Por: Luzmila
Ríos
Publicado originalmente
en el diario El Salto el día 28 de noviembre.
Como se
presagiaba hace unos días, la Planta Gasífera de Senkata, en la ciudad de El
Alto, se convirtió en el escenario de una batalla importante en la crisis que
atraviesa el país en las últimas cinco semanas. El enfrentamiento sumó nueve
muertos a una lista de más de 30 víctimas mortales desde el comienzo del
conflicto. La vida en las ciudades va retornando a la normalidad entre los
fantasmas del enfrentamiento, la persecución, el luto por la represión
desproporcionada, y la rabia ante la impunidad de los operativos militares.
La ruptura del bloqueo de Senkata
El martes 19
de noviembre el Gobierno Interino de Bolivia da la orden de romper el bloqueo
que persiste en uno de los puntos fuertes de la movilización vecinal en El
Alto. Un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía se dirige a la
planta de embotellado de gas y aprovisionamiento de combustible, propiedad de
YPFB y emplazada en el Distrito 8 de El Alto. Escoltan un convoy de 49 camiones
cisterna que, tras la intervención de maquinaria para tapar las zanjas que
interrumpían el tránsito en la Ruta 1, consiguen aprovisionar de combustible y
partir para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto.
El
despliegue, apoyado por tanquetas y helicópteros, consiguió liberar el acceso a
la planta haciendo uso de gases lacrimógenos. En Senkata persistía un fuerte
bloqueo, hasta entonces pacífico, como medida de presión, con una lista de
reivindicaciones que comenzaron por el cese de la presidencia interina de
Jeanine Añez y el retorno de Morales, pero que se extendió a la derogación del
decreto 4078, la defensa de las reservas de litio, el repudio a la candidatura
de Mesa y la declaración de Camacho como persona no grata. Aunque el discurso
oficial habla en todo momento de “partidarios del MAS”, las vecinas de la zona
apuntan que las movilizaciones también fueron autoconvocadas en el momento en
que comenzó a darse a conocer el parte por las primeras muertes en el
conflicto, nutriéndose de personas provenientes de todos los municipios de La
Paz.
Según
testigos presenciales, los enfrentamientos más fuertes comenzaron una vez que
los camiones abandonaron la planta y los vecinos quisieron retomar el bloqueo.
Una multitud de personas derribó el muro exterior de la planta con el uso de
cartuchos de dinamita. Es en este momento en que se escuchan disparos de armas
de fuego y circula la noticia de los primeros fallecidos, así como la
existencia de decenas de heridos. Más tarde la lista oficial confirmaría nueve
muertes por heridas de bala. De no ser por las medianeras de cemento donde la
población se parapetó, podrían haber sido más.
Neolengua sobre terrorismo e impunidad
Desde el
primer momento las Fuerzas Armadas justificaron
la intervención militar. Sorprende del comunicado la referencia al Manual
del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, firmado en 2005 por el Señor
Carlos Mesa, por entonces presidente, como queriendo dejar claro (a buen
entendedor) que la impunidad que les brindaba el decreto 4078 no era necesaria
en este caso por tratarse de un “Servicio Público Esencial Estratégico”. Es
decir, había que restablecer el flujo de combustible a toda costa. El
comunicado exhibe la poética de la guerra, esa forma de hablar de la verdad que
sólo los generales saben traslucir: “Exhortamos a mantener la racionalidad para
evitar daños irreversibles en las personas, en la propiedad pública y privada
del sector”. Daños irreversibles.
Horas más
tarde se difundía que las muertes habían sido necesarias para “evitar un mal
mayor”: citando un informe técnico, redes y medios nacionales repetían que, de
no contener el avance de “agitadores y vándalos enardecidos”, se pudo haber
generado una explosión en cadena que, si hubiera afectado a los contenedores
centrales de gas, podría
haber causado miles de muertos.
Si bien
funciona para que la población en shock asimile la muerte violenta de
manifestantes en El Alto, el argumento no resiste un análisis de los hechos. En
primer lugar, mediante imagen satelital y Street View se puede comprobar que el
punto donde ocurre la brecha perimetral queda al otro extremo de las esferas de
combustible, y alejado de la flota de vehículos.
