martes, 31 de diciembre de 2019

VOLUNTAD DE CAMBIOS Y SURGIMIENTO DE LA DEMOCRACIA ¿ES DESEO DE TODOS LOS PERUANOS?




El Perú republicano requiere cambiar el estilo conservador de la vida política y económica, para ello se tiene no sólo que reformar la estructura organizativa de su Estado, poniendo a éste al servicio de todos; sino correlativamente se habrá de revertir la exclusión en términos culturales bajo la perspectiva de renovar las relaciones sociales y políticas que, tome en cuenta un primer eje la dinámica de lo que representa ser ciudadano y los derechos de la persona humana, y un segundo eje en cuanto a que el proceso de la economía se prioricen cambios que estén dirigidos a la diversificación productiva. 

A la actualidad el accionar del Estado está condicionado a una sola función, la subsidiaria, los gobiernos no han decidido, ni han llegado a asumir las funciones reguladoras y promotoras, en razón a que la Constitución Política de 1993 no les da un reconocimiento explícito, ningún gobierno o partido político se ha atrevido a interpretar en otros artículos constitucionales la de tomar la decisión política sobre las funciones limitadas a que no sólo sean subsidiarias.

La subsidiaridad marca la matriz de la gestión estatal, haciéndola excluyente en el actuar de las entidades públicas, razón por la cual los sucesivos gobiernos no logran intensificar proyectos colaterales a la salud tanto a obras de agua y desagüe y relleno sanitario, como los vinculados a las de vivienda. 

Estos servicios que resultan necesarios porque se dirigen a la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso en el transcurso de muchos años no todos cuentan con aceptables servicios básicos, lo que representa no solo la exclusión para un mejor vivir, sino muestra la desigualdad social cruzada por la economía que favorece a los grupos privilegiados y empresariales, a los que se les hace difícil entender el valor de la solidaridad, esto se demuestra cuando se ofrecen y se pagan salarios disminuidos a los trabajadores y cuando el mismo Estado en relación a sus servidores públicos en que grupos privilegiados ganan mucho y mientras otros estamentos tienen salarios bastante reducidos.  

Esta situación se da en el marco de una economía formal, la que se agudiza cuando los pobres creen que con la informalidad les irá mejor, empujados por el egoísmo de las fuerzas del poder empresarial al rebajar el status laboral; las estadísticas señalan que los índices de la pobreza se incrementan lo que evidencia irremediablemente que los asalariados de la formalidad son bajas, y éstas remuneraciones son sólo para sobrevivir, y llegamos a sostener que la pobreza está por encima del 20%, porque es vista desde el ángulo económico; en cambio, la informalidad es tan vasta que sobrepasa el 70% en todos los campos de la vida nacional, y hace que estos bolsones de ciudadanos y de territorios en términos sociales y culturales no alcancen niveles decorosos. 

Las mediciones oficiales no han evaluado toda la realidad del país, razón para demostrar que son engañosas, a pesar de casi doscientos años la pobreza y la desigualdad persisten, lo cual es grave y conduce a la protesta ciudadana, creando un destino que puede avizorarse más complejo de lo que representan los conflictos sociales por un desembalse ante las sucesivas postergaciones. 

En el Perú republicano los grupos privilegiados son altamente favorecidos en la distribución de la riqueza, conviviendo con la inequidad prevaleciente, lo que nos dice que no estamos enmarcados en el régimen de la democracia y que a la vez se está en contra del desarrollo humano que debería ser uno de los objetivos nacionales; en cambio, la perspectiva de las dirigencias políticas y económicas se limitan a los procesos de crecimiento económico, los cuales se producen en tiempos cortos que no pasan de una década, gracias a las exitosas exportaciones primarias al elevarse los precios; sin embargo, caso de los minerales que dependen de la demanda de los mercados internacionales.  

El extractivismo de los recursos no renovables resulta ser una política nacional porque hace posible para el país el mayor ingreso en impuestos y canones, gracias a estas recaudaciones se realizan las obras públicas que son programadas bajo la responsabilidad del Estado que no solo le corresponde al gobierno central; sino a los gobiernos descentralizados, en los territorios departamentales y municipales. 

Sin embargo, el tratamiento en este caso de obras materiales, por parte de los gobiernos regionales muestran: un primer comportamiento inaceptable que beneficia más a las principales ciudades, como las capitales regionales, ellas reciben los mayores recursos, postergando la ejecución destinada a cubrir las necesidades del resto de los ámbitos, incluidos los rurales; un segundo punto está circunscrito a la carencia de cuadros técnicos al no existir la meritocracia que sería la que llevaría acabo los proyectos; un tercero, de ser ejecutados no respetan los plazos programados, además que no se distinguen por su eficiente calidad; y un cuarto punto es que las sumas de las financiaciones permanecen en el Banco de la Nación o en su defecto regresan al tesoro público, y se corre el riesgo de no ejecutar las obras  

Esto último también marca la perversidad del Estado al convertirse en un país excluyente, dirigida por autoridades que monitorean por encima de los deseos y voluntad de las poblaciones; es decir, los peruanos están sujetos al predominio autoritario muy propio de un país en que todavía se actúa bajo los rezagos del sometimiento colonial, heredada de los gobiernos de la época virreinal, lo que configura la disminuida posición social de la población ante los grupos de poder y de otros segmentos sociales que han alcanzando niveles profesionales y de alta especialidad. 

