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lunes, 3 de mayo de 2021

«QUIEN HACE REVOLUCIONES A MEDIAS NO HACE SINO CAVAR SU PROPIA TUMBA»

 



La Tizza

Apr 29, 2021·

Dos entrevistas a Miguel Enríquez

 

Entrevista y Conferencia de prensa realizada a Miguel Enríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, en octubre de 1973, a pocas semanas del golpe de Estado contra Salvador Allende

I

A su juicio ¿por qué cayó el gobierno de Chile?

Miguel Enríquez: La crisis del sistema de dominación que hacía años venía desarrollándose en Chile, cristalizó en el ascenso al gobierno de la Unidad Popular, al agudizar la crisis interburguesa y multiplicar el ascenso del movimiento de masas. Esto generó condiciones que permitían, si se hubiera utilizado el gobierno como instrumento de las luchas de los trabajadores, culminar en la conquista del poder por los trabajadores y en una revolución proletaria. Pero el proyecto reformista que ensayó la Unidad Popular se encarceló en el orden burgués, no golpeó al conjunto de las clases dominantes, con la esperanza de lograr una alianza con un sector burgués, no se apoyó en la organización revolucionaria de los trabajadores, en sus propios órganos de poder, rechazó la alianza con soldados y suboficiales, y prefirió fortalecerse al interior del aparato del Estado capitalista y en el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas, buscando sellar una alianza con una fracción burguesa. La ilusión reformista permitió a las clases dominantes fortalecerse en la superestructura del Estado y, desde allí, iniciar su contraofensiva reaccionaria, primero apoyándose en los gremios empresariales, luego en la pequeña burguesía y finalmente en el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas para entonces derrocar sanguinariamente al gobierno y reprimir a los trabajadores.

La ilusión reformista la pagaron y pagan hoy los trabajadores, sus líderes y partidos, que trágica y heroicamente la defendieron hasta el último minuto, con lo cual confirman hoy la frase del revolucionario francés del siglo XVIII Saint Just: «Quien hace revoluciones a medias no hace sino cavar su propia tumba».

¿El fracaso de la izquierda, en su opinión, cancela por un largo período la lucha por el socialismo en Chile?

Miguel Enríquez: No nos parece el momento de revivir antiguas diferencias en el seno de la izquierda pero, a la vez, nos parece necesario que los trabajadores y la izquierda obtengan todas las enseñanzas que la experiencia chilena entrega, para nunca más incurrir en errores.

Por ello preciso: en Chile no ha fracasado la izquierda, ni el socialismo, ni la revolución, ni los trabajadores. En Chile, ha finalizado trágicamente una ilusión reformista de modificar estructuras socioeconómicas y hacer revoluciones con la pasividad y el consentimiento de los afectados: las clases dominantes.

Ahora bien, la lucha lejos de cancelarse, recién comienza. Será larga y dura. El movimiento de masas y la izquierda no han sido aplastados. En las nuevas condiciones, la fortaleza de los trabajadores, del conjunto de la izquierda y de los revolucionarios, primero golpeados, recomponiéndose después, tiende otra vez a acrecentarse, al sumarse ahora sectores de la pequeña burguesía — ayer enardecidos en contra de la Unidad Popular — a la lucha contra la dictadura, como reacción a la sangrienta represión fascista de la Junta y frente a las medidas antipopulares y regresivas impuestas por ella. Progresiva, pero con solidez ahora, irá desarrollándose cada vez más una vasta resistencia popular a la dictadura fascista.

La Junta Militar dice haber intervenido después de que dos poderes del Estado declararon ilegítimo al gobierno de Allende, y en prevención a un «plan Z» con el cual la izquierda se proponía exterminar a todos los sectores democráticos, al cuerpo de oficiales e incluso a Allende. ¿Qué dice usted frente a ello?

Miguel Enríquez: En esas afirmaciones de la Junta Militar está el carácter ridículo y bufonesco de la dictadura gorila.

Después de haber bombardeado La Moneda, se preocupan de precisar que éste no es un golpe militar, sino un «pronunciamiento militar» para enseguida agregar que son «instituciones profesionales y no deliberantes». Afirman haber «intervenido» porque así lo exigía un poder fundamental del Estado, el Parlamento, para clausurarlo de inmediato; declaran como su objetivo «restaurar la legalidad» y crean decenas de campos de concentración a lo largo del país donde encarcelan a decenas de miles de chilenos por marxistas. Que el movimiento militar fue para terminar con el sectarismo que ahogaba a Chile, y acto seguido declaran ilegal y persiguen al 44 por ciento de la población que era izquierdista. Que su objetivo es reconstruir la economía del país y lo hacen ametrallando las fábricas y despidiendo a miles de obreros por ser «marxistas».

Afirman haber «intervenido» para prevenir un «plan Z» que quería asesinar a Allende el 19 de septiembre y ellos lo asesinaron por adelantado el 11. Que su acción militar fue para defender los derechos humanos y han fusilado por lo menos a un millar de personas, han causado la muerte de decenas de miles. Que lo fundamental de su acción es defender «los valores nacionales» y para ello hacen piras en las calles quemando libros, asaltan y saquean la casa de Pablo Neruda, intervienen militarmente las universidades y allanan con tropas la casa de Cardenales. Todo esto, según ellos, es por la defensa de los trabajadores y sus conquistas, y primero disuelven sus organizaciones, luego despiden a miles de ellos, suprimen el pago de horas extraordinarias, aumentan el número de horas de trabajo, un verdadero sistema de trabajo forzado, congelan los salarios, aumentan los precios, al menos en Linares devuelven fundos a sus antiguos propietarios y nombran delegados de gobierno en las fábricas del área social a los antiguos dueños. Afirman buscar las armas de los «extremistas» que hacen peligrar la vida de los ciudadanos y ellos desataron el genocidio en las poblaciones, asentamientos, fábricas y universidades.

Chile, es hoy un país sometido por sus Fuerzas Armadas a un régimen similar al de un país ocupado por Fuerzas Extranjeras. El país bajo «Estado de Sitio», todas las ciudades bajo «toque de queda», Tribunales Militares sin apelación, bajo el Código militar «en tiempo de guerra», encarcelamiento masivo de la población, pogromos contra los extranjeros, etcétera. El cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile ha declarado la guerra al pueblo de Chile. Asistimos en plena década del setenta, y en América Latina, a una versión más grotesca y cavernaria aún del fascismo hitleriano.

La diferencia entre estos gorilas fascistas y sus antecesores hitlerianos, si la hay, es que los primeros no tienen el valor de asumir sus crímenes y buscan encubrirlos detrás de falsedades y montajes publicitarios como el «plan Z» o mascaradas histriónicas de legalidad.

¿Cuál es, a su juicio, la perspectiva de este gobierno?

Miguel Enríquez: No será duradera. Chile no tiene una burguesía industrial pujante y expansionista como la alemana de décadas pasadas, ni tiene el potencial económico del Brasil. Las condiciones mundiales y latinoamericanas de esta década no son las mismas que las de décadas pasadas; hoy está fortalecido el campo socialista, el pueblo indochino ha infligido importantes derrotas al imperialismo en Vietnam, Laos y Camboya, la Revolución cubana se ha consolidado en América Latina, la crisis interburguesa norteamericana y latinoamericana es cada vez mayor, el movimiento de masas va en ascenso en América Latina y es aún poderoso en Chile. La dictadura fascista chilena irá cada vez más manchando sus manos con sangre, cada vez irá tomando medidas más represivas y antipopulares, aumentará sus ya grandes contradicciones internas y de la Junta con otros sectores burgueses; a la vez que se irá fortaleciendo entre los trabajadores la Resistencia Popular a la dictadura, lo que terminará por derrumbarla.

Entonces, habiendo pasado la clase obrera y el pueblo por la más dramática escuela política: el conocimiento de la guerra de hierro de la dictadura burguesa imperialista, serán restauradas las libertades democráticas y se abrirá paso a un verdadero proceso revolucionario obrero y campesino.