Segundo,
aunque no lo parezca, existen métodos no letales de contención. Los reportes
apuntan a herida de bala en cabeza y torso.
Tercero,
resulta muy conveniente sacar a relucir esta información justo hoy. Las vecinas
de El Alto merecerían saber que cualquier día un incendio accidental en la
planta podría causar 10.000 bajas y daños en 5 km a la redonda. De ser cierto,
constituye una gran irresponsabilidad urbanística permitir asentamientos
periurbanos en una zona de riesgo.
Y cuarto:
parecería que todo, justificación del uso de la fuerza incluida, es un
malentendido. “Queremos aclarar que del Ejército no salió ni un sólo proyectil.
Las FF AA se mantienen con la premisa del diálogo permanente”, afirmaba esa
noche Fernando López, el nuevo ministro de Defensa. Implicaba entonces que la
población civil causó nueve bajas en sus propias filas mientras huía de las
cargas policiales, al igual que en la masacre anterior en Sacaba. Curiosamente
no se reporta ni un sólo efectivo militar o policial herido por arma de fuego
en ninguno de los casos.
Mentiras tras las autopsias
Días después
Andrés Flores, director del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF,
dependiente de la Fiscalía Pública) corroboraba tales afirmaciones. El calibre
de los proyectiles recuperados en los cuerpos en Senkata, de 9 y 22 mm,
correspondería a armas de fuego que “no son de uso reglamentario de las Fuerzas
Armadas ni de la Policía”. “Son armas cortas que cualquier persona puede
tener”, aseguraba.
La única
incongruencia aquí es que lo que Flores reporta como “el calibre reglamentario
en el ejército” (7,62 milímetros) no se sostiene con la propia legislación
vigente en el país, que contempla 38 diferentes calibres de uso militar,
entre los que encontramos los citados. Ni tras una consulta a la hemeroteca:
“Los militares y policías tendrán la posibilidad de comprar armas de fuego y
municiones 9 mm sólo con
la autorización de sus superiores” (Pagina Siete, Agosto 2017), “no
existiría nada irregular en la comercialización [a policías] de pistolas 9
milímetros” (Noticias Fides, marzo 2003). Ni, ya puestas, después de
mirar la propia página web de la Fábrica Boliviana de Munición, dependiente de
la Corporación de las FF AA para el
Desarrollo Nacional, donde se puede comprobar que se importa y comercializa
desde 2002 el modelo Taurus PT-1911, así como la PT-111. Una pistola
semiautomática de industria brasilera, arma de preferencia para oficiales del
ejército boliviano. ¿Calibre? Adivinan bien: 9 milímetros.
Por
supuesto, ningún medio nacional se ha molestado en cuestionar tales
declaraciones. Para ellos, nueve muertos es una ganga si de restablecer la
normalidad en el suministro se trata. Como diría George Orwell, “la guerra es
la paz”.
El cortejo fúnebre, gasificado
El jueves 21
una comitiva fúnebre parte con los féretros desde la ex-tranca de Senkata y
baja hasta la ciudad de La Paz. “¡No somos masistas, tampoco terroristas, somos
de El Alto, y El Alto se respeta!”. Los alteños exijen justicia, y les recibe
un ánimo denso, donde se hace patente la polarización que se arrastra desde las
semanas anteriores.
La noche
tras la masacre, el miedo volvió a campar en El Alto: una pasarela dinamitada,
quemaron la casa de la alcaldesa. Hoy la gente quiere comenzar a reconstruir:
se ven banderas blancas, pero también se intuye el miedo a flor de piel.
Operativos
policiales registran a compañeras que bajan hacia la marcha: somos bien
conscientes de que cualquiera puede ser acusada de terrorismo y sedición. Una
máscara de gas en la mochila, vídeos comprometedores en el celular: se
multiplican las autoformaciones en seguridad para no dar chance. La prensa no
ve noticia, y los medios desde abajo nos autocensuramos por precaución, también
por miedo. Miedo a la represalia, a tener que medir cada palabra para no
alimentar el odio, miedo a caer en esta dicotomía en la que defiendes a las
fuerzas armadas o eres partidario del MAS.
