por aapilanez
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EL EMBATE: Buitres sobre la ciudad
"Sangre, sudor y lágrimas arrancadas a millones, ¿por qué?, ¡por la
renta!"
Lord Byron
Un fantasma recorre Barcelona: la rebelión de los inquilinos. Hastiados
de la carestía de la vida, del desempleo y la precariedad laborales y ante el
brutal incremento de rentas impuesto por el “sindicato de caseros”, decenas de
miles de inquilinos de la ‘rosa de fuego’ se declaran en huelga cesando en el
pago de alquileres. La represión no se hace esperar. Los lazos de ayuda mutua
tejidos por las clases populares a través de décadas de ásperas luchas contra
los amos de la ciudad propician la solidaridad y la resistencia contra el
ataque conjunto de los rentistas de la Cámara de la Propiedad y las fuerzas
defensoras del orden burgués. En un ambiente de gran crispación -que da lugar,
en ocasiones, a intercambios de disparos-, los masivos intentos de desahucio,
con lanzamiento incluido de muebles a la calle, son frecuentemente atajados por
los aguerridos arrendatarios, organizados en el Comité de Defensa Económica.
Los presos gubernativos, en su mayor parte relacionados con los desahucios,
inician una huelga de hambre, mientras el conflicto del sector del metal que
conmociona a la ciudad se transforma en huelga general. Siguen cuarenta y ocho
horas de extrema tensión con varios muertos, veinte heridos graves y centenares
de detenciones que provocan la desarticulación del Comité de Defensa Económica
y la detención de sus dirigentes. Se pone en evidencia cómo la recién
inaugurada república –recibida esperanzadamente por las clases populares-
mimetiza sin complejos los modos represivos del régimen anterior cuando se
trata de lidiar con las reclamaciones de las clases desposeídas.
El relato anterior no es una agorera prognosis de historia ficción sobre
la aguda conflictividad social en la hipotética República Catalana. Se trata de
una sucinta descripción –basada en el excelente ensayo de Manel Aisa- de
la huelga de alquileres que sacudió Barcelona en el convulso verano de 1931. El
advenimiento de la Segunda República y el impacto profundo de la crisis
económica de 1929 desencadenaron un rebrote de las luchas sociales alimentado
por las expectativas –luego frustradas- de reformas socioeconómicas profundas
generadas por el nuevo régimen. Mutatis mutandis, en la actual situación
de agudo deterioro de las condiciones de vida y de intensificación de la
violencia inmobiliaria en la ciudad de los prodigios, la respuesta por parte de
unas clases populares profundamente desestructuradas dista mucho de la que en
aquel momento ofreció una clase obrera altamente politizada por el anarquismo
revolucionario. Contrariamente a la hegemonía que encarnaba en la Segunda
República el movimiento anarquista frente al minoritario nacionalismo burgués,
en la actual fase de exaltada efervescencia identitaria, los escasos brotes de
resistencia ante la apisonadora neoliberal son ahogados por el fragor de la
omnipresente cuestión nacional. Cabría pues sospechar que –sin menoscabo de su
indudable arraigo y del éxito logrado en la movilización popular- el eje
nacional-patriótico, con su idealista vocación interclasista aglutinadora de la
“voluntat d’un poble”, ha contribuido a esa anestesia al diluir el
componente social de las luchas populares que había revitalizado la
sorprendente eclosión “quincemayista”.
Y sin embargo, sobran –como entonces- los motivos para la ruptura de la
“paz social”. La antigua ‘rosa de fuego’ –de la que Engels decía que era la
ciudad del mundo con más barricadas-, deviene, al compás de su conversión en
“golosina” para la explotación de la marca Barcelona –la ‘millor botiga del
mon’ de los fastos olímpicos y el grotesco Fórum 2004-, un modelo
perfecto de la nueva matriz de rentabilidad del capitalismo neoliberal: la
extracción de rentas basada en las burbujas de activos y en la – en los clásicos
términos de Harvey- acumulación por
desposesión. El filósofo francés Henri Lefevre, ya en 1974, en el inicio del apogeo
del capitalismo financiarizado, señalaba cuál iba a ser el renovado objetivo
del capital ante la crisis de rentabilidad provocada por el agotamiento del
modelo industrial-fordista de los ‘treinta gloriosos’: “el inmobiliario y la
construcción dejan de ser un circuito secundario, una rama anexa y retrasada
del capitalismo industrial y financiero para situarse en primer plano de la
nueva matriz de acumulación”. Pocos ejemplos mejores que el de la capital de
Cataluña –la antigua fábrica de España- para ilustrar esa drástica
transformación de la estructura económica volcada actualmente hacia la
valorización del suelo y el espacio urbanos como objetivos predilectos del
capital financiero.
