Por. Martín Guerra (Izquierda
Socialista)
A nuestros caídos en las protestas y a los presos políticos
Desde el año 2017, las pugnas al interior de la derecha peruana empiezan a tornarse más antagónicas; por un lado, los liberales, representados por un sector de Acción Popular, el Partido Morado, Vizcarra y ciertos progresismos; por el otro, la ultraderecha, liderada por el fujimorismo, el alicaído aprismo, etc. Estos conflictos expresaban distintos intereses en cuanto a la administración de los recursos del Estado y, más importante aún, la repartija de prebendas que de estos se desprende. Los liberales, creyéndose la continuidad histórica de los criollos hispanófilos del siglo XIX y la ultraderecha sin ninguna idea de país, únicamente concentrada en saquear, adquiriendo cada vez más un discurso seudofascista. Solo la segunda cuenta con cierto arraigo entre las bases populares, de ahí lo oportuno de su lenguaje conservador, ofensivo y aparentemente nacionalista que intenta capitalizar la frustración y el descontento de grandes sectores del pueblo peruano.
Esta situación creó un clima permanente de inestabilidad política que se ha proyectado por casi ocho años consecutivos. La caída de Kuczynski fue un triunfo de la ultraderecha, pero los liberales contratacaron con el cierre del Congreso fujimorista. La ultraderecha respondió el golpe con la destitución de Vizcarra y el breve gobierno de Merino, pero los liberales mantuvieron el control con Sagasti.
En medio de estas reyertas, surge un tercer sector derechista, la nueva burguesía provinciana (Acuña, Luna, etc.), de quien Merino ─aliado a la ultraderecha─ fue su portavoz. Este sector, despreciado por las élites de siempre, surge amparado en negocios derivados de la informalidad y la ilegalidad y aspira a convertirse en la nueva élite, comprometiéndose con quien más espacio le ofrezca, convirtiéndose en una especie de carta comodín en el juego político. A esta nueva derecha le corresponde una nueva izquierda provinciana que había ido gestándose años atrás, especialmente en la lucha por la defensa de los recursos naturales y los derechos de los pueblos al territorio.
Llega la pandemia y el pueblo más empobrecido y abandonado se organiza alrededor de la candidatura del profesor Pedro Castillo, quien iba como invitado en la plancha presidencial de Perú Libre. La izquierda tradicional y conservadora del país no lee el momento, no entiende la realidad y va detrás de otra candidatura, lo cual es válido; no obstante, se suman al coro del ninguneo al profesor Castillo por las élites y contra la izquierda de provincias. Es la misma izquierda que no quiso dialogar con Gregorio Santos, Vladimir Cerrón, Wilfredo Saavedra o Walter Aduviri. La que si alguna vez lo hizo fue únicamente por presión de ciertas bases que aún creen en la unidad.
Pedro Castillo es elegido en 2021 en medio de la quiebra del Estado neoliberal que mostró su entraña más feroz en la crisis sanitaria y laboral evidenciada por la pandemia por coronavirus (COVID-19). Si bien es cierto esto ocurre en pleno resquebrajamiento de las élites, el programa de gobierno, las alianzas que se desarrollan y el apoyo popular logra restablecer la oportunista unidad de la derecha que, con un discurso marcadamente racista y con todo el apoyo de la concentración mediática, intenta impedir la toma de mando del presidente electo, utilizando la manida táctica del supuesto fraude electoral.
El presidente Pedro Castillo rápidamente es cercado, los maestros, cuyo sector más crítico él lideraba ─y que había puesto en jaque al gobierno de Kuczynski con la huelga magisterial de 2017─ le exigen su militancia en hasta tres diversos proyectos de organización partidaria, la alianza con la izquierda tradicional, principalmente limeña termina por distanciarlo de las bases populares de Perú Libre, esa izquierda conservadora coadyuva al debilitamiento del programa de gobierno inicial. En medio de esto no le queda más que confiar en quienes más conoce, sus allegados, sus paisanos. Mientras, la derecha utilizando la táctica del lawfare o acoso judicial, el boicot económico a través del aumento de los precios y el desabastecimiento, la especulación financiera y la penetración de los aparatos del Estado, logra instalar entre la clase media de Lima y algunas provincias la idea del desgobierno y el caos. Sin embargo, muchas cosas se iban implementando positivas para nuestro pueblo, en materia laboral, de protección y reparación frente a desastres, de defensa del patrimonio del Estado frente a las dietas para los medios de comunicación, de nacionalización de recursos y de propuestas renovadoras en el agro, los consejos descentralizados, el incentivo a la educación bilingüe, etc.