La gente de
la ciudad está cansada, en la memoria arde lo brutal del pánico desatado en
días pasados, la ansiedad ante la memoria de los saqueos, la incertidumbre, los
grupos de choque, la psicosis provocada por el desabastecimiento y la
intoxicación de las redes que culpa a los “alteños irracionales” de haber
estado cerca de provocar una catástrofe de grandes dimensiones. Todo se mezcla,
como el humo negro de las llantas y el humo blanco de los gases lacrimógenos
que nos obliga a tirarnos al piso para poder respirar. Las reacciones son
diversas: hay quien ofrece agua a los que marchan, y hay quien se mofa de la
desbandada ante la arremetida policial.
La imagen
del día son los féretros que quedaron en el suelo cuando gasificaron la
comitiva. Los muertos solitarios, en mitad del caos. Desde el suelo nos miran
los de hoy, y los de la semana anterior en Sacaba, los de Yapacaní y Montero,
los represaliados en Chaskipampa y Ovejuyo lejos de las cámaras, aquellos de
los que nadie habla…
Lo que queda por delante
Fue una
semana muy dura. “Nos aplicaron el shock, hermanita”, me decía una compañera
con una dolorosa lucidez. Shock es lo que mejor describe estos días pasados, lo
único que explica el estado traumático al que se nos sometió. Bolivia fue rehén
de quien vino, de ambos bandos, a remover sus miedos más bajos. Solo así se
explica la aceptación de la impunidad, la interiorización de las varias formas
de violencia vividas en días pasados.
A otros dejo
discutir sobre la palabra “golpe”: de este lado sólo nos queda pensar en
reconstruir, en terminar de entender lo que ha ocurrido, para pasar a cerrar
las heridas. Las recientes, y las largas, la podredumbre en los movimientos
sociales que la borrachera de poder de un extractivismo de tez indigenista nos
trajo. Pelea de gallos, sí, y de todas las potencias que apuestan por que el
suyo sea el ganador, el que les venderá baratos los recursos del nuestras
múltiples naciones.
Nos dicen
que el país comienza a pasar página. A pesar de todo, se repiten las
gasificaciones. El sábado 23 fue escenario de enfrentamientos en el botadero de
K’ara K’ara, donde las personas que bloqueaban el ingreso al basural se
enfrentaron con piedras a los vehículos militares, resultando en decenas de
heridos, y continúa una política clara de represión: varios acusados de
terrorismo y sedición tras los disturbios, órdenes de aprehensión contra, entre
otros, el vicepresidente del MAS o el exdirector de la Agetic (la agencia
gubernamental responsable de las TIC en el gobierno). Llegan reportes de que
este hostigamiento se extiende por todos los rincones: la persecución contra
dirigentes indígenas se convierte en habitual, y a pie de calle se respira un
clima de sospecha: desde Twitter y WhatsApp circulan señalamientos, listas de
gente presuntamente a sueldo del MAS, sugerencias para extender las
aprehensiones e incitaciones que se acercan peligrosamente al linchamiento
colectivo.
En la
Asamblea Legislativa se reduce la tensión: el llamado a nuevas elecciones, con
el acuerdo del MAS y sin Evo ni Linera, promete una tregua a la escalada,
aunque la sugerencia de que líderes ultraderechistas como el “macho” Camacho
serán candidatos presagian que la fractura volverá, acuciante, en unos meses.
Mientas
tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaba Bolivia. Los
“cívicos” agredieron física y verbalmente a representantes de naciones
indígenas, y trataron de impedir el paso de las víctimas de las masacres a las
dependencias donde tenía lugar la audiencia.
Continúa,
pues, una pugna compleja por el poder político. Una pugna donde las víctimas
siempre las ponemos las de abajo.
Imagen: Twitter
via @Leitor_feminist
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