La colonialidad persiste para los grupos mayoritarios aún cuando existan gobiernos elegidos por voto universal, al no haber organizaciones civiles y políticas organizadas que hagan respetar los veredictos electorales, ello  muestra una disminuida ciudadanía en el marco de la precariedad democrática; la paradoja es que siguen existiendo la ciudadanía de segunda clase. 

Estos últimos no tienen no solo la igualdad de oportunidades tanto en su desarrollo personal y familiar, como en su normal participación en las políticas públicas y los diversos campos de la vida nacional; sino que dicha colonialidad se retroalimenta por la desigual económica, este entrecruzamiento se liga a la situación de que se pueda dar la movilidad social, lo que sella las distancias sociales sobre las diversidades culturales. Esta situación de predominio impide el intento de acabar con la colonialidad interna porque el sentir de los peruanos es aún temeroso a los cambios, a lo más se hacen notas declaratorias en favor de los derechos humanos y las reivindicaciones laborales. 

Esto es consecuencia de un país gobernado por los grupos de poder que no son favorables a la mayoría de la población, porque en ellos priman sus intereses sociales y económicos, este grupo es sinónimo de la vigencia oligárquica, el mismo que se ha convertido por décadas en un obstáculo que impide el desarrollo político y social en democracia. Su presencia al ser  exclusiva con predominio del sector de la banca y del orden financiero, su  característica de estas las oligarquías peruanas se hacen a la vez plutocráticas, expresión viva de esta situación es el reinado del dinero y el consumismo. 

No se sabe a ciencia cierta porque la actual administración recoge el clamor de los pueblos por mejorar, por ejemplo reformar el sistema electoral dirigido a contar con representaciones auténticas al parlamento y de que los partidos realicen elecciones primarias previas, a los actos públicos de las elecciones del ejecutivo y el legislativo; asimismo, es posible la reformas del sistema de justicia. Estos cambios están aprobados por referéndum a iniciativa del poder ejecutivo, se espera con la instalación del nuevo congreso de que este esté rodeado de una resurrección en democracia pura, con miembros que sepan de su deber de representar y ejecutar las reformas políticas que todavía faltan discutir y aprobar. 

Sea el año 2020 a julio del 2021 que la democracia política esté apta en disposiciones y de una voluntad de reformas, a pesar que en 200 años de que se alcanzó la independencia predominó una abierta autocracia y últimamente los autoritarismos solapados, todos ellos sujetos a los intereses de los grupos de poder político y económico que se comportaron como rivales del sistema democrático y de regimenes de gobiernos que perfeccionaran sus acciones en igualdad de oportunidades, nacidos del respeto a la dignidad de la persona y que le da la característica de oligarquías plutocráticas.

El Perú hoy en día es un potencial para que exista consenso, en disposición de  oportunidades en favor de la república, la que nació incompleta por tantas carencias de la elección de gobiernos promotores y de pueblos convertidos en ser ciudadanía que hagan respetar los veredictos electorales y participen bajo sus representantes y a través de los actos de democracia directa cuando se hace necesario que se realicen.

Fernando Arce Meza                    Surco, 30 de diciembre del 2019

lunes, 30 de diciembre de 2019

SOCIALIZAR LAS FINANZAS


Un artículo de J.W. Mason publicado originalmente en la revista Jacobin a finales de 2016. Una versión resumida de las medidas aquí propuestas fue incluida posteriormente por Jacobin en su editorial “The party we need”.

En términos elementales, las finanzas son mera contabilidad: un registro de obligaciones y compromisos monetarios. Sin embargo, las finanzas son también una forma de planificación: un conjunto de instituciones para organizar intereses sobre el reparto del producto social.

La fusión de estas dos funciones -contabilidad y planificación-, que obedecen a lógicas distintas, es tan antigua como el capitalismo y, durante casi tanto tiempo, ha soliviantado la conciencia burguesa. La creación de poder adquisitivo a través de préstamos bancarios es difícil de congeniar con la máxima ideológica del capitalismo de que los precios de mercado ofrecen una medida neutral de alguna realidad material preexistente. El fracaso manifiesto del capitalismo para ajustarse a esta idea de sistema natural ha sido atribuido, por los defensores de estas tesis, a la capacidad de los bancos (instigados por el Estado) para alejar los precios de mercado de sus verdaderos valores.