A su juicio y según sus informaciones, ¿participaron o no los Estados Unidos en este pronunciamiento militar, como se afirma?

Miguel Enríquez: Un mes antes del golpe de Estado denunciamos, por cadena nacional de radios, la participación de un miembro de la embajada norteamericana en una reunión en un crucero de la Armada en el puerto de Arica, el 20 de mayo de este año a la 1 A.M., con todo el Alto Mando Naval y varios oficiales de alta graduación del Ejército de las divisiones del Norte, y luego, en los meses de junio y julio en cada barco de la Escuadra se embarcó un oficial de la inteligencia militar norteamericana, lo que jamás fue desmentido por la Armada.

Cada paso de la conspiración reaccionaria fue dirigido y planeado por la misión militar brasileña y la inteligencia naval norteamericana.

¿Qué tarea se proponen ustedes en la actual situación?

Miguel Enríquez: Solo en general: unir a toda la izquierda y a todo sector democrático dispuesto a impulsar la lucha contra la dictadura, reorganizar el movimiento de masas en nuevas formas y desarrollar la Resistencia Popular a la dictadura en todas sus formas, a lo largo del país.

Quienes declararon la guerra fueron los altos oficiales fascistas de las Fuerzas Armadas y no nosotros. Ellos han puesto las reglas del juego. Han llegado al extremo de establecer una norma, la más sanguinaria y no establecida en ningún tipo de guerra: todo el que resiste es ejecutado, que en otras palabras no es sino una guerra a muerte, una guerra sin prisioneros. Será una lucha larga y difícil, pero con certeza la clase obrera y el pueblo, con sus vanguardias a la cabeza, triunfarán. Muchos ya han caído y seguirán cayendo, pero han sido y serán reemplazados, la lucha no terminará hasta no derribar la Junta fascista, restaurar las libertades democráticas y abrir paso a un proceso revolucionario obrero y campesino.

¿Cuál es su apreciación de la solidaridad internacional que ha recibido la izquierda chilena y qué tareas ustedes le pedirían a los que fuera de Chile quisieran ayudarles?

Miguel Enríquez: La solidaridad internacional ha sido fundamental. El hecho de que distintos y numerosos países hayan rechazado el golpe de Estado, que sectores democráticos y revolucionarios de todo el mundo se hayan movilizado en contra del fascismo chileno, ha sido de enorme ayuda. En especial ha sido importante la solidaridad del campo socialista y de la Revolución cubana. De sectores democráticos y revolucionarios europeos, como de los distintos sectores latinoamericanos y en particular el del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina, del Movimiento de Liberación Tupamaros (M.L.N.T.) de Uruguay y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Boliviano.

La presión internacional agudiza las contradicciones internas de la Junta fascista y de ella con otros sectores, a la vez que logra neutralizar al menos algunas de sus aristas más sanguinarias y brutales. En cuanto a qué se puede hacer en el exterior por la lucha antigorila y antifascista en Chile, todo es útil: difundir al máximo los crímenes y las bestialidades del régimen, promover el apoyo político y material para la Resistencia, extender los mítines de protesta, multiplicar las campañas de solidaridad; en la medida de lo posible, impedir que más gobiernos reconozcan al fascismo chileno y, en la medida de lo posible, impulsar el sabotaje exterior a la Junta fascista: no descargar en los puertos barcos chilenos y otras medidas. Hoy, una de las tareas prioritarias es exigir que no se ejecute y se libere, de inmediato, al secretario general del Partido Comunista chileno, Luis Corvalán, en este momento encarcelado; y exigir que se ponga fin a las ejecuciones y torturas a los detenidos.

¿Desea usted agregar algo?

Miguel Enríquez: Sí. Hoy, en el día del guerrillero heroico, rendir un homenaje en primer lugar a Salvador Allende, que entregó su vida defendiendo sus convicciones y a los miles de héroes y mártires que en calles, plazas, fábricas, poblaciones y campos de Chile, de todas las organizaciones de izquierda y a los trabajadores que derraman su sangre, combatiendo al fascismo, y a los que siguen cayendo o son hoy torturados. En especial, rendir un homenaje al miembro del Comité Central y fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), jefe del Comité Regional de Valdivia, de 24 años, Fernando Krauss y a nuestro militante y jefe del Comité Local de Panguipulli, José Gregorio Liendo, fusilados hace (…)

II

Entrevista realizada por el semanario francés Rouge al líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, Miguel Enríquez, en junio de 1974. Publicada en Correo de la Resistencia, Boletín del MIR en la resistencia, N.° 1, junio de 1974, pp. 29–38.

¿Cuál es la reacción del MIR frente a las acusaciones –principalmente del Partido Comunista– en cuanto a su responsabilidad en la caída de la Unidad Popular? Esta acusación fue también utilizada por la prensa burguesa «democrática» en Europa.

Miguel Enríquez: En realidad, estas acusaciones vienen fundamentalmente de dos sectores: el reformismo de izquierda y los burgueses. Nosotros sabemos que algunas personalidades de otros tantos partidos comunistas europeos se han dedicado a expandir la afirmación de que la caída del gobierno de la Unidad Popular se debió a la «impaciencia», al «ultraizquierdismo» y a la «precipitación» del MIR. De esta manera tratan de salvar al reformismo y a su política del fracaso en Chile, con el fin de ensayar lo mismo en otros países. Las acusaciones tienen como fundamento las frustraciones de la Unidad Popular, al no haber podido lograr una alianza con el Partido Demócrata Cristiano chileno. Nosotros vamos a responder lo más brevemente posible dada la magnitud del tema.

El gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno pequeñoburgués de izquierda, cuyo eje se formó en la alianza del reformismo obrero con el reformismo pequeñoburgués.

La política que desarrolló en el curso de sus tres años fue reformista, y se caracterizó por su sumisión al orden burgués y por su tentativa de concretar un proyecto de colaboración de clases.

El reformismo no apreció el carácter que asumió el período de su gobierno, lo que hizo imposible que desarrollara con éxito su proyecto de colaboración de clases. El sistema de dominación capitalista entró en crisis. El movimiento de masas, cuyas movilizaciones y actividad iban aumentando después de 1967, había entrado en ebullición con la llegada de la Unidad Popular al gobierno. En el curso de estos tres años había multiplicado sus movilizaciones, al desarrollar sus niveles de organización y de conciencia mucho más allá de todo lo que antes se había visto en Chile.

En ese mismo momento, y en parte como consecuencia de ello, la crisis interburguesa continuó profundizándose. Fue eso lo que confundió al reformismo que, percibiendo que la lucha interburguesa se hacía cada vez más aguda, pretendió sellar una alianza con una de las fracciones en lucha. No comprendió que, si bien la lucha interburguesa aumentaba, las fracciones burguesas se daban cuenta, desde el comienzo, que el aumento del movimiento de masas, por su carácter, iba mucho más lejos que las tímidas reformas que la Unidad Popular se proponía y que amenazaban el sistema de dominación capitalista vigente. El conjunto de la clase dominante asumió desde el principio la defensa de dicho sistema y la lucha dirigida a derrocar el gobierno de la Unidad Popular. El aumento y la polarización de la lucha de clases cerró históricamente toda posibilidad de éxito para su proyecto de colaboración de clases.

Siempre detrás de este ilusorio proyecto de colaboración de clases, la Unidad Popular, bajo la ilusión de haber conquistado el poder, impulsó una política económica que funcionó en lo fundamental sobre el consumo y no sobre la propiedad de los medios de producción.

La redistribución drástica del ingreso hizo aumentar el consumo, a partir del cual aumentó la producción sobre la base de la utilización de la capacidad instalada, la que se agotó a mediados de 1972.

