#Sancionados y
Elecciones 2018
Por Luis Enrique Pérez / Anthony Quispe Oré
Martes 3 de julio de 2018
Convoca.pe construyó una base de datos con registros oficiales de la
Contraloría —de los últimos cuatro años— y de Infogob, la cual revela que 130
funcionarios sancionados por el órgano de control militan en partidos o
agrupaciones políticas, a nivel nacional. El 96% de estos últimos postularon a
ocupar cargos de elección popular en comicios anteriores. A continuación, la
primera entrega de la investigación de este medio digital como parte de la
cobertura de las elecciones municipales y regionales del año en curso.
Se estima que en las elecciones municipales y regionales de octubre
próximo participarán más de 100 mil candidatos para ocupar diferentes cargos en
esas instancias de gobierno. Para una mejor selección en sus listas, las
organizaciones políticas pueden revisar los antecedentes de los postulantes en
una plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conocida como
“ventanilla única”, que cuenta con información del Poder Judicial (sentencias,
deudores judiciales) de los ministerios del Interior (órdenes de captura) y de
Justicia (abogados con mala práctica profesional), de la Sunat (deudas
tributarias), de Registros Públicos (propiedades), así como de las
municipalidades provinciales y distritales (deudas por arbitrios, multas,
etc.).
Sin embargo, en esa plataforma del JNE no está incluido el registro de
la Contraloría con la relación de funcionarios sancionados y comprendidos en
procesos administrativos por actos de inconducta funcional y corrupción, de
entidades públicas a nivel nacional. Las sanciones del órgano de control pueden
variar desde la suspensión por tres meses hasta la inhabilitación para ejercer
la función pública durante cinco años.
Con la finalidad de contribuir a la elección de autoridades con
trayectoria intachable y solvencia moral, Convoca.pe construyó
una base de datos con información oficial de la Contraloría e Infogob, el
espacio virtual del JNE con datos político-electorales desde 1931.
Partidos con más funcionarios sancionados en sus
filas
Al cruzar ambos registros, uno de los principales hallazgos fue que de
los sancionados en los últimos cuatro años por el órgano de control, 244
funcionarios tienen o tuvieron relación con organizaciones políticas a nivel
nacional y, de estos, 130 están inscritos como militantes.
Entre ellos, figuran 31 funcionarios inscritos en el Partido Aprista
(Apra), 20 en el Partido Popular Cristiano (PPC), 16 del Partido Nacionalista y
13 de Alianza para el Progreso (APP).
Entre
los funcionarios con sanciones, hay 31 que figuran con militancia vigente en el
Partido Aprista (Apra), 20 en el Partido Popular Cristiano (PPC), 16 en el
Partido Nacionalista y 13 en Alianza para el Progreso (APP).
Otro dato relevante es que de los funcionarios con militancia política
que fueron sancionados administrativamente, 125 participaron como candidatos en
anteriores elecciones regionales y locales, incluso postularon a curules en el
Parlamento.Es decir, que al parecer les interesa ocupar puestos públicos de
elección popular.
Entre los cargos a los que más postularon estos funcionarios con
sanciones están los de alcalde (distrital y provincial), regidor (distrital y
provincial), gobernador regional, consejero regional, así como congresista.
Cabe anotar que las sanciones administrativas no les impiden volver a tentar
algún puesto en esas instancias de gobierno.
Además, Convoca.pe halló que seis autoridades que
cumplen funciones en la actualidad fueron sancionadas por cometer infracciones
administrativas consideradas graves y muy graves, las cuales causaron perjuicio
al Estado; entre ellos, el teniente alcalde de San Miguel (Lima), Juan Carlos
Takahesu, y el alcalde de la provincia de La Mar en Ayacucho, Omar Flores
Yaros.
Durante los hechos, Takahesu era gerente de Servicio a la Ciudad y Medio
Ambiente de San Miguel, en tanto que Flores Yaros se desempeñaba como director
de Abastecimiento del gobierno regional de Ayacucho. Estos casos serán
desarrollados en otro reportaje.
Favor para terceros
De las 2670 infracciones en total, cometidas por funcionarios de
diferentes entidades públicas desde 2015, más del 33% fueron actos contra el
deber de neutralidad al actuar de forma parcializada en perjuicio del Estado,
en los contratos de licitaciones, concursos, subastas, entre otros
procedimientos, en beneficio ilegal propio o de terceros.
