VIZCARRA Y LA GOBERNABILIDAD FUJIMORISTA

Carlos Bedoya

23/05/2017

Cuando Kenji Fujimori dijo: “Creo que ha llegado el momento… de que Fuerza Popular asuma de manera más activa la lucha para poder lograr la libertad de Alberto Fujimori”, estaba lanzando un grito de guerra contra el gobierno, donde la interpelación y censura a cualquier miembro del gabinete es el arma más efectiva.

Eso se puede ver claramente con la renuncia de Martín Vizcarra a la cartera de Transportes y Comunicaciones, porque más allá de los chanchullos de Chinchero, de las Blumes y las Teullets (que nunca faltan en los negocios público-privados de las puertas giratorias y los lobbies); se ha marcado un punto de inflexión que nos anuncia que el fujimorismo va a hacer dimitir a cuanto ministro quiera mediante el chantaje de la censura, y me temo que esa práctica no acabará ni siquiera con el indulto a Fujimori.

Vizcarra renuncia porque estaba seguro de que el Congreso de la hegemonía naranja lo iba censurar diga lo que diga el informe del contralor sobre Chinchero (de hecho ha sido un informe descafeinado que deja vivo el contrato en cuestión), y porque no encontraba suficiente respaldo por ningún lado, consecuencia directa del déficit político en la conducción del gobierno. Ni PPK, ni el premier Zavala dan la talla en este tipo de broncas y los huaicos no iban a durar para siempre.

En este juego de poderes, la renuncia de Vizcarra servirá para que el parlamentario oficialista Juan Sheput (el más activo ppkausa en promover el pacto de co-gobierno con el fujimorismo) valide su tesis de que no hay estabilidad posible sin el indulto a Fujimori. En ese empeño lo acompañan políticos como alias AG, analistas como Enrique Bernales y periodistas como Fernando Vivas, entre otros que con particular, pero convergente interés, promueven la masa crítica del indulto.

Ya hay hasta una encuesta muy pertinente encargada a Ipsos para demostrar falazmente que el 59% de la población apoya la excarcelación de Fujimori. Una cosa es preguntar si se está de acuerdo con que un anciano muy enfermo pase sus últimos días en casa (indulto humanitario o ley de prisión domiciliaria), y otra muy distinta es que la gente quiera que Fujimori salga de prisión para dirigir su partido y ser actor político.

Con todo, la debilidad en la que se ha puesto el Ejecutivo con la renuncia de Vizcarra va a hacer la negociación aún más compleja y desventajosa para PPK. Ya no solo bastará el indulto, sino que entrarán en el bolo otras cosas. La más extrema y cuestionada, pero de la que ya se está hablando abiertamente en los pasillos del Congreso tiene que ver con la amnistía para otros participantes de la guerra interna que no hayan sido condenados por terrorismo. O sea libertad e impunidad para los Colina y compañía. Y todo en nombre de la gobernabilidad.

Publicado en Diario Uno

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LA ÚLTIMA TARDE DEL ANTITERRORISMO

Carlos Bedoya

16/05/2017

Una de las ideas más generalizadas sobre el periodo de la guerra interna se centra en que los subversivos eran unos monstruos, casi que mataban por placer. A partir de esa construcción es imposible entender lo que pasó en esos años de violencia tan cruenta, tarea de interpretación imprescindible especialmente para que no se repita.

Como dijo Rubén Merino en el colofón del libro “Los Rendidos” de José Carlos Agüero: “El modo más sencillo de lidiar con asuntos polémicos de la vida pública es ajustarse a lo que repiten los discursos hegemónicos”. Así, cualquier disidencia respecto del “polo antiterrorista” en el que se ha querido constituir el fujimorismo, sus aliados y las élites del poder económico (reales vencedores de la guerra) equivale a ser un pro-terruco.

Peor aún, por más conjuros contra la lucha armada, la violencia y cuanta cosa sea necesaria para zanjar con la subversión que haga la izquierda electoral, siempre termina puesta en el mismo saco. En el extremo se estigmatiza la protesta social, la sindicalización o cualquier expresión de progresismo.

Esa “verdad de la guerra” que nos repiten a diario los medios de comunicación, tiene además un objetivo político claro en el escenario pos huaico, como se ve en la apertura de investigación por supuesta apología de terrorismo a los congresistas Arana y Apaza del Frente Amplio, o en el acordonamiento policial al local de Patria Roja, entre otros hechos recientes.