De alguna manera, separar estas dos funciones del sistema bancario - contabilidad y planificación-, es el hilo conductor de los  250 años de propuestas de reforma monetaria  de economistas burgueses, demagogos y chiflados. Podemos rastrearlo desde David Hume, quien creía que una "circulación perfecta" era una en la que el oro solo se usaba para pagos, y que dudaba de si los préstamos bancarios deberían permitirse en absoluto; a los defensores decimonónicos de un patrón oro estricto o de la doctrina de billetes reales (dos propuestas enfrentadas que supuestamente restaurarían la automaticidad a la creación de crédito bancario); a las propuestas de Proudhon de otorgar al dinero una base objetiva vinculada al tiempo de trabajo; a  los temores preconcebidos de Wicksell  sobre la inestabilidad de un sistema no regulado de dinero bancario; a las propuestas, a menudo revividas, de reservas bancarias al 100%; a las propuestas de Milton Friedman para una regla estricta de crecimiento de la oferta monetaria; a las fantasías de la ortodoxia actual de un banco central que siga una regla inviolable que emule la "tasa de interés natural".

Lo que todas estas admoniciones y propuestas tienen en común es que buscan restaurar la objetividad del sistema monetario; legislar para que existan los valores supuestamente reales que subyacen al precio del dinero. Buscan obligar al dinero a cumplir, de facto, sus presupuestos ideológicos: una medida objetiva del valor que refleja el valor real de las mercancías, libre de juicios de banqueros y políticos.

Los socialistas rechazamos esta fantasía. Sabemos que el desarrollo del capitalismo ha sido desde el principio un proceso de "financiarización"; de expansión de la esfera crediticia a todo ámbito de la actividad humana, y de representación del mundo social en términos de pagos y compromisos monetarios.

Sabemos que no hubo un mundo precapitalista de producción e intercambio sobre el cual el dinero, y luego el crédito, fueron superpuestos con posterioridad: las redes de crédito (de reclamos monetarios) son el sustrato sobre el que la producción de mercancías se ha desarrollado y organizado. Y sabemos que el excedente social bajo el capitalismo no es resultado de la asignación de los "mercados", como dicen los cuentos de hadas de los economistas. El excedente es el resultado de la asignación realizada por bancos y otras instituciones financieras, cuyas actividades son coordinadas por planificadores, no por mercados.

Aunque descentralizada en teoría, la producción de mercado está de hecho organizada a través de un sistema financiero altamente centralizado. Y donde existe algo así como mercados competitivos, es generalmente gracias a una extensa intervención estatal: desde leyes antimonopolio hasta toda la compleja maquinaria del Obamacare para apuntalar un mercado desvencijado como el de seguros de salud privado. Como reconocieron Marx y Keynes, la tendencia del capitalismo es hacia el desarrollo de formas de producción más colectivas y sociales, ampliando el dominio de la planificación consciente y disminuyendo el ámbito del mercado. (Un punto que también han entendido algunos economistas liberales más avispados y con una aproximación más histórica a los problemas). Preservar el mercado se convierte en un proyecto cada vez más utópico, que requiere una intervención cada vez más activa por parte del gobierno. Piensa en la vasta financiación, inversión y regulación públicas que son requeridas para la provisión "privada" de vivienda, educación, transporte, etc.

En un mundo en el que la producción se guía por una planificación consciente, pública o privada, simplemente no tiene sentido pensar que los valores monetarios reflejan el resultado objetivo de los mercados, o el crédito simplemente como un registro de flujos "reales" de ingresos y gastos.

Pero es muy difícil resistir a la "ilusión de lo real", como lo llama Perry Mehrling. Debemos recordar constantemente que los valores de mercado nunca han sido, y nunca podrían ser, una medida objetiva de las necesidades y posibilidades humanas. Debemos recordar que los valores medidos en dinero -precios y cantidades, producción y consumo- no tienen existencia independiente de las transacciones de mercado que les dan forma cuantitativa.
De aquí se sigue que el socialismo no puede describirse en términos de la cantidad de mercancías producidas o distribuidas. El socialismo es la emancipación de la forma mercancía. No se define por la disposición de cosas, sino por la condición del ser humano. Es la extensión progresiva del dominio de la libertad humana, de esa parte de nuestras vidas gobernada por el amor y la razón.

Muchos críticos de las finanzas ven éstas como el enemigo de un capitalismo más humano o auténtico. Esta es la crítica tanto de reformistas gerenciales que se oponen a las finanzas por ser un parásito de las empresas productivas (recuérdese el "soviet de ingenieros" de Veblen), como de populistas que odian las finanzas como el destructor de su pequeño capital, o de sinceros creyentes en la competencia de mercado que ven a las finanzas como receptores de rentas ilegítimas. En términos prácticos, hay mucho terreno común entre estas posiciones y un programa socialista. Pero no podemos aceptar la idea de que las finanzas sean una distorsión de algunos valores verdaderos de mercado naturales, objetivos o justos.

