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martes, 21 de marzo de 2017

“LOS PRODUCTORES ANDINOS DE QUINUA CORREN EL RIESGO DE SER POCO COMPETITIVOS EN EL MERCADO MUNDIAL”




       
17/03/2017 

De ser un cultivo infravalorado a convertirse en la estrella de los platos ‘gourmet’ del mercado internacional e incluso en el alimento predilecto de los astronautas de la NASA. El milenario ‘grano de oro’ de los Andes, sin duda, ha recorrido un meteórico ascenso que ha impulsado a Perú como primer productor de este cereal. Sin embargo, desde hace unos años, la producción de esta humilde semilla se está alejando de su lugar de origen y se está empezando a cultivar en Europa, Estados Unidos e incluso China, afectando a los ingresos de los campesinos que nunca lograron despegar económicamente. Un programa innovador de Naciones Unidas puesto en marcha desde el 2015 en las regiones de Puno y Ayacucho fomenta la producción de quinua orgánica mediante cooperativas para venderla en los mercados internacionales a un mejor precio y con sello de calidad. Miguel Maldonado, coordinador de programa, explica la contribución de este programa para la reducción de la pobreza.

Este programa se propuso fortalecer la cadena de valor de la quinua orgánica. ¿Qué potencial tiene la producción de quinua como palanca para el desarrollo de productores?

La cadena de valor de la quinua agrupa a muchos pequeños productores en situación de pobreza, por lo tanto, contribuir a que se pueda producir con mayor efectividad y eficiencia tiene un impacto en la mejora de la calidad de vida de los campesinos. Además, esta cadena es especial, puesto que tiene un valor nutricional muy alto y goza de un posicionamiento muy bueno a nivel internacional. De hecho, se piensa que en el futuro este grano podría convertirse en un commodity dado que desde hace años atrás se ha iniciado su cultivo en muchos países que superan en tecnología agrícola al nuestro. Por lo tanto, es lógico suponer que nuestros productores andinos corren el riesgo de ser poco competitivos ante un eventual crecimiento de la oferta mundial.

El carácter pionero de este proyecto reside en que ha involucrado el trabajo de tres agencias de las Naciones Unidas, la FAO, UNESCO y OIT, conjugando sus especialidades para lograr una mejora en la calidad de vida de los productores de granos andinos. Uno de los mayores logros es la articulación comercial de 154 toneladas métricas de quinua con mejora de 13%, sobre precios de mercado, beneficiando a 200 productores y la capacitación de más de 1000 productores.

¿Cómo puede competir la quinua nacional en el mercado mundial?

La riqueza cultural de la quinua andina nos puede ayudar a diferenciar nuestro producto del resto de competidores internacionales. Esta semilla fue cultivada por primera vez hace 7 mil años por pobladores precolombinos y se conservan hasta hoy día saberes ancestrales sobre la crianza, uso y formas de consumo de la quinua. Los campesinos utilizan elementos de su cosmovisión para cultivar, unos saberes que son necesarios rescatar (labor que ha realizado la UNESCO en el programa) no solamente porque forma parte de nuestro patrimonio cultural sino porque nos puede ayudar a diferenciarnos en el mercado internacional.

¿Cómo ha logrado este proyecto contribuir a la reducción de la pobreza de los campesinos?

Por un lado, el programa se propuso mejorar la producción, para ello, implementamos un programa de producción orgánica y un sistema interno de control mediante la capacitación a 50 productores como auditores de certificación orgánica. Además, se han impulsado la creación de 10 Uniones de Crédito y Ahorro que han facilitado a 143 mujeres productoras a financiamiento colectivo con una acumulación de capital de más de 100,000 Soles.

Por otro lado, se ha buscado articular al productor con el mercado, para ello se ha tratado de mejorar la asociatividad de los productores a través de la capacitación en el modelo cooperativo. Los productores han participado en la feria expoalimentaria, en una rueda de negocios en México, han sido capacitados en comercio exterior en Uruguay y van a participar en una misión comercial en Brasil que es un mercado muy interesante para la quinua orgánica de Perú.

