No es preciso recordar la amplitud de un movimiento
sin igual por la sorpresa general que ha provocado su despliegue y que dilata
su duración y radicalización; y que, al contrario su propia existencia y su
transcurso implica plantearse algunas cuestiones teóricas y políticas.
Los
reportajes periodísticos en caliente así como los testimonios de los militantes
que tomaron parte en los bloqueos permiten señalar la heterogeneidad en
términos de composición de clase que contrasta con su composición espacial.
Su
composición multiclasista no deja lugar a dudas, en lo fundamental integrado
por proletarios (obreros y empleados, asalariados o no), a los que se añaden
miembros de las capas inferiores del marco (agentes de control, técnicos) o de
la pequeña burguesía (esencialmente artesanos, a menudo autónomos, pero también
campesinos e incluso intelectuales, por ejemplo, enfermeras liberales) e
incluso elementos de pequeños empresarios. Podemos también destacar la
presencia de mujeres y jubilados con mucha más importancia de la habitual en
las movilizaciones.
Si
esta heterogeneidad no ha dañado al movimiento, es que el conjunto comparte
cierto número de puntos comunes que han hecho posible su convergencia.
Son las víctimas de las políticas austericidas llevadas a cabo por todos los
gobiernos desde hace cuarenta años. Estas se han traducido para ellas en la
degradación de sus condiciones de empleo, de trabajo y de remuneración; en la
dificultad creciente para “reunir dos sueldos a final de mes”; en la angustia
creciente respecto al mañana para sí y los suyos (sobre todo los hijos); en la
degradación o incluso la desaparición de los servicios públicos y
equipamientos colectivos a los que apenas podían acceder; en el sentimiento de
no sentirse ya representados (tomados en cuenta o consideración) por nadie
(sobre todo las organizaciones sindicales, profesionales y políticas), salvo
por algunos alcaldes (aunque estos tienen cada vez menos poder); por el
sentimiento de estar abandonados y dejados a su albur y de estar francamente
despreciados, por los gobernantes que solo tienen ojos, oídos y voz, para ¡”los
primeros de la fila”!
Sin
embargo estos “desposeídos” aun disponen de esta fuerza colectiva que es la
solidaridad local, basada en los vínculos de parentesco y vecindad, hecha de
conocimiento y reconocimiento recíprocos, y también de una “economía
subterránea” de colaboración; de intercambio de servicios de donaciones
recíprocas, que asegura, más allá de la supervivencia, la posibilidad de “ir
tirando”, Sin eso, no se explicaría que hombres y mujeres hayan participado en
las operaciones realizadas por los “chalecos amarillos”, en la frialdad de
noviembre durante varios días, y más de diez en ciertos casos.
La
segunda característica sociológica notable del movimiento es su localización en
el área rural peri-urbana. Eso es porque a las categorías sociales antes
citadas cada vez se les expulsa más de los centros urbanos e incluso de las
periferias urbanas más cercanas debido al aumento de precios de los alquileres
y de las viviendas urbanas y a la expansión espacial de las ciudades
(desarrollo rural-urbano). Por otra parte, en este espacio, la dependencia
respecto al automóvil individual es máxima: se necesita al menos un automóvil
por hogar, no solo para ir al trabajo, sino también para hacer las compras,
llevar a los niños a la escuela y a las actividades complementarias, ir al
médico, realizar las gestiones administrativas indispensables, participar en
las actividades asociativas locales, etc., dada la concentración creciente de
los equipamientos y los servicios, privados o públicos, en los centros de las
periferias urbanas, por la ausencia o carencia de medios de transporte
colectivo, por la preferencia concedida a la vivienda individual que favorece
la dispersión del hábitat.
