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miércoles, 25 de enero de 2017

“EL MODELO ECONÓMICO EN ICA ES IRRACIONAL, LA AGROEXPORTACIÓN ES VORAZ EN LA EXTRACCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO”




24/01/2017

Jorge Aparcana, coordinador del área del desarrollo local sostenible de Codeh Ica habla sobre los efectos que ha causado la inversión privada en el Valle de Ica. Señala que la agroexportación es voraz en consumo y extracción del recurso hídrico porque ha concentrado los mejores pozos de agua dejando a la población y sus pequeños agricultores sin agua de calidad. Afirma que la presencia del Estado es débil porque no regula el uso hídrico de la inversión privada que busca convertir todos los desiertos en zonas productivas. Plantea que se debe regular  y aplicar un plan regional que establezca los límites de la expansión de la agroexportación.

Ica atraviesa una crisis de disponibilidad de agua. Sin embargo, se sigue avalando la explotación de este recurso por los  beneficios económicos de la agroexportación…

La escasez que está viviendo el Valle de Ica demuestra que el modelo agroexportador que han impulsado los diferentes gobiernos -desde Fujimori hasta Humala- es un esquema absolutamente fallido. Al igual que el esquema minero, el modelo agroexportador es el mismo: extraer al máximo los recursos naturales, en este caso el agua. Hay una irracional lógica productiva que piensa que es un recurso infinito, esa realidad expresa que estamos ante una profunda crisis de este modelo de desarrollo que ha traído: mayor pobreza, una agudización de los problemas sociales, un trastrocamiento del equilibrio ecológico y agotamiento del recurso más preciado que tenemos en Ica, el agua.

¿Por qué se da continuidad a un modelo que está afectando el derecho al agua?

Hay una agresiva campaña mediática que sostiene que si no hay inversión para trasvasar agua y aumentar la oferta hídrica en el Valle de Ica, la inversión privada se va a ir, y eso va a generar un enorme problema social porque son generadoras de empleo. Como representante de un organismo de derechos humanos, creemos que la inversión privada es necesaria, la agroexportación no debe de irse de Ica y es importante, pero no se puede seguir sobreexplotando el agua.

Los agroexportadores han ganado millones de euros y dólares exportando espárragos, uva de mesa, y otros productos, es hora de que se comprometan a reponer el daño ocasionado, con proyectos de recuperación acelerada del acuífero del Valle de Ica. Eso se logra con programas de cosecha y siembra de agua, reforestación, no hay otro camino, que incluya proyectos productivos para los pequeños agricultores, que se hagan proyectos productivos para las comunidades empobrecidas de Huancavelica y Ayacucho.

En la última década hay una disputa real por el agua, por un lado las poblaciones denuncian contaminación y la falta de acceso a este derecho fundamental, y por otro, se prioriza su uso para las actividades económicas.

Ica es parte del problema global en el mundo, y la agroexportación entendida como una explotación irracional de agua  que impone patrones de cultivo que son insostenibles para nuestra realidad, como es la producción de espárragos, alcachofa, papikra, o la uva de mesa; esos productos tienen una gran demanda hídrica. Para la producción del espárrago necesitas 2 mil litros de agua por kilogramo de espárrago.

El modelo económico en Ica es irracional, la agroexportación es voraz en la extracción del recurso hídrico y además la sobreexplotación de los suelos, eso trae consecuencias ambientales. Estamos perdiendo el caudal ecológico, en menos de 30 años se ha acelerado la pérdida de la napa freática. Esto se ha profundizado desde el primer gobierno de Alan García, y más aún con la aplicación del modelo neoliberal de Fujimori cuando hace el cambio de la Constitución y liberaliza los mercados y brinda un marco normativo para favorecer la inversión privada. Ica se ha convertido en una suerte de feria donde se compra y se vende al mejor postor los recursos naturales.

¿Cuáles son los problemas generados con el boom agroexportador?

