11 Jun 2019, 4:00 pm.
Los medios corporativos han retomado la campaña
sobre el "éxodo venezolano" una vez que la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para
los Refugiados (ACNUR) presentaron una nueva cifra de migrantes y
refugiados totalmente escandalosa.
Según estas agencias, existirían más de 4 millones
de venezolanos fuera del país, posicionándolo como un fenómeno migratorio
excepcional en la región. De esta cantidad, 3.3 millones estarían disgregados en 16 países de
Latinoamérica y el Caribe, siendo Colombia (1.3 millones), Perú (768 mil),
Chile (288 mil) y Ecuador (263 mil), los países con mayores cantidades.
Anterior a estas cifras, ACNUR había anunciado a mediados de febrero que 3.4 millones de
personas estaban fuera de Venezuela. En diciembre del año pasado
"proyectaron" que en 2019 ascendería a 5 millones de migrantes y
refugiados, lo que impactaría sobrecargando las capacidades institucionales y
financieras de los países receptores.
El manejo de este balance surgió luego del Proceso
de Quito, reunión efectuada por los países del Grupo de Lima en septiembre de
2018 y que trajo como respuesta de acción a la "crisis migratoria" un
Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP, por
sus siglas en inglés) dirigido a 2 millones de venezolanos y 580 mil personas
en comunidades de acogida en 16 países.
Basándose en el supuesto de que seguirá
prevaleciendo este flujo migratorio, se determinó que para atender las
necesidades de los venezolanos en el exterior era necesario desembolsar la
cantidad de 737 millones 611 mil dólares, que sería distribuida a 95
organizaciones asociadas, entre gobiernos, iglesias y organizaciones civiles.
Más de 300 millones de ese dinero estarían destinados a Colombia.
El informe, que narra al detalle los problemas que
están enfrentando las naciones latinoamericanas para abordar los requerimientos
de migrantes venezolanos que requieren algún tipo de asistencia, es un
llamamiento encabezado por el enviado especial de ACNUR y la OIM Eduardo Stein,
a los países desarrollados e instituciones financieras internacionales para que
aumenten la cantidad de inversión en "operaciones humanitarias",
siendo que solo está cubierto hasta ahora en un 21%.
Individualmente, los países hacen valoraciones
presupuestarias sobre los fondos que demandan. Colombia determinó que debe destinar el 0.5% de su PIB para atender
la llegada de venezolanos, esto se traduce en 1 millón 500 mil dólares anuales.
Por su parte, Ecuador demanda 550 millones de dólares para sus planes hasta 2021.
Proyecciones tendenciosas para
elevar las apuestas al éxodo
La estimación que la ONU hace de 5 millones de
migrantes venezolanos es complaciente con las alarmas reactivadas por actores
internacionales para instrumentalizar políticamente el movimiento migratorio en
la región.
La reaparición de la embajadora de ACNUR Angelina
Jolie, ahora en la frontera colombo-venezolana es una muestra del enfoque
mediático implementado. Los esfuerzos están dirigidos a retomar la visión de un
éxodo masivo de venezolanos que estarían colapsando a los países
latinoamericanos, razón suficiente para recibir recursos financieros
extraordinarios a los que ya han recibido en los últimos dos años, como
denunció el canciller venezolano Jorge Arreaza.
A los inicios de la matriz migratoria, el número de
venezolanos fuera del país que se difundía por distintas organizaciones,
mantuvo la característica de ser irregular y contradecirse en muchas ocasiones.
En 2017 se hacían estimaciones escandalosas de 2 millones de migrantes,
mientras que en 2018 proyectaron que el año terminaría con 4 millones en el
exterior.
La puja por sobredimensionar el fenómeno migratorio
e influir en su ascendencia terminó siendo ordenado por ACNUR, que en
julio del año pasado la cifró en 2 millones 300 mil venezolanos asentados
en el exterior. Desde entonces, la cantidad ha venido saltando exponencialmente
hasta llegar en junio de este año a los 4 millones 1 mil
917 al cierre de esta nota, cifra que dobla el conteo de 2018.
La Plataforma
Regional de Coordinación Interagencial, iniciativa de la OIM que coordina
la hoja de ruta de organismos multilaterales para abordar la situación
migratoria de Venezuela, detalla en su página web que la estimación se hace a
partir de la "suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
reportados por los gobiernos anfitriones".