La Unidad Popular también trabajó sobre los medios de producción, pero de una manera limitada: nacionalizó la gran minería del cobre y la banca y se propuso integrar al área social solamente 91 grandes empresas industriales –que eran en realidad entre 500 y 800–, olvidando explícitamente todas las grandes empresas de construcción y de distribución. En el campo, a lo largo de 1971, se limitó a la expropiación de un poco más de 1.000 fundos, que aumentaron más tarde a 1.300, pero solo fueron fundos que tenían una superficie superior a 80 hectáreas de riego básico, y sobre las cuales los latifundistas tenían un derecho a reserva de 40 hectáreas, que podían ser escogidas entre las mejores tierras. Por otra parte, esto les permitió olvidar explícitamente las grandes empresas agrícolas, cuya extensión era entre 40 y 80 hectáreas, que producían en 1973 cerca del 50 por ciento de toda la producción agrícola de Chile. De 4.500 que había en 1970, subieron a 9.000 en 1973.

Sobre el plano político, su proyecto de colaboración de clases se expresó no solo en su subordinación a la institucionalidad burguesa sino también a la legalidad en los momentos en que la clase dominante controlaba poderosas instituciones del aparato del Estado: el Parlamento, el poder Judicial, la Contraloría, la mayoría de los cuerpos de oficiales de las Fuerzas Armadas, etcétera, a partir de las cuales, en los hechos, gobernó a Chile. Todas estas concesiones y vacilaciones no fueron gratuitas ni indiferentes al movimiento de masas, única fuente posible de fuerza real del gobierno.

Todas estas concesiones –olvidar las grandes empresas, prometer a los norteamericanos el pago de la deuda externa, legitimar a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, etcétera– fortificaron a la clase dominante que, apoyada por el bloqueo del crédito norteamericano, logró mantener en sus manos –gracias a estas concesiones– enormes cantidades de poder y de riqueza, que no dudó en descargar con furor empresarial sobre el gobierno, la clase obrera y el pueblo; saboteando la producción a partir de las empresas que conservaba en sus manos, acaparando, especulando, creando el mercado negro y favoreciendo la inflación, acentuando la presión militar, etcétera.

Además, todas estas concesiones fueron hechas hiriendo y golpeando los intereses de los sectores populares. Mientras, dejaba intactas las grandes empresas industriales, agrícolas, de construcción, de distribución, etcétera, cerraba el paso a la lucha de los trabajadores; no apoyando las movilizaciones directas de la clase obrera, combatiéndolas e incluso haciendo acciones represivas contra ella; atacando todo trabajo político en el seno de las Fuerzas Armadas. A la vez que esto fragmentó a la izquierda, dividió y confundió a los trabajadores que veían al gobierno como un instrumento para sus luchas.

En el terreno político, el reformismo favoreció a la vía parlamentaria y los ensayos frustrados de alianza con el Partido Demócrata Cristiano. Además, cada vez que esta alianza se frustraba, el reformismo no se apoyaba en las masas, sino que se refugiaba en el aparato del Estado constituyendo gabinetes cívico-militares, aumentando así, al interior del Estado, el peso de la institucionalidad y, en particular, de la alta oficialidad reaccionaria de las Fuerzas Armadas.

Pero, empecinado en sus vacilaciones, el reformismo debió ceder frente a las presiones del movimiento de masas. Su amplia base de apoyo popular, el carácter masivo y decidido de las movilizaciones directas del pueblo, obligaron al gobierno a poner bajo su control más de 300 grandes empresas, derribaron la fortaleza de la burguesía agraria con las tomas de fundos de 40 a 60 hectáreas, y motivaron la ocupación de numerosas empresas de construcción, de viñas y de algunas firmas distribuidoras. Pero estas concesiones del reformismo a los trabajadores, que primero fueron combatidas y luego reprimidas –expulsión de campesinos de los fundos, desalojos de obreros de las fábricas, etcétera–, fueron limitadas y desordenadas. De esta manera, el gobierno primero cedió frente a la presión del movimiento de masas, para luego negarle su apoyo y abandonarlo, lo que fragmentó, dispersó y confundió a las masas.

A pesar de todo, la legitimación del gobierno de estas conquistas del movimiento de masas despertó la cólera de la clase dominante. Fue así como el gobierno se sometió al orden burgués; y buscando sellar una alianza con una fracción burguesa hizo todo tipo de concesiones a la institucionalidad y a la clase dominante, e hirió de esta manera los intereses de la clase obrera y el pueblo, al crear en él la confusión.

La clase dominante jamás perdió de vista el carácter revolucionario y anticapitalista que asumió el movimiento de masas. Arremetió contra el gobierno desde el principio a pesar de las promesas y limitaciones que el proyecto reformista les ofrecía.

De esta manera, el gobierno de la Unidad Popular no tuvo la fuerza que le habría dado una alianza con una fracción burguesa, reforzó a la clase dominante y debilitó y dispersó su verdadera fuente de poder: el movimiento de masas.

Estos problemas se vieron multiplicados después de la tentativa fracasada del golpe de Estado del 29 de junio, y la amenaza subsecuente del nuevo golpe. El gobierno no tomó medidas contra los verdaderos conspiradores, no cambió a los oficiales superiores, solo detuvo a quienes estaban directamente implicados.

El movimiento de masas, dirigido por la clase obrera, desarrolló altos niveles de organización y conciencia. Ocupó cientos de fábricas, se organizó en cordones industriales –semejantes a los consejos obreros– y en comandos comunales, que reagrupaban a obreros, campesinos, pobladores y estudiantes; logrando, incluso, desarrollar masivamente formas materiales y orgánicas de autodefensa.

La clase dominante utilizó una doble táctica: por una parte, reforzó su ofensiva a través del paro de los camioneros, de atentados, de acusaciones a los ministros en el Parlamento, del bloqueo de la Contraloría y de las declaraciones de los presidentes del Senado y la cámara de Diputados; y por la otra, permitió que una minoría del PDC –bien intencionada, pero sin fuerza– abriera un diálogo con el gobierno, exigiéndole primero concesiones, luego un consenso, más tarde la capitulación y finalmente la renuncia.

Bajo la ilusión de este diálogo, el gobierno comenzó su capitulación, comprometiendo así su suerte en el curso de la semana: constituyó el gabinete del diálogo, enseguida un gabinete cívico-militar. Golpeó al movimiento obrero, devolviendo a los patrones decenas de industrias que habían sido tomadas recientemente por los trabajadores. Combatió el poder popular –los cordones y los comandos–, dio curso a acciones represivas, aquí y allá, desalojando a los obreros de las industrias ocupadas, deteniendo en las calles a los obreros de algunos cordones y poblaciones. Combatió furiosamente a la izquierda revolucionaria, acusándola de subversiva y permitió decenas de allanamientos militares en fábricas y fundos en búsqueda de armas. En algunos de estos allanamientos se torturó salvajemente a obreros y campesinos, como fue el caso de Nehuentúe, en la provincia de Cautín, y en la Industria Sumar en Santiago. Se tomaron medidas legales contra los marineros de La Escuadra que preparaban medidas de autodefensa en caso de un golpe militar, con lo que el gobierno apoyó las torturas brutales que los oficiales de la Marina ejercieron sobre los marineros, permitiendo, a su vez, la persecución legal del procurador de la Marina contra los secretarios generales del PS, del MIR y del MAPU.

Con estas acciones, el gobierno reforzó la ofensiva de la clase dominante y de la alta oficialidad reaccionaria; frustró, confundió y desarticuló la tropa antigolpista de las Fuerzas Armadas y dividió a la izquierda, abriendo el camino al golpe de Estado.

Aquí está la responsabilidad de la política reformista. Y éste es un hecho que muchos han tratado de esconder o de oscurecer. Muchos de estos cuadros y militantes reformistas, afrontaron más tarde heroicamente a la dictadura; otros se asilaron y el resto hoy está en Chile, haciendo frente a la represión gorila.

Durante los tres últimos años, nosotros hemos alertado a los trabajadores y a la izquierda de la catástrofe hacia la cual la política reformista los arrastraba; y hemos hecho, frente a las masas y como partido, todo lo que nosotros podíamos hacer para evitarla.