De
ahí, el carácter obligatorio de los gastos en carburantes para estos hogares y
en consecuencia, vista su precariedad presupuestaria, la extrema sensibilidad
de estas personas respecto a su precio. Son sus aumentos continuos en el
transcurso de los últimos meses, siguiendo el precio del petróleo en el mercado
mundial y el anuncio de su próximo aumento ( el 1 de enero: 6,5 céntimos el
litro de gasoil, 2,9 céntimos el litro de gasolina sin plomo de 95) derivado de
la elevación del impuesto interior de consumo de productos energéticos (TICPE)
que ha significado la ¡gota que colma el vaso! Tanto más que, dado que el
gasoil ha estado durante mucho tiempo subvencionado respecto a otros carburantes,
el parque de automóviles individuales supone aún hoy más del 60% de vehículos
con motor diésel. De ahí la opción de sus formas de actuar (bloquear o filtrar
la circulación de automóviles para sensibilizar a los conductores) y la
elección del símbolo de convocatoria (el chaleco amarillo).
La
composición sociológica del movimiento basta en esencia para explicar los
límites originales en el terreno político e ideológico. Sus reivindicaciones
inmediatas se han limitado a exigir una reducción del precios de los
carburantes, sobre todo de los impuestos que configuran el 60% del precio. Pero
esta dimensión anti fiscal no ha considerado más que una parte ínfima de la
política fiscal del gobierno. Sin criticarla en su conjunto; sobre todo el
aumento de la fiscalidad indirecta por encima de la directa, y en este contexto
la fiscalidad sobre los ingresos del trabajo más que la de los ingresos
del capital, por lo tanto los ingresos mayores y de las grandes fortunas: así,
la reducción del tipo del impuesto de sociedades (las empresas), el tipo fijo
sobre los ingresos del capital, la supresión de los tipos superiores del
impuesto sobre la renta (IRPP), la supresión del impuesto de solidaridad sobre
los grandes patrimonios (IRF). Y los “chalecos amarillos” no desafiaron de
inmediato el efecto de los ingresos fiscales (la vertiente de los gastos
públicos) que aún beneficiaban al capital (veamos por ejemplo el crédito
competitividad-empleo -CICE- de un total aproximado de 110.000 millones en
cinco años) en detrimento del trabajo (los recortes claros en la
financiación de los servicios públicos y equipamientos colectivos, del que una
parte constituye la porción socializada del salario). Pero parecidos límites no
sorprendían a priori a partes de la población que no han tenido hasta hoy , en
su mayoría, ninguna experiencia ni formación política y que por tanto era a
menudo su primera movilización reivindicativa.
Fue
argumentando con semejantes límites inmediatos como se han hecho oír diferentes
voces para desacreditar el movimiento, o al menos, para arrojar sospechas sobre
él. Dejemos el desprecio ordinario de los “primeros de la fila” por el “bajo
pueblo”. Más sorprendentes e inquietantes han sido las voces provenientes de la
izquierda o incluso de la extrema izquierda. El movimiento ha sido así
calificado de poujadiste. En la segunda mitad de los 50, el poujadisme fue un
movimiento compuesto por elementos de la pequeña burguesía (especialmente
comerciante) y del pequeño capital amenazado por la penetración del gran capital
(convertido en oligopolista) en ciertos sectores de la industria , del comercio
y de los servicios, así como por el despliegue de instituciones características
del compromiso fordista entre capital y trabajo asalariado (principalmente la
Seguridad Social). En tanto que el movimiento actual está dominado por
elementos del proletariado amenazados por el desmantelamiento continuo de las
conquistas del compromiso fordista. Único punto común: el antifiscalismo; pero
mientras que eso fue un elemento esencial para el movimiento poujadiste, el
movimiento actual de los “chalecos amarillos”, lo ha superado, como veremos más
adelante.
