10-03-2018
Finalmente
los dos últimos días de febrero Jorge Barata, el funcionario de Odebrecht
encargado de administrar los recursos de la empresa brasileña en el Perú,
respondió ante la fiscalía peruana en Sao Paulo. La espera, que duro casi dos
años desde que fuera anunciada, se convirtió en algo así como un Tsunami, que
dejó en escombros a la cúpula corrupta que tiene en sus manos las riendas del
Poder en nuestro país.
Ya desde las declaraciones formuladas por Marcelo
Odebrecht, se tenía idea de lo que se vendría. Los funcionarios brasileños,
procesados en su país y requeridos en otros escenarios, no tenían otra
posibilidad, sino hablar contando la verdad, para acogerse a la “colaboración
eficaz” que los convertiría de reos, en testigos del procedimiento judicial en
marcha.
Librarse de los cargos originalmente esbozados
contra ellos, sólo era posible a partir del reconocimiento previo de la
naturaleza de los delitos cometidos; pero además, de la entrega de información
esencial para desbaratar la red de corrupción montada en nuestro país, y
conocer y sancionar a los responsables de ella. Así estuvo trazado el cuadro en
la populosa ciudad brasileña a fin de febrero pasado, cuando los funcionarios
encargados del trámite de rigor viajaron a Brasil.
La deposición entregada por Barata, saldrá cara a
las más connotadas figuras de la política nacional. El propio Jefe del Estado
-Pedro Pablo Kuczynski- salió severamente chamuscado de la cita; pero más
afectada que él quedó, por cierto, Keiko Fujimori. La candidata de “Fuerza
Popular”, recibió un total de 1 millón 200 mil dólares, como aporte para su
Partido el 2011.
Es verdad que tanto Keiko como Alan García pudieron
decir después que ellos no habían sido mencionados, ni acusados, como
receptores de las sumas de dinero procedentes de la empresa brasileña; pero
también es verdad que ellos -y otros- se cuidaron bien de usar testaferros que
operaron en su nombre, y que retiraron los montos cedidos por el consorcio.
La jugada, fue casi perfecta. En representación de
PPK, fue Susana De la Puente actual embajadora del Perú en Gran Bretaña, la que
pidió y obtuvo la “ayuda”. En nombre de Keiko, fueron Jaime Yoshiyama y Augusto
Bedoya, los intermediarios. Alan García derivó esa tarea en Luis Alva Castro; y
Alejandro Toledo en Abi Dan On, el israelita que fuera Jefe de Seguridad de
Palacio durante su gobierno. En todos esos casos, los fondos entregados
emanaron del Departamento de Operaciones Estructuradas, esa suerte de Cajero
Automático que usaba la empresa para pagar coimas a altos funcionarios del
Estado.
Hasta lo que se sabe, los dineros para Ollanta
Humala y Nadine Heredia, siguieron otra vía. No habrían sido entregados por
decisión de Odebrecht, sino más bien por iniciativa del PT y a petición expresa
del ex Presidente Luis Ignacio Lula Da Silva. Aparece así la suma como un
“donativo” que debiera ser debidamente acreditado.
La diferencia entre Humala y el pelotón de
corruptos, no queda sólo en eso. Se extiende además, al hecho que él y su
esposa son los únicos que dieron la cara, y se presentaron ante la justicia.
Son, obviamente los únicos encarcelados desde hace ocho meses. Todos los demás,
tienen un status distinto. Por lo pronto, los fujimoristas Yoshiyama y Bedoya
huyeron 24 horas antes de la cita de Sao Paulo, en lo que bien podría
interpretarse como un “sálvese quien pueda”.
El procedimiento seguido por el Consorcio
cuestionado, permite hoy a los “titulares” de las coimas proclamar a viva voz
que con ellos, no es. Por lo menos por ahora no se ha podido mostrar prueba
alguna que involucre a García o a Keiko como beneficiarios directos de los
dineros procedentes de gigante brasilero. Como en los films de la Mafia, ellos
actuaron a través de intermediarios, que probablemente no soltarán prenda.