Las masas no fueron «ultraizquierdistas» cuando multiplicaron sus movilizaciones en defensa de sus intereses. Continuaron su marcha –después de llevar a la Unidad Popular al gobierno– por el único camino que la historia les ofrecía. No fueron las masas las que impidieron la alianza entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, sino la lucha de clases en un país subdesarrollado y dependiente como Chile.

La clase obrera y el pueblo solo pueden constituirse en fuerza social –como lo fueron al llevar a la Unidad Popular al gobierno– en la medida en que como clase realicen sus intereses. Y esto, objetivamente, en Chile capitalista, no puede ni podrá obtenerse sino atacando los intereses de clase dominante, una de cuyas fracciones –con el PDC como representante político– lo comprendió también.

La clase dominante asumió desde el comienzo la defensa del sistema capitalista, la lucha contra los avances de los trabajadores y la destrucción de lo que ellos habían creado: el gobierno de la Unidad Popular.

Las masas no se equivocaron avanzando, como la historia no se equivoca. Ni el PDC –partido burgués– fue alejado por la extrema izquierda. Lo que arrastró a Chile hacia la catástrofe gorila que vivimos hoy día, fue la política reformista, que sistemáticamente golpeó, frustró y finalmente destruyó la fuerza social que la había llevado al gobierno y su fuente fundamental de fuerza, la clase obrera y el pueblo.

Nosotros no hemos sido «impacientes» ni «ultraizquierdistas». Nosotros dirigimos, en la medida de nuestras fuerzas, la marcha histórica de los trabajadores contra la clase dominante y el sistema capitalista, en las fábricas, en los fundos, en los liceos y universidades, y en los cuarteles. Pero no fuimos capaces de arrebatarle al reformismo la conducción del movimiento de masas. Ésa fue nuestra debilidad y nuestra falla, ninguna otra.

Hoy día nos quedamos en Chile para reorganizar el movimiento de masas, buscando la unidad de toda la izquierda y de todos los sectores dispuestos a combatir la dictadura gorila, preparando una larga guerra revolucionaria, a través de la cual la dictadura gorila será derrotada, para luego conquistar el poder para los trabajadores e instaurar un gobierno de obreros y campesinos.

¿Estas acusaciones significan la voluntad, el deseo de aislar al MIR del resto de la izquierda?

Miguel Enríquez: No es ésta la polémica central hoy en Chile. Nuestro objetivo es obtener la unidad de toda la izquierda. Pero lo que ha ocurrido en Chile es una lección para todos los pueblos del mundo. Raras veces el desastre provocado por la política reformista ha sido tan evidente. Los ataques que algunos personajes y partidos europeos nos lanzan, nos obligan a responder y hacer que la verdad se imponga por encima de la desfiguración de los hechos.

¿Cuál es la posición del MIR en cuanto al acercamiento, a nivel de direcciones, con el PS, el PC, el MAPU, la IC, etcétera…?

Miguel Enríquez: Creo que ya lo hemos explicado. Fundamentalmente, el sentido de estas acusaciones es ocultar la responsabilidad histórica del reformismo, borrar su derrota en Chile y tratar de aplicar, de nuevo, su política en otras partes. Nosotros respondemos aclarando la realidad de los hechos, ya que tergiversando lo que ha ocurrido, impiden a los pueblos del mundo la posibilidad de extraer las lecciones que la experiencia chilena ofrece, para evitar los errores cometidos en Chile.

No es el socialismo ni la política revolucionaria lo que ha fracasado en Chile, sino una débil e ilusoria tentativa reformista.

Es necesario que el reformismo asuma su responsabilidad histórica y no busque más disculpas entre los revolucionarios. Al mismo tiempo, la experiencia y condiciones exigen hoy en Chile la unidad de todas las fuerzas de izquierda y de todos los sectores dispuestos a luchar contra la dictadura, en el seno de un frente político de la resistencia.

Estamos en contacto con todas las fuerzas de izquierda y otras en Chile. El paso que hemos dado al lanzar al exterior un llamado conjunto a toda la izquierda es un avance importante en la unidad de todas estas fuerzas y ha sido bastante útil aquí en Chile.

¿Cuál es la posición del MIR frente a la alianza táctica con todos los demócratas –alianza denominada «frente amplio»–, en tanto que significa un peligro inminente de una restauración del sistema burgués?

Miguel Enríquez: Nosotros impulsamos la unidad de todas las fuerzas dispuestas, en la práctica, a luchar contra la dictadura, en el seno de un frente político de la resistencia, como ya hemos mencionado. En este frente, nosotros creemos que deben entrar todas las organizaciones de izquierda de la ex-UP, nosotros, y también una parte del PDC, la «progresista» o «pequeñoburguesa democrática» que antes y después del golpe, se pronunció abiertamente contra él.

La base fundamental de la lucha contra la dictadura será la clase obrera y el pueblo. Como consecuencia de su experiencia reciente, una experiencia trágica de dictadura burguesa, según la forma de democracia representativa, es muy difícil creer que los trabajadores la acepten otra vez.

El otro sector del PDC, llamado «democrático» por algunos, fue dirigido por Frei, y apoyó sin condiciones las agresiones de la clase dominante contra los trabajadores y el gobierno, incitó y preparó las condiciones del golpe militar. Hay que recordar las declaraciones de Frei exigiendo los allanamientos para buscar armas, la declaración del Congreso sobre la ilegitimidad del gobierno, etcétera.

Reconoció y aplaudió el golpe militar, inmediatamente después y también con posterioridad. Asimismo, participa en la dictadura gorila, aportando técnicos, un ministro y algunos subsecretarios de Estado. A pesar de que, a través de la prensa y algunos grupos de presión, reclama con timidez la moderación de la Junta en su política represiva y económica. Lo hace con cuidado a fin de acumular fuerza en su lucha contra la fracción burguesa hegemónica, para participar en la mayor medida posible de la riqueza y el poder que el Estado controla en Chile, como es la renta del cobre, las exenciones fiscales, créditos del Estado, etcétera…

Trata, como los anteriores movimientos populistas, de colocar detrás de él al grueso de la población golpeada por la política de la Junta, buscando sumar también el apoyo popular del reformismo, para caerle encima cuando haya tomado el poder.

Con ese sector ni la clase obrera, ni el pueblo, ni los revolucionarios pueden hacer una alianza que decapite su programa y sus métodos de lucha, pero sí pueden aprovechar las grietas abiertas por la lucha interburguesa intensificada.

En caso de que haya un vacío de nivel directivo en el PC y el PS, ¿cómo analiza el MIR el acercamiento revolucionario a las bases y cómo piensa asumir la dirección del movimiento revolucionario?

Miguel Enríquez: La conducción de la lucha contra la dictadura gorila no se gana por decreto o por declaraciones. Ella será conquistada en la lucha misma. La lucha contra la dictadura gorila no es, fundamentalmente, una lucha de partidos políticos contra la dictadura, es la lucha de la clase obrera y de todo el pueblo contra un sector del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Es por esto que, a fin de organizar a todos los sectores del pueblo dispuestos a combatir la dictadura, sean o no militantes de partido, impulsamos en la base –y con cierto éxito– la constitución de un movimiento de resistencia popular contra la dictadura gorila, mediante la formación de comités en cada fábrica, fundo, población, liceo, universidad, repartición pública, etcétera.

¿Cómo concilia tácticamente el acercamiento con los sectores democráticos y el desarrollo de la lucha armada en el Sur? ¿Cuál es el grado de organización del movimiento armado en este momento? ¿En qué plazo piensa que se puede desarrollar paralelamente la reorganización de los sindicatos y de los frentes de masas?