La riqueza de este programa reside en haber buscado involucrar a la mayor cantidad de actores posibles de la cadena. Nos hemos articulado con el Ministerio de Agrcultura, Promperú, otras organizaciones y actores locales.

¿Qué cooperativas en Puno o Ayacucho han logrado lanzarse al mercado?

En Ayacucho tenemos el ejemplo de la cooperativa “Campo Verde” en el distrito de Acos Vinchos que ha logrado vender la quinua en el restaurante Tanta, de Gastón Acurio, en tiendas ecológicas de Lima y en otros mercados. El apoyo del programa facilitará el fortalecimiento de esta cooperativa en el mercado ya que ha trabajado el diseño e implementación de una pequeña planta industrial de procesamiento con la que podrán vender barritas energéticas de quinua y kiwicha, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas de sus asociados. Además, el programa ha apoyado en la elaboración de un plan de negocios y en un plan de comercialización que prevé que sus ventas se incrementen de 68 mil soles en 2015 a 140 mil soles en 2017.

En Puno se está apoyando a la marca Aynoka, una iniciativa de sus productores surgida como reacción a la problemática que se presentó durante 2013 y 2014 cuando se rechazaron en el extranjero lotes de quinua nacional porque contenían trazas de químicos. El lanzamiento de la marca fue un gran paso, sin embargo, es insuficiente, por ello desde el programa se está apoyando la implementación de los estándares de calidad. Para ello, se está elaborando un diagnóstico y un plan de implementación de sistemas de calidad estandarizada y de trazabilidad.


http://www.alainet.org/es/articulo/184201

miércoles, 25 de enero de 2017

“EL MODELO ECONÓMICO EN ICA ES IRRACIONAL, LA AGROEXPORTACIÓN ES VORAZ EN LA EXTRACCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO”




24/01/2017

Jorge Aparcana, coordinador del área del desarrollo local sostenible de Codeh Ica habla sobre los efectos que ha causado la inversión privada en el Valle de Ica. Señala que la agroexportación es voraz en consumo y extracción del recurso hídrico porque ha concentrado los mejores pozos de agua dejando a la población y sus pequeños agricultores sin agua de calidad. Afirma que la presencia del Estado es débil porque no regula el uso hídrico de la inversión privada que busca convertir todos los desiertos en zonas productivas. Plantea que se debe regular  y aplicar un plan regional que establezca los límites de la expansión de la agroexportación.

Ica atraviesa una crisis de disponibilidad de agua. Sin embargo, se sigue avalando la explotación de este recurso por los  beneficios económicos de la agroexportación…

La escasez que está viviendo el Valle de Ica demuestra que el modelo agroexportador que han impulsado los diferentes gobiernos -desde Fujimori hasta Humala- es un esquema absolutamente fallido. Al igual que el esquema minero, el modelo agroexportador es el mismo: extraer al máximo los recursos naturales, en este caso el agua. Hay una irracional lógica productiva que piensa que es un recurso infinito, esa realidad expresa que estamos ante una profunda crisis de este modelo de desarrollo que ha traído: mayor pobreza, una agudización de los problemas sociales, un trastrocamiento del equilibrio ecológico y agotamiento del recurso más preciado que tenemos en Ica, el agua.

¿Por qué se da continuidad a un modelo que está afectando el derecho al agua?

Hay una agresiva campaña mediática que sostiene que si no hay inversión para trasvasar agua y aumentar la oferta hídrica en el Valle de Ica, la inversión privada se va a ir, y eso va a generar un enorme problema social porque son generadoras de empleo. Como representante de un organismo de derechos humanos, creemos que la inversión privada es necesaria, la agroexportación no debe de irse de Ica y es importante, pero no se puede seguir sobreexplotando el agua.

Los agroexportadores han ganado millones de euros y dólares exportando espárragos, uva de mesa, y otros productos, es hora de que se comprometan a reponer el daño ocasionado, con proyectos de recuperación acelerada del acuífero del Valle de Ica. Eso se logra con programas de cosecha y siembra de agua, reforestación, no hay otro camino, que incluya proyectos productivos para los pequeños agricultores, que se hagan proyectos productivos para las comunidades empobrecidas de Huancavelica y Ayacucho.

