Mostrando entradas con la etiqueta María Florencia Pagliarone. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta María Florencia Pagliarone. Mostrar todas las entradas

martes, 4 de abril de 2017

SEGUNDA VUELTA EN ECUADOR: INFORME ELECTORAL





 Imagen: CELAG – Fuente: CNE

María Florencia Pagliarone, Gisela Brito

ALAI AMLATINA, 04/04/2017. Ecuador concurrió nuevamente a las urnas para elegir en segunda vuelta al presidente y vicepresidente, ya que el pasado 19 de febrero ninguna de las dos fórmulas alcanzó una votación del 40 %. En aquella oportunidad, el binomio oficialista logró el 39,36 % mientras que la fórmula Lasso – Páez se ubicó en el 28, 09 %. En consecuencia, el domingo 2 de abril 12.816.698 ecuatorianos fueron nuevamente convocados para votar. En esta ocasión, el porcentaje de participación fue de 74,82 %.

Al igual que desde el inicio de la campaña, la segunda vuelta se caracterizó por las denuncias permanentes de fraude y la incitación a la violencia por parte de la oposición, como adelanto de que no reconocerían los resultados en caso de que beneficiaran al oficialismo. Ello, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha previsto todo tipo de mecanismos para garantizar la transparencia del proceso: al momento de la instalación, el 97 % de las Juntas Receptoras del Voto contaron con delegados de las dos organizaciones políticas quienes fueron capacitados previamente, el 89 % en forma presencial y un 11 % en forma virtual a través de la plataforma informática.

El papel de los observadores internacionales ha sido fundamental también en lo que respecta a la transparencia del proceso electoral: la Unasur en su informe previo del sábado 1 de abril señaló la imposibilidad de un fraude. Por su parte, la misión de observación internacional de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-Web), destacó el trabajo realizado por el CNE para incluir en el balotaje las recomendaciones realizadas durante la primera vuelta electoral para garantizar la transparencia del proceso. Además de desestimar la posibilidad de un fraude[1].

Pasadas las 5 de la tarde con el cierre de las mesas electorales, el primer exit poll que se conoció fue el de CEDATOS según el cual Lasso lograría el 53,02% de los votos frente al 46,98% de Lenín Moreno. Esto sirvió para posicionar, inicialmente, un supuesto triunfo de CREO- SUMA que rápidamente se extendió por los medios de comunicación privados y las redes sociales. Por su parte, el exit poll de Perfiles de Opinión señaló lo contrario, otorgando una ventaja al binomio oficialista con el 52,2 % mientras que Lasso se ubicó en el 47,8 %.

El conteo rápido conocido poco más de dos horas después del cierre de mesas, realizado por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) con autorización del CNE también dio como ganador a Lenin Moreno con el 51,15% con un margen de error del 0,73 %. Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral señalan que con el 99,61% de los votos escrutados, Moreno alcanza el 51,16% de los votos mientras que Lasso suma 48,84%.

A pesar de ello, en un escenario previsible, Guillermo Lasso denunció pretensiones de fraude y anunció que impugnará los resultados. El candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez llamó a mantener una vigilia en las calles además de la convocatoria a un Paro Nacional. Como ya ocurrió en otros procesos electorales recientes (Argentina, Venezuela), la oposición ecuatoriana utilizó la agenda del fraude como un mecanismo de presión política orientado a generar confusión y animar a sus bases a movilizarse, aún sin contar con fundamentos para denunciar irregularidades en el proceso electoral. Cabe recordar que, pese al revuelo mediático de la primera vuelta, hasta el momento, no existe ninguna denuncia de fraude presentada al CNE.

A continuación el comparativo entre los resultados oficiales, las encuestas a boca de urna conocidas inmediatamente después del cierre de mesas electorales (Cedatos y Perfiles de Opinión) y los conteos rápidos de Participación Ciudadana y la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Los resultados otorgados por el CNE se acercan a lo previsto tanto por el conteo rápido del equipo de matemáticos de la EPN y al exit poll de Perfiles de Opinión. La ONG Participación Ciudadana en la noche electoral no pudo entregar resultados de su conteo rápido y se limitó a declarar un “empate técnico” estimando que la diferencia entre uno y otro candidato sería de 0,6 puntos porcentuales. Finalmente, al día siguiente su conteo rápido arrojó una diferencia de 1,6 puntos. La empresa Cedatos (Gallup) presentó abiertamente un resultado manipulado otorgándole en su encuesta a boca de urna una ventaja al candidato Guillermo Lasso de 6 puntos. El margen de error que habían declarado tener era de 2,2%.