Miguel Enríquez: Solo serán parte de la resistencia, evidentemente, los sectores dispuestos a impulsar o apoyar en la práctica la lucha en todos los terrenos contra la dictadura. En consecuencia, los problemas de conciliación de tácticas no deberían ser fundamentales. La reorganización del movimiento de masas se desarrolla progresivamente desde hace algunos meses. Lo que dirigirá la lucha armada en Chile será fundamentalmente aquello que evite el aislamiento de las vanguardias de las masas, aquello que incorpore progresivamente a la clase obrera y al pueblo a formas de lucha armada. A partir del movimiento de resistencia popular, surgirá el Ejército Revolucionario del Pueblo, única fuerza capaz de enfrentar al Ejército gorila y derrocar la dictadura.

¿El fracaso del proceso chileno podría ser, a su juicio, el fin de los partidos tradicionales?

Miguel Enríquez: El fracaso en Chile de un proyecto reformista debería tener como consecuencia, al menos en nuestro país, el fin del predominio de las ilusiones reformistas en el seno de la clase obrera y el pueblo. Pero el reformismo, como proyecto político, no desaparece como consecuencia de una derrota. Será la experiencia adquirida por los trabajadores y los militantes de izquierda –y la que venga de la lucha misma– orientada por una táctica y una estrategia revolucionarias, la que deberá desterrar al reformismo de la conducción de las masas.

¿Un nuevo sistema de comunicaciones podría poner fin al aislamiento de la izquierda chilena y permitiría crear un frente común contra el imperialismo?

Miguel Enríquez: Pienso que, desde el punto de vista de su aislamiento del resto del mundo, es la dictadura gorila la que está más aislada. La clase obrera, el pueblo y la izquierda chilena han recibido y reciben un apoyo enorme de los países socialistas, de Cuba revolucionaria y de los sectores revolucionarios y progresistas del mundo.

Los revolucionarios del Cono Sur de América Latina han constituido una Junta coordinadora entre el ERP de Argentina, el MLN-Tupamaros de Uruguay, el ELN de Bolivia y el MIR de Chile, que no solamente quiebra todo aislamiento posible, sino que significa un enorme progreso para la lucha revolucionaria. En todo caso, cualquier iniciativa que contribuya a unir y a reforzar la lucha contra el imperialismo y por la revolución, será siempre considerada como positiva por nosotros.

Fuente: https://medium.com/la-tiza/quien-hace-revoluciones-a-medias-no-hace-sino-cavar-su-propia-tumba-bb97d0e19ef0

 

miércoles, 14 de marzo de 2018

“LA DEMOCRACIA PLENA SOLO PODRÁ SER SOCIALISTA”





Entrevista a Aurelio Alonso, sociólogo y subdirector de la revista Casa de las Américas

La Tizza
14-03-2018

LT: El 19 de abril próximo se instaurará el nuevo Parlamento en Cuba y se cumplirá el término de los dos períodos consecutivos de cinco años en que Raúl Castro ha fungido como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. A su juicio, ¿qué desafíos enfrentarán desde entonces el ejercicio del poder y el desarrollo de una política revolucionaria y socialista en Cuba?

AA [1]: Es de Perogrullo decir que las elecciones de marzo tendrán un significado que las diferenciará de todas las precedentes, pero creo que no queda más remedio que comenzar por ahí. Con la salida de Raúl Castro de la presidencia del Consejo de Estado (que de ningún modo significa salir del poder –mantendrá el cargo de Primer Secretario en el PCC y un asiento como diputado en la nueva Asamblea; además, no creo que las Fuerzas Armadas prescindan de su comandancia mientras tenga vida), se produce la retirada de esa dirección institucional de lo que recibimos como generación histórica de nuestra Revolución. El alto reconocimiento honorífico –concedido hace unos días– a las tres figuras más destacadas de la misma que se mantienen activas, también lo indica así aunque, como Raúl, quedan igualmente en la ANPP. Su papel emblemático en la resistencia y la búsqueda de perfeccionamiento de lo que los enemigos creen descalificar llamando “el régimen”, es innegable y meritorio. Pero la pregunta ¿qué desafíos implica este cambio? –la cual debe rondar los pensamientos de todos los cubanos– requiere distinguir las diferencias que en rigor son visibles de la tentación adivinatoria. Me limito aquí a lo primero, y tal vez en alguna de las respuestas que sigan me deje llevar por la tentación.

La nueva elección a la Asamblea Nacional del Poder Popular debe cubrir las altas instancias de decisión con la presencia de otra generación. No se trata ahora del ingreso de figuras aisladas, como hasta hoy se ha dado, sino del núcleo mismo del relevo generacional en las instituciones conductoras de la sociedad. La permanencia de Fidel Castro a la cabeza del sistema político desde 1959 hasta 2006 le dio un sentido distintivo al liderazgo histórico de la Revolución, y permitió consolidar sus valores y su resistencia en las más adversas coyunturas. Sabemos que ese liderazgo fuerte y consistente propició al pueblo seguridad y confianza. Su relevo por Raúl, su más fiel compañero de luchas desde el asalto al cuartel Moncada en 1953, demostró que aquella resistencia podía mantenerse perfectamente en el contexto de una indispensable renovación del proyecto de justicia social y equidad emprendido como Estado soberano. Cambiar a fondo sin renunciar a valores y logros, es el propósito manifiesto que sobresale entre cualquier cantidad de propuestas en discusión.

No me interesa aquí –y supongo que a ustedes tampoco– la especulación acerca del candidato más probable a la Jefatura del Estado. Además, lo decidirán, intuiciones aparte, los diputados que serán electos ahora, por lo que ni siquiera valdrían sondeos de opinión, en términos estadísticos. Lo que me interesa destacar es que, rebasada la época del liderazgo histórico, la legitimidad del elegido tendrá que sostenerse, en todos los niveles del Poder Popular, por el mandato electoral, la rendición de cuentas de la gestión y el derecho a revocar a los representantes electos, si pierden la confianza de los electores. Más allá de quien sea la persona elegida a la Presidencia, importa el hecho de que el carácter colegiado que la Constitución asigna al Consejo de Estado se vería reforzado, en la práctica, en la toma de decisiones. No hace falta cambio jurídico previo para presumir que crece el peso del criterio de la mayoría al interior de Consejo de Estado. Lo cual debe traducirse en más responsabilidad participativa, e irradiar a la vez esta influencia hacia todo el sistema de Poder Popular, dado el peso que se asigna ya en todas las instancias a la colegiatura.

Tal vez la esperada reforma de la Constitución aporte un dispositivo de refrendación plebiscitaria que refuerce el respaldo directo del pueblo al mandato del elegido, y su gestión no quede sujeta exclusivamente a la representatividad que ostenta el Consejo de Estado. He intentado expresar esta idea anteriormente al inclinarme por la idea de que el Presidente lo sea de la República más que del órgano colegiado. No obstante esto es imprevisible por el momento. Como lo es también una mayor precisión del enunciado de dirección del Estado por el Partido, pues ya se puede inferir a partir de abril una separación tácita del mando partidario del gubernamental.

De ningún modo se trata de un proceso que implique ruptura con la orientación del sistema que los cubanos nos hemos dado, que de cara a los reveses sufridos ha mostrado, en momentos críticos, y muestra ahora, resiliencia a través de enormes dificultades. Aun si se pueden prever, por lo arriba expuesto, cambios más profundos que los pasos dados hasta hoy.

El desafío para los cubanos a la salida de las urnas en esta elección no será el de procurar o esperar soluciones mágicas para sus dificultades actuales; de ningún modo van a producirse soluciones con facilidad. Se trataría, en sentido general, de acoplar la paradoja aparente entre el nivel alcanzado de conceptualización del modelo y la batería aprobada de lineamientos para gobernarse, con la profundización de un panorama reformador orientado a dar sustentabilidad y una efectiva participación ciudadana al proyecto socialista en las condiciones de Cuba. Un acoplamiento de continuidad y cambios que barra con el peligro de un derrumbe social, de un escenario que podría ser no solo de pobreza, sino de desamparo.