En los inicios de la cacareada recuperación de la maltrecha economía
española–cogida de los frágiles hilos de la política monetaria expansiva del
BCE, el petróleo barato y el coyuntural aluvión turístico- y ante la
imposibilidad de reiniciar –por ahora- el inflado de nuevas burbujas
hipotecarias por la fragilidad de la demanda de los millenials y el
enorme stock de ladrillo procedente de la debacle de 2008, la fiera rentista
cambia de estrategia. El siguiente anuncio de la promotora
Urbania International, con excelentes relaciones con varios fondos de inversión
internacionales, resume, mejor que cualquier colección de datos estadísticos,
el modus operandi de la nueva ofensiva de los tiburones inmobiliarios: “La
estrategia es hacer una mejora moderada y una renovación del edificio,
reemplazando los contratos actuales por un esquema de gestión de vivienda
turística, lo que automáticamente trae consigo un aumento de los ingresos por
alquiler y la revalorización física de la propiedad misma para la posterior
desinversión”. La apuesta por el alquiler es pues la clave de bóveda de la recomposición
de la burbuja inmobiliaria y sus élites asociadas.
La tormenta perfecta, que impacta de lleno contra las crecientemente
precarias condiciones de vida de unas clases populares machacadas por la
devaluación salarial y la pobreza rampante, está servida: las masivas
inyecciones de liquidez del BCE, canalizadas hacia la banca y los fondos
“oportunistas”; el volcado hacia el
alquiler de miles de viviendas procedentes de los despojos del colapso de 2008;
la creación –con el señuelo de jugosas ventajas fiscales- de las SOCIMIS, auténticas
multinacionales del rentismo “financiarizado” y la invasión vertiginosa del
alquiler turístico propulsado por la plataforma Airbnb conforman un ciclón
especulativo que torna prohibitivo el acceso a un bien básico para enormes
bolsas de población. Su absoluto desvalimiento se agudiza con la complicidad
flagrante de los dueños del BOE –con las sucesivas reformas de la neoliberal LAU (Ley de
Arrendamientos Urbanos) y el chollo fiscal del que disfruta el arrendador en
detrimento del arrendatario en lugar destacado- con los intereses del sindicato
de caseros. Salva Torres, alma mater de la asociación 500x20, que cuenta en su haber con una
admirable tarea de investigación financiero-jurídica y de activismo social por
la defensa del eslabón más débil de la opresora cadena de la violencia
inmobiliaria, indica hacia dónde bascula la preferencia de los "ecuánimes"
legisladores: “En 2014, los inquilinos recibieron ayudas por 353 millones de
euros mientras que los propietarios consiguieron cerca de 15.000 millones en
ayudas, exenciones fiscales y fraude. Pero si a esos regalos añadimos los
1.785,43 millones de euros en desgravación por compra de vivienda habitual,
nuestro país es líder europeo en ayudas a la vivienda y en desahucios. Esto
tiene un nombre: política clasista y neoliberal a favor de la propiedad frente
a la vivienda entendida como un derecho y no como un activo financiero”. Javier
Burón, gerente de
vivienda del Ayuntamiento de Barcelona se refiere lastimosamente a los
“cien años de no tener políticas públicas de vivienda” para explicar la casi
absoluta inexistencia de vivienda pública o de alquiler social que pueda
amortiguar el embate especulativo.
Los fondos de capital-riesgo como Blackstone, la infausta SAREB –el llamado banco
malo, financiado con dinero público procedente del rescate europeo y atiborrado
de la morralla inmobiliaria de las extintas cajas- y los 4 grandes bancos
“supervivientes” de la hecatombe, convertidos en las mayores inmobiliarias del
país tras la plaga de embargos hipotecarios, son los nuevos caseros del
alquiler “profesional”.