De la urgencia subrayada por los organismos
multilaterales, se justifican las cuantiosas inversiones en los fondos de ayuda
internacional. Estados Unidos es el principal benefactor de los organismos
que aparentemente estarían dando respuesta a la situación en países de la
región latinoamericana, habiendo destinado 61 millones de dólares el pasado mes
de abril, como lo anunció el vicepresidente Mike Pence, suma que
correspondería a otros 200 millones ya aprobados por Estados Unidos.
La Unión Europea y Canadá son
otros países que han destinado dinero al flujo migratorio
También el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), dos instituciones financieras invitadas por
los organizadores del Protocolo de Quito, han expuesto las cooperaciones
técnicas para abonarle recursos a la región. El Mecanismo Global de
Financiamiento Concesional participó la donación del BM por 31.5 millones de dólares solamente para
el Estado colombiano, por ser el que más migrantes venezolanos albergaba.
Por su parte, el BID desarrolló la propuesta de crear un fondo de 1 mil millones
para las ciudades latinoamericanas que están recibiendo mayores cantidades de
inmigrantes transfronterizos.
A grandes rasgos, se sabe que los fondos de países
e instituciones multilaterales tienen el objetivo de financiar proyectos de
infraestructura, educación y salud que mejoren la condición migrante de los
venezolanos y aminore el impacto en los países de destino, sin embargo, se ha
evitado revelar los detalles de cada monto, manejando el proceso administrativo
discrecionalmente.
Ciertamente, la disposición de invertir recursos es
un estimulante a los países de la región latinoamericana para adoptar
facilidades legales que atraigan los movimientos migratorios de venezolanos. De
allí el ejemplo de Perú, segunda nación con mayor cantidad de venezolanos donde
solo en 2018 recibió 90 mil solicitudes de asilo, luego de que
eliminaran la exigencia de pasaporte para la entrada al país y que aplicaran el
Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
Realidad del venezolano en el
exterior: ¿por qué diferenciar entre "migrante" y
"refugiado"?
Es necesario recordar que la operación
propagandista de la "crisis migratoria" llevada por medios
corporativos no hace diferencia entre migrantes y refugiados, cuestión
fundamental que modifica la realidad sobre la migración venezolana. La
migración es un fenómeno natural de los territorios globalizados que se da por
distintos motivos, pero la cantidad de refugiados indicaría un desplazamiento
forzado de la población y su vulnerabilidad en los países de asilo. Es falso el
dato de que son 4 millones de refugiados los que se encuentran fuera del país.
En investigaciones anteriores de este portal, se
determinó que la migración fue primero mediática y luego comenzó a aumentar
fuera de los estándares ordinarios en 2017 (a partir de las sanciones
financieras aplicadas desde Estados Unidos), por razones esencialmente
económicas.
El BM, en un documento para medir el impacto de los migrantes venezolanos en
Colombia, describe el caso venezolano como una migración mixta, entre la
que se incluyen colombianos retornados, migrantes regulares e irregulares y
migrantes pendulares (personas que cruzan diariamente la frontera y retornan).
Explica que se le coloca esta clasificación "ya que está compuesta por
migrantes económicos, mayoritariamente, población retornando a sus países de
origen, y en menor proporción, solicitantes de refugio".
Por otro lado, en una entrevista hecha al enviado
de ACNUR, Stein, admitió que una de las razones por la que el flujo de
población aumentó en el primer semestre de 2019 pudo deberse al saboteo de los
servicios eléctricos del mes de marzo y a la intensificación del bloqueo
financiero, que le impide el acceso a medicinas y alimentos al Estado
venezolano.
Este escenario no ha podido ser maquillado por los
organismos que llevan los datos de la tendencia migratoria y, para añadirle
validez a la solicitud de financiamiento, requieren que se maniobre con los
términos de refugiados y asilados, condiciones que colocarían a Venezuela en la
misma categoría de países asediados por guerras como Siria, Yemen e Irak.