Las finanzas deben comprenderse como un momento más del proceso capitalista, integral a él, pero con dos caras contradictorias. Por un lado, están las finanzas como institución concreta que genera y hace cumplir compromisos crediticios a cualquier tipo de agente social -personas, empresas, Estados-. Desde este punto de vista, su rol es extender y mantener la lógica de la producción de mercancías. (Los préstamos estudiantiles refuerzan la disciplina del trabajo asalariado, la deuda soberana mantiene la división internacional del trabajo).

Sin embargo, por otro lado, el sistema financiero es también donde la planificación consciente toma su forma más desarrollada bajo el capitalismo. Los bancos son, en palabras de Schumpeter, el equivalente privado de Gosplan, la agencia de planificación soviética. Sus decisiones de préstamo determinan qué nuevos proyectos obtendrán una parte de los recursos de la sociedad, e imponen (o  infligen) el "juicio del mercado" sobre otras.

Un programa socialista debe responder a estas dos caras de las finanzas. Nos oponemos al poder de las finanzas para reducir progresivamente el grado en que nuestras vidas se organiza en torno a la acumulación de dinero. Pero abrazamos la planificación ya inherente a las finanzas porque queremos expandir el dominio de la elección consciente y reducir el dominio de la necesidad ciega.

El desarrollo de las finanzas revela el desplazamiento progresivo de la coordinación del mercado en favor de la planificación. Capitalismo significa producción para obtener beneficio; pero, en la realidad concreta, los criterios de beneficio siempre están subordinados a los criterios financieros. El juicio del mercado solo tiene fuerza en la medida en que sea ejecutado por las finanzas. El mundo está lleno de negocios cuyos ingresos exceden sus costes, pero se ven obligados a reducir volumen o cerrar debido a las exigencias financieras en su contra. El mundo también está lleno de negocios que operan durante años, o indefinidamente, con costes que exceden sus ingresos, gracias a su acceso a la financiación. Las instituciones que toman estas decisiones de financiación lo hacen en función de su propio juicio subjetivo, y limitado solo en última instancia por los términos establecidos del banco central, y no por unos criterios objetivos de valor.

Existe una contradicción básica entre el principio de competencia y el de finanzas. Se supone que la competencia es una forma de selección natural: las empresas que obtienen ganancias las reinvierten y crecen, mientras que las empresas que pierden no pueden invertir y merman, hasta finalmente desaparecer. Se supone que esto es una gran ventaja de los mercados sobre la planificación. Pero el objetivo de las finanzas es romper este vínculo entre las ganancias de ayer y las inversiones de hoy. El excedente pagado en forma de dividendos e intereses está disponible para la inversión en cualquier lugar de la economía, no solo donde se generó.

Y viceversa, hay empresarios que pueden emprender nuevos proyectos que nunca han sido rentables en el pasado si pueden convencer a alguien para que los financien. La competencia mira hacia atrás: los recursos de hoy dependen de cómo te haya ido en el pasado. Las finanzas miran a futuro: los recursos de hoy dependen de cómo (¡alguien!) se espera que lo hagas en el futuro. Por lo tanto, a diferencia de la idea de que las empresas triunfan o fracasan por selección natural, las empresas predilectas de las finanzas - desde  Amazon  hasta  Uber  y toda la manada de unicornios -, pueden invertir y crecer indefinidamente sin tener beneficios. Se supone que esto también es una gran ventaja de los mercados.

En el mundo sin fricciones imaginado por los economistas, la primacía de las finanzas sobre la competencia ya se ha llevado al límite. Las empresas no controlan ni dependen de su propio excedente. Todo el excedente se asigna de manera centralizada por los mercados financieros. Todos los recursos para la inversión provienen de los mercados financieros y todos los beneficios regresan inmediatamente a ellos en forma de dinero. Esto tiene dos implicaciones contradictorias. Por un lado, elimina cualquier consideración de la empresa como organismo social, de la actividad que realiza para reproducirse, de su búsqueda de fines distintos a la ganancia máxima para sus "dueños".

De hecho, la empresa nace nueva cada día por el beneplácito de quienes la financian. Pero, por la misma razón, la lógica de la maximización de los beneficios pierde su base objetiva. El proceso cuasi evolutivo de la competencia deja de funcionar si los propios beneficios de la empresa ya no son su fuente de inversión, sino que fluyen hacia un fondo común. En este mundo, qué empresas crecen y cuáles fracasan depende de las decisiones de los planificadores financieros que asignan capital a cada una de ellas.

La contradicción entre producción de mercado y finanzas socializadas se agudiza a medida que los propios fondos financieros se unen o se vuelven más homogéneos. Este fue un punto clave para los marxistas de inicios del siglo pasado como  Hilferding  (y Lenin), pero también está detrás del alboroto reciente  en la prensa económica  por el aumento de los fondos indexados. Estos fondos tienen acciones de todas las empresas que pertenecen a un determinado índice; a diferencia de los fondos administrados activamente, que tratan de invertir en la empresa que se cree irá mejor, éstos tienen acciones en muchas compañías que compiten entre sí.