El cuadro que sigue a continuación muestra la votación por provincias tanto en la primera como en la segunda vuelta. En ambos casos se mantienen las tendencias del voto: Lenín concentra sus apoyos en la costa mientras que Lasso lo hace en la Amazonia y en la sierra centro con excepción de Sucumbíos. Sin embargo, destaca el caso de Pichincha donde en la primera vuelta, ganó Moreno con 35,29 % y en la segunda, Lasso con 52,22 %. También es el caso de Cañar, donde Moreno se impuso en primera con 34,37 % y en la segunda, ganó Lasso con 51,85 %.

Las circunscripciones del exterior también tuvieron novedades: América Latina y el Caribe, Moreno ganó la primera vuelta con 41 % pero en la segunda, Lasso se impuso con 57,89 %. En Estados Unidos y Canadá sucedió igual: Moreno ganó la primera con 39 % pero en la segunda Lasso se impuso con 56,70 %.


En cuanto al peso electoral, en Ecuador 3 circunscripciones concentran 50 % del padrón, mientras que el otro 50 % se distribuye entre las 21 provincias restantes y las 3 circunscripciones de voto en el exterior. Las circunscripciones donde Lasso resultó más votado (13 provincias del territorio nacional y dos circunscripciones de voto en el exterior) concentran el 38% del padrón. Mientras que las circunscripciones donde ganó el candidato de MPAIS conforman el 62% del padrón electoral.

De acuerdo a la votación obtenida por cada uno de los candidatos, el mapa a continuación muestra la distribución territorial del voto, en verde el binomio Moreno – Glas y en azul, Lasso – Páez. CREO-SUMA logra imponerse en 13 provincias del territorio nacional y PAIS en 11.


                                                                                                                       
- María Florencia Pagliarone (@Floripa_2012) y Gisela Brito (@giselasbrito) / Investigadoras CELAG.


Notas


[2] Segunda vuelta: se encuentra escrutado el 99,89 % de las actas

[3] Segunda vuelta: se encuentra escrutado el 90,91 % de las actas

[4] Segunda vuelta: se encuentra escrutado el 84, 98 % de las actas



[i] NdE: El primer gráfico contiene un error: la votación Lasso-Páez en el conteo de la Escuela Politécnica Nacional es: 48,85%.


viernes, 3 de marzo de 2017

EL GOBIERNO DE MACRI EN CUIDADOS INTENSIVOS





Javier Calderón Castillo y María Florencia Pagliarone

ALAI AMLATINA, 02/03/2017.-   A poco más de un año de gobierno, la Coalición Cambiemos está en cuidados intensivos. En su segundo discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Macri confirmó el rumbo neoliberal de la política económica y su abierta confrontación en contra del trabajo nacional, utilizando eufemismos para mencionar sus planes de ajuste. Después de conocerse los últimos sondeos de opinión que lo ubican por debajo del Partido Justicialista-Kirchnerismo y del Frente Renovador, parece no ser muy efectiva su estrategia de impulsar paquetazos mientras tantea la respuesta de la sociedad organizada -partidos, movimientos y sindicatos-. Ante las respuestas adversas, acude recurrentemente a la excusa del “error” proveniente de su falta de experiencia, aunque se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015.

El discurso de Macri en el Congreso fue realizado en tono de campaña, quizás para calmar a los socios del PRO en la alianza Cambiemos, que en las últimas semanas se han mostrado nerviosos por la descendente imagen del gobierno en pleno año electoral. Para la Coalición Cívica, la situación del gobierno llegó al límite y “no pueden admitirse más errores”[1], en un tono más fuerte, el senador Julio Cobos de la Unión Cívica Radical, calificó de muy grave y abusiva la actuación de Macri en el cuestionado arreglo del gobierno con la empresa de su propiedad[2]. Ese malestar posiblemente crezca aún más tras haberse conocido que el presidente fue imputado por favorecer económicamente a la aerolínea Avian Líneas Aéreas, propiedad de la familia Macri, en detrimento de la estatal Aerolíneas Argentinas[3].