En la última década hay una disputa real por el agua, por un lado las poblaciones denuncian contaminación y la falta de acceso a este derecho fundamental, y por otro, se prioriza su uso para las actividades económicas.

Ica es parte del problema global en el mundo, y la agroexportación entendida como una explotación irracional de agua  que impone patrones de cultivo que son insostenibles para nuestra realidad, como es la producción de espárragos, alcachofa, papikra, o la uva de mesa; esos productos tienen una gran demanda hídrica. Para la producción del espárrago necesitas 2 mil litros de agua por kilogramo de espárrago.

El modelo económico en Ica es irracional, la agroexportación es voraz en la extracción del recurso hídrico y además la sobreexplotación de los suelos, eso trae consecuencias ambientales. Estamos perdiendo el caudal ecológico, en menos de 30 años se ha acelerado la pérdida de la napa freática. Esto se ha profundizado desde el primer gobierno de Alan García, y más aún con la aplicación del modelo neoliberal de Fujimori cuando hace el cambio de la Constitución y liberaliza los mercados y brinda un marco normativo para favorecer la inversión privada. Ica se ha convertido en una suerte de feria donde se compra y se vende al mejor postor los recursos naturales.

¿Cuáles son los problemas generados con el boom agroexportador?

Nos ha llevado a esta situación de absoluta precariedad,  se calcula que quedan apenas cinco o siete años de agua, lo dicen los propios agroexportadores. La agroexportación ha secado los pozos para consumo humano, y ha habido también afectación al pequeño agricultor, esta actividad no ha parado y la tendencia es que haya una mayor expansión porque quieren convertir todos los desiertos en zonas productivas para vender productos perecibles a los mercados norteamericanos y europeos, no les importa que la población de Ica se quede sin agua.

Se están llevando del Valle el agua de la mejor calidad, entubada de manera subterránea, para que a través de un sistema tecnificado, garantizar el riego de sus miles de hectáreas.  Se está priorizando el agua para los agroexportadores.

¿Cuáles son las poblaciones más afectadas?

Los puntos críticos de todo el Valle de Ica están entre los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Pachacutec y Santiago, donde Agrokasa y otros fundos con mucho poder económico y político han concentrado pozos. Con esa problemática también se han agudizado los problemas sociales para la ciudad. La empresa prestadora de servicios de agua potable y el alcantarillado para la ciudad de Ica, Emapica, ha perdido aproximadamente el 60% de pozos, se han secado, eso pone en riesgo el consumo humano para la ciudad de Ica.

¿Por qué los pequeños agricultores de Ocucaje no están de acuerdo con proyectos para captar agua?

Son alrededor de 700 pequeños productores que riegan y dependen única y exclusivamente de esta agua superficial. La preocupación de los pequeños productores es por la falta de proyectos integrales, se está desvistiendo a un santo para vestir a otro. Se ha optado sin consulta alguna y pasando por encima del derecho de las comunidades, por  proyectos para captar agua.

La Universidad Católica ha hecho varios estudios, y afirman que ese proyecto es inviable por varias razones: primero, no se ha consultado con la gente, está desinformada y eso activa un nuevo conflicto; segundo, la disponibilidad, el comportamiento del caudal, la secuencia y el flujo del líquido elemento en esta parte de la cuenca no garantiza que esa agua sea permanente; y advierte que se va a invertir 105 millones de soles para un proyecto que no va a ser rentable.

¿El Estado no está ejerciendo su labor fiscalizadora?

Los iqueños estamos pagando los platos rotos de la carencia de un Estado que es débil, que no planifica ni regula, un Estado que está capturado por los operadores de los inversionistas y empresarios aglutinados en la Confiep. En Ica se da una situación terrible porque se ha concentrado el poder político y económico.

La agroexportación debe continuar, pero tiene que cambiar el patrón de cultivo, tiene que regularse, sancionarse  y cerrarse los pozos ilegales. Se tiene que aplicar un plan regional que establezca los límites a la expansión agroexportadora, e implementar políticas públicas para reactivar al pequeño productor porque es el que garantiza la alimentación.

En este contexto de escasez de agua, ¿por qué se levantó la veda en el distrito de Ocucaje?