Según un estudio reciente, "la probabilidad de que dos empresas seleccionadas al azar en el S&P 1500 de la misma industria tengan un accionista común con al menos un 5% de participación en ambas aumentó de menos del 20% en 1999 a alrededor del 90% en 2014". El problema es obvio: si las empresas trabajan para sus accionistas, ¿por qué competirían entre sí si sus acciones están en manos de los mismos fondos?

Obviamente, una  solución propuesta  es una mayor intervención estatal para preservar la forma de los mercados, limitando o desfavoreciendo la propiedad accionarial a través de fondos. Otra respuesta, y quizás la más lógica, sería: si ya confiamos en los corporate managers para ser fieles representantes de la clase rentista en su conjunto, ¿por qué no dar el siguiente paso y convertirlos en representantes de la sociedad en general?

Además, los términos sobre los cuales el sistema financiero redirige el capital son fijados en última instancia por el banco central. Sus decisiones -la política monetaria en sentido estricto, pero también la regulación financiera o los rescates durante de la crisis a entidades- determinan no solo el ritmo de expansión del crédito sino también el criterio de rentabilidad mismo. Esto es muy evidente en las crisis, pero también está implícito en la política monetaria rutinaria. A menos que los reducidos tipos de interés conviertan a algunos proyectos previamente no rentables en rentables, ¿cómo sino podrían salir adelante?

Al mismo tiempo, la legitimidad del sistema capitalista -la justificación ideológica de su evidente injusticia y desperdicio- proviene de la idea de que los resultados económicos están determinados por "el mercado" y no por la elección de nadie. Por lo tanto, la función de planificación del banco central debe mantenerse fuera de la vista.

Los propios banqueros centrales son muy conscientes del papel que juegan. A principios de la década de 1980, cuando la Reserva Federal cambió su principal instrumento de política monetaria, sus responsables se preocuparon  por que su elección preservara la ficción de que eran los mercados los que establecían el tipo de interés. Como dijo el gobernador de la Fed, Wayne Angell, era esencial elegir una técnica que "tuviera el camuflaje de las fuerzas del mercado en acción".

Los libros de texto de la economía dominante describen de manera explícita la trayectoria a largo plazo de las economías capitalistas en términos de un planificador ideal, que determina la producción y precios para toda la eternidad con el fin de maximizar el bienestar general. La contradicción entre esta visión macro y la ideología de la competencia de mercado queda relegada por la suposición de que a largo plazo esta trayectoria es la misma que la "natural" de un mercado competitivo perfecto sin dinero ni bancos.

Fuera del mundo académico es más difícil mantener la fe en que los planificadores del banco central eligen de manera infalible los resultados que el mercado debería haber alcanzado por sí mismo. Muchas críticas a los bancos centrales provenientes de la derecha -y también de la izquierda- entienden claramente que los bancos centrales se dedican a una planificación activa, pero lo consideran intrínsecamente ilegítimo. Su creencia en los resultados “naturales” del mercado les lleva a las fantasías de retorno a un patrón monetario independiente del juicio humano: ya sea el oro o el bitcoin.

Los socialistas, que vemos a través de la fachada del supuesto juicio experto neutro de los banqueros centrales y reconocemos su estrecha asociación con las finanzas privadas, podríamos vernos tentados por ideas similares. Pero el camino hacia el socialismo va por otro lado. No buscamos organizar la vida humana en una red objetiva de valores de mercado, libre de la influencia distorsionante de las finanzas y los bancos centrales. Más bien buscamos sacar a la luz la planificación consciente que ya existe, convertirla en terreno de la política y dirigirla hacia la satisfacción de las necesidades humanas, y no hacia el refuerzo de las relaciones de dominación. En resumen: socializar las finanzas.

En el contexto de los Estados Unidos, el análisis anterior sugeriría un programa de transición tal vez en las siguientes líneas:

Desmercantilizar el dinero

Aunque no haya forma de separar el dinero y los mercado de las finanzas, eso no significa que las funciones rutinarias del sistema monetario deban ser una fuente de beneficios privados. Migrar la responsabilidad de las infraestructuras monetarias elementales a organismos públicos o semipúblicos es una reforma no-reformista: aborda algunos de los abusos manifiestos e inestabilidad del sistema monetario existente al tiempo que abre el camino hacia transformaciones más profundas.

En particular, esto podría implicar:

1. Un sistema de pagos públicos.

En un pasado no muy lejano, si alguien quería dar algo de dinero a cambio de un bien o servicio, no teníamos que pagar a un tercero por el permiso para realizar el intercambio. Sin embargo, con el reemplazo del efectivo por cargos electrónicos, los pagos rutinarios se han convertido en una fuente de beneficio. Las transacciones y el resto de la fontanería rutinaria del sistema de pagos debe ser un monopolio público, al igual que la moneda.