Barcelona se convierte así en la joya de la corona del ataque combinado
de las panzer division financiero-inmobiliarias. Su enorme potencial
como meca turístico-congresual, la existencia de un parque de alquiler muy
superior al del resto del estado (30% del total del parque de vivienda) y la
hegemonía local de una alta burguesía rentista –orbitando alrededor de la
todopoderosa Caixa y de gigantes inmobiliarios como Núñez y Navarro- con
potentes socios internacionales la convierten en diana predilecta del ataque de
los financistas: en 2016, la inversión inmobiliaria “profesional” en BCN
fue de casi 2000 millones de euros (el 85% del presupuesto global del
Ayuntamiento y el 20% del total de todo el país).
El resultado es fácilmente previsible. En los dos últimos años las
rentas han escalado más de un 25% en los barrios más “golosos” del centro
turístico y siguen acelerándose mientras los desahucios por impago de alquiler
ya superan con creces a los de vivienda habitual. Las imágenes de espantados
vecinos mostrando angustiados los implacables burofax en los que los
nuevos multi-propietarios les conminan al abandono inmediato de la vivienda
mediante la vía expeditiva de la no renovación contractual representan el
símbolo de la nueva ofensiva de violencia inmobiliaria. Los ayuntamientos del
cambio y la “regeneración democrática” asisten desbordados ante la avalancha:
el señor Burón, a la par que desgrana medidas pretendidamente “realistas”, como
fomentar la colaboración público-privada y buscar el equilibrio entre
“rentabilidad y habitabilidad”, reconoce la impotencia del ayuntamiento del
cambio ante la enormidad de “un problema estructural”. El ritmo de construcción
de viviendas sociales de titularidad
municipal, a pesar de la aceleración propulsada por los adalides de la
regeneración democrática, sigue siendo, en sus resignadas palabras, “una gota
de agua en el océano”. El ataque de los “especuladores en activos” -¡cuánta
jeremiada nostálgica escuchamos del capitalismo productivo, que hacía cosas
útiles para la gente!- junto con la impotencia –cuando no connivencia
descarada- de las administraciones públicas inciden de lleno en el creciente
desvalimiento de las clases populares. El 50% de la población forma parte del
precariado: persona sin perfil financiero solvente que no le permite contratar
una hipoteca pero tampoco pagar alquileres de dos dígitos: la media en BCN es
de 14€/m2. El retraso infinito de la emancipación juvenil, la
expulsión-gentrificación de la población tradicional de los prohibitivos
barrios fashion y el hacinamiento en viviendas compartidas o en la casa
de los abuelos configuran un panorama de empobrecimiento generalizado con
insospechados daños colaterales. Como refiere el compañero Salva Torres: “Los
pequeños propietarios no pueden competir con el mercado profesional de alquiler
de las grandes firmas pero nunca se enfrentarán a esa mafia que los empobrece
ni a esas leyes que hacen el trabajo sucio de juntar la peor oferta
(propietarios empobrecidos) con la peor demanda solvente (inquilinos precarizados).
Un mercado así configurado sólo puede degenerar en una guerra entre
pobres, con actitudes reaccionarias de esos propietarios marginales
contra los inquilinos”. Asimismo, se está produciendo un aumento inusitado de
la fórmula de compra conocida como “nuda propiedad”. Tal
argucia perversa consiste en la adquisición de un inmueble habitado por una
persona mayor, con el derecho de reversión hacia el comprador en el momento del
fallecimiento del titular. El objetivo es rentabilizar la inversión –muy
rebajada por la “necesaria” espera a que el “bicho” ocupante pase a mejor vida-
a través del alquiler sobrevalorado.
El carácter parasitario e improductivo–en abierto contraste con la
oposición, irreconciliable pero transparente, entre explotador y explotado en
el lugar de trabajo- de semejante modelo de actividad económica se refleja en
su matriz de rentabilidad “precapitalista”: la extracción de rentas de la
sacrosanta propiedad privada transmitida por herencia. La “renta” es el
flujo infinito –al contrario que una patente, que tiene duración determinada
hasta que revierte al dominio público- de liquidez que recibimos simplemente
por ser propietarios de algo, sin aportar trabajo o valor de ninguna clase.
