Óscar González
Rocha, presidente de la Southern Perú. Imagen: La Mula
– Parte
del dinero que recibió Gómez Urquizo, supuestamente por “asesorar” a la
Southern, sirvió para sobornar a exdirigente “Pepe” Julio Gutiérrez para que
éste detenga paro contra el proyecto minero.
Servindi, 30 de
octubre, 2015.- Nuevas evidencias confirman que el dinero que la empresa
Southern Copper le entregó al abogado Jesús Gómez Urquizo sirvió para
sobornarlo a él y al expresidente del Frente de Defensa del Valle de
Tambo, “Pepe” Julio Gutiérrez.
Alejandra
Cárdenas, titular de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de
Arequipa, informó que el presidente de la minera, Óscar González Rocha,
admitió que le pagó a Gómez Urquizo por “asesorías a su empresa”, informó el diario La República.
No obstante, el
empresario mexicano no pudo demostrar con documentación fehaciente qué
trabajos de consultoría realizó el letrado para la compañía.
Tras
el interrogatorio que se le realizó el 28 de octubre por los denominados
“Pepeaudios” -que dan cuenta del vínculo entre Gómez Urquizo y el dirigente del
Tambo-, la fiscal le dio diez días para presentar las pruebas que certifiquen
los trabajos de asesoría que brindó el abogado a la empresa.
Lo dicho
recientemente por el empresario se suma a otros hechos que comprometen a Gómez
Urquizo y al expresidente del Frente del Valle de Tambo.
A raíz del audio,
este último fue acusado de extorsión por solicitar dinero como una condición
para detener el paro contra el proyecto minero Tía María, conflicto social que
dejó como saldó la muerte de tres civiles el 2011 y otros tres el 2015.
Empresa sobornadora
La responsabilidad
de la empresa minera como agente sobornador crece cada vez más, ya que se
postula que el dinero que dio Urquizo como soborno a “Pepe” Julio habría
sido entregado por la Southern Perú exclusivamente para ese propósito.
El soborno se
habría iniciado con Gómez Urquizo, y los supuestos pagos por servicios de asesoría
empresarial en realidad habrían tenido el objetivo de que éste dimita en sus
convicciones de cancelar el proyecto minero.
Según la fiscal
Cárdenas Ávila, el abogado fue quien buscó a la empresa para ofrecer sus
servicios personales como fachada de un pago que en realidad recibiría por
alejarse de las protestas, anota el portal El Buho en una antigua publicación.
Cabe precisar que
en un inicio el letrado mantenía una posición sumamente crítica hacia el
proyecto Tía María, al cual acusaba de grave contaminación.