Miles de
venezolanos cruzan la frontera con Colombia y vuelven a Venezuela
Carlos
Eduardo Ramírez
En ese sentido, parece que la coordinación regional
se afinca en ir revirtiendo la regularización de la población venezolana para
abultar las solicitudes de asilo y el estatus de refugiado. De las 400 mil
solicitudes que maneja la ACNUR, un 60% se hicieron el año pasado. Los
cinco países que han recibido más solicitudes de asilo entre 2014 y 2018 son
Perú, con 167 mil 238; Brasil, con 83 mil 893; Estados Unidos, con 72 mil 722;
España, con 29 mil 603; y Ecuador, con 13 mil 535.
A pesar de ello, no muestran la cifra real de
estatus de refugiado que los países de acogida han aceptado. La última
estimación, hecha por la OIM, era de 5 mil 664 asilados venezolanos en toda la
región latinoamericana. Distintos actores políticos han enfatizado que otorgar
ese estatus es un aspecto importante para legitimar la versión de que los
venezolanos huyen de un conflicto en Venezuela.
La presión para que las naciones reconozcan la
mayor cantidad de refugiados posibles le permitiría a ACNUR y a la OIM
operar de manera más amplia a nivel internacional para elevar las sumas
exigidas de fondos de asistencia.
Promesas negadas a migrantes:
casos en Colombia, Perú y Ecuador
En Colombia, de las 396 mil personas que
reafirmaron la intención de permanecer en el país, el 99% no estaba afiliado al
sistema de seguridad social, por lo que tienen negado el acceso a la salud.
Maryhen Jiménez Morales, investigadora venezolana en el Departamento de Política
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford luego de una visita al
país, explicó en entrevista a Al Navío que eso genera un problema porque
"no hay recursos en Colombia ni siquiera para atender a la propia
población colombiana".
La irregularidad legal de los venezolanos también
los hace presa fácil de precarización laboral, que al no contar con permisos
especiales para trabajar y encontrándose en un territorio donde el negocio del
narcotráfico es la principal fuente de ingresos, se incorporan a las redes
derivadas como la trata de personas, prostitución y explotación infantil.
Incluso, la desinformación sobre las facilidades
legales para los venezolanos causó que existan niños nacidos en Colombia sin
nacionalidad debido a que las madres venezolanas se trasladaron, creyendo que
al nacer sus hijos allí obtendrían ambos el estatus legal. Solo en Cartagena,
nacieron 600 niños que no existen como ciudadanos.
Ecuador también ha reportado el tráfico de
personas. Al menos 17% de venezolanos encuestados en Quito han presenciado
alguna forma de trata, mientras que el 30% manifestó haber sido víctima de
delincuencia, estafas e intimidaciones durante su viaje, la mayoría procedente
de Colombia.
La explotación laboral en Perú se ha acentuado
desde que los venezolanos tienen acceso al PTP, un programa elogiado por la
comunidad internacional por ser "ejemplo de cómo los Estados pueden
proteger a las personas refugiadas y migrantes ofreciendo la regularización de
su situación". A pesar de este permiso de trabajo, los profesionales
siguen teniendo dificultades para validar sus credenciales e ingresar en el
mercado laboral formal en un país donde preponderan los empleos informales.
Muchos migrantes venezolanos tienen que recurrir a labores donde se exponen a
la explotación y abuso laboral.
Aun cuando los países del Grupo de Lima predican su
política de fronteras abiertas hacia los venezolanos, garantizando la
protección y soluciones para las personas que decidan migrar, con el objeto de
captar financiamiento extranjero, la precarización de sus condiciones son cada
vez más notables. La situación irregular no atendida por las instituciones
públicas es atribuida a la sobrecarga de las capacidades nacionales,
haciendo ver que el dinero desembolsado no es suficiente.
Los recursos destinados a ofrecer asistencia en
áreas de salud, educación y protección social a las corrientes migratorias,
estimuladas por acciones de deterioro a la economía venezolana y
propagandización de los países destino, no han mejorado las condiciones de los
venezolanos en el exterior.
Vuelve a confirmarse que, a costa de lo que tratan
de posicionar como una acción humanitaria para dar respuesta al "éxodo
masivo", al mismo tiempo se omiten las gestiones concretas para alcanzar
los objetivos planteados, existe un lucrativo negocio para que actores
regionales puedan exprimirle otros provechos al asedio coordinado contra
Venezuela.
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