John Saxe-Fernández
El espectro de otro
desplome financiero que haría palidecer al de 2008 recorre los pasillos del
poder de Estados Unidos, una potencia de dominio policial/militar y de
espionaje, que desde el 11/S se despoja rápido de legitimidad mientras
nerviosas corredurías, de Wall Street a la City pasando por Francfort, calibran
el colapso de los petroprecios: una avalancha sobre petroleras, firmas de
servicio del ramo y de riesgosas especulaciones de bancos too big to fail sobre
una deuda tóxica emitida para financiar el negocioshale. Asoman ya 500 mil
millones de dólares, la punta de un colosal témpano especulativo sólo
imaginable por los de Citigroup et al, destrozadores de toda ley que les
impida apostar sin límite en derivados pasando al público (depositantes, contribuyentes)
los costos del estallido sobre un contexto polarizado de una serie de burbujas,
cuya explosividad acumulada, de Irak, Libia y Ucrania a Iguala, Tlatlaya,
Ferguson y Baltimore, ya cimbra al mundo.
Es desde palancas
financieras y policial/militares relacionadas con el estancamiento, la
provocación y el terror de Estado, y no de los instrumentos constitucionales o
del derecho penal internacional, ni del Consejo de Seguridad de la Organización
de Naciones Unidas que, con mayor frecuencia se expresa el poderío de Estados
Unidos, bajo la noción post-11/S, de que el Comandante en Jefe (y
pronto las grandes corporaciones en la esfera del Acuerdo Transpacífico ATP)
procede sin autorización legislativa –o judicial– en cualquier campo de
batalla, incluido el territorio de Estados Unidos. La guerra y el estado de
excepción están ahí, en la Ley Patriota; la desactivación de la Ley Posse
Commitatus de 1878 –que prohíbe el uso de los militares en territorio de
Estados Unidos y en funciones de Ministerio Público–, y en el desdén de la cruzada
antiterrorista a las Convenciones de Ginebra. La guerra de agresión contra
Afganistán, la ilegal petroguerra contra Irak, Libia, los operativos
contra Irán, Venezuela, Siria, o instrumentos de terrorismo de Estado –Plan
Colombia, Iniciativa Mérida en México–, y los operativos contra Rusia
desplegados en Ucrania, se suman al recordatorio semanal de que vivimos en un estado
de excepción global que tiene como eje a la Casa Blanca vía la matanza de sospechosos
de terrorismo usando drones.
Fue cuando hace poco se
reportó sobre varios muertos no incluidos en esa mortal rutina cuando, como
recién aflorado de un sicodrama asentado en profunda disonancia cognitiva (Leon
Festinger, 1957), un sub-secretario de Estado de Estados Unidos en gira de
trabajo por acá dijo que después de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa,
México se encuentra bajo fuerte escrutinio de la comunidad internacional;
confió en que las elecciones del 7 de junio traigan de alguna manera
efectos positivos para acabar con la tradición de impunidad en
materia de violación a los derechos humanos, corrupción, desapariciones,
secuestro y tortura, ofreciendo, como remate de la hipócrita inconsistencia
(con el mundo observable) su endoso a continuar con la carnicería, la
catástrofe humana a través de la hipermilitarizada y militarizante Iniciativa
Mérida (IM): dijo que más allá del apoyo que su país brinda a México por
conducto de la IM, existen otros programas que fueron puestos a disposición del
gobierno de EPN para enfrentar estos problemas (La Jornada 25/4/15).
Cabe preguntar si en esos otros
programas no especificados están matanzas de contrainsurgencia rural y
urbana –disfrazada de antinarco–, para usar el equipo militar que, pese a lo
generalizado de la impunidad y la tortura, las desapariciones forzadas y las
ejecuciones extrajudiciales, recién autorizó el Departamento de Estado para su
venta a un México rebosante de recortes fiscales, por mil 300 millones de
dólares (mdd) y hoy líder entre 39 países de América Latina y el Caribe en
compras militares: 3 mil 335 automotores todo terreno (Humvee) por 556 mdd; un
lote de aviones de adiestramiento Beechcraft T-6C Texan II (480 mdd), además de
23 helicópteros Black Hawk (905 mdd).
¿Es el equipo para allanar
el diálogo entre petroleras y mineras con indígenas, ejidos y campesinos? o
será usado en operaciones de guerra urbana y en las megametrópolis contempladas
por el Pentágono, entre otras figuran Río, Sao Paulo y el DF. En fechas
recientes la CNN informó que las demostraciones en Ferguson, Missouri, y en
otros lados provocadas por mortales y sistemáticos ataques policiales contra
jóvenes afroamericanos, eran consideradas fuerzas enemigas, como en una
guerra. Aquí el Comando Norte dice que en la guerra al crimen o al narco, el
enemigo está entre los civiles como en Ayotzinapa, Tlatlaya, Ferguson y
Baltimore, ¿crímenes de Estado para aterrorizar a la población?
Estas son guerras,
operativos y catástrofes que además de acompañar el precipitado declive de una
potencia en estado de excepción (junto al colapso climático en curso)
son síntomas de crisis terminal del capitalismo, como lo conocemos.
