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miércoles, 14 de septiembre de 2016

PERÚ. ORDENAN LA CAPTURA DE 3 EX JEFES MILITARES POR LA MATANZA DE ACCOMARCA

Nos duele recordar, pero más nos duele olvidar

PERÚ. ORDENAN LA CAPTURA
DE 3 EX JEFES MILITARES
POR LA MATANZA DE ACCOMARCA



Por César Romero / Resumen Latinoamericano /
La República/ 2 de Septiembre 2016.- Histórico.

También del ex subteniente Juan Rivera Rondón y 5 ex soldados. Telmo Hurtado recibió 23 años de prisión. Jueces concluyeron que se trató de un asesinato múltiple compatible con el delito de lesa humanidad.

La justicia llegó tarde. Treinta y un años después de la matanza de los pobladores de Llocllapampa, Accomarca. Y ocho horas de retraso tuvo la audiencia en el penal Castro Castro para la lectura de sentencia a los militares acusados de cometer este crimen.

Pero la larga espera dio resultado. Los jueces Ricardo Brousset Salas, Mirtha Bendezú Gomez y María Vidal La Rosa Sánchez dictaron una sentencia, considerada histórica, entre las 7:10 de la noche del miércoles y las 2:35 de la mañana del jueves.

Los tres integrantes del colegiado “A” de la Sala Penal Nacional concluyeron que el crimen de Accomarca, producido el 14 de agosto de 1985, fue un ataque sistemático a la población civil, un asesinato múltiple con gran crueldad y una grave violación a los DDHH compatible con el delito de lesa humanidad.

Por ello condenaron a los principales jefes de la II División de Infantería en 1985, el general Wilfredo Mori Orzo y los coroneles Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina, a 25 años de prisión.

Luego, como autores directos, a los entonces subtenientes Telmo Hurtado, jefe de la patrulla Lince 7, y Juan Rivera Rondón, de la patrulla Lince 6, a 23 y 24 años de prisión cada uno. Además, a 10 años de cárcel a cinco soldados que integraron dichas patrullas. En total, fueron 10 militares sentenciados a penas de cárcel efectiva. Ellos deberán pagar una reparación civil de 150 mil soles por cada víctima.

Salvo Hurtado, que está preso desde hace 13 años y 4 meses, la lectura de la sentencia concluyó con la orden de captura de los nueve condenados.

A la audiencia solo se habían presentado Hurtado, que está detenido, y el general José Williams Zapata, ex jefe de la compañía Lince, que fue absuelto.

Orden superior

Por unanimidad, los jueces señalaron que la matanza de Accomarca fue un acto criminal ordenado por el jefe de la 2a División de Infantería, general Wilfredo Mori Orzo, y su estado mayor: Nelson Gonzales y Carlos Delgado Medina.

Además, estableció que, luego de producido el crimen, el Ejército ocultó la orden verbal y la participación de la patrulla Lince 6. La sentencia destruyó la versión de que el crimen fue un acto de ‘locura’ del subteniente Hurtado.

La matanza de Accomarca –subrayan los jueces– fue un operativo de inteligencia que tenía como objetivo la eliminación sistemática de la población de Llocllapampa.

La prueba de esta situación, dicen, es que, al estallar el escándalo, Mori fue pasado al retiro y Hurtado permaneció en activo y llegó a ascender hasta mayor del Ejército.

Las víctimas

También concluye que no se sabe el número exacto de víctimas, y se ha fijado en 61 agraviados, en base a la declaración de los testigos y militares. De estos, solo 23 han sido identificados. La mayoría eran mujeres, ancianos y niños pequeños, a los que no se les puede atribuir que formaran parte de las columnas senderistas.

A ellos se agrega la eliminación de Filomeno Chuchón Tecse, detenido y entregado como guía a las patrullas. Fue eliminado al concluir el operativo.

El tribunal descartó, por falta de pruebas, el asesinato de siete sobrevivientes, un mes después de la matanza. Por insuficiencia probatoria también se descartó la desaparición forzada de Martín Baldeón Ayala y su esposa Paulina Pulido Palacios, en la base de Vilcashuamán.