Esta particularidad les ha permitido a todos dar
muestras de un cinismo descomunal. Esto, claro, independientemente del hecho
que muy pocos les han creído. Por el contrario, la mayoría ciudadana se ha
mostrado indignada por el comportamiento de tan altas personalidades, que
detentan, detentaron, o pretenden detentar; la máxima jefatura de la Nación.
Debe advertirse, adicionalmente, que la indagación
fiscal y judicial en marcha se reduce a la empresa Odebrecht, pero hay hasta
otras cinco empresas brasileñas que han usado similares procedimientos en
nuestro país. Y otros consorcios, de distintas nacionalidades, que lo han hecho
también en las mismas, y en otras circunstancias ¿Se investigara algún día todo
ello?
Los pedidos de prisión para los denunciados, no
sólo abarcan un espacio voluminoso; sino que habrá de extenderse en las
próximas semanas si es que las autoridades judiciales no adoptan medidas
acordes con la ira pública.
Un tema adicional, pero no por eso menos
importante, es lo que se ha dado en llamar “la secuela social” del caso
Odebrecht. Como consecuencia del escándalo surgido -lo anotó el diario “La
República”- 60 mil trabajadores fueron despedidos desde febrero del año pasado;
y 562 pequeñas y mediadas empresas, vieron afectadas. 175 de ellas, simplemente
quebraron.
Otro elemento que resulta indispensable subrayar es
que una parte de los “donativos” entregados Por el consorcio brasileño el 2011,
fueron destinados a alimentar una “bolsa” que finalmente sumó dos millones de
dólares, y cuyo propósito fue hacer “campaña” contra Ollanta Humala. Ella se
hizo “en nombre del empresariado” y sirvió para alimentar el caudal de quien
asomara en la condición de “rival” de OH, es decir, Keiko Fujimori. Ella no se
benefició sólo con los aportes recibidos por su colectividad, sino también con
los que financiaron campañas en contra de su adversario de entonces.
Ricardo Briceño Villena, quien era Presidente de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -la CONFIEP-
aparece involucrado en este enredo. Y aunque formalmente el Directorio de la
entidad se ha “desmarcado” del caso; el actual titular del cargo, Roque
Benavides ha confirmado ese papel asumiéndolo de manera categórica, y
ciertamente muy cínica.
Benavides, conocido en el ámbito político por su
muy clara adhesión al APRA; ha reivindicado el derecho de los empresarios a
“usar su plata como mejor les parezca”, al tiempo de reconocer que él se ha
sentido siempre muy cercano a Alan García, Keiko Fujimori y Pedro Pablo
Kuczynski; es decir, el trío que hoy baila con la misma música.
Hay que decir que el accionar de todos estos
personajes revela con extrema claridad el comportamiento de la clase dominante,
esa oligarquía envilecida y en derrota que se aferra al Poder a cualquier
precio y que no estará nunca dispuesta a retirarse. Si Jorge Barata no hubiese
revelado -por ejemplo- el tema de los 200 mil dólares para la CONFIEP, Roque
Benavides habría callado en siete idiomas. La evidencia, lo ha hecho hablar
Esa clase sabe que más allá de las circunstancias,
que pueden asomar hoy adversas, cuenta con la complicidad del empresariado, el
apoyo de la “Prensa Grande”, y el respaldo de la estructura de dominación
laboriosamente construida por ella. Porque eso es así, desde distintos
estamentos del Poder formal han surgido llamados a “la calma” y a “la cautela”,
en procura de evitar “la explosión social”, que asoma cada día con más fuerza.
La “explosión social” a la que aluden, es por
cierto el poder revolucionario de las masas, que se perfila como una luz en el
horizonte, y por la que “los de arriba”, sienten simplemente pavor. Por eso sus
voceros se esmeran cada instante, en llamar a la “prudencia”, exhortando al
pueblo a “no perder la democracia”, supuestamente boyante.
En nombre de las grandes palabras, asoma un
descomunal cinismo que merece el más claro y profundo rechazo ciudadano.
Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera.