Un 12.9% de sanciones corresponde a infracciones contra el deber de
responsabilidad debido al incumplimiento, negativa o demora —de forma
injustificada e intencional— del ejercicio de las funciones a su cargo, en los
procedimientos en los que participa.
En tanto, un 10.9% de infracciones son por faltas muy graves atribuidas
al funcionario por causar perjuicio económico, afectar al servicio público o a
la salud pública, al incumplir disposiciones legales que regulan expresamente
sus funciones.
Seis
autoridades que cumplen funciones en la actualidad fueron sancionadas por
cometer infracciones administrativas consideradas graves y muy graves, las
cuales causaron perjuicio al Estado.
Según la Contraloría, en la primera instancia del proceso administrativo
el Órgano Instructor presenta las infracciones y sanciones que el Órgano
Sancionador puede imponer o desestimar. La segunda y última instancia es el
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que resuelve en las
apelaciones presentadas por los funcionarios y servidores públicos.
La entidad precisó a Convoca.pe que estas sanciones por
responsabilidades administrativas son independientes de las responsabilidades
penales (delitos) o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios
por los mismos hechos.
Más de 2 mil inhabilitaciones
Según los datos del “Registro de sancionados con sanción vigente” de la
Contraloría —a los que accedió este medio digital—, en los últimos cuatro años
son 1735 funcionarios los que registran 2602 inhabilitaciones (de hasta cinco
años) y 68 suspensiones temporales, por cometer irregularidades “graves” o “muy
graves”, entre 2015 y marzo de 2018.
Consultados al respecto, el órgano de control precisó que las sanciones
que considera para dicho periodo pueden hacer referencia a casos de años
anteriores, pero que para su registro se indican las fechas de las resoluciones
en el periodo de análisis.
Entidades con más infractores
El órgano de control impuso sanciones a funcionarios de 358 entidades
públicas en total, entre gobiernos regionales, municipalidades, ministerios,
superintendencias y otros.
La institución pública con mayor número de sancionados por el órgano de
control es la municipalidad provincial de Cajamarca, pues tiene 34 funcionarios
infractores. Le siguen los gobiernos regionales de Cajamarca (24), Loreto (21),
Huánuco (20), Madre de Dios 20, La Libertad (19) y Huancavelica (19).
Entidades con más cantidad de sancionados
Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios sancionados
son Lima Metropolitana (308), Arequipa (140), Cajamarca (138), La Libertad
(111) y Junín (98).
Los niveles de gobierno en los que se encontró mayor cantidad de
funcionarios con sanciones son las municipalidades distritales y provinciales
con más de 900 sancionados, los gobiernos regionales con 417, y las entidades
del gobierno central con más de 300 casos.
Las
zonas del país que concentran el mayor número de funcionarios sancionados son
Lima Metropolitana (308), Arequipa (140), Cajamarca (138), La Libertad (111) y
Junín (98).
De acuerdo con la Contraloría, entre los funcionarios más sancionados se
encuentran Raúl Pineda Rodríguez (gobierno regional de Loreto), Víctor Obregón
Espinoza (municipalidad distrital de Chavín de Huántar, Áncash) y Guilmer
Córdova Paker (gobierno regional de Tumbes), quienes registran ocho sanciones
impuestas en su contra.
Con seis sanciones figuran Manuel Antonio Yarlequé (gobierno regional de
Loreto), Manuel Saavedra Guzmán (gobierno regional de Tumbes), Marcela
Fernández Dávila y César Inga Ballón (Editora Perú S.A.).
Cantidad de funcionarios infractores por niveles de
gobierno
Con la vigente Ley de Fortalecimiento de la Contraloría, este órgano
podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales, alcaldes y regidores,
en caso de detectar irregularidades en su gestión. En esta norma se eliminó la
exclusión de la responsabilidad administrativa de autoridades electas y, desde
2019, podrán ser procesados administrativamente como cualquier otro
funcionario.
Esta ley indica que solo quedarán excluidos de ser sancionados por la
Contraloría las autoridades con prerrogativa de antejuicio político, como el
presidente de la República, los ministros, congresistas; y los titulares de
órganos constitucionalmente autónomos, es decir los miembros del Tribunal
Constitucional, de la Corte Suprema, Fiscalía Suprema y otros. Estos altos funcionarios
solo pueden ser acusados por el Congreso, en relación a actos cometidos durante
su gestión, hasta cinco años después de haber dejado el cargo.
