EN EL PERÚ LOS GRUPOS OPULENTOS FINANCIAN LAS
CAMPAÑAS PRESIDENCIALES DETERMINADAS -EN ELECCIONES SIN FRAUDES- AL FINAL
POCO IMPORTA A LOS PRESIDENTES LOGRAR LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DEMOCRACIA
Últimamente el Tribunal Constitucional aparece
resolviendo temas que han debido merecer mayor análisis, esto ha ocurrido
porque el presidente saliente del TC, doctor Ernesto Blume, quiere salir de las
cosas pendientes, caso de la libertad de la señora Fujimori, y ahí nomás elegir
a un nuevo presidente, a quien le tocará atender asuntos sobre la disolución
del congreso, pues esto viene siendo engorroso, en cuanto a situar si el
ejecutivo, y particularmente el presidente Vizcarra no solo procedió
constitucionalmente, sino que si a la vez se respetó las formas y los
procedimientos, todo ello enmarcado en lo que significó la decisión tomada de disolver
al congreso 2016/2021.
También se puede colegir que al TC tal vez le
corresponda dar respuestas relativas a los pedidos de aclaración tanto de
la fiscalía, como probablemente de la apelación que la procuraduría de la PCM
sobre el pronunciamiento del TC respecto a la liberación de la señora
Keiko Fujimori.
La opinión pública se manifiesta: por un lado, la
ciudadanía no tiene una visión sobre los temas constitucionales, ni menos un
conocimiento de lo que representa el TC en el accionar de la vida pública;
sabiendo que su misión está dirigida a la solución e interpretación de los
aspectos estrictamente constitucionales, y también viene funcionando como una
cuarta instancia.
Por otro lado, existen ciudadanos que poseen un
conocimiento meridiano de lo que significa el quehacer del TC, pero ellos andan
confundidos con el comportamiento de los miembros de dicho tribunal que
debieron evaluar que la sentencia del poder judicial en sus tres instancias consideró
que la señora Fujimori merecía prisión preventiva.
Tal como lo hemos señalado en el primer párrafo,
observamos que el TC no ha medido su tiempo con un tema tan importante de
liberar sin mayor debate a la señora Fujimori. El presidente del TC doctor Ernesto
Blume preparó su ponencia sin incluir los últimos acontecimientos investigados
relacionados con los aportes no solo de Odebrecht a las campañas del movimiento
fujimorista, sino los otros que aparecieron de parte de las empresas del sector
privado nacional, lo que muestra los altos montos que les concedieron de manera
irregular al fujimorismo y en especial a las candidaturas de Keiko Fujimori en
los procesos electorales del 2011 y 2016.
Los últimos aportes puestos al descubierto se han
reforzado tomando en cuenta las confecciones tanto del señor Jorge Yoshiyama
–sobrino de Jaime Yoshiyama, hombre fuerte del fujimorismo y conocedor
inobjetable de los movimientos financieros de las campañas mencionadas-, como
de los propios empresarios extranjeros y nacionales a la fiscalía.
La ponencia del doctor Blume no ha tomado en cuenta
los nuevos aportes a las campañas del fujimorismo, tampoco las confecciones de
los colaboradores ante el ministerio público; sin embargo, se acepta que la
disolución del congreso, al decir en su dictamen por el miembro del TC Carlos
Ramos, de que este hecho resta poder a Keiko Fujimori, al no tener la presencia
del congreso a su favor al ser disuelto.
Lo que hemos dicho en el anterior párrafo abunda
acerca de que el pronunciamiento, diríamos adelantado e incompleto sobre la
liberación de la acusada Keiko Fujimori la ha favorecido en su liberación; sin
embargo, los fiscales acusadores del comportamiento del fujimorismo (fuerza
popular) evidencian con mayor nitidez que cada vez más se llega a constatar que
este movimiento estuvo al borde de la ley, en cuanto que sí sería una
organización criminal, la misma que ha venido usando no solo el aparato
partidario, sino ha ignorado los efectos de su accionar pro delictivo, como el
respeto que merecen sus partidarios y la opinión pública.
Lo que estamos reseñando es por demás importante,
porque el TC se ha comportado como la cuarta instancia judicial, no sólo al
resolver los abusos que se han considerado con relación a las prisiones
preventivas, sino que no ha observado como ya lo hemos dicho, sobre que hay una
reiteración en la acusación inicial de que el fujimorismo usó y abusó de los
financiamientos en su mayor parte de manera irregular, inclusive engañó a la
ONPE al presentar falsas rendiciones de cuentas y del balance
contable/financiero.
Todo ello hace más evidente que el movimiento
político fujimorista tiene más de una década escondiendo y no diciendo la
verdad sobre la comisión de infracciones a las leyes electorales, partiendo no
solo de su jefa del movimiento, sino del grupo dirigente allegado a ella y a su
agrupación política.