El tema de Ocucaje es la mejor expresión del tráfico de influencias, donde la ANA (Autoridad Nacional del Agua) a través de sus operadores han levantado la veda en julio de 2014, para apropiarse de suelos para hacer un gran fundo agroexportador, y eso ha generado problemas, porque habiendo veda irrestricta, agrícola La Venta -en un mes y medio- perforó pozos para poder ampliar el desierto y convertirlo en un fundo agroexportador de uva, y eso ha generado un nuevo conflicto.

¿La población de Ica consume agua de calidad?

La agroexportación han concentrado los mejores pozos, a la población les han  quitado la posibilidad de consumir agua de calidad. La situación del agua de consumo humano es crítica, porque hay pueblos que tienen una hora al mes, como es el caso de Ocucaje y hay otros pueblos que apenas tienen una hora a la semana, como es el caso de Pueblo Nuevo, Los Aquijes, y en otros con más suerte, tres horas a la semana. La expansión acelerada de la agroexportación ha hecho que perforen miles de pozos, se calculan que son 2.500 pozos,  que están agotando la napa freática, pero no solamente ha afectado la pequeña producción agrícola, también ha secado la mayor cantidad de pozos de agua de consumo humano.

Todo el valle tiene problemas de escasez de agua para consumo humano, siendo el más crítico los distritos de Pueblo Nuevo, Los Aquijes, Pachacutec y Santiago.

Sin embargo,  la agroexportación ha generado crecimiento económico y generación de empleo.

Es verdad que la agroexportación genera empleo, pero también genera mucha pobreza, porque las condiciones laborales son precarias, hay una pérdida acelerada de derechos laborales, en Ica está ‘prohibida’ la sindicalización. Trabajador que se organiza en sindicatos inmediatamente lo despiden.

El presidente regional, Fernando Cillóniz, manifiesta que Huancavelica se va a beneficiar con el canon hídrico y con obras.

La parte de arriba de Huancavelica es por excelencia zona alpaquera. En torno al trasvase hay cinco comunidades: Carahuancho, Choclococha, Santa Inés, Santa Ana y Pilpichaca, que son las principales opositoras a cualquier proyecto de ampliación, o de construcción de alguna infraestructura para ampliar oferta hídrica abajo. Desde Codeh Ica planteamos que esto no es viable, porque es irracional producir el espárrago donde el 90 % de su composición es agua en un desierto tan terrible como el que tenemos.

Lo que buscan los agroexportadores es ampliar la frontera agrícola, piden ampliar la oferta hídrica en el Valle, eso significa ampliar el trasvase. Arriba hay oposición,  porque el colector estaría afectando a uno de las principales fuentes de vida que son para ellos los bofedales y humedales.

¿Qué solución se debe dar a nivel del gobierno central y regional?

Desde Los Molinos hacia aguas arriba se pueden hacer medianas represas, con un sistema escalonado de pequeñas represas se permitiría recargar el acuífero, garantizando agua todos los meses del año a los pequeños agricultores en la parte  alta, media y baja; y esos puquiales que hoy son  aguas puras de consumo humano podrían ser perfectamente traídas a la ciudad, se trata de tener un enfoque integral, consultando a las poblaciones.

Fuente:

http://www.alainet.org/es/articulo/183075


martes, 18 de octubre de 2016

“LA POLICÍA SE ‘MERCENARIZA’ CUANDO BRINDA SEGURIDAD A UNA MINERA”





17/10/2016

Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la más completa oscuridad: los convenios por los cuales la policía presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras ha tenido que esperar dos largos años hasta que la Justicia le diera la razón y pudiera conocer los convenios suscritos en la región Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, después de que la policía le negara esta información.  

P.- ¿Cuáles son los impactos de los convenios suscritos entre la policía y las empresas mineras?

R.-. Son sumamente preocupantes. Se confirma que hay una relación directa entre las regiones policiales y las empresas mineras, bajo la cual un determinado número de efectivos policiales dotan de seguridad privada a la minera, servicio por el cual reciben una contraprestación económica, en torno a 100 soles diarios, y 150 soles diarios los jefes del mando superior. La región policial (por ejemplo, en el caso de Las Bambas, sería Cusco-a pesar de que sus operaciones están ubicadas en Apurímac), además, está recibiendo una cantidad de dinero, en torno a los 20 mil soles al mes. Se percibe una relación económica patrimonial: la policía se ‘mercenariza’ cuando brinda seguridad a la minera.