Como dice Stuart Mill, –refiriéndose a los terratenientes absentistas-: “Puede
decirse que se enriquecen mientras duermen, sin trabajar, arriesgar o
economizar. Según el principio general de la justicia social, ¿qué derecho
tienen a ese aumento de sus riquezas?”. Ni siquiera la ortodoxia económica
neoclásica otorga refrendo teórico para la extracción ilimitada de rentas de un
bien de uso depreciable cuyo valor de cambio aumenta –contra toda lógica
racional- indefinidamente. ¿Qué justificación tiene cobrar alquileres
desorbitados por viviendas antiguas –la mayoría del parque de Barcelona tiene
entre 40 y 60 años- que ya han sido amortizadas varias veces por sus
propietarios a través del flujo de rentas y las generosas desgravaciones
fiscales? Los proudhonianos clásicos consideraban que la explotación
capitalista se fundamentaba en distintas categorías económicas que consistían
en parasitar el esfuerzo ajeno: la plusvalía en el trabajo, el lucro en el
comercio, el interés en el crédito y la renta en el alquiler. Ni que decir
tiene cuáles son las predominantes en la actual fase senil y crecientemente
depredadora del sistema de la mercancía. Lefevre resume el ataque
global a las condiciones de vida de la población que una matriz
rentista-extractiva como la descrita supone: “Todas las condiciones se reúnen
así para un dominio perfecto, para una refinada explotación de la gente, a la
que se explota a un tiempo como productores, como consumidores de productos y
como consumidores de espacio”.
LAS RESISTENCIAS: legalismo versus ilegalismo
“Hoy es muy difícil esperar que los nuevos sindicatos de vivienda
asuman una medida como ésta, pero tal y como los sindicatos laborales
combativos deben aspirar a acabar con el trabajo asalariado, los sindicatos de
inquilinos deben aspirar a acabar con la renta. Abolir los alquileres puede
parecer una propuesta muy extrema, pero ni siquiera el argumentario económico
más convencional puede refutar su coherencia”
Ruymán Rodríguez
"Esa política tiene dos criterios: no engañarse y no
desnaturalizarse. No engañarse con las cuentas de la lechera reformista ni con
la fe izquierdista en la lotería histórica. No desnaturalizarse: no rebajar, no
hacer programas deducidos de supuestas vías gradualistas al socialismo, sino
atenerse a plataformas al hilo de la cotidiana lucha de clases y a tenor de la
correlación de fuerzas de cada momento, pero sobre el fondo de un programa al
que no vale la pena llamar máximo porque es el único: el comunismo"
Manuel Sacristán Luzón
Ante la virulencia del embate financiero-inmobiliario contra las
condiciones de vida y habitación de unas clases trabajadoras crecientemente
desvalidas, surgen los interrogantes acerca de qué tipo de estrategias de
resistencia pueden obstaculizar el desarrollo de la maquinaria de la
apisonadora neoliberal. ¿Es posible contener, desde las instituciones públicas
o los movimientos sociales, los efectos devastadores de un modelo como el
descrito? ¿Puede embridarse el voraz capitalismo financiarizado a través de las
palancas institucionales o legislativas? ¿Cuáles son sino las posibilidades de
construir una resistencia popular eficaz contra la ola desatada de violencia
inmobiliaria?
Las organizaciones que se han erigido en protagonistas de la respuesta
social ante los efectos más dramáticos del colapso inmobiliario de la última
década se caracterizan por la adopción de una estrategia basada en la reducción
de daños y en la propuesta de reformas legislativas -de las que la ‘dación en
pago’ ha sido la reivindicación estrella-.