Responsabilidad

Los jueces indicaron que la declaración uniforme y coherente de Telmo Hurtado y los documentos recabados en la investigación que realizó el fuero militar en los años 80 se constituyen en las principales pruebas en este juicio.

Así, indicaron que el “Plan de Operaciones Hualgayoc” contemplaba acciones de patrullaje y destrucción de objetivos terroristas, pero minutos antes de que comenzara el traslado de las tropas, el fallecido jefe de inteligencia César Uribe comunicó verbalmente una nueva orden.

A partir de ese momento, la intervención se convirtió en una operación de inteligencia encubierta. No debía haber ninguna captura y debía eliminarse a toda persona que se encontrará en la quebrada de Hualgayoc, incluyendo al guía.

El tribunal concluye que el único que tenía autoridad para cambiar la orden inicial, como lo reconocen diversos testigos, era el jefe de la II División de Infantería. Mori se apartó del sistema legal y aprovechó la estructura de mando para emitir una orden ilegal que los oficiales Telmo Hurtado y Juan Rivera debieron acatar.

También resaltaron que hasta hoy no se identifica a todos los integrantes de las patrullas Lince y solo se ha procesado a 16 soldados que hacían servicio militar.

Al ingresar a Llocllapampa, los soldados procedieron a llamar y buscar casa por casa a todos los pobladores, citándolos a una asamblea. Luego, Hurtado y dos sargentos los hicieron ingresar a una casa, donde les dispararon, les lanzaron una granada e incendiaron las casas para desaparecer los cuerpos.

El juicio se demoró por la ineficiencia del Estado

Pese a la importancia del caso y que el veredicto debió darse con mayor publicidad, la audiencia se realizó solo con la participación de los abogados y los familiares de las víctimas. No hubo cámaras fotográficas ni de televisión.

Los magistrados reconocieron en el fallo que hubo una demora, por ineficiencia del Estado, en el desarrollo del proceso que se alargó por 11 años, incluyendo los 5 de juicio público. Dijeron que ellos hicieron sacrificios personales para sacar adelante el caso, luego de que fueron separados de la Sala Penal Nacional y distribuidos en distintos tribunales.

El retraso en el inicio de la audiencia, que generó críticas en el Congreso y el propio Poder Judicial, se debió a un desacuerdo sobre la participación de los miembros del Estado Mayor de la II División de Infantería: Nelson Gonzales Feria y Carlos Delgado Medina, que fueron condenados por mayoría. Ricardo Brousset planteaba absolverlos. Las dos juezas, Mirtha Bendezú y María Vidal, se inclinaron por la condena.


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COLECTIVO PERÚ INTEGRAL
14 de septiembre 2016

lunes, 17 de agosto de 2015

ACCOMARCA Expertas de WOLA y DPLF se pronuncian sobre caso emblemático del conflicto interno peruano A 30 años de la masacre de Accomarca, el juicio del caso se encuentra en la recta final




Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Washington, D.C. y Lima, Perú – Este viernes 14 de agosto, justo cuando se cumplen 30 años de una de las peores masacres del conflicto armado interno peruano, se acerca el final de su emblemático y revelador proceso judicial.

En el poblado de Accomarca, ubicado en el departamento de Ayacucho, fueron asesinados 69 campesinos por miembros del Ejército peruano. El caso se mantuvo en la impunidad por muchos años hasta que en noviembre de 2010 se abrió un proceso judicial contra 29 militares acusados de ser los autores materiales del crimen, así como los autores mediatos (quienes planificaron el operativo y dieron las órdenes).

“La masacre de Accomarca fue uno de los hechos que más conmovió el país durante el conflicto armado interno”, dijo Jo-Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinomericanos (WOLA), quien ha estado monitoreando el proceso judicial desde que comenzó hace casi cinco años. “Murieron 69 campesinos, 26 de ellos niños, en un operativo de tierra arrasada planificado, ordenado, y ejecutado por el ejército peruano”, agregó Burt.

Para más información sobre los hechos y antecedentes del caso, véase el documento de contexto adjunto (disponible aquí), preparado por Jo-Marie Burt.