Nuestras
“almas cándidas” de izquierda y de una parte de la extrema izquierda han
acusado a este movimiento de haber sido arrastrado por la derecha dura y la
extrema derecha. Tales acusaciones han sido difundidas basándose en la
observación de objetivos, eslóganes o comportamientos sexistas y racistas en el
seno de los colectivos de “chalecos amarillos”; de la presencia en los
colectivos de símbolos o marcadores de la derecha o la extrema derecha
nacionalista (la bandera tricolor, la Marsellesa); del apoyo inmediato obtenido
por ellos, proveniente de los líderes de la extrema derecha o de la derecha
extrema (Le Pen, Dupont-Aignan, Vauquiez) tendente a recuperarlo para sus
propios fines y a la participación de militantes de la extrema derecha en
alguno de sus colectivos.
Aunque
en múltiples ocasiones los “chalecos amarillos” hayan declarado reivindicarse
como “apolíticos” (ciertamente el apoliticismo es más bien de derecha),
respondamos al menos a las acusaciones precedentes. Aparte de que los actos y
expresiones racistas o sexistas han quedado en minoría en su seno, los
“chalecos amarillos” no tienen por desgracia el monopolio del sexismo o del
racismo. Desde este punto de vista, los militantes y organizaciones de
izquierda y de extrema izquierda, tendrían que desembarazarse de su propia
basura. Además, esperar que un movimiento popular espontaneo sea
ideológicamente puro para apoyarlo e intervenir en él, es condenarse a la
impotencia y poner el carro delante de los bueyes: exigir como punto de partida
lo que solo puede ser un punto de llegada. Por otra parte, es discutible hacer
de la bandera tricolor y la Marsellesa marcas solo de la derecha o extrema
derecha nacionalista: podemos también recordar la herencia revolucionaria que
conlleva, la única disponible de personas privadas de cualquier otra herencia
revolucionaria. Finalmente, y sobre todo, no es tanto la presencia de elementos
de la derecha y la extrema nacionalistas en el movimiento de los “chalecos
amarillos” por lo que hay que alarmarse es por la ausencia de la izquierda y la
extrema izquierda que sirva de contrapeso para expulsarlos del movimiento.
En
su conjunto, estas organizaciones se han mantenido en efecto al margen de este
movimiento, al menos en el primer momento. En el ámbito político, hemos
asistido a un sostén de boquilla por parte del PS (aún no recuperado de su
colapso del año pasado) y del PC (ocupado en su congreso), a un apoyo más claro
por parte de la FI, del NPA o de AL (Alternativa libertaria) aunque sin llamar
a una participación masiva al movimiento -excepción hecha de algunas
individualidades (Ruffin,Besancenot, Poutou). En cuanto a las organizaciones
sindicales, han presentado un gradiente de actitudes yendo de la indiferencia a
la franca desconfianza englobando la hostilidad (el adorno anticuado como es
habitual en la CFDT, cuyo secretario general habría visto en ello “una forma de
totalitarismo”)- excepto algunas estructuras locales o federales (CGT
metalurgia, Sud industria, SUD PTT, FO Transports) y, por supuesto, las de sus
militantes o miembros que muy rápidamente, al contrario, tomaron la opción
opuesta.
Las
razones de tal actitud son múltiples. Han tomado en consideración las críticas
precedentes del movimiento, emparejadas con la acusación de moverse en favor
del patronato…del sector del transporte por carretera, que ha sostenido al
movimiento por el hecho de emplear su reivindicación primordial, antes de
retractarse rápidamente protestando contra los bloqueos de carreteras. Más
profundamente, hay sin duda que incriminar la hostilidad de inicio respecto a
los movimientos sociales espontáneos (el movimiento de los “chalecos amarillos”
partió de una petición que circuló en las “redes sociales”) por parte de los
estados mayores que tienen la costumbre de hacer desfilar sus tropas solo dónde
y cuándo ellos deciden. Finalmente, hay que señalar su extemporaneidad respecto
a toda esta parte de las capas populares en la que estas organizaciones no
tienen (ya) ninguna implantación y que ha llegado a serle tan extraña e
invisible como ésta resulta para el poder. Lo que dice mucho sobre su falta de
anclaje en el “país real” y ha valido a estas pretendidas vanguardias
encontrarse arrastradas por un movimiento popular, al menos en sus inicios.