Para la alianza de gobierno el deterioro de su imagen pública y de gestión es demasiado preocupante, puesto que parte importante del andamiaje del PRO está supeditado al “estado de opinión mediático” creado por la asesoría de Jaime Duran Barba. Tal nerviosismo obligó a la diputada Elisa Carrio a sobreexponerse ante los medios de comunicación para desmarcarse de las dádivas estatales a las empresas de la familia Macri (de Correos y Avian), al punto de adjudicarse el anuncio presidencial de una posible ley de responsabilidad empresarial[4].

El discurso leído por Macri, escrito con milimetría electoral por sus asesores, tiene como telón de fondo las mediciones de tres empresas encuestadoras: Ipsos Mora & Araujo, Haime & Asociados y Aresco, quienes reportan un descenso de 8 puntos en la imagen del gobierno al 28 de febrero[5]. Estos estudios ratifican la tendencia de los sondeos de la primera mitad de febrero, que indicaban un deterioro de la imagen del gobierno. Hoy está llegando al 57% de imagen negativa, mientras que menos del 40% de los encuestados aún lo considera positivo.

El camino optado para bajar el tono al escándalo parece ser sacado del recetario neoliberal: una Ley de Responsabilidad Empresarial llamativamente tardía que no explica ni exculpa la actuación nada decorosa del presidente en el caso de Correos o de las concesiones de rutas aéreas. Mucho menos después de las demostraciones de afecto macrista por los negocios expuestas en una gira por España. Más que una visita política fue una ronda de negocios patrocinada por el gobierno de Mariano Rajoy y la cámara empresarial española, en la cual exhibió su faceta más conservadora y neoliberal[6]. Un viaje muy parecido a los que proliferaron durante los años 90, que iniciaron el camino de las privatizaciones de la petrolera YPF, de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas, que resultaron desastrosas para la economía nacional y muy provechosas para las empresas españolas.

Mientras privilegia estas rondas de negocios, el gobierno ha hecho alarde del decreto de expulsión de los migrantes infractores, en el mismo tono del presidente conservador Donald Trump, con la clara intención de generar un estado de opinión favorable hacia su gestión. Macri culpa de la delincuencia a las comunidades bolivianas, peruanas y paraguayas, aunque las cifras lo desmientan: sólo el 6% de los hechos delictivos es atribuido a migrantes[7]. Otra medida en la misma senda es el proyecto de ley que pretende bajar a 14 años la edad de imputabilidad. Esta “solución”, además de ser regresiva y contraria a las normas internacionales, es marginal para reducir la inseguridad, pues el número de casos de delitos cometidos por menores de 16 años es de mínimo impacto en la problemática de seguridad que vive el país[8].

Sin embargo, estos proyectos legislativos dirigidos a los votantes conservadores no están en el centro de las discusiones al interior de la coalición de gobierno, atravesada por numerosas pugnas internas, y una oposición política y social cada vez más combativa. El asunto trascendente es la perspectiva electoral de octubre: la diputada Elisa Carrió está tensionando para tener un lugar privilegiado en las elecciones, lo mismo que la Unión Cívica Radical, que pone en juego 19 de las 36 bancas que actualmente ocupa en el Congreso[9]; desde el PRO apuestan a capitalizar la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien es la mejor ubicada en las encuestas[10]. 

Mientras tanto, el triunvirato que dirige la CGT recibió el apoyo del Partido Justicialista-PJ, para las jornadas de movilización y protesta convocadas a partir del 7 de marzo con ocasión de la discusión salarial[11]. Los gremios docentes anunciaron que no iniciarán clases el 6 de marzo si no hay paritarias nacionales con un piso salarial razonable. El malestar social por la situación económica se traduce en anuncios de unidad y acción, como el expresado por las dos facciones de la CTA lideradas por Pablo Micheli y Hugo Yasky, quienes anunciaron la reunificación de la central sindical en las próximas elecciones, superando la traumática ruptura del 2010[12].