El caso Accomarca fue uno de los 43 casos investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, la cual hizo llegar sus conclusiones al sistema de justicia para que este juzgara y en su caso sancionara a los responsables. De los 29 militares acusados, el General (r) Wilfredo Mori Orzo, quien en 1985 fue el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho  junto con otros miembros del Estado Mayor, se han señalado como autores mediatos; y como autores materiales, Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón, jefes de las patrullas “Lince” que ejecutaron el operativo militar en el que se dio la masacre. Estos últimos fueron extraditados a Perú desde Estados Unidos, donde intentaban resguardarse para no enfrentar sus cargos.

El proceso judicial se encuentra en la recta final. Los fiscales del caso y la parte civil, en representación de las víctimas, ya ofrecieron sus alegatos finales, y en los próximos días la defensa presentará sus alegatos. Se espera una sentencia para octubre del año en curso.

“Los testimonios recibidos durante el proceso han dado cuenta de la gravedad de los hechos,” asegura Leonor Arteaga, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). “Han testificado sobrevivientes de la masacre, familiares de las víctimas, y varios ex congresistas de la República que en 1985 fueron a Accomarca para investigar los hechos”, agregó Arteaga.

La declaración más reveladora ha venido de Telmo Hurtado. Hurtado no sólo aceptó haber asesinado a más de 30 pobladores, sino también afirmó que el operativo que derivó en la matanza de Accomarca fue una orden de los altos mandos del Ejército peruano, quienes además le ordenaron eliminar a los testigos de la masacre.

“El testimonio de Hurtado es algo inédito en la historia peruana: es la primera vez que un oficial del ejército reconoce su responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos en juicio oral, y acusa a sus superiores de haber planificado y ordenado la masacre,” observa Burt, de WOLA. “Además, sus declaraciones coinciden con la tesis del Ministerio Público: la masacre de Accomarca no fue un exceso de la lucha contrasubversiva ni la reacción desmedida de un soldado agobiado por la guerra, sino parte de una política estatal de luchar contra la subversión utilizando la violencia indiscriminada contra la población civil.”, continuó Burt.

“Exhortamos al tribunal a ponderar el caso según las evidencias sin tomar en cuenta influencias externas”, dijo Arteaga de DPLF. “Esperamos que den respuesta a los reclamos de justicia de los familiares de la masacre de Accomarca con una sentencia imparcial y acorde con el derecho internacional de los derechos humanos”.

Contactos:

Jo-Marie Burt
Asesora Principal, WOLA
Celular en Lima: +51 994-950-426;
Leonor Arteaga
Oficial de Programa Senior, DPLF +1 202- 4627701/+1 703-5987085
Enviado por: Milagros Valdeavellano Roca Rey <gretas13@yahoo.com.ar>
Recibidos x
Milagros Valdeavellano Roca Rey gretas13@yahoo.com.ar
[nuestramerica] nuestramerica@yahoogrupos.com.mx a través de
15 de agosto 17:30
para nuestramerica
Las heridas abiertas de una época negra para no olvidar ni repetir
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
WOLA y DPLF se pronuncian a 30 años de la masacre de Accomarca
Posted: 14 Aug 2015 08:59 AM PDT

Colectivo Perú Integral
 17 de agosto de 2015



Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez*

“¡Reunión! ¡Asamblea!” gritaron los militares, relata Teófila Ochoa Lizarbe ante el tribunal. Sintió la voz de su madre temblar cuando vio a decenas de militares encapuchados y fuertemente armados bajar por la ladera hacia Lloqllapampa, un poblado en el distrito de Accomarca, ubicado en el departamento de Ayacucho en los andes peruanos. Entre los gritos, algunos militares dispararon al aire. Otros comenzaron a pasar casa por casa, instando a los comuneros a asistir a la supuesta reunión.

Era la mañana del día 14 de agosto de 1985. Después de ese día, la vida en Accomarca no sería la misma.

Silvestra Lizarbe, la mamá de Teófila, se puso a su hijo Edwin, de un año, en la espalda y se fue a la reunión con sus demás hijos, Víctor, Ernestina y Celestino, de8, 6 y 4 años respectivamente. Junto con su hermano Gerardo, de 11 años, Teófila, quien tenía 12, se quedó en la casa cuidando que los animales no ingresen, como le dijo su mama.

