Protesta social.
Foto: Andrés García / DAR
Servindi, 26 de enero, 2017.- El Grupo Banco
Mundial (GBM) no solo patrocinó el primer paquete normativo que debilitó la
institucionalidad ambiental sino que además subsidió y dio impulso ambiental y
financiero al Gasoducto del Sur a cargo de la empresa Odebrecht.
El dato es importante considerando que el gobierno
acaba de dictar un nuevo paquete de 112 decretos legislativos que podrían ser
financiados por el Banco Mundial y otras entidades en el futuro sino se evalúan
con detenimiento y se examinan las posibles consecuencias de estas nuevas
políticas.
Precisamente, el GBM se encuentra elaborando
su Marco de Alianza País con el Perú, documento que regirá sus prioridades de
financiamiento de 2017 al 2021, fecha del bicentenario nacional. Una
de las prioridades anunciadas en este marco es una nueva generación de reformas
estructurales para hacer frente a los retos del Perú
El GBM ha efectuado reuniones cpn personas e
instituciones de la sociedad civil pero con muy poca convocatoria, advierte
DAR, y sin hacer de conocimiento público el borrador de la nueva estrategia, lo
que reduce la capacidad de opinar y hacer aportes significativos.
La influencia del Banco Mundial
Por ejemplo, para hacer efectivo uno de esos
desembolsos, uno de los DPF para potenciar el capital humano y la
productividad, ponía como condición, la eliminación de “normativas,
procedimientos y tasas ilegales reguladas por organismos públicos en cualquier
nivel de gobierno” (1).
Ello tuvo como consecuencia directa el
debilitamiento de la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) para prevenir y sancionar infracciones ambientales al
aprobarse la Ley 30230; ley del paquetazo ambiental.
La norma también redujo la capacidad del Ministerio
del Ambiente para determinar los Límites Máximos Permisibles de Calidad
Ambiental y facilitó el saneamiento de tierras para grandes inversiones.
El Banco Mundial y el Gasoducto
del Sur
La Ley 30230 promovida por el BM entró en vigor el
11 de julio de 2014 y doce días después se firmó el contrato del
Gaseoducto del Sur (GSP). Este proyecto se benefició del marco normativo al
reducirse drásticamente la posibilidad de ser sancionado por no cumplir con las
regulaciones ambientales durante la fase de construcción.
También facilitó los procedimientos de
adquisición de tierras y recibió un gran impulso a pesar que el proyecto aún no
había definido su ruta por la Amazonía y que creaba nuevas condiciones que
hacía más atractiva la inversión la tasa de rentabilidad.
El proyecto representaba entonces la Alianza
Público-Privada (APP) más grande del sector Energía, con un total de casi el 54
por ciento de todas las inversiones en el sector y un 27 por ciento del
total invertido en APP entre el 2011 y el 2014 (2).
El BM argumentó que el GSP y otras APP del sector
Energía ya estaban en cartera desde antes de la llegada de su DPF, por lo que
no se verían beneficiadas por su impulso a la eliminación de “trabas
burocráticas” en este tipo de proyectos.
Sin embargo, el estudio presentado presentado por
el Bank Information Center.sostiene que ninguno de estos proyectos estaba en
etapa de cierre financiero, por ende, de acuerdo al marco actual estos pueden
ser renegociados y sujetos a enmiendas, por lo que sí se verían beneficiados
por el nuevo marco normativo.
Pero eso no es todo. Según la revista Oil and Gas
Year, el gas suministrado por el GSP debía ser barato para hacer que las
plantas petroquímicas que se querían desarrollar alrededor del mismo sean
competitivas (4). El BM dio la solución para lograr este objetivo.
El 2006 [el Banco Mundial] produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias
del interior del país” en el que recomienda varios subsidios,
incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” (...). Además,
recomendó que el gas se venda con precios de descuento, no a las familias, sino
a “los grandes consumidores”. Algo que por supuesto siguió aumentando el
atractivo de la obra entre posibles inversionistas.
El 2006 produjo el reporte “Perú: Extendiendo el uso del gas natural para las provincias
del interior del país” en el que recomienda varios subsidios,
incluyendo, el ahora cuestionado, “ingreso mínimo garantizado” (o MRG, por
su sigla en inglés). Además, recomendó que el gas se venda con
precios de descuento, no a las familias, sino a “los grandes consumidores”.
Algo que por supuesto siguió aumentando el atractivo de la obra entre posibles
inversionistas.
El Estado siguió las recomendaciones del citado
estudio de 2006 (5) y el contrato se redactó de manera que el ingreso mínimo
garantizado —conocido como “impuesto Odebrecht”— se cumpliera. Esto ha
costado 430 millones USD solo entre el 2002 al 2008 a los consumidores peruanos
solo para el beneficio del consorcio liderado por Odebrecht.
No repetir los errores del pasado
Martha Torres, Coordinadora del Programa Amazonia
de DAR, sostiene que “Si esa condición de confidencialidad existe debe
cambiarse" en referencia a la forma cómo se viene elaborando el nuevo
Marco de Alianza País con el Perú.
"El Banco no puede abrir un proceso de
consulta sin mostrar el documento a ser consultado. Tampoco se ha mostrado el
Systematic Country Diagnostic (SCP) que es el diagnóstico que sirve de base
para elaborar la nueva estrategia" advierte Martha Torres.
"Esos documentos son el marco que une las
prioridades del gobierno actual con las estrategias de desarrollo del Banco,
por lo que debería ser de conocimiento público” sentenció Torres.
DAR concluye su reporte indicando que si bien el BM
tiende a proporcionar escasa información acerca de sus instrumentos crediticios,
sobre todo de los que tienen por objetivo impulsar reformas de política
pública, también es recurrente que se denuncie algunas de sus iniciativas por
sus consecuencias socioambientales negativas.
En vista de la gravedad de la situación
presentada ¿seguirá el Banco Mundial haciendo más flexibles sus
salvaguardas y actuando de manera poco transparente como hasta ahora?
Notas:
(1) Boosting human capital and productivity
development policy financing with a deferred drawdown option: $1.25
billion USD.
(3) Public Expenditure and Fiscal Risk Management
DPF-DDO: $1.25 billion USD.
(5) El año 2013, el mismo BM dijo en otro estudio
-esta vez un estudio de caso sobre APP- que “el precio con descuento para uso
interno del gas natural de Camisea introduce una distorsión de precio en el
mercado representa una serie barrera para la hidroelectricidad y otras
tecnologías renovables – al igual que el uso eficiente del gas natural en la
generación de energía térmica tales como unidades de ciclo combinadas”.
Vagliasindi, Maria, 2013. Revisiting Public-Private Partnerships in the Power
Sector: The Case of Peru. Un estudio del Banco Mundial, 2013.