LT: Dentro de esos desafíos generales, el término–por razones biológicas– de los liderazgos personales que han configurado la cultura política cubana durante el último sexenio comporta retos específicos para el desempeño de –entre otros actores–:

a) El Partido Comunista de Cuba
b) Las instituciones estatales
c) Las organizaciones políticas y de masas
d) Las formas organizativas de distintos signos ideológicos que existen en estos momentos en el país

¿Pudiera referirse a las características que ha asumido la configuración de la cultura política cubana del último sexenio en torno a los liderazgos personales? ¿Y a los desafíos que comporta la conclusión de estos liderazgos para los actores referidos?

AA: Esta es una pregunta que engloba una extraordinaria complejidad y no podría responderla de manera satisfactoria. Digo satisfactoria para mí mismo, en primer lugar. No obstante, trataré de abordar algunos aspectos en los que tengo criterio formado y podría ser de utilidad compartirlos. Antes de tocarlos directamente, recuerdo que, nos guste o no, afrontamos un doble reto. No de manera disyuntiva sino inclusiva: me refiero al reto de corregir malformaciones sistémicas generales de las experiencias socialistas del siglo XX, en el plano de las instituciones como en el de la cultura política, por una parte; y por la otra el de hacerlo en las condiciones específicas, de espacio y tiempo, de la realidad cubana. Insisto en el sentido del doble desafío porque al hacer lo segundo, que es lo que nos toca como praxis de construcción socialista, no podemos dejar de mirar también a lo primero. El análisis de los fracasos se hace tan importante como el de los logros, y en especial la interacción entre unos y otros.

Ahora nos hallamos ante un acontecimiento electoral que concierne a las instituciones del Estado revolucionario y no al Partido, aunque sin duda se hace inseparable aludir esa relación de poder para proyectarnos hacia la democracia plena que, dicho sea más allá de la ideología, solo el socialismo podrá alcanzar.

Comienzo por el hecho de que la relación entre Partido y Estado no es –no lo considero– un tema teóricamente resuelto en el marxismo (lo es, eso sí, el de la necesidad del partido para revolucionar a fondo la sociedad capitalista). Recuerdo que en los sesenta un estudioso británico marxista distinguía tres connotaciones en el uso del concepto de partido en Marx[2]. Es algo que ganó precisión en sus sucesores, en un contexto polémico, en el cual se destacan los aportes de Kautsky, Plejanov, Rosa Luxemburgo, Trotsky y, sobre todo de Lenin, de quien recibimos la noción más elaborada y acertada del concepto como vanguardia del proletariado, como la organización de avanzada, la intelligentsia de la clase social responsabilizada con la tarea histórica de cohesionar las fuerzas para realizar el cambio revolucionario. Primero desde la oposición, para llegar al poder, para conducir después desde el poder la formación de una nueva sociedad, socialista por el rumbo, de transición, atenidos a las condiciones históricas concretas. Los aportes más importantes que le siguieron, como el de Antonio Gramsci, no salieron de Moscú.

Lenin lideró brillantemente la primera etapa, la de la integración y proyección de esa fuerza de vanguardia en Rusia, pero su muerte cortó en pocos años la posibilidad de conducir la sociedad con esa visión, una vez en el poder[3]. Como sabemos, le siguió una historia sumamente accidentada, paradójica, cargada de glorias incuestionables, pero también deformaciones inusitadas, que vaciaron de sentido al poder proletario original. Historia que distanció al partido de la sociedad. En Cuba, sin partir del antecedente marxista, José Martí se planteaba en la misma época de Lenin la necesidad de un partido para dirigir la lucha por la independencia y para formar la República, pero en su caso ni siquiera pudo liderar el camino al poder, y quienes le sucedieron dejaron que se liquidara el Partido Revolucionario Cubano, con el cual él había logrado trazar el camino de la lucha. Y ya sin el partido de Martí, se acomodaron a una república claudicante, en un coloniaje de nuevo tipo.

Me explico de manera sumamente esquemática porque no es el lugar para extenderme; lo hago solo para poder afirmar que el legado posleniniano no dejó una experiencia de vanguardia partidaria coherente y fiable, y de Martí lo que nos pudo llegar es un compendio de valiosas advertencias que permitieron su rescate por los “moncadistas”.

Lo cierto es que la vanguardia bolchevique no devino en el largo plazo la fuerza capaz de retener, con reformas seguras, un proyecto socialista que, a pesar de sus defectos, había elevado al país más atrasado del capitalismo de principios de siglo al nivel de segunda potencia mundial. No voy a discutir ahora sobre la “crisis del sistema” y sus causas. Solo quiero consignar que, a pesar de los logros, el PCUS de los años ochenta ya tenía torcido el sentido del bolchevismo del 17. Sin menoscabo de virtudes ejemplares de aquella militancia, que aun se manifiestan como recuerdo y como legado.

Dicho esto, cambio de escenario. En Cuba el socialismo real (no el que requiere ser entrecomillado) se engendró en el asalto al Moncada en 1953, con la participación de 113 militantes de la izquierda del partido llamado ortodoxo (PPC), cercanos a Fidel, 3 procedentes del “autenticismo” (PRC), y 2 del socialista (PSP)[4] que es de suponer incurrían con ello en un acto de indisciplina. Raúl Castro era uno, como sabemos. Venían del partido que creó Chibás el 71% de los hombres que aquella mañana hicieron nacer algo totalmente distinto, llamado a hacer naufragar la vieja República, criminal y corrupta, con su sistema de instituciones.

La Revolución cubana liderada por Fidel no monopolizó el poder para su movimiento, sino que articuló el partido llamado a dirigir la formación de la nueva sociedad a partir de la integración de las tres fuerzas que terminaron contribuyendo inequívocamente al cambio al que la victoria daba lugar. Con mecanismos para crecer y madurar como partido en una sociedad nueva, en restructuración. Se organizó como “partido unido”, no como partido único. El signo de su unidad fue el de la inclusión, no el de la exclusión, y quedó ratificado en 1965, cuando se constituyó ya bajo el nombre de Partido Comunista de Cuba. Combinó desde temprano, como exigencia de militancia, principios de voluntariedad, ejemplaridad ante las masas, selección autónoma, y compromiso de la membresía.

Dada la pérdida de sentido del viejo andamiaje partidario, se hizo evidente desde entonces, que no se trataba de la disyuntiva de optar entre uno o varios partidos, sino de configurar como partido la vanguardia social a partir de una acción integradora. El problema nunca fue el número sino la figura. Un cambio radical de significado de la función partidaria. Impregnar a la política de un sentido inédito. Aclaro que con ello no quiero decir que no pueda construirse socialismo dentro de esquemas pluripartidistas, cosa que nadie ha probado. Pero tampoco es aceptable que la democracia sea la competencia entre partidos electorales por el poder político. De hecho la historia muestra más fracasos que éxitos para consolidar la representación de los intereses de la mayoría desde esquemas electorales pluripartidistas. Esa noción viciada del pluralismo se vuelve un camino verdaderamente escabroso e incierto para los movimientos populares, manipulable por las fuerzas de destrucción. Otro pluralismo democrático es posible.

Intento explicar con esto que, para mí, el paradigma de democracia en Cuba no pasa por una multiplicación de partidos políticos. Sería una ruta artificial –y pienso que fatal– de distanciamiento del proyecto socialista y de enajenación de la soberanía popular.

En la actualidad la experiencia del desarrollo chino ha aportado la posibilidad (y la importancia) de la conducción de una sociedad de mercado con un partido comunista, que mantiene el legado del papel de fuerza de vanguardia, garante de la elevación de las condiciones de vida de la población, paralela a la acumulación de capital. Claro que China es un país enorme, de historia antiquísima y muchas potencialidades, y sus movimientos no están sometidos a la vulnerabilidad que confronta el país pequeño, con solo 120 años de experiencia como Estado nación, de escasos recursos, geográficamente en el traspatio del imperio. Pienso, por ello, que podría ser suicida aplicar ecuaciones que han funcionado allí, y lo cito solo para destacar el ejemplo de un partido que supo apropiarse, en sus condiciones, del legado dejado por los bolcheviques.

