiva. De los 31 asesinados, más de 300 mutilados oculares, 15.000 detenidos y cerca de 34.000 violentados por las FFEE, no hay ni una sola formalización en contra de Carabineros, PDI o Militares. En las pocas que hay -como en el asesinato del barrista de Colo-Colo Jorge Mora (Neco)- los represores han quedado en libertad. A mayor abundamiento, en el insufrible espectáculo del Festival de Viña se allana a los miles de asistentes impidiéndoseles llevar cualquier cartel de protesta y se edita el sonido del público para que nos se escuche el hit del varano, «Piñera conchetumadre…»

Decimos esto porque en la medida que los partidos en el parlamento han acordado el proceso constituyente y se fortalecen los rasgos de un régimen de unidad nacional, la política represiva se vuelve de mayor alcance. El Decreto Supremo de Piñera que regula el uso de la fuerza por parte de las FFAA en el control del orden público, del que recientemente tomó razón Contraloría General de la República, es una manifestación de esta tendencia. Lo mismo puede decirse de las llamadas leyes anti barricadas, anti saqueos y anti «el que baila pasa» (aunque suene ridículo, es así).

Todos estos elementos, de conjunto, marcan una tendencia clara, la burguesía se prepara para asestar un golpe. Pero esto no es instantáneo ni han madurado aún las condiciones para ello. Sin embargo, este proceso que se observa comandado por la oligarquía y el imperialismo, no tiene su contrapartida del lado de los trabajadores. El escenario en el campo obrero es desolador. No hay dirección política, no hay programa y se presenta una multiplicidad de instancias y organizaciones que las más de las veces no tienen la capacidad de materializar sus políticas o acuerdos. Esto no sólo alcanza a la izquierda, es extensivo a los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores. El movimiento de masas, es un poderoso gigante sin cabeza.

Ha contribuido en este fenómeno el aislamiento, propiciado por el régimen, de la vanguardia, el sector de la Primera Línea y las organizaciones de base movilizadas. Este hecho se observa sensiblemente en el volumen de las movilizaciones a escala nacional. La inminencia de un marzo movilizado es el resultado del coraje y el combate sostenido en las calles durante este durísimo verano y en ningún caso, del accionar de las direcciones políticas o sindicales.

En este marco resulta prioritario construir un puente entre la vanguardia y el conjunto de los trabajadores. Es necesario ir a todos los frentes de masas a disputar la política con la cual se resolverán las reivindicaciones del movimiento. No podemos conceder ni un milímetro, porque cada espacio político ganado se ha conquistado con la sangre de los caídos, con la sangre de la clase trabajadora. Para realizar esta tarea -luego de una ardua discusión- hemos resuelto sumarnos a la campaña por el Apruebo en el Plebiscito del 26 de abril. Un Apruebo clasista que parte de la base de que el proceso constituyente es un fraude y que la única forma de garantizar la unidad del movimiento y la continuidad de la lucha es peleando por una Asamblea Constituyente desde las Bases, libre y soberana. Una Constituyente con Piñera en la cárcel y con los presos políticos amnistiados. Una Constituyente que exprese la voluntad de las organizaciones de masas que ha protagonizada la heroica lucha iniciada el 18 de octubre.

Este proceso, de lucha contra el fraude y por la Asamblea Constituyente, pasa por votar Apruebo y marcar AC en el voto. Pero tal acto es insignificante si no va ligado a un plan de lucha que incorpore el conjunto de las reivindicaciones democráticas y sociales que ha planteado el movimiento. Esta posición electoral, no sirve de nada si no va ligada a la tarea de hacer una Huelga General el mismo 27 de abril, una vez que Piñera haya sido derrotado simbólicamente en las urnas. Decimos simbólicamente porque a Piñera se le ha derrotado en Plaza Dignidad y en todas las plazas liberadas a lo largo de Chile. Decimos Apruebo para preparar la Huelga General, para unir a los trabajadores y para contribuir a generar un polo clasista que se proyecte como la dirección política de los explotados en lucha.

Sabemos que la burguesía prepara una carnicería, lo vociferan todos los días desde La Moneda. Frente a ello los trabajadores debemos preservar la unidad y la movilización, con una clara vocación de poder. Llamamos a los militantes de las organizaciones en lucha, a los de la izquierda revolucionaria y al conjunto de los trabajadores a prepararnos para mayores enfrentamientos. Este 8 y 9 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora y de la Huelga Feminista, será un primer paso en esta tarea. Son los trabajadores como clase organizada y movilizada la única clase con capacidad y poder para cambiar esta sociedad desde sus bases. Esa es nuestra Asamblea Constituyente una concreta expresión de gobierno obrero y revolución de los explotados. A eso llamamos Socialismo, esa es nuestra respuesta. 

Fuente: https://elporteno.cl/2020/02/24/entre-el-garrote-represivo-y-la-zanahoria-electoral-chile-rumbo-a-una-carniceria/