2. Banca postal.

Los servicios bancarios deberían proporcionarse igualmente a través de las oficinas de correos, como en muchos otros países. Las transacciones rutinarias entre cuentas (verificar y guardar) son un servicio que puede ser proporcionado directamente por el Estado.

3. Calificaciones de crédito públicas, tanto para bonos como para individuos.

Esta información debe estar ampliamente disponible para realizar su función; incluso es un elemento importante para la provisión pública dentro de la lógica del capitalismo. Ello implica además desafiar la función coercitiva y disciplinaria que, cada vez más, realizan las agencias privadas de calificación crediticia en Estados Unidos.

4. Financiación pública de la vivienda.

Las hipotecas para primeras viviendas son otra área donde una pátina de transacciones de mercado oculta un sistema que ya es sustancialmente público. El mercado hipotecario a treinta años es totalmente una creación de la regulación, es mantenido por los creadores de mercado públicos, y los organismos públicos son, en gran medida, los prestamistas de última instancia. Los socialistas no tenemos especial interés en el cultivo de una sociedad de pequeños propietarios a través de la propiedad de la vivienda; pero mientras el Estado lo haga, exigimos que sea de manera abierta y directa en lugar de disfrazarse de transacciones privadas.

5. Pensiones de jubilación públicas.

Ahorrar para la jubilación, junto con la vivienda, es donde el Estado hace más por fomentar lo que  Gerald Davis llama la "ficción de capital": concebir la relación de cada uno con la sociedad en términos de propiedad de activos.

Pero aquí, a diferencia de la propiedad de la vivienda, la provisión social bajo la apariencia de sistema financieros ha fallado incluso en sus propios términos. Muchos hogares de clase trabajadora en los Estados Unidos y en otros países ricos sí tienen sus casas en propiedad, pero solo un pequeño porcentaje puede acceder a una pensión digna solo con el ahorro privado. Del mismo modo, los sistemas públicos de pensiones están mucho más desarrollados que la provisión pública de vivienda. Esto sugiere apostar por la eliminación de programas existentes que fomentan el ahorro privado para la jubilación y por una gran expansión de la Seguridad Social y sistemas similares de seguro social.

Contención de las finanzas

No es tarea de los socialistas mantener al gran casino funcionando plácidamente. Pero mientras existan instituciones financieras privadas, no podemos evitar la cuestión de cómo regularlas. Históricamente, la regulación financiera a veces ha tomado la forma de "contención financiera", en la cual los tipos de activos que poseen las instituciones financieras son decretados sustancialmente por el Estado.

Esto permite que el crédito se dirija de manera más efectiva a la inversión socialmente útil. Lo cual también permite mantener bajos tipos de interés en el mercado, que - en un contexto de inflación mayor- disminuye tanto la carga de la deuda como el poder de los acreedores. El sistema financiero liberalizado ya tiene  críticos muy elocuentes; no es necesario duplicar su trabajo con una propuesta de reforma detallada, pero podemos exponer algunos principios generales:

1. Si no está permitido, está prohibido.

La regulación eficaz siempre ha consistido en especificar funciones para cada institución, y prohibir cualquier otra cosa. De lo contrario, es demasiado fácil escometar la norma con algo que es formalmente diferente pero sustancialmente equivalente. Los bancos centrales también necesitan este tipo de regulación para controlar el flujo de crédito, con independencia de que continúen o no siendo los principales impulsores de la demanda agregada

2. Proteger las funciones, no las instituciones.

El poder político de las finanzas se deriva de su capacidad de poner en peligro la contabilidad social rutinaria y la seguridad de los pequeños propietarios. ("¡Si no rescatamos a los bancos, los cajeros automáticos cerrarán! ¿Qué pasa con mi pensión?")

Mientras las instituciones financieras privadas desempeñen funciones socialmente necesarias, la política debe dirigirse a preservar esas funciones, y no las instituciones que las realizan. Esto significa que las intervenciones deben ser lo más cercanas posible al usuario final (no financiero), y no en el ámbito del tejemaneje bancario. Un ejemplo en esta línea: el sistema de garantía de depósito.

3. Requerir grandes tenencias de deuda pública.

La amenaza de especuladores contra los bonos del gobierno federal estadounidense ha sido exagerada; así lo demostró, por ejemplo, la farsa del techo de deuda y la rebaja crediticia de 2012. Pero para los gobiernos más pequeños -incluidos los gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos- no es tan fácil ignorar a los mercados. Las grandes tenencias de deuda pública reducen además la frecuencia y gravedad de las crisis financieras cíclicas que son, perversamente, una de las principales formas en que se mantiene el poder social de las finanzas.

4. Controlar los niveles de deuda con menores tipos de interés y mayor inflación.

El apalancamiento de los hogares en los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente en los últimos treinta años; algunos creen que esto se debe a que se recurrió al endeudamiento para elevar los niveles de vida ante el estancamiento o la disminución de los ingresos reales.