En Cuba, durante una primera década, el Estado nacido de la Revolución se condujo sin preocuparse mucho de darse definiciones institucionales para el largo plazo. Recordemos que el I Congreso del PCC no se celebró hasta 1975, que las instituciones del Estado y la Constitución socialista datan de 1976, y de aquel momento la precisión expresa de que el Partido dirige al Estado: “El Partido Comunista de Cuba, dirigente superior de la sociedad y el Estado”[5]. Es una aserción que acepté entonces y sigo aceptándola hoy, pero que creo se resiente de la falta de precisión en cuanto al modo de dirigir. Coloca tácitamente al Partido fuera del Estado, ya que no lo dirige como parte del mismo, con lo cual su incidencia en las decisiones políticas no se regulan constitucionalmente.

Como expresa Valdés Paz, el enunciado constitucional sugiere una equidistancia del Partido respecto de la sociedad y el Estado cuya función es representar a la sociedad frente al Estado y legitimar al Estado ante la sociedad[6].

Después de 1990, con vistas a explorar perfeccionamientos, hemos subrayado a menudo la crítica a la influencia que los esquemas soviéticos tuvieron en nuestras instituciones. No fue la nuestra, sin embargo, una adopción sincrética puesto que el primer quinquenio de los setenta fue de experimentos y elaboraciones que permitieran darle tonos propios al proyecto cubano. El IV Congreso del Partido en 1991 y La Reforma Constitucional de 1992 abonaron, después del derrumbe soviético, un camino de cambios, aunque reconocidos desde entonces como insuficientes, con una promesa de nuevos aportes jurídicos y de otras reformas que siguen pendientes.

Considero posible afirmar que las cuatro décadas de socialismo cubano que siguen al 1975 han consagrado un poder de determinación, al nivel de Buró Político del Comité Central del PCC (de su membresía más que de la colegiatura), sobre las grandes definiciones y decisiones que emanan los órganos superiores del Estado. Se percibe con claridad que en la escala de las provincias la gobernación del Partido resulta aun más explícita: que el Partido dirija bien o mal se traduce incluso como decisivo en los resultados económicos y sociales. Y parecería que en los comités municipales la función partidaria cobra otra forma: principalmente el despliegue de la cadena de transmisión mecánica de orientaciones a la base de la organización. Más que una réplica del ejercicio decisional de la provincia, que deja un radio de decisión muy restringido al alcance de la instancia municipal.

La incongruencia más delicada a que da lugar la poca precisión del modo en que el Partido dirige –no solo al Estado, sino también a su propia base– es, a mi juicio, la que se produce precisamente entre una función de transmisión de orientaciones y la recepción del criterio de la militancia que lo sostiene, que es, sin embargo, la que está en condiciones de expresar de manera directa el pulso de la sociedad, sus urgencias, sus iniciativas, y todo lo demás.

El perfeccionamiento de nuestra democracia socialista tiene que serlo en primer lugar el de nuestra democracia dentro y desde el Partido, debido a la función que le ha sido reconocida a la institucionalidad partidaria en la garantía del rumbo del proyecto económico y social (clave para hacer del “régimen” nuestro algo muy superior al “régimen” de sus críticos). Democracia que estimo habría que perfeccionar, no dejar que se debilite. O que se continúe debilitando a causa de un fatal inmovilismo burocrático, para expresar con claridad mis inquietudes.

No me siento portador de descubrimiento alguno con lo que aquí afirmo. De hecho, parto de documentos que lo demuestran. Se inició con el Llamamiento al IV Congreso del PCC lanzado en 1990[7], y por el camino abierto entonces –a pesar de marcados altibajos– hasta el debate sobre la Conceptualización del Modelo y los Lineamientos. Documentos que responden a esa impronta de democracia, partidaria y general, que reclama el paradigma socialista.

Me he extendido demasiado en el punto pero se me ocurre que la separación de mandos que producirá esta elección propiciará una revisión más profunda de los mecanismos y hasta del contorno institucional de nuestro partido. No solo para los órganos del Estado.

En mi opinión los efectos del cambio que tiene lugar ahora se percibirán progresivamente a medida que se acople la integración de la nueva Asamblea Nacional, y se deben inscribir en las perspectivas abiertas, que en no pocos aspectos han sido paralizadas coyunturalmente. Su primer desafío ahora es posible referirlo como de continuidad –lo he leído así en algunas opiniones de dirigentes– pero solo si hablamos de continuidad en líneas de transformación estructural que ya han sido trazadas. Ello será posible solamente si se logra imponer por vías democráticas, frente a una trabazón burocrática extendida y reforzada desde los mismos organismos centrales. Lamentablemente no siempre se quiere reconocer así, y no se ponderan los peligros que esconden el burocratismo y el inmovilismo.

En la misma disposición de reaccionar a sus preguntas con criterios que me he formado, pienso que nuestras legislaturas debieran contar con más dedicación profesional, con una proyección deliberativa más abierta a la opinión pública, previa a las elaboraciones por sus comisiones especializadas, y no solamente para lecturas y aprobaciones a posteriori. En el corto plazo — si pensamos en la próxima legislatura — resultaría muy provechoso que su participación hiciera más efectivo el sentido crítico y propositivo de los elegidos para representar la panoplia de intereses, necesidades, propuestas y puntos de vista de la población, tan diversificados y tan deficientemente reflejados.

La división de poderes del Estado, significativa en el pensamiento liberal, suele ser puesta en contra de los valores democráticos más elementales, como hoy vemos que sucede en las manipulaciones del poder judicial contra la arrasadora popularidad de Lula da Silva, única variante para poner a Brasil de nuevo en el carril interrumpido por el golpe de estado parlamentario de 2016. Allí conspiraron los dos poderes (legislativo y judicial) confabulados por la oligarquía –el único poder real– contra la democracia. Lo apunto para subrayar la importancia que tiene la unificación de poderes para una democracia socialista. No obstante, si vamos a los orígenes, también hallamos en la base del principio de división de poderes la preocupación –explícita en Montesquieu — de que el parlamentarismo por sí mismo no aseguraba impedir el autoritarismo, y que se volviera a implantar con impunidad la tiranía. A pesar de tal prevención la historia ha mostrado la facilidad con que el significado de esta división puede ser trocado. No obstante, recurro al tema para apreciar que la unificación no debiera impedir que las funciones ejecutivas y las deliberativas, objetivamente diferenciables, se confronten con vistas a la elaboración de la Ley, la toma de decisiones, y la corrección de políticas. De modo que pienso que debiera considerarse la conveniencia de que los miembros de la Administración, en lugar de ocupar asientos como diputados, participaran rindiendo cuentas: en otras palabras, que no sean elegibles por la incompatibilidad de funciones. Y reforzar formalmente así el peso específico de ese potencial democrático que el parlamento ostenta, como la máxima expresión de colegiatura del Estado. La veo como una de las consideraciones a tratar de incluir en una nueva reforma de la Constitución que podría ser pensada, analizada, debatida, por esta legislatura aun si no estuviera en sus manos su solución. Me gustaría descubrir que lo está.

No he mencionado lo más inmediato, que tiene que ver con el papel que corresponderá al próximo mandato en el aseguramiento –jurídico y político ya que la ANPP concentra los poderes del Estado– en hacer funcionar reformas que hagan sostenible la economía cubana. Empezando por lo planteado ya. El debate hoy sobre este tema es muy rico y se supone que nuestros elegidos tengan ese caudal y la capacidad de aprovecharlo de manera racional. Mi esperanza es que la Asamblea que estamos eligiendo ahora traiga una carpeta cargada de propuestas, de ingenio, de audacia y disposición para debatir en aras de asumir una responsabilidad histórica, sin vacilaciones, en cambiar lo que tiene que ser cambiado. Aunque no le toque a ella todo. Sin temor a cometer errores, y dispuesta siempre a corregirlos.