Desde allí, escondida para que los soldados no se percaten de ella, Teófila pudo observar lo que aconteció ese día: el cruel asesinato de más de 50 personas realizado por los comandos militares en el distrito de Accomarca.

Accomarca: La consecuencia de una estrategia constrasubversiva equivocada

A pesar del negacionismo del momento, ha sido ampliamente documentado que, sobre todo durante los primeros años del conflicto armado interno, las fuerzas armadas no supieron distinguir entre los militantes de los grupos subversivos y la población local, tendiendo a confundirlos. Eso llevó a una estrategia contrasubversiva que, buscando “quitarle el agua” (la población) “al pez” (los grupos subversivos), arrasaba con todo. Por ello, como registran los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, estudios académicos y el Informe Final de la CVR, el mayor número de muertos en los años tempranos del periodo de violencia, 1983 a 1985, se produjo en su mayoría por masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas armadas en un intento de erradicar los grupos subversivos. Sólo años después las mismas fuerzas armadas se darían cuenta de que esa estrategia era errada, que infundía miedo en la población, pero no necesariamente erradicaba la subversión.

Es imprescindible tener eso en cuenta, pues sino no se puede entender el horror que se vivió en Accomarca aquel día de agosto, hace 27 años, donde murieron por los menos 62 personas, 26 de ellos niños y muchas mujeres y ancianos (1).

En 1985, Accomarca era considerada por el Ejército peruano como ‘zona roja’. Colindaba con las provincias de Fajardo y Cangallo, provincias que Sendero Luminoso consideraba como su “comité principal”. A su vez, en base a información proporcionada por un supuesto miembro de Sendero Luminoso capturado a inicios de agosto luego de un enfrentamiento, el servicio de inteligencia del Ejército peruano creía que existía una ‘Compañía Accomarca’ de Sendero Luminoso y que en la Quebrada de Huancayoc, ubicada en la parte alta de Lloqllapampa, funcionaba una Escuela Popular. De acuerdo a estas informaciones, se elaboró el Plan Operativo Huancayoc, donde se ordenaba “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la Quebrada de Huancayoc” (2). Esta operación estuvo al mando del General de Brigada EP Wilfredo Mori Orzo e incluyó al Estado Mayor Operativo de la Segunda División de Infantería del Ejército (3) y al Teniente Coronel de Infantería Ricardo Sotero Navarro como Jefe Político Militar de las provincias de Vilcashuamán, Cangallo y Víctor Fajardo. El plan fue ejecutado por cuatro patrullas del Ejército, dos de las cuales llegaron a la zona de los hechos el día 14 de agosto de 1985, las patrullas Lince 6 y Lince 7, jefaturadas por el Teniente de Artillería Juan Manuel Elías Rivera Rondón y el Subteniente Telmo Hurtado respectivamente. Todos ellos están siendo procesados por la masacre de Accomarca (4).

Relatos del horror, desde los ojos de dos niñas

Los testigos de la masacre de Accomarca son en su mayoría personas que eran niños y niñas que lograron escapar o se escondieron de los militares, y presenciaron la matanza de sus familiares. Sin embargo no todos los que presenciaron los hechos van a testificar; para algunos, los recuerdos son muy dolorosos, otros aún tienen miedo. A pesar del miedo y el dolor, van a las audiencias, semana tras semana —el juicio comenzó hace dos años, en noviembre de 2010—. Muchos de ellos ahora viven en Lima, pues para salvar sus vidas tuvieron que huir de Ayacucho, pero no pueden huir del recuerdo de aquel día.
Esta crónica relata el testimonio de los dos primeros sobrevivientes que narraron sus historias al tribunal a cargo del caso, Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido (5).

Cirila, al igual que Teófila, tenía 12 años en agosto de 1985. Desde su casa en Llanacuyo, ubicada en las alturas de Lloqllapampa, vio la masacre. Recuerda que era temprano, aproximadamente las siete de la mañana. Pudo ver cómo los militares rodearon la pampa, cómo entraron casa por casa gritando “¡asamblea, asamblea!”, y cómo sacaron a las mujeres con sus hijos, a los ancianos. La madre de Cirila, Fortunata Baldeón, también acudió a la reunión. Llevó con ella su hijo Edgar, de 8 meses. Cirila contó que su mamá tenía miedo, pero dijo que por ser mujer y por llevar un bebé no le harían daño.