Todo indica que la coalición de gobierno se enfrentará con dificultad a los importantes desafíos que le esperan en las elecciones, para las que sus principales opositores se ubican por ahora con ventaja en la provincia de Buenos Aires -que por ser el mayor distrito electoral siempre define las elecciones. Allí Cristina Fernández encabeza los sondeos, seguida por Sergio Massa, ambos de origen peronista y opositores (con diferencias) a la coalición macrista[13]. Se esperan movilizaciones y una ardua negociación para la configuración de las ofertas electorales tanto del gobierno, como de la oposición, con la no poca injerencia del poder judicial y del poder mediático.

Javier Calderón Castillo (@javiercc21 ) y María Florencia Pagliarone (@Floripa_2012) / Investigadores CELAG


Notas







miércoles, 31 de agosto de 2016

CHILE: EL DEBATE POR LAS AFP




     
29/08/2016
Opinión

Hace pocos días, Chile fue testigo de una masiva movilización, de aproximadamente 1.3 millones de personas, en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El sistema de AFP o de capitalización individual se encuentra vigente desde noviembre de 1980, año de la reforma previsional. Desde allí, los chilenos destinan el 10 % de su renta a las pensiones en una AFP. La misión de las AFP es administrar el dinero de la persona y cobrar comisiones por cada cotización. Pero debido al alto costo de vida, cuando las personas se jubilan, lo que obtienen es insuficiente para mantener una vida digna.

Bachelet presentó una propuesta de reforma previsional para introducir transformaciones en el sistema de AFP. El primer punto prevé aumentar la cotización mediante un impuesto al mercado de trabajo destinado a un fondo solidario de pensiones. La propuesta consiste en aumentar un 5 % lo que cada chileno destina a las AFP. Este porcentaje sería asumido por el empleador y se destinaría a un fondo solidario. El segundo punto prevé mantener y fortalecer el pilar solidario de invalidez y vejez que se encuentra vigente. El tercer punto, corresponde a mejorar la regulación en el mercado de la AFP.

Los ciudadanos movilizados reclaman un sistema solidario de reparto, donde si bien cada trabajador debe pagar una cotización, ésta se destinaría a un fondo común en donde también aportaría el Estado. Además, han solicitado una reunión de la presidenta Bachelet con la Coordinadora “No+AFP”.  

Esto ocurre en un escenario donde Bachelet renueva su apoyo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) en el marco de la apertura económica y anuncia que lo enviara durante el segundo semestre al Congreso para su aprobación antes de que finalice el periodo de gobierno de Obama en Estados Unidos. Un dato que se conecta con lo anterior es que algunas empresas de Estados Unidos como Metlife, Principal y Prudential son dueñas de Pro Vida, Cuprum y Habitat y controlan aproximadamente el 75 % de los fondos de las AFPs.

Uno de los beneficios del TPP es que permite a los inversionistas recurrir a tribunales internacionales para demandar al Estado chileno en caso de no estar aseguradas sus expectativas de ganancia o sufrir procesos de expropiación.

Sin embargo, el panorama es sombrío para Chile. De cara a las elecciones municipales de octubre, los datos de la encuesta CEP afirman que el 27 % “con toda seguridad concurrirá a votar” mientras que el 24 % “probablemente irá a votar”. Pero se nota un crecimiento del porcentaje que afirma que no concurrirá a votar, que asciende al 25 %. Mientras que la opción “probablemente no” alcanza el 16 %.

Por otra parte, los datos de la encuesta señalan que Bachelet solo cuenta con un 15 % de aprobación de su gestión y un 66 % de rechazo. De esta forma, la presidenta se convierte en la Jefa de Estado con la peor evaluación en los últimos 26 años. A ello se suma que el 59 % de los encuestados afirma incluso que Bachelet está gobernando peor de lo que se esperaba.

- María Florencia Pagliarone / CELAG


Este artículo se encuentra publicado en http://www.celag.org/chile-el-debate-por-la-afp/


http://www.alainet.org/es/articulo/179821