Evidentemente,
similar actitud es no solo un error sino una falta política grave. El
movimiento de los “chalecos amarillos” es por supuesto complejo, compartido
entre tendencias divergentes, acrecido de probables contrarios. Su
plataforma reivindicativa inicial era pobre y su horizonte político limitado
(por no decir inexistente). Pero su potencial de lucha era y es enorme. Como ya
lo ha probado la primera y la ampliación del segundo. Y esta es precisamente la
misión de las organizaciones sindicales y políticas anticapitalistas de
intervenir en su seno y en sus márgenes para ampliar y acelerar ese doble
proceso y orientar al movimiento en un sentido globalmente favorable a los
intereses de clase de sus miembros. Queda por determinar como.
Sobre
todo no intervenir como donantes de lecciones y, aún menos, dando la impresión
de querer recuperar el movimiento en favor de una organización cualquiera o de
un programa político concreto. Defender, al contrario, la autonomía total del
movimiento respecto al exterior y la democracia interna. Y contentarse con
defender en su seno, un cierto número de propuestas entre las cuales dejo estas
siguientes para la discusión.
En
cuanto a las formas de organización. Promover la democracia asamblearia en los
colectivos. Hacer de cada reunión un lugar de discusión y deliberación.
Defender la autonomía de los colectivos locales aunque argumentando por la
mayor coordinación posible entre los colectivos locales en términos de una base
territorial definida por ellos. Mandatar estrictamente a los delegados para las
coordinaciones en cuestión. No aceptar la institución de denominados
representantes nacionales encargados de negociar con el gobierno. Pero buscar,
tanto como sea posible, favorecer los lazos con las organizaciones y
movimientos que se hayan declarado favorables al movimiento y que lo hayan
apoyado, sin tentativas de instrumentalización de una u otro, empezando por
aquellas (principalmente organizaciones sindicales y movimientos estudiantiles)
que ya se han comprometido en acciones reivindicativas en su propio campo. Pues
el potencial de descontento y de revuelta es inmenso en el conjunto del país,
como lo probaron el sábado 1 de diciembre las escenas tumultuarias en París
pero también en otros lugares (Marsella, Saint-Étienne, Le-Puy-en-Velay,
Tours), que no han sido hechas por los “destructores” habituales.
Respecto
al contenido reivindicativo. Proponer la elaboración de una plataformas
reivindicativa que integre las reivindicaciones inmediatas aunque defendiendo
la necesidad de ampliarlas y profundizarlas. A guisa de ejemplo:
-Reducción
inmediata del precio de los carburantes mediante el TICPE, que constituye
actualmente la cuarta fuente de ingresos fiscales del Estado (tras el TVA
-IVA-, el IRPP -IRPF- y el IS). Institución de un precio administrado como
forma de evitar deslizamientos de precios;
-Clara
revalorización de los principales ingresos de los que viven las capas populares
movilizadas: llevar el SMIC -SMIG- y las pensiones de jubilación al nivel del
salario medio actual (en torno a 1700€); revalorización equivalente del
conjunto de prestaciones sociales; llevar los minima sociales por encima del
actual umbral de pobreza ( por ejemplo a los 1200€).
-Adopción
y despliegue urgente de un plan de lucha contra la pobreza.
-Realojamiento
de todos los SDF en las viviendas vacantes como ya autoriza la ley.
-Instaurar
una limitación de alquileres. Lanzamiento de un programa plurianual de
aislamiento del conjunto de viviendas, sociales o no, financiado con fondos
públicos, comenzando por los ocupados por familias con precariedad energética.
-Reducción
de la fiscalidad indirecta (por ejemplo, ampliación de la cesta de bienes y
servicio sometidos a una TVA -IVA- reducido con imposición de un precio máximo,
para evitar que los comerciantes se embolsen la diferencia).