El ejemplo paradigmático ha sido la lucha contra los desahucios llevada
a cabo por la PAH, cuya “casa matriz” se sitúa en la ciudad de Barcelona. El
mérito indudable de llevar a la esfera pública una violencia extrema del
sistema –la aberrante arquitectura legal del sistema hipotecario español con su
brutal regulación del impago hipotecario- queda sumamente atenuado por el grave
error que implica centrar casi exclusivamente la lucha contra la violencia
inmobiliaria en su medida estelar: la 'dación en pago'. Además de soslayar con
ello la crítica de fondo de todo el sistema de generación de crédito bancario
(creación de dinero-deuda e inflado de colosales burbujas de activos), causante
real de la catástrofe inmobiliaria, la cúpula de la
organización ha rechazado recurrir a los mecanismos que hubieran sido realmente
eficaces para impedir que muchos hipotecados en “quiebra” perdieran su
vivienda. Limitándose a la denuncia del abuso que suponía la reclamación de la
deuda restante, tras la entrega de la vivienda al banco, se renunciaba a la
denuncia global de todo el entramado fraudulento basado en el crédito
hipotecario. La PAH-Madrid, organización
enfrentada por este motivo a la casa matriz barcelonesa, define la dación como
“una alternativa tóxica y letal en su aplicación generalista y populista”. Y lo
cierto es que, como han demostrado quienes han tenido el
coraje de ir más allá en la investigación y denuncia de los atropellos
perpetrados por la banca patria, motivos para cuestionar la legalidad de todo
el sistema no faltaban en absoluto. Trapacerías fraudulentas, reconocidas en
sentencias de tribunales españoles y europeos, como la masiva titulización de
hipotecas–que conducía al absurdo de que el banco que exigía la deuda no era el
legítimo acreedor al haberla empaquetado y vendido, desapareciendo su rastro en
la nebulosa financiera-; el vencimiento anticipado, que faculta
al acreedor para la ejecución de la hipoteca y la reclamación completa de la
deuda pendiente transcurridos únicamente dos impagos o la colusión de la gran
banca europea en la fijación del Euríbor y del IRPH para cargar intereses abusivos –el 90% de
las hipotecas eran de tipo variable- al incauto deudor son sólo algunos botones
de muestra de las cargas de profundidad que podían desvelar la flagrante
ilegalidad de todo el procedimiento hipotecario. Sin embargo, cumpliendo a la
perfección con el “sostenella y no enmendalla”, en su última Iniciativa
Legislativa Popular, la PAH sigue
insistiendo en su propuesta de dación en pago “retroactiva”, junto con otras
medidas paliativas como el etéreo alquiler justo o “asequible”. No es en
absoluto osado aventurar que semejante táctica derrotista ha facilitado, a su
pesar, la gestación de la actual burbuja del alquiler gracias al volcado al
sediento mercado de centenares de miles de viviendas procedentes de
lanzamientos hipotecarios –incluidas miles procedentes de daciones en pago- por
parte de la gran banca y de la SAREB. Tales daños colaterales explican quizás
la dureza de la PAH-Madrid en su descripción de las causas del
“distanciamiento” ocurrido en la organización: "unos llegaron al Congreso,
Asambleas o alcaldías. Su instrumentalización del problema hipotecario les
rindió diferentes beneficios personales y políticos. Otros seguimos de manera
organizada en la defensa de nuestras familias frente a bancos, jueces y
políticos”. Quizás una pista –innegablemente malévola- que explique su
moderantismo adaptativo la proporcione el antropólogo social Gerard Horta al consignar la
rápida “colocación” como asesores o cargos municipales en el consistorio
barcelonés de los principales responsables de los colectivos proinmigrantes y
activistas contra el CIE, surgidos al calor
del triunfo electoral del ciudadanismo progresista encarnado en Barcelona
en Comú –cuyos máximos dirigentes provienen de la PAH-.
Paralelamente a la basculación del rentismo financiero-inmobiliario de
la propiedad al alquiler, el activismo social centrado en la lucha por la
vivienda “digna” se ha desplazado de la contención de los enormes daños
provocados por el drama hipotecario a la lucha contra la redoblada violencia
inmobiliaria causada por la burbuja del alquiler - actualmente, el 93% de los desahucios en
Barcelona son por impago de arrendamiento-. El día 12 de mayo de 2017 se
celebró la presentación en sociedad del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.