Pero este no es el caso; el crecimiento más lento de los ingresos simplemente ha significado un crecimiento más lento del consumo. O, mejor dicho,  la causa principal  del aumento de la deuda de los hogares en los últimos treinta años ha sido la combinación de baja inflación y elevados tipos de interés para los hogares de manera continuada. En cambio, la forma más efectiva de reducir la carga de la deuda -para los hogares, y también para los gobiernos- es mantener bajos tipos de interés y, al mismo tiempo, permitir una mayor inflación.

Corolario: podemos rechazar cualquier reclamo moral en favor de las rentas derivadas de esos intereses. No hay derecho a ejercer ningún reclamo sobre el trabajo de otros derivado de la propiedad de activos financieros.Que la prestación privada de servicios socialmente necesarios como los seguros y las pensiones se vea socavada por los bajos tipos de interés, es un argumento para trasladar estos servicios al sector público, no para aumentar las exigencias de los rentistas.

Democratizar los bancos centrales

Los bancos centrales siempre han sido planificadores centrales. Las decisiones sobre tipos de interés y los términos en los cuales las instituciones financieras son reguladas y rescatadas, inevitablemente condiciona la rentabilidad, así como la dirección y nivel de actividad productiva. Este papel se ha ocultado detrás de una ideología que imagina que el banco central se comporta de manera automática, de acuerdo con una regla que de alguna manera reproduce el comportamiento "natural" de los mercados.

Las propias actuaciones de los bancos centrales desde 2008 han dejado esta ideología en ruinas. La respuesta inmediata a la crisis ha obligado a los bancos centrales a intervenir más directamente en los mercados de crédito, a comprar una gama más amplia de activos e incluso a reemplazar a las instituciones financieras privadas para prestar directamente a las empresas no financieras. Desde entonces, el fracaso de la política monetaria convencional ha obligado a los bancos centrales a asumir involuntariamente una gama más amplia de intervenciones, canalizando directamente el crédito hacia los prestatarios seleccionados.

Este giro hacia la "política crediticia" supone admitir, a regañadientes y forzados por los acontecimientos, que la anarquía de la competencia es incapaz de coordinar la producción. Los bancos centrales no pueden, como imaginan los libros de texto, estabilizar el sistema capitalista pulsando un simple botón con la etiqueta "oferta monetaria" o "tipo de interés". Su propio juicio debe sustituir al resultado del mercado en una amplia y creciente gama de mercados de activos y crédito.

El desafío ahora es politizar a los bancos centrales: hacerlos objeto de debate público y presión popular. En Europa, los bancos centrales nacionales serán un terreno central de disputa para el próximo gobierno de izquierda que busca romper con la austeridad y el liberalismo. A pesar de la percepción errónea de la centralización de funciones en el Banco Central Europeo (BCE), los bancos centrales nacionales todavía ejecutan muchas de sus antiguas funciones.

En Estados Unidos podemos renunciar definitivamente a la idea de la política monetaria como dominio exclusivo de la pericia tecnocrática, y poner de manifiesto su programa de mantener un elevado desempleo para frenar el crecimiento salarial y el poder de los trabajadores. Como propuesta en positivo, podríamos exigir que la Fed use tenazmente su autoridad legal existente para comprar deuda municipal, privando a los rentistas de su poder sobre gobiernos locales con limitaciones financieras (como Detroit o Puerto Rico); y, con carácter general, atenuar el poder de "los mercados de deuda" que actúan como restricción de las políticas populares a nivel estatal y local. En definitiva, los bancos centrales deberían ser responsables de redirigir activamente el crédito hacia fines socialmente útiles.

Desempoderar a los accionistas

El capitalismo realmente existente consiste en limitados flujos de transacciones de mercado que fluyen entre grandes áreas no de mercado. Una función central de las finanzas es actuar como el arma en manos de la clase capitalista para hacer cumplir la lógica del valor en estas estructuras no de mercado. Las demandas de los accionistas sobre empresas no financieras y las de tenedores de bonos sobre los gobiernos nacionales aseguran que todos estos dominios de la actividad humana permanezcan subordinados a la lógica de la acumulación. Queremos defensas más fuertes contra estas demandas; no porque tengamos fe en el capitalismo productivos o las burguesías nacionales, sino porque ocupan el espacio en el que la política es posible.

En particular, deberíamos apoyar a las empresas frente a los accionistas. La empresa, como Marx señaló hace mucho tiempo, es "la abolición del modo de producción capitalista dentro del propio modo de producción capitalista". Dentro de la empresa, la actividad se coordina a través de planes, no de mercados; y la orientación de esta actividad es hacia la producción de un valor de uso particular en lugar de dinero como tal.

"La tendencia de la gran empresa", escribió Keynes, "es a socializarse". La función política fundamental de las finanzas es mantener esta tendencia bajo control. Sin la amenaza de adquisición y la presión de los accionistas, la empresa se convierte en un espacio donde los trabajadores y otras partes interesadas pueden cuestionar el control sobre la producción y el excedente que genera; una posibilidad que los capitalistas nunca pierden de vista.