Estos convenios se están renovando en la práctica. Nosotros creemos que en el momento hay todavía convenios vigentes, los que se han suscrito en el 2014 o 2015.

En los convenios hemos encontrado algunas cláusulas que determinan que el policía que brinda servicios de seguridad a la mina, en el caso de que viera algún hecho vinculado a su actividad, no puede comunicarlo a nadie y solo tiene que reportarlo a la empresa. ¿Qué sucede si un efectivo policial está brindando seguridad y ve a un comunero que está siendo afectado en sus derechos o ve un derrame? ¿Ese policía no lo va a informar, obviando su deber como servidor público?

Hay temas de fondo que demuestran la necesidad de que estos convenios se deroguen de manera automática y las empresas mineras no gocen de ningún otro privilegio: que ellos contraten de manera directa la seguridad. Detrás de ello está el tema de la conflictividad, porque si tenemos a efectivos policiales brindado seguridad en un momento de estallido social ¿va a proteger la seguridad de la empresa o va a defender la seguridad de la población?

P.- ¿Con estos convenios se desnaturaliza la función policial?

R.- Que la institución policial reciba recursos directamente recaudados porque sus efectivos prestan servicios a la minera es un hecho sumamente delicado.

Los convenios están permitiendo que se instalen una especie de oficinas de la policía al interior de los campamentos mineros, así sucedió en Espinar, aunque las fuerzas policiales lo negaron categóricamente y dijeron que se trataba de una simple oficina para el tema de desactivación de explosivos.

Estas “oficinas” ofrecen una serie de beneficios a la policía en cuestiones logísticas. Entonces uno entiende por qué en el marco de los conflictos, la policía detiene a la población, la gente es detenida en el campamento minero, recepcionan sus declaraciones al interior del campamento minero y la fiscalía desarrolla de manera “normal” sus diligencias al interior. Ha pasado en el caso Espinar y se ha repetido en el caso Las Bambas con muchísima normalidad.

P.- ¿Qué entidad es responsable de suscribir estos convenios entre la policía y la minera?

R.- Tenemos convenios que han sido suscritos por el Ministerio del Interior, pero esta cartera ha dado la posibilidad para que las regiones policiales puedan suscribir de manera directa. Entonces, estas han ido suscribiendo adendas, convenios, etc. Esta situación se agrava más porque en los últimos años se ha ido permitido la instalación de ‘frentes policiales’, precisamente, en territorios donde hay mayor conflictividad para garantizar la inversión.

P.-  ¿A qué te refieres con frente policial?

R.- Un frente policial es una especie de entidad que no responde a su región policial sino que  depende directamente de Lima y que se establece en territorios donde hay cierta conflictividad. En el caso de Espinar, el frente policial se encuentra en Sicuani y está para brindar seguridad inmediata, rápida, incluso trabajo de inteligencia para las zonas de Espinar y Chumbivilcas. Cada frente policial está a cargo además de un contingente policial, por ejemplo el Frente Policial de Espinar puede movilizar rápidamente 200 policías.  Esto hay que vincularlo con el tema de los convenios porque en algunas cláusulas mencionan que la empresa minera puede comunicarse directamente con la policía.

 P.- Es ahí donde la población comienza a desconfiar de la policía

R.- La población ve a su policía al servicio de la empresa minera y su seguridad y derecho a la igualdad pasan a ser abiertamente vulnerados.

En territorios donde hay una mayor lejanía del Estado esta situación es mucho más compleja, un ejemplo muy claro es Chalhuahuacho, una zona sumamente alejada con una población muy pequeña  que prácticamente convive a metros del proceso de explotación en las Bambas [Apurímac].