Lo que pasó después es inimaginable para cualquiera, pero sobre todo para un niño o una niña. Teófila y Cirila relataron que vieron cómo, luego de reunir a los pobladores en la pampa, los militares comenzaron a golpearlos. Podían escuchar los ruegos de los pobladores pidiendo que no les peguen. También vieron cómo las mujeres jóvenes y las niñas eran separadas del grupo y llevadas por algunos militares hacia un árbol de molle que había en la zona. No pudieron ver que pasó, pero pudieron escucharlos gritos desgarradores de las mujeres.

De pronto, cuenta Cirila, los militares obligaron a los pobladores ingresar a la casa de adobe del señor César Gamboa y a las dos chozas que estaban a su costado. Una vez que estaban encerrados, los militares se ubicaron alrededor de las mismas en forma de una media luna y comenzaron a disparar. “La balacera sonaba como si estuvieran haciendo canchita, ¡pacpacpac!” recuerda Cirila. Luego oyó una explosión. Los militares se tiraron al suelo. Las chozas irrumpieron en llamas. El incendió comenzó a ahogar los dolorosos gritos y llantos de los pobladores, unos 50, ahí encerrados.

Otros militares volvieron a las casas para asegurar que no quedará vivo ningún poblador más. A la casa de Cirila no se acercaron, y desde su escondite pudo ver como mataron a varios comuneros, vecinos suyos. Sí entraron a la casa de Teófila. Al ver a los militares, salió huyendo junto a su hermano. Entre lágrimas, Teófila contó que su hermano corrió hacia arriba de la pampa, pero pudo ver que un soldado lo baleó y cayó muerto. Ella corrió hacia abajo y se escondió tras la roca de un huayco. Un militar la divisó, y de lejos le hizo un gesto con la mano para que se acerque. Aterrada, no se movió. El militar comenzó a dispararle, pero ella seguía escondida tras la roca. Cuando se dio cuenta que el militar se había ido, Teófila contó que quiso volver a Lloqllapampa para apagar el fuego de las casas. Al acercarse, vio que un militar asesinó a una señora que estaba tratando de apagar el fuego con un balde de agua. Era la señora Juliana Baldeón, a quien Cirila, escondida desde su casa, también vio cómo la mataron: ella relató cómo de lejos unos militares le dispararon, y al no alcanzarle las balas, uno de ellos se acercó y le disparó a quemarropa.

Al constatar que no podía volver a Lloqllapampa porque los militares seguían movilizándose por la zona, Teófila decidió esconderse en un árbol y pasar la noche allí, sola y aterrada. En la madrugada una prima suya que también había perdido a su madre en la masacre la encontró, y se fueron juntas a la casa de su abuelo en Chinchina.Cirila, aún en su escondite en su casa, vio más tardea los militares retirarse, caminando hacia Accomarca llevando  animales, bultos y cargas.

Dos días después, el 16 de agosto, Cirila salió de su casa y fue con su padre al lugar de la masacre donde se encontraron con aproximadamente 18 sobrevivientes, entre ellos Teófila, quienes habían vuelto para buscar a sus seres queridos. Allí, encontraron la evidencia de lo que parecía una cruel pesadilla: los restos calcinados de sus familiares, pedazos de cabezas, piernas, brazos. Teófila dijo que encontró solo el torso de su madre. “De la cintura para abajo ya no había”, relató al tribunal, entre sollozos.

“Olía como chicharrón,” contó Cirila, “todo lleno de humo”. Los cuerpos estaban carbonizados, prácticamente irreconocibles. “De mi hermanito, algo encontramos, su cabeza y su botita reconocimos”. Cirila pudo observar en el suelo los casquillos de bala dejados por los militares al disparar las ráfagas a los comuneros encerrados en las casas. Algunos de los sobrevivientes más ancianos recogieron los casquillos y posteriormente los entregaron a la Comisión del Congreso que iría a investigar al Accomarca, después de un mes de ocurrida la masacre.