Los autoproclamados nuevos rostros de la izquierda en el Congreso se dividen una y otra vez, pero no por serios desencuentros ideológicos, sino bajo la idea de que bloqueándose mutuamente lograrán el reconocimiento popular. Una izquierda que construye desde arriba no construye nada. Y, bajo la idea pragmática y para nada revolucionaria de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, terminan durmiendo con sus viejos contrincantes. Unos con la ultraderecha, otros con los liberales. Conservadores de derecha y de izquierda se unen, con discursos machistas, homofóbicos y caudillistas. Liberales de derecha y de izquierda se identifican, colocando como prioridad el mantenimiento de su gollerías económicas y laborales por encima de los intereses del pueblo. Esa “izquierda” no se mantiene solo en los predios del Congreso, ingresa al aparato del Estado en todos los niveles, pero para no cambiar la situación, solo para financiarse. Ambos sectores se convierten definitivamente y de un plumazo en vieja izquierda.
Los intentos de vacancia presidencial se suceden uno tras otro, cuatro gabinetes ministeriales caen y le sucede un quinto. Nada complace a la derecha. La embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kenna, sostiene reuniones con personajes clave para implementar el golpe de Estado. Dada la situación, no le quedó más al presidente el 7 de diciembre, abandonado, traicionado y cercado, que leer la proclama según la cual los principales reclamos políticos del pueblo peruano se ponían como cuestión de orden del día: cierre del Congreso, reforma del Estado y proceso constituyente.
El Congreso de la República, el principal activista del golpe desde su instalación en 2021, pasa a votar ilegalmente la vacancia, sin leer la moción del orden del día, sin contar con los votos necesarios y sin que se realice el antejuicio político. Luego de esto, es secuestrado pues la sostenida flagrancia no se comprobó jamás, ya que la supuesta ruptura del orden constitucional por el presidente no se implementó. Por el contrario, la lectura de la proclama del profesor Pedro Castillo fue un acto digno en defensa del voto popular y del programa que el pueblo peruano en su mayoría eligió. El golpe de Estado de las élites contra el gobierno democráticamente electo se había consumado. Asumían el gobierno de facto la títere Dina Boluarte y el matón Alberto Otárola, con el respaldo de las cúpulas militares y policiales, la banca, la dirección del gremio de los empresarios peruanos (la CONFIEP), los medios de comunicación ─que inmediatamente empezaron a recibir pagos por publicidad, los mismos que el presidente Castillo les había negado─ además de la fiscalía y el alcalde electo de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga.
El pueblo peruano salió impelido a las calles a protestar en una serie de manifestaciones y marchas callejeras inéditas en el país. La furia represiva del gobierno usurpador no se hizo esperar, decenas de asesinados de forma extrajudicial, principalmente jóvenes, fueron parte del terrible saldo, además de heridos, presos y acosados judicialmente. Se le inicia proceso al presidente Pedro Castillo, lo acusan de todo lo posible, lo aíslan de su familia, no obstante, luego de un año no hay una sola acusación seria en su contra y todos los seudoargumentos jurídicos se caen a pedazos. Juega un rol fundamental en toda esta etapa la corrupta fiscal Patricia Benavides, cuya familia ha estado unida al fujimorismo desde la primera hora.
La izquierda tradicional aceptó inmediatamente a Boluarte como la sucesora legal y legítima frente al Estado, existen documentos que lo prueban, aunque algunas organizaciones pretendan ahora negarlo, alegaban públicamente que de lo que se trata es de mantener la gobernabilidad y lograr dialogar con el gobierno de facto. Otros, lo siguen diciendo un año después. Esto demuestra qué tan lejos está esa autodenominada izquierda del sentir popular.
¿Qué significó el golpe de Estado? Se puede explicar en tres aspectos fundamentales: el simbólico, el económico y el político. En lo simbólico fue una manifestación de rechazo a lo que representa el presidente Pedro Castillo: a la peruana y al peruano sencillo, trabajador, étnicamente no occidental y culturalmente no criollo. En lo económico, proteger el modelo de Estado que les permite a las élites continuar capitalizándose a costas del trabajo mal remunerado y de los recursos de todo el pueblo peruano. En lo político, defender el dogma neoliberal del fin de la historia y la derrota de cualquier propuesta anticapitalista por más suave que esta sea.