“La defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, estable,
seguro y digno” constituirían, según su manifiesto fundacional, sus propósitos
fundamentales. La formación de un parque público de vivienda social, la lucha
por la regulación de los precios, la reforma de la neoliberal LAU y el
asesoramiento a afectados por los efectos de la draconiana legislación vigente
representan sus ejes prioritarios de
actuación. En sus coloristas –el naranja es el uniforme del movimiento- encuentros ciudadanos,
el mantra del alquiler “justo”, las invectivas contra los fondos “buitres” y la
lucha contra la “especulación que nos ahoga” centran las intervenciones. El
ambiente armonioso remite a las “evangélicas” asambleas de la PAH, con sus
referencias a la inteligencia colectiva y a vehicular las emociones a través
del lenguaje dulcificado –empoderamiento, revolución democrática, ciudadanismo,
femenino genérico, etc- de clara ascendencia quincemayista. Al igual que la
PAH, su decálogo de propuestas, rezuma legalismo y requerimientos de reformas a
las administraciones públicas que contengan la apisonadora de la violencia
inmobiliaria. En su manifiesto fundacional
el sindicato se ubica en la tradición abierta por la huelga de alquileres del
31 –como si su manifiesto carácter reformista-paliativo pudiera entroncar con
el anarquismo revolucionario- que “nos recuerda que la lucha por los derechos
de los inquilinos no es aquí una experiencia nueva”.
La recién constituida –marzo de 2017- Coordinadora de asambleas de
vivienda de Barcelona reclama en su declaración de principios medidas similares: limitación de
alquileres, reducción de alojamientos turísticos, paralización de
desahucios sin alternativa habitacional, etc. Añadiendo asimismo en su
exhortación final una dupla de exigencias dirigida a las inmobiliarias,
conminándolas –cuál si de la fábula del escorpión y la rana se tratara- a que
dejen de “especular con el precio del alquiler” y exigiendo a la administración
que intervenga tomando medidas contra el vaciamiento de los barrios.
La genealogía de las referidas organizaciones –junto con el observatorio
DESC, el llamado think tank de la PAH y
del sindicato de inquilinos-, “compañeros de viaje” de la nebulosa de los
Comunes y del nuevo municipalismo “regeneracionista”, podría remontarse a los
colectivos de lucha por el derecho a la vivienda surgidos en los años previos
al colapso de 2008. Resulta llamativa la notable coincidencia de postulados con
el contenido de la “Carta de medidas contra la violencia
inmobiliaria y urbanística”, del año 2006. El documento fue redactado por la
Plataforma vecinal contra la especulación en el marco del Taller contra la
violencia inmobiliaria y urbanística, caldo de cultivo del que surgió la V de Vivienda,
organización que protagonizó las primeras movilizaciones masivas en Barcelona
por el derecho a la vivienda y fue uno de los embriones de la PAH -fundada en
el año 2009-. Una somera ojeada muestra que las medidas propuestas –control de
precios, reforma de la LAU, denuncia de la especulación desaforada, etc.-no han
variado significativamente en la última década. La primera frase de la Carta
define a la perfección la esencia sociológica del movimiento: “Soñar con un
piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran
número de habitantes de Barcelona”.
La justificación de la moderación de tales medidas adquiere siempre
ribetes tacticistas, basados en la prudencia y la adaptación a los malos
tiempos: hay que ser realistas y no pedir imposibles, sintonizando con el
sentir mayoritario de la población, para sumar adhesiones y elaborar programas
de mínimos que aglutinen sensibilidades diferentes. La dulcificación
terminológica –tan característica de los “compas” de la nueva política,
descendiente bastarda del quincemayismo- refleja ese afán de apelación al
sentido común de los hombres y mujeres de bien: garantizar derechos ciudadanos,
lucha contra la pecaminosa especulación, construcción de alternativas de
regeneración democrática, transversalidad de las luchas, municipalismo, etc.
El primer punto de las diez propuestas del manifiesto del Sindicato
de Inquilinos barcelonés resume esta aspiración de fuerte aroma pequeñoburgués:
“hace falta estabilidad y una mayor duración de los
contratos para poder desarrollar proyectos vitales”. Como parte
indisoluble de este realismo, carente de veleidades utópico-revolucionarias, se
apela a la contención de los poderes económicos exigiendo reformas legales (en
lugar destacado, la furibundamente neoliberal LAU) y la intervención pública en
el control del ataque encarnizado del capital financiero contra las
“frustradas” seguridades de la clase media. Detrás de fórmulas como la búsqueda
del «reequilibrio del contrato social en favor de la ciudadanía», se esconde el
mismo “benestarismo” naïf que ha llevado a la bancarrota a la socialdemocracia,
incapaz de comprender que el capitalismo neoliberal no entiende de límites ni
de contrapesos redistributivo-keynesianos. La actual alcaldesa de Barcelona y
antigua lideresa del movimiento antidesahucios expresa la esencia
ecléctica del movimiento: “El anhelo de tener una vivienda propia es muy
respetable y entonces en un modelo ideal de vivienda debería existir un fuerte
parque de vivienda social, un parque importante de alquiler regulado como hay
en otros países, un parque de cooperativismo y cesión de uso (modelo entre la
propiedad y el alquiler) y podría haber también pequeña propiedad. No hay que
confundir la pequeña propiedad con la gran propiedad de la especulación de la
vivienda".