Con mantas los sobrevivientes envolvieron los restos que pudieron encontrar de sus familiares carbonizados y los enterraron en varias fosas de la pampa. El relato de estas escenas produjo  el  llanto de los familiares que acuden cada semana a la sala a participar en el juicio que han esperado —y por el cual han luchado— más de un cuarto de siglo.

Esperando justicia

Después de la masacre, Cirila no se fue inmediatamente de Accomarca, y eso casi le costó la vida. A inicios de setiembre, mientras lavaba la ropa en el camino, fue divisada por militares quienes empezaron a dispararle sin razón alguna. Luego de este hecho, su padre decidió enviarla a Lima. Por su lado, Teófila partió a Lima a las pocas semanas, porque en Ayacucho se quedó prácticamente sola. Relató que en la capital de la república sufrió mucha discriminación por ser quechua hablante y no pudo concluir sus estudios escolares.

Al finalizar su declaración, Teófila exhortó a los magistrados de que el juicio se acelere. Los sobrevivientes de la masacre han esperado 27 años para que se haga justicia, no sólo a los responsables materiales, sino también a las autoridades que tenían el deber de proteger a la población.

Teófila relató al tribunal que sigue afectada por los hechos ocurridos en Accomarca hace 27 años. Perdió su madre a una edad muy joven, y hasta el momento no ha podido enterrarla. De las 69 víctimas, el Estado ha devuelto los restos de sólo tres de ellas (6).

“Ni el oro ni la plata me van a devolver el amor de mi madre” dijo Teófila al final de su testimonio. Los familiares que estuvieron en la audiencia ese día asintieron con la cabeza, afirmando su creencia, evidente a lo largo de su búsqueda a través de casi tres décadas, que la mejor forma de honrar a sus seres queridos es impartiendo justicia.

*Jo-Marie es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011).

*María es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca como parte del proyecto de investigación, Peru Human Rights Trials Project.

Notas:

1) Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Tomo VI, capítulo 1. “Patrones en la perpetración de los crimenes y de las violaciones de los derechos humanos,” y Tomo II, capítulo 1.3, “Los actores armados: Las fuerzas armadas”. Para trabajos académicos, véase: P. Mauceri, Militares, insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988, Lima, IEP, 1989; C.I. Degregori y C. Rivera Paz. Perú 1980.1993: Fuerzas Armada, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático. Lima, IEP, 1993; Las fuerzas armadas y el 5 de abril. La percepción de la amenaza subversiva como una motivivación golpista Lima, Documento de Trabajo No. 73, IEP, 1996; C. Tapia. Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, dos estrategias y un final. Lima: IEP, 1997; Rospigliosi, Fernando. Montesinos y las Fuerzas Armadas. Lima, IEP, 2000. Jo-Marie Burt, Violencia y Autoritarismo en el Perú, Capítulo 3; Lima, IEP, 2011.
2) Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tomo VII, capítulo 2. “Las ejecuciones extrajudiciales en Accomarca (1985)”.
3) Conformado por el Coronel de Infantería EP Nelson Gonzales Feria, el Teniente Coronel de Infantería EP César Gustavo Martínez Uribe Restrepo (G2) y el Teniente Coronel de Infantería EP Carlos Medina Delgado (G3).
4) En total son 29 imputados, todos ellos militares, en el caso Accomarca. Sólo Telmo Hurtado está detenido; los demás militares están libres y tienen orden de comparecencia. David Castañeda, otro jefe de una de las unidades Lince, ha logrado evitar ser extraditado desde Estados Unidos. Telmo Hurtado fue extraditado en julio de 2011, y Rivera Rondón fue deportado de Estados Unidos en 2008.
5) No es la primera vez que Teófila y Cirila asumen un rol protagónico en el caso de Accomarca. Con el apoyo legal del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), una organización de litigio ubicada en San Francisco, California, el 11 de julio de 2007 Teófila interpuso ante la Corte Federal de Estados Unidos Corte del Distrito Sur de Florida una demanda contra Telmo Hurtado por asesinato extrajudicial, tortura, y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ambas participaron en el juicio oral y como bien lo plantea la CJA, las demandas interpuestas contribuyeron enormemente en la deportación de Rivera Rondón a Perú en agosto de 2008 y en la extradición de Hurtado en julio del 2011. En:http://www.cja.org/.