En medio de la lucha, mientras la izquierda oficial se aprestaba a recibir algún pedacito de poder y felicitaba al gobierno de facto por ser la “continuidad legal del orden constitucional”, las consignas más correctas fueron crear un comando unitario de lucha contra la dictadura y exigir la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo en defensa del voto popular. Surgieron espacios que lamentablemente se dividieron. El gran enemigo de estos espacios no fue la derecha en ninguna de sus variantes, fue la izquierda oficial a través de sus aliados de turno. Existen una serie de organizaciones ideológicamente dogmáticas que han ido derivando de delirantes adhesiones casi rituales a experiencias revolucionarias de otras latitudes hacia un electorerismo igual de fanático. Esa “izquierda” autodenominada revolucionaria y supuestamente “marxista” y de verbo encendido, pero de conducta oportunista ha jugado un rol fundamental en la ruptura de los espacios generados en respuesta al golpe.
La ruptura entre la fiscal Patricia Benavides y la presidenta de facto, Dina Boluarte, corresponde a un nuevo reacomodo de las fuerzas de las élites y un nuevo episodio en su disputa por el poder. El gobierno de facto solo ha generado una grave crisis económica, la fuga de capitales es patente. Los liberales no quieren perder dinero ni hacer perder a sus socios transnacionales que les aseguran a ellos ser el capital bisagra, frente a eso están dispuestos a todo, inclusive a retroceder en su control político si logran un salvataje en lo económico. Por otro lado, la ultraderecha necesita libertad para actuar, para evitar la continuidad de los procesos judiciales que enfrentan y para que campee la impunidad. Nuestra izquierda oficial no lee una vez más la realidad y no entiende el carácter de esa fisura, exigiendo al “gobierno” que haga “justicia” frente a la fiscal. Institucionalistas hasta el final, esa izquierda está condenada al fracaso histórico.
La cercanía al aniversario de la proclama del presidente Pedro Castillo y la crisis económica han vuelto a proyectar con fuerza las protestas sociales, frente a esto, la táctica del gobierno de facto es exactamente igual a la usada en diciembre de 2017 por la ultraderecha contra Kuczynski cuando otorga el indulto humanitario a Fujimori y lo único que consigue es que cierta clase media intelectualizada y mediáticamente posera, que muchas veces hizo de furgón de cola de la izquierda liberal, posmoderna y cercana al Partido Demócrata de los Estados Unidos, se vuelque a las calles. Táctica parecida a su vez, a la que luego repetirán contra Merino (2020) con el terrible saldo que se conoce. El uso del antifujimorismo siempre ha servido a la élite liberal: se desvía el carácter de la lucha que es contra la dictadura de Boluarte-Otárola, por el fantasma de Fujimori, quien una vez más alista sus maletas con la duda de si las volverá a deshacer.
Hoy, que la consigna por la restitución del presidente Castillo goza de buena salud, avanza y crece, algunos empiezan a variar de posiciones, el pueblo organizado debe mantener en la memoria lo que dijo e hizo cada uno, pues el juicio de la historia caerá en su debido momento. Es necesaria la convocatoria a un gran frente contra la dictadura en defensa del voto popular y por la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo. El aspecto jurídico de la defensa del presidente y sus derechos políticos es fundamental, pero no debemos olvidar que la salida será política y se medirá con organización, protesta y propuesta. Las izquierdas parlamentarias, expresiones prácticas de sus manifestaciones conservadoras y liberales en provincias y en Lima y sus apéndices falsamente radicales enquistados en los frentes y las coordinadoras han hecho todo lo posible por invisibilizar al presidente Castillo, le han negado hasta su solidaridad frente al abuso, hasta una frase de aliento. Lo sienten ajeno y, valgan verdades, les es ajeno. Castillo pertenece al pueblo y no a los traficantes de esperanzas. Esas izquierdas son hipócritas en su discurso y renegadas en su acontecer. No se les necesita para el cambio de ruta que el país requiere. Por el contrario, los pueblos del interior del país y de la periferia de Lima, que son los que han puesto su sangre en las protestas, son los que están conformando esa nueva izquierda que en el Perú es tan urgente. Y solo se consolidará en la lucha.