No se puede dejar de escuchar, por debajo de las bellas proclamas
ciudadanistas del derecho a la ciudad, los ecos de la sarcástica descripción de
Lefevre acerca de los vanos anhelos de vuelta a un capitalismo redistributivo
característicos de la atribulada middle class: “Colgar el abrigo en el
vestíbulo de la entrada. Y, ya más ligero, salir a tus asuntos después de haber
confiado los niños a los Jardines de Infancia de la galería, reunirte con los
amigos y tomar algo juntos en el drugstore. He aquí realizada la imagen
perfecta de la alegría de vivir”.
¿Existen otras formas de resistencia contra la violencia “legal” del
sistema de la mercancía alejadas de la “ilusión gradualista” o del reformismo
paliativo? Entroncando –con mucha más justicia histórica que el sindicato
barcelonés- con el movimiento anarcosindicalista de los años 30, se ha fundado
también este año el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. En la sección “Finalidades y medios” de su declaración de
principios aparece el siguiente postulado: “El objetivo del sindicato es
garantizar para todas las personas sin recursos una vivienda digna. Intentará
lograrlo organizando a l@s afectad@s, promoviendo en ell@s la necesidad de
entender sus problemas como un conflicto colectivo, tejiendo redes de solidaridad
y apoyo mutuo y reforzando la idea autonomista de que les corresponde a ell@s
resolver, sin delegar, sus propios problemas".
Aparentemente, el diagnóstico y las estrategias tienen una música
similar a la de las organizaciones "hermanas" de la ciudad
condal. Nada más lejos de la realidad: el ideario del Sindicato canario
excluye la confianza en la vía legalista-institucional con sus vanas esperanzas
de alterar el statu quo a través de la presión sobre los poderes del Estado. A
años-luz de quienes ven en el “respetable anhelo a tener una vivienda propia”
un legítimo ideal de vida, sus actuaciones reflejan la necesidad de tirar por
la calle de en medio sin rebajarse ni desnaturalizarse con la tentación
reformista. Ni una sola mención a reformas legislativas ni a recurrir a las
palancas de la política oficial para introducir cuñas en la maquinaria del
expolio: se aspira a crear una organización que “no nos reduzca a simples reguladores
de las desigualdades del Sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la
necesidad de probar otras alternativas de gestión de la vivienda, que aspire a
que ésta se dé de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de
intereses privados y que plantee la necesidad de que las decisiones sobre las
viviendas las tomen quienes las habitan”
Ruymán Rodríguez, uno de los portavoces del Sindicato, autor de una
magnífica recopilación de textos donde relata sus
experiencias de activismo social, describe las herramientas que sirven para la
aplicación práctica de tales principios: “Socializamos suministros, paramos
desahucios, realojamos familias sin techo, recurrimos a huelgas de
alquileres... Queremos ser el tipo de herramienta que era el sindicalismo
anarquista en los años treinta pero adaptada a los tiempos que corren”.