-Reducción
de la fiscalidad directa que grava el trabajo (por ejemplo, las tasas de la
CSG). Aumento de la fiscalidad directa sobre el capital, las rentas elevadas y
las grandes fortunas: restablecimiento de las franjas superiores del IRPP;
aumento de los tipos impositivos de los ingresos de la propiedad bajo
protección social; elevados impuestos sobre la parte de beneficios distribuidos
en forma de dividendos; aumento de los tipos del IS; restablecimiento del ISF;
supresión del CICE y del conjunto de nichos fiscales, cuyo total será orientado
para financiar diferentes medidas ecológicas y sociales previamente enunciadas.
-Adopción
de una moratoria sobre la deuda pública. Apertura de un procedimiento de
auditoria de esta deuda para determinar su parte ilegítima que no será
reembolsada.
-Elaboración
de una cuaderno reivindicativo contra la degradación de los servicios públicos
e, inversamente, para el refuerzo de dichos servicios, sobre todo en materia de
transportes (reapertura de lineas locales de ferrocarril cerradas, gratuidad de
los transportes colectivos), de salud (institución de un período de presencia
obligatoria de jóvenes médicos en los desiertos médicos, reapertura de
hospitales y servicios hospitalarios cerrados, dotándoles de medios
suplementarios) y de educación (ningún cierre de aulas en la primaria,
institución de una distancia mínima a recorrer por los estudiantes de
secundaria y puesta en funcionamiento de recogida escolar sistemática, de
medios suplementarios para las actividades extraescolares.
-Supresión
del conjunto de medidas destinadas al desmantelamiento de la protección social:
supresión de las medidas de copago de medicinas; plan de urgencia para dotar a
los hospitales públicos de medios suplementarios y abandono de toda subvención
a las clínicas privadas; instauración de un derecho a la jubilación para todos
después de 30 años de actividad basado en el 75% del mejor ingreso bruto
limitado a dos veces el SMIC
En
cuanto a las formas de acción. Sin abandonar las operaciones de bloqueo o de
filtración de la circulación automóvil a las entradas de las ciudades (para
discutir con los conductores, incitarlos a juntarse al movimiento, hacerles
conocer las reivindicaciones) adoptar formas de acción adaptadas a las
anteriores reivindicaciones (por ejemplo, bloqueo u ocupación de los servicios
públicos para apoyar las reivindicaciones del personal de esos servicios e
informar a los usuarios de tales reivindicaciones; incidencia en los alcaldes,
los consejos departamentales y regionales, las permanencias de los diputados y
senadores para obligarlos a reforzar las anteriores reivindicaciones.
Pero,
sobre todo, me parece necesario privilegiar las actuaciones descentralizadas
pero coordinadas en las provincias más que las acciones centralizadas en París:
para permitir al máximo de personas implicarse; para permitir a los colectivos
locales dominar sus decisiones y su calendario; para paralizar progresivamente
el país; para agotar al gobierno y sus “fuerzas del orden” obligándoles a
multiplicar sus puntos de intervención y su desplazamiento.
Más
allá de las propuestas precedentes, que pueden y han de ser debatidas
colectivamente en el seno del movimiento, hay sobre todo la necesidad y la
urgencia de intervenir en el seno de éste para permitirle ir lo más lejos
posible lo que no ha de discutirse en el seno de las organizaciones sindicales
y políticas anticapitalistas. Y, cualquiera que sea su salida, este movimiento
habrá revelado la existencia de un inmenso campo de capas populares que debe
constituir una auténtica tierra de misión para esas organizaciones en los meses
y años venideros. Sin ello, no habrá que sorprenderse y quejarse por ver a esas
capas populares ceder aún un poco más a los cantos de sirena de la extrema
derecha que sabrán, por su parte, atizar el resentimiento y sembrar la
xenofobia y el racismo y favorecer con ello el repliegue identitario.