La pregunta no termina aquí, pero mi respuesta sí. Comprendo perfectamente que las organizaciones que constituyen la armazón fundamental de nuestra sociedad civil (las definidas como políticas y de masas) preservan su vigencia, pero también creo que sus funciones tendrán que atemperarse a los cambios. Sus congresos venideros deberán servir para propiciar una comprensión de su realidad presente y acordar, desde su interior, definiciones consecuentes. Sobre la “cultura política cubana del último sexenio” y de los “desafíos que comporta” no me siento en condiciones de ir más allá de lo que pueden inferir de mi respuesta, y que considero coherente con lo que he expuesto en distintos lugares en los últimos años[8].

LT: Aurelio, tras hacerse públicas las listas de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su IX legislatura, se hizo notable la ausencia de tres de los Cinco Héroes de la República de Cuba, esto ha generado un debate que no se ve reflejado en nuestros principales medios de prensa. ¿Qué análisis sobre el funcionamiento reciente de nuestro sistema político –y electoral– le motivan este hecho y sus implicaciones simbólicas?

AA: Pienso, como la mayoría de los cubanos, que la ejemplaridad de la resistencia y la solidez de principios manifestadas por los cinco miembros de la “red Avispa” apresados, procesados y condenados por el poder imperial, signa el significado revolucionario para nuestra identidad nacional (hablo precisamente de cultura política). Porque Fidel y todo el poder revolucionario no demoraron ni dudaron un instante en exaltarlo así, y el pueblo en identificarse con ello, a lo largo de los quince años que duró esa odisea de nuestro tiempo. Su regreso fue celebrado con el júbilo de los grandes momentos. Si al final no quedara otro saldo de aquel entendimiento histórico del 17 de diciembre de 2014 entre los dos Jefes de Estado, el retorno de “Los Cinco”, que además es lo único que Donald Trump no podrá revertir, hizo inolvidable el acontecimiento.

En consecuencia, no puede extrañarle a nadie que la inmensa mayoría de los cubanos esperáramos ver los nombres de los cinco en esta candidatura para la Asamblea Nacional, ni que las familias de los que no fueron escogidos expresen su lógica sorpresa, ni que fluyan muchísimas críticas justas por esta ausencia. Estimo que si la candidatura a diputados se confeccionara a partir de un criterio del dispositivo electoral que reflejara mejor los consensos del sentir popular, lo normal es que se les hiciera partícipe de esa muestra de confianza en una legislatura llamada –como esta — a ostentar una alta dosis de la mezcla de compromiso y audacia que imponen los grandes desafíos.

No es que haya sido una cuestión de falta de justicia, o de reconocimiento personal. A todos ellos les han sido asignadas ahora importantes responsabilidades en la vida civil. Las revoluciones no son como Saturno, que devoraba a sus hijos, como maldecía Lord Acton –o no siempre lo son; deben evitarlo–. Pero pienso que más importante incluso que designarles en cargos relevantes, hubiera sido que Labañino, Tony y René también tuvieran, dentro de esta nueva legislatura, las posibilidades que van a tener Gerardo y Fernando de incidir en los cambios necesarios con su probada coherencia y sus iniciativas.

De todos modos es una decisión que no habría forma de corregir. Las asambleas votadas el 11 de marzo de 2018 están predeterminadas ya en su composición y cualquier modificación que mejore nuestra democracia en los próximos años debe salir de ella. Pero esa arbitraria norma de conformación de candidaturas provinciales y nacionales por una comisión, en apariencia investida con el poder para definir quienes serán los integrantes de la máxima legislatura –el cual, aunque sea solo ese, es demasiado poder si no se acompaña de la opinión del pueblo– se cuenta, a mi juicio, entre los más inminentes puntos a revisar. No pongo en duda la competencia, ni las virtudes y los méritos de los escogidos, sino la naturaleza misma del instrumento por el cual se rige la comisión, que se me hace evidente que debe ser revisado.

Nuestro sistema desterró la posibilidad de hacer de la política una vía de enriquecimiento, y de las elecciones una subasta. Algo imposible en el sistema político que responde al capital. Introdujo un dispositivo de escogencia basada en la “línea de masas” que debe afianzarse en el futuro, y con él la “rendición de cuentas” y la “revocabilidad” de los elegidos. La votación es voluntaria: un derecho como acto político, un deber como valor moral. Nadie es castigado, de ninguna manera, por no asistir a votar. El pueblo, que de ninguna manera es ajeno a la percepción de los defectos que aun muestra nuestro sistema, también es consciente de las virtudes de nuestra democracia, de que es necesario sostenerla y desarrollarla. Y acude masivamente, y vota, no por docilidad, sino porque sabe que es el testimonio de nuestra soberanía como nación, una conquista de la Revolución, y que salir de sus defectos es un asunto que solo a los cubanos concierne.

LT: Casi al final del artículo: “Días históricos, épocas históricas”, escrito por Fernando Martínez Heredia con motivo de la reapertura de la embajada norteamericana en La Habana el 14 de agosto de 2015 se lee: “Eventos internacionales como los del viernes 14 son muy ruidosos y sumamente publicitados, pero lo decisivo para la política internacional de todo Estado son siempre los datos fundamentales de su situación y su política internas. La cuestión realmente principal es si el contenido de la época cubana que se está desplegando en los últimos años será o no posrevolucionario”. ¿Cuáles serían los rasgos de un orden posrevolucionario en Cuba? ¿En qué se fundamentaría?

AA: Recuerdo muy bien ese artículo de Fernando Martínez, sumamente oportuno para rebelarse contra una ilusión de consignar como acontecimiento la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en Cuba, como si eso marcara la expresión efectiva de un cambio de política. En todo caso me parecen más destacadas las declaraciones del 17 de diciembre del 2014, o la abstención estadounidense en la votación contra el bloqueo a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 2016, y sobre todo el retorno de “Los Cinco”, como ya dije. Un campanazo de nuestro amigo Fernando contra los cantos de sirena, al cual el giro de Trump ha dado la razón sin demora. En cuanto al término “posrevolucionario”, creo que lo primero sería que definamos en las concreciones de la práctica su connotación. ¿Es “pos” porque la dejamos atrás, y la damos por liquidada, o usamos el prefijo como signo del equilibrio y el progreso que se supone siga al gran cambio? No me gusta verme entrampado por las palabras. Me cuento, eso sí, entre los convencidos de que no hay opción válida que no sea la de encontrar, paso a paso, error tras error, batalla tras batalla, el camino socialista viable en la realidad cubana, tan compleja a pesar de ocupar un espacio tan pequeño en el mundo.

Continuará…

Notas:
[1] Aurelio Alonso Tejada (1939- ). Destacado sociólogo y filósofo cubano. Fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana (1963–1971) y de la revista Pensamiento Crítico (1967–1971). Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, 2013. Desde 2006 se desempeña como Subdirector de la revista Casa de las Américas.
[2] Ver Johnstone, Monty (1967): “Marx, Engels y el concepto del Partido”, en revista Pensamiento crítico, №21, Noviembre de 1968, pp.143–176.
[3] Ver Los bolcheviques y la Revolución de Octubre. Actas del Comité Central del Partido Socialdemócrata Ruso (bolchevique), Instituto del Libro, La Habana, 1967, para una constatación del espíritu democrático que prevalecía en la dirección del partido de Lenin.
[4] Ver Mencía, Mario (2013): El Moncada. La respuesta necesaria (edición ampliada y modificada), Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, pp. 503–515.
[5] Ver Constitución de la República de Cuba, artículo 5.
[6] Ver Valdés Paz, Juan (2018): La evolución del poder en la Revolución Cubana, Fundación Rosa Luxemburgo, Ciudad de México.
[8] Ver Alonso, Aurelio (2012): “Cuba 2012: los desafíos”, conferencia inaugural del III Encuentro de crítica e investigación joven “Pensamos Cuba”, convocado por la Asociación Hermanos Saíz, 9 de marzo de 2012, La Habana, publicada como folleto y circulado por la AHS.