Nos ha llevado a esta situación de absoluta precariedad,  se calcula que quedan apenas cinco o siete años de agua, lo dicen los propios agroexportadores. La agroexportación ha secado los pozos para consumo humano, y ha habido también afectación al pequeño agricultor, esta actividad no ha parado y la tendencia es que haya una mayor expansión porque quieren convertir todos los desiertos en zonas productivas para vender productos perecibles a los mercados norteamericanos y europeos, no les importa que la población de Ica se quede sin agua.

Se están llevando del Valle el agua de la mejor calidad, entubada de manera subterránea, para que a través de un sistema tecnificado, garantizar el riego de sus miles de hectáreas.  Se está priorizando el agua para los agroexportadores.

¿Cuáles son las poblaciones más afectadas?

Los puntos críticos de todo el Valle de Ica están entre los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Pachacutec y Santiago, donde Agrokasa y otros fundos con mucho poder económico y político han concentrado pozos. Con esa problemática también se han agudizado los problemas sociales para la ciudad. La empresa prestadora de servicios de agua potable y el alcantarillado para la ciudad de Ica, Emapica, ha perdido aproximadamente el 60% de pozos, se han secado, eso pone en riesgo el consumo humano para la ciudad de Ica.

¿Por qué los pequeños agricultores de Ocucaje no están de acuerdo con proyectos para captar agua?

Son alrededor de 700 pequeños productores que riegan y dependen única y exclusivamente de esta agua superficial. La preocupación de los pequeños productores es por la falta de proyectos integrales, se está desvistiendo a un santo para vestir a otro. Se ha optado sin consulta alguna y pasando por encima del derecho de las comunidades, por  proyectos para captar agua.

La Universidad Católica ha hecho varios estudios, y afirman que ese proyecto es inviable por varias razones: primero, no se ha consultado con la gente, está desinformada y eso activa un nuevo conflicto; segundo, la disponibilidad, el comportamiento del caudal, la secuencia y el flujo del líquido elemento en esta parte de la cuenca no garantiza que esa agua sea permanente; y advierte que se va a invertir 105 millones de soles para un proyecto que no va a ser rentable.

¿El Estado no está ejerciendo su labor fiscalizadora?

Los iqueños estamos pagando los platos rotos de la carencia de un Estado que es débil, que no planifica ni regula, un Estado que está capturado por los operadores de los inversionistas y empresarios aglutinados en la Confiep. En Ica se da una situación terrible porque se ha concentrado el poder político y económico.

La agroexportación debe continuar, pero tiene que cambiar el patrón de cultivo, tiene que regularse, sancionarse  y cerrarse los pozos ilegales. Se tiene que aplicar un plan regional que establezca los límites a la expansión agroexportadora, e implementar políticas públicas para reactivar al pequeño productor porque es el que garantiza la alimentación.

En este contexto de escasez de agua, ¿por qué se levantó la veda en el distrito de Ocucaje?

El tema de Ocucaje es la mejor expresión del tráfico de influencias, donde la ANA (Autoridad Nacional del Agua) a través de sus operadores han levantado la veda en julio de 2014, para apropiarse de suelos para hacer un gran fundo agroexportador, y eso ha generado problemas, porque habiendo veda irrestricta, agrícola La Venta -en un mes y medio- perforó pozos para poder ampliar el desierto y convertirlo en un fundo agroexportador de uva, y eso ha generado un nuevo conflicto.

¿La población de Ica consume agua de calidad?

La agroexportación han concentrado los mejores pozos, a la población les han  quitado la posibilidad de consumir agua de calidad. La situación del agua de consumo humano es crítica, porque hay pueblos que tienen una hora al mes, como es el caso de Ocucaje y hay otros pueblos que apenas tienen una hora a la semana, como es el caso de Pueblo Nuevo, Los Aquijes, y en otros con más suerte, tres horas a la semana. La expansión acelerada de la agroexportación ha hecho que perforen miles de pozos, se calculan que son 2.500 pozos,  que están agotando la napa freática, pero no solamente ha afectado la pequeña producción agrícola, también ha secado la mayor cantidad de pozos de agua de consumo humano.