Se trata de aprovechar las perspectivas transformadoras y de
movilización social que abre –ante la desactivación bajo la hegemonía
neoliberal del conflicto clásico en el centro de trabajo- el frente de lucha
por la vivienda, una problemática que implica a todos los mecanismos
coercitivos del sistema: los tres poderes legales, el empresariado, la clase
rentista-financiera y las fuerzas de seguridad. Contrariamente a la confianza
del frente ciudadanista en el legalismo y la capacidad institucional para
alterar el statu quo, el Sindicato canario propugna la defensa del
ilegalismo como principio de actuación, acompañado, cuando sea necesario, del
recurso siempre táctico a la legalidad y a los resortes institucionales como
mecanismos para aprovechar el lado garantista que –a pesar de su carácter de
clase- tiene la legislación de una “democracia” moderna. El compañero Ruymán expresa con
brillantez las insolubles contradicciones de la ilusión gradualista de las
nuevas fuerzas del cambio: “Cuando se rehuye el conflicto, solucionamos los
problemas y déficits del Sistema y lo reforzamos en vez de debilitarlo. En la
FAGC (Federación Anarquista de Gran Canaria) nos dimos cuenta de esta
incongruencia cuando asistentes sociales y ayuntamientos empezaron a enviarnos
gente para que la realojáramos. La lucha social no puede permanecer insensible
a las necesidades de la gente, pero tampoco puede ser el tapón de las fugas del
Sistema ni la oportunidad de reenganche de los excluidos al modelo capitalista”.
Se trata pues de evitar la doble tentación del infantilismo
revolucionario –grupúsculos que ven la insurrección a la vuelta de la esquina,
habituales en la fragmentada constelación de los "autónomos" de
extrema izquierda- y de la institucionalización domesticada: los dos guettos a través de los que se encierra
y desactiva la posibilidad práctica de incidir en la modificación sustancial de
la vida cotidiana.
Como demuestra la práctica, breve pero fructífera, del sindicato
canario, la necesidad de poner en jaque a la constelación jurídico-policial de
blindaje de la sacrosanta propiedad privada exige poner el acento en el papel
neurálgico de la okupación como herramienta política y no meramente
asistencial. En lugar de una concepción defensiva de la okupación, como medio
de realojo de las víctimas de la violencia inmobiliaria ante la falta de alternativas
habitacionales –enfoque asistencial característico de la PAH-, se trata de
recurrir a la okupación política como herramienta de socialización y arma de
lucha contra el establishment: la “Comunidad la Esperanza”,
la mayor comunidad “okupa” de España y la sede del sindicato canario, es el
símbolo del intento de trascender el carácter paliativo del realojo mediante el
carácter combativo de la okupación política como revulsivo para aglutinar
colectivos y unificar las luchas.
Las prácticas comunitarias que en ella se desarrollan ofrecen atisbos de
las potencialidades de desarrollo de la vida social, sin las bridas y camisas
de fuerza que las reglas del juego imperantes imponen. A pesar de su condición
minoritaria, el solo hecho de crear entornos autónomos donde se abran
posibilidades de desarrollar actividades que impliquen cooperación, apoyo mutuo
y estímulo de tejidos asociativos y vecinales supone la puesta en cuestión de
los cimientos de la ciudad-mercadería y de los pragmáticos consejos de los
reformistas pequeñoburgueses que tan sarcásticamente describe el subcomandante Marcos: “lo que deberían
hacer es ver cómo administrar el muro sin pretender derribarlo: cambiar de
guardia, intentar hacerlo un poco más justo, amable. Yo les prometo ablandarlo.
De todas formas, resígnense, siempre estarán de este lado. Si siguen así, sólo
le están haciendo el juego a la administración, al gobierno, al Estado, al cómo
se diga, no importa la diferencia porque el muro es el muro y siempre ¿lo oyen?
, siempre estará ahí”.
Mientras no resurja la movilización social, aletargada desde la luminosa
eclosión quincemayista y anestesiada actualmente por las falsas expectativas
creadas por el asalto institucional, la tarea de la hora consiste en la
construcción paciente de nueva cultura material de vida que vaya agrietando ese
muro que algunos piensan que es inútil intentar derribar -colaborando con ello,
quizás inconscientemente, en su mantenimiento-. En las sabias palabras de
Joaquín Miras, “Ahora no hay movilización social; la
que se inicia en el 15-m del 2011 ha sido desmontada por quienes se convierten
de inmediato en sus usufructuarios que proclaman que basta con votarles a ellos
para cambiar el mundo. El cambio que pueda llegar a haber en una sociedad, poco
o mucho, integrado a medio plazo o a corto plazo, depende de la movilización,
de la lucha social que haya habido (…) Pero eso no es lo que ocurre ahora aquí.
Aquí no hay movilización de masas, lucha social organizada, o como queramos
decirlo. Y proseguimos en pleno neoliberalismo”.