Huelga decir que esto no implica ningún apego a los individuos particulares en lo alto de la jerarquía empresarial, que en la actualidad son frecuentemente rentistas reales o potenciales sin ninguna conexión orgánica con el proceso de producción. Más bien, es el reconocimiento del valor de la empresa como organismo social; como un espacio estructurado por relaciones de confianza y lealtad, con motivaciones de "conciencia profesional"; y como el lugar de la planificación consciente de la producción de valores de uso.

El papel de las finanzas con respecto a la empresa moderna no es proporcionarle recursos para la inversión, sino garantizar que su orientación hacia la producción como fin en sí mismo esté en realidad subordinada a la acumulación de dinero.

Resistir esta presión no es un sustituto de otras luchas, como las que afectan al proceso de trabajo o el reparto de recursos y autoridad dentro de la empresa. (La historia da muchos ejemplos de producción de valores de uso como un fin en sí mismo que se lleva a cabo bajo condiciones tan coercitivas y alienadas como en la producción con fines de beneficio). Pero resistir la presión de las finanzas crea más espacio para esas luchas y para la evolución del socialismo dentro de la forma corporativa.

Cerrar las fronteras al dinero (y abrirlas a la gente)

Del mismo modo que el poder accionarial impone la lógica de la acumulación a las empresas, la movilidad del capital hace lo mismo con los Estados. En las universidades, se escucha la supuesta eficiencia de la libre circulación de capitales, pero en el ámbito político se escucha más su poder para "disciplinar" a los gobiernos nacionales. La amenaza de fuga de capitales y crisis de balanza de pagos protege a la lógica de la acumulación frente a las incursiones de los gobiernos nacionales.

Los Estados pueden ser vehículos para el control consciente de la economía solo en la medida en que los reclamos financieros transfronterizos sean limitados. En un mundo donde los flujos de capital son amplios y sin restricciones, la actividad concreta de producción y reproducción debe ajustarse constantemente a los caprichos cambiantes de los inversores extranjeros.

Esto es incompatible con cualquier estrategia para el desarrollo de las fuerzas de producción a nivel nacional; todos los casos exitosos de industrialización tardía han dependido de la redirección consciente del crédito a través del sistema bancario nacional. Aún más, el requisito de que la actividad real se acomode a los flujos financieros transfronterizos es incompatible incluso con la reproducción estable del capitalismo en la periferia. Hemos aprendido esta lección muchas veces en América Latina y en otras partes del Sur, y la estamos aprendiendo de nuevo en Europa.

Por lo tanto, un programa socialista sobre finanzas debe incluir el apoyo a los esfuerzos de gobiernos nacionales por desvincularse de la economía global y por mantener o recuperar el control sobre sus sistemas financieros. Hoy en día, tales esfuerzos están a menudo vinculados a políticas de racismo, nativismo y xenofobia que debemos rechazar sin compromiso. Pero es posible avanzar hacia un mundo en el que las fronteras nacionales no representen un obstáculo para las personas y las ideas, sino que limiten el movimiento de bienes y sean barreras imposibles de alcanzar para demandas financieras privadas.

En Estados Unidos y otros países ricos, también es importante oponerse a cualquier uso de la autoridad, legal o no, de nuestros propios Estados para hacer cumplir las demandas financieras contra Estados más débiles. Argentina  y  Grecia , por tomar dos ejemplos recientes, no fueron forzados a aceptar los términos de sus acreedores por las acciones de particulares dispersos en los mercados financieros, sino respectivamente por las acciones del Juez Griesa del Segundo Circuito de EE.UU. y Trichet y Mario Draghi del BCE. Para que los estados periféricos fomenten el desarrollo y sirvan como vehículo para la política popular, deben aislarse de los mercados financieros internacionales. Pero el poder de esos mercados proviene en última instancia de los cañones, figurativos o literales, mediante los cuales se imponen las demandas financieras privadas.

En relación a los Estados fuertes, los mercados no tienen poder excepto sobre el imaginario. Como hemos visto repetidamente en los últimos años, más dramáticamente en el sainete del límite de deuda de 2011-2013, no hay especuladores al acecho; los términos sobre los cuales los gobiernos se endeudan están completamente determinados por su propia autoridad monetaria. Todo lo que se necesita aquí para acabar con el poder del mercado de deuda es simplemente reconocer que ya no tiene poder alguno.

En resumen, deberíamos rechazar la idea de las finanzas como la intrusión en un orden de mercado preexistente. Debemos resistir al poder de las finanzas como ejecutor de la lógica de la acumulación. Y deberíamos reclamar como espacio para una política democrática la planificación social ya realizada a través de las finanzas.

Es profesor de economía en el John Jay College, en Nueva York y en el Instituto Roosevelt
Fuente:
https://www.jacobinmag.com/2016/11/finance-banks-capitalism-markets-socialism-planning
Traducción:
Andrea Maler