Todo el valle tiene problemas de escasez de agua para consumo humano, siendo el más crítico los distritos de Pueblo Nuevo, Los Aquijes, Pachacutec y Santiago.

Sin embargo,  la agroexportación ha generado crecimiento económico y generación de empleo.

Es verdad que la agroexportación genera empleo, pero también genera mucha pobreza, porque las condiciones laborales son precarias, hay una pérdida acelerada de derechos laborales, en Ica está ‘prohibida’ la sindicalización. Trabajador que se organiza en sindicatos inmediatamente lo despiden.

El presidente regional, Fernando Cillóniz, manifiesta que Huancavelica se va a beneficiar con el canon hídrico y con obras.

La parte de arriba de Huancavelica es por excelencia zona alpaquera. En torno al trasvase hay cinco comunidades: Carahuancho, Choclococha, Santa Inés, Santa Ana y Pilpichaca, que son las principales opositoras a cualquier proyecto de ampliación, o de construcción de alguna infraestructura para ampliar oferta hídrica abajo. Desde Codeh Ica planteamos que esto no es viable, porque es irracional producir el espárrago donde el 90 % de su composición es agua en un desierto tan terrible como el que tenemos.

Lo que buscan los agroexportadores es ampliar la frontera agrícola, piden ampliar la oferta hídrica en el Valle, eso significa ampliar el trasvase. Arriba hay oposición,  porque el colector estaría afectando a uno de las principales fuentes de vida que son para ellos los bofedales y humedales.

¿Qué solución se debe dar a nivel del gobierno central y regional?

Desde Los Molinos hacia aguas arriba se pueden hacer medianas represas, con un sistema escalonado de pequeñas represas se permitiría recargar el acuífero, garantizando agua todos los meses del año a los pequeños agricultores en la parte  alta, media y baja; y esos puquiales que hoy son  aguas puras de consumo humano podrían ser perfectamente traídas a la ciudad, se trata de tener un enfoque integral, consultando a las poblaciones.

Fuente:

http://www.alainet.org/es/articulo/183075


viernes, 15 de mayo de 2015

ENTRE EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA Y EL DE OLLANTA HUMALA HAN MUERTO 253 PERSONAS EN CONFLICTOS SOCIALES






Represión y muertes en conflictos mineros en Perú

Gran Angular
15-05-2015

El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 mil millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata. En el año 2010 la consultora PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica. 

Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas. 

Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la gestión del presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo. 

¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca no fueron viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores ambientales denunciados, secuestro y torturas, como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos. 

Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos. 

Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991 y 1095. Este último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones. 

Cajamarca: una región minada 

En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen impunes. 

En esta región existe un alto índice de criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los “antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y archivos periodísticos. 

Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005 - 2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74). 

La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración. 

La superficie territorial otorgada mediante concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas. Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así, el Grupo tiene un acumulado total de 500 concesiones, con una extensión de 396,567.28 ha en la Región Cajamarca. Esta elevada cifra convierte a Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región, seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014). 

Minería y pobreza 

El historiador Antonio Zapata señala que la enorme riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la presencia de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y también para para los mismos trabajadores mineros. 

Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, siendo la población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el 25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo que arroja un déficit de 58.6%.
Si bien es cierto que la distribución de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado equidad en la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas. Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades. 

¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para que su población vea los beneficios de la minería? “Más allá de las cifras macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos 20 años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias Extractivas de Oxfam América. 

“El problema central es que no hay una mirada de desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin embargo no hay interés desde el Ejecutivo”, señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca. 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad. 

Slack recomienda que para llevar adelante las inversiones se debe empezar a transparentar las actividades extractivistas, proveer información a las comunidades, escuchar y responder a las preocupaciones que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas lagunitas”, como si no fueran cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su producción agrícola”, dice. 

Los muertos y heridos en conflictos sociales no pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la oposición de un proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en "minería sí o no". Es falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar sobre la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y demandas reales que deben ser atendidas.