Más allá del burdo anticomunismo de los Becerriles, las Alcortas, los Galarretas y hasta los Basombríos, lo que está pasando es que se quiere llegar a un consenso sin progresismo en el Perú para los próximos años, como advierte Alberto Adrianzén. Un consenso en el que Fujimori sale indultado, PPK se rinde a Fuerza Popular, la izquierda es criminalizada y marginalizada, la democracia se reduce a que todos se chuponean, y alias AG aplaude desde Madrid.

De esta manera, la crisis de Lava Jato se resolvería reafirmando el fujimorismo económico sin Fujimori que sostuvo la transición y sincerando, además, el montesinismo del chantaje, la componenda y el espionaje que se mantuvo en las sombras durante estos años. Un pacto de cogobierno e impunidad, mientras las izquierdas se pelean entre ellas.

En medio de esa descomposición, Joel Calero nos entrega la película “La última tarde” que llena salas y recibe aplausos, lo que no pasaría de ser un éxito cinematográfico, si no se tratara del reencuentro 19 años después, de un matrimonio de exemerretistas que fugaron derrotados de la guerra cada uno a su modo y que redimidos se encuentran para divorciarse. El diálogo de Ramón y Laura genera una gran empatía con el público. Precisamente, el acierto de Calero es lograr que no se les vea como dos terrucos impunes, sino como dos personas que ejercieron su derecho a cambiar.

Como ellos, hay varios por las calles de Huamanga, de Lima y otras ciudades del Perú que reclaman la última tarde del antiterrorismo del discurso fujimorista. Ese que juzga y estigmatiza a los demás pasando la aplanadora mediática a quien se resista, con el único fin de seguir consolidando su hegemonía política.

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ELECCIONES 2016: NARCOESTADO Y NARCOFUJIMORISMO

Divulgada por César Aching Guzmán el 18/02/2016

Escribe: Carlos  Alonso Bedoya

Fuerza Popular es el partido político peruano más vinculado con el narcotráfico. No por nada el gobierno de Alberto Fujimori convirtió al Perú en un Narcoestado, que daba luz verde a los mayores productores y exportadores de droga como en el caso Vaticano.

Vladimiro Montesinos y varios abogados asociados a él eran patrocinadores de narcos. El cliente más importante del joven abogado Vladimiro en 1978 fue nada menos que Evaristo Porras, poderoso narco colombiano.

Montesinos le ayudó a escapar de prisión con el cuento de un traslado para revisión médica y lo puso en un avión directo a Colombia.

Encima, movió a sus conocidos en el Poder Judicial para desaparecer el expediente de extradición tras el escándalo de la fuga. De allí para adelante, Montesinos se convirtió en el mejor abogado del narcotráfico y aumentó su influencia en los tribunales, la policía, y más.

Ya como siamés de Fujimori en el poder, hasta se dio el lujo de venderle fusiles AK-47 a las FARC de Colombia, que compró previamente al gobierno de Jordania (y de manera oficial, como gobierno peruano a través de militares y funcionarios en actividad). La plata con la que la guerrilla colombiana pagó al Perú provenía de manos de “Fernandinho”, poderoso narco brasileño, que dio el dinero a cambio de un cargamento de cocaína.

Ya casi nadie se acuerda de los “Fusiles que tumbaron a Fujimori” en un teatro de operaciones de política internacional donde Estados Unidos le terminó bajando el dedo. El escándalo explotó semanas antes de la difusión del primer vladivideo que precipitó el escape de Fujimori.

En el libro “Memorias Olvidadas”, del expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), está con lujo de detalles este caso que incluye tráfico de armas y drogas al más alto nivel estatal del Perú.

Tampoco podemos olvidar que durante el fujimorato muchos aviones de las Fuerzas Armadas y hasta el propio avión presidencial, fueron usados para exportar toneladas de cocaína (caso narcoavión).

Por eso no es sorpresa que Fuerza Popular tenga tantos vínculos actuales con el tráfico de cocaína como los siguientes: 1) Caso Calle Quiroz, narco incluido en la lista norteamericana que donó 40 mil dólares a Keiko en la campaña 2011; 2) Caso Barranca, donde el patrimonio del candidato provincial, Beto Tapia, fue usado por cárteles mexicanos. Se encontró cocaína en el camión del candidato en el 2014; 3) Caso Limasa, empresa de propiedad de Kenji Fujimori y Miguel Ángel Ramírez, en cuyos almacenes se encontró cocaína; y 4) Caso Joaquín Ramírez,el secretario general de Fuerza Popular investigado por la Fiscalía por lavado de activos.

Fuerza Popular se vende como la cara moderna del fujimorismo, pero en realidad mantiene lo peor del gobierno de Alberto Fujimori, lo que apunta directamente al narcotráfico.

Fuente: http://diariouno.pe/columna/narcofujimorismo/