La Fiscalía de Chalhuahuacho no tiene logística, no cuenta con movilidad propia y tiene que depender de la policía para todas sus investigaciones, pero ésta a su vez brinda servicios de seguridad a la empresa. Parece complejo exigirle a la fiscalía una investigación independiente. A esto hay que sumarle la gran capacidad operativa que tiene la empresa MMG, Las Bambas. Esta empresa está muy bien representada por un grupo de abogados que actúan de manera permanente, constante, presentando escritos, denuncias. O sea, no es una empresa que está pasiva: está actuando y denunciando. Esto genera una situación de suma desigualdad ante la población. Lo que necesitamos es pues ministerios públicos bien equipados, con una gran logística, mayor cantidad de fiscales, asistencia judicial, equipos… Hay una serie de carencias que son difíciles para territorios como Apurímac, por ejemplo, donde el acceso a la justicia es sumamente complejo.

P.- ¿Estos convenios están operando en la legalidad?

R.- Estos convenios están amparados bajo la misma ley de la policía y bajo un decreto supremo. Pero si quisiéramos ingresar en un análisis de vulneración de derechos, para nosotros, estas normas son inconstitucionales porque la Constitución le da un mandato a la policía nacional en términos de seguridad a favor de toda la población. Entonces se están vulnerando abiertamente los derechos de seguridad, de igualdad, discriminando a un sector de la población.

P.- Si nos fijamos en los estándares internacionales, ¿serían legales?

.- Bajo el marco de los principios de seguridad y derechos humanos las empresas no están respetando sus compromisos.

Empresas como Las Bambas o Glencore-Xstrata han suscrito estos principios, pero en la práctica no sabemos lo que estas empresas están haciendo para prevenir y garantizar los derechos de las poblaciones que están alrededor de sus explotaciones. Creo que la empresa privada debería acceder a servicios de seguridad privada finalmente.

Necesitamos abrir una discusión jurídica sobre si la empresas extractivas además son responsables civil y penalmente de las vulneraciones a derechos humanos que se están cometiendo, porque están permitiendo-de manera directa o indirecta- que estas situaciones se generen. No podemos permitir que toda la responsabilidad recaiga sobre el Estado. Ante la cantidad de muertes producto de los conflictos sociales las empresas tienen que responder sobre esto.

P.- Los delitos cometidos en Espinar y Cajamarca son juzgados, desde el 2012, en dos departamentos distintos: Ica y Lambayeque, respectivamente. ¿Existe alguna razón que justifique este cambio normativo?

En el caso de Espinar a Ica, el argumento fue básicamente que había digamos un nivel de alta tensión que no permitía que los operadores jurisdiccionales pudieran desarrollar su labor de manera adecuada. No podemos seguir permitiendo que la competencia la sigan teniendo jueces de otro ámbito, no existe ninguna situación que la justifique en este momento. Nosotros hemos presentado una acción de amparo (en el caso de Espinar) por violación al derecho del juez natural y acceso a la justicia y defensa.

Se emitió otra resolución administrativa al cabo de unos seis meses que dice que ahora las salas penales nacionales que están ubicadas en Lima además tienen competencia sobre el juzgamiento de casos derivados de conflictividad social. Hasta el momento no hay ningún caso que la sala penal nacional esté llevando a cabo porque todavía los conflictos que tenemos ahora en materia de judicialización han sido anteriores a esta resolución.

P.- ¿Qué buscan todas estas medidas y normativas?

R.- La existencia de convenios con la policía, los frentes policiales, la posibilidad del traslado de competencia judicial, la cantidad de cambios normativos que hemos tenido al interior de la legislación penal, digamos para sobredimensionar y pasar la protesta a actos delictivos. Todo eso yo creo que es parte de una orientación que no se da solo en Perú. Todos esos elementos nos hablan de un contexto sumamente grave de criminalización de la protesta, de vulneración abierta al derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunión y llevar hacia el lado delictivo la protesta, de tal manera que el Estado no asuma su responsabilidad política de solucionar los problema de fondo que están detrás de los conflictos sociales: utilizas el derecho penal para trasladar un problema.  El derecho penal no va a solucionar el conflicto, lo que va a hacer simplemente es intentar encontrar una responsabilidad penal. Lo que en el fondo haces es desgastar el movimiento social y  la democracia se relativiza.


http://www.alainet.org/es/articulo/181020