La fiscalía encargada de investigar sin menor duda
los lavados de dinero ya tuvo un pronunciamiento y específicamente ha puesto en
manos de la justicia el mal andar de la agrupación fujimorista. Se espera que
el TC explique y aclare porque tan rápidamente se pronunció a favor del hábeas
corpus que presentó la hermana de la señora Fujimori, quien a parte de haberlo
hecho por su relación familiar, su pedido pone en evidencia que la agrupación
política fujimorista no ha tenido el valor, para plantear su propio pedido de
hábeas corpus dirigido a la liberación de su jefa.
La no presencia de la representación fujimorista en
el asunto de la liberación de la señora Fujimori, ha significado hasta dos
consecuencias: la primera, que esta agrupación política no se
atrevido a preparar como partido político organizado la ponencia sobre la
libertad de la señora Fujimori, esto significa que la organización como tal, ha
dejado que la presentación corra a cargo de la hermana de la acusada; y
la segunda, que esto representa una demostración más de lo que
sostenemos “el fujimorismo esconde su aparato organizativo delictivo”,
lo que pone a fuerza popular, a su jefa y sus dirigentes como responsables de
ocultar delitos cometidos, situación que coloca a este movimiento, esta vez
fuera de la ley, y no al borde de la ley.
La fiscalía que tiene a cargo la acusación de la
señora Keiko Fujimori tiene que actuar en consonancia a la realidad que se
viene presentando, entre lo relevante están los financiamientos grandes de
carácter irregular, por decir lo menos resulta repetitivo que ha sido en dos
procesos electorales; situación que se agrava aún mas, si se considera que sus
partidarios y dirigentes en general se atreven a empujar a la señora Fujimori
que, mientras no esté sentenciada definitivamente, ella no solo aparece
acaudillando este movimiento, sino la posiciona, que a buen seguro la
mencionada señora no podrá dudar que además de ser peligrosa, resulta
insultante para el país que se esté preparando su tercera candidatura
presidencial.
El Perú tiene ciudadanos, no súbditos, está
habitada por personas, no por quienes se les pueda seguir engañando, ante un
país que ha sufrido tantas frustraciones y desesperanzas de sus políticos, y
que ante el mundo se nos ve como un país no solo bananero, como se le ha
calificado en el siglo XX; sino que se le vea al Perú como una república informal,
generalizando el término en todos los campos de su quehacer en su vida
republicana, al pertenecer a un grupo de países que conviven con el
narcotráfico, con los movimientos terroristas musulmanes, y todo lo que
representa a un país que en sus fueros de república se encuentra fuera de lo
lícito y también fuera de las leyes internacionales, en cuanto que pierde la
poca democracia ganada cuando ya los especialistas en los temas lo sitúan lejos
de la total democracia.
El sociólogo francés Alaín Touraine señalaba que en
el Perú al existir una dualidad entre lo formal y la vasta informalidad, “¿puede
hablarse de democracia cuando domina la heterogeneidad estructural?”,
la respuesta está en el triunfo de candidatos como Alberto Fujimori, y que la
candidata Keiko Fujimori en dos procesos electorales ha tenido copiosa
votación. En este orden de cosas la democracia se hace disfuncional ante una
realidad complicada por la alta informalidad y sus consecuencias negativas,
tanto es así que por un lado los muy ricos y los pobres pobres eligen a
candidatos de trayectorias sinuosas vinculadas a la corrupción autocrática,
como es el caso de la familia Fujimori.
Los peruanos en esta oportunidad tenemos que
protestar ante las autoridades como el TC, que aparece incumpliendo todo lo que
le corresponde efectuar a una institución constitucional, pues en este caso,
tanto el ministerio público como los jueces de la república en todas sus
instancias, se pronunciaron porque la señora Fujimori continuara encarcelada y
que lo más pronto posible se llamara a juicio oral, para validar su sentencia
final.
No es dable que el país tenga este problema en
tanto tiempo sin condenar a quien presuntamente ha dirigido una agrupación que
ha estado a punto de alcanzar la presidencia, y que tuvo una mayoría absoluta
de representantes en el congreso, representación que también abusó de ser
mayoría, para hostigar a los últimos presidentes en su afán revanchista.
Preguntamos ¿cómo sería el Perú bajo el comando del segundo fujimorismo?
Es inexplicable que haya peruanos que voten tantas
veces seguidas por una persona heredera de un pasado vergonzante, ligado a la
autocracia que su padre estableció en el Perú en la década del noventa, y que,
tal vez habría de representar con resultados indebidos al presidir y dirigir el
segundo fujimorismo en el Perú, ¿qué pasa con los grupos sociales altos “los
ricos de la república” y las colectividades mayoritarias de evidentes signos de
pobreza que, votan por esta clase de candidata y candidatos?
¿Cuál ha sido el futuro de los aportes de los ricos
del Perú a la candidatura de la Fujimori?, ¿en donde han terminado dichos
aportes? No hay duda que han financiando las campañas; pero por
lo abundante de los fondos aportados hubo y hay un monto significativo no
utilizado ¿este monto dónde está, en qué bancos y quiénes son los titulares del
dinero no gastado?
Fernando Arce
Meza
Surco, 5 de diciembre del 2019
