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sábado, 26 de agosto de 2017

EL CAMBIO SOCIAL EN UN PAÍS DE AUTO-EMPLEADOS Y MICROEMPRESAS DE SOBREVIVENCIA




25/08/2017

Hace casi un siglo, José Carlos Mariátegui señalaba que el mérito excepcional de Marx era haber descubierto al proletariado[1]. Asimismo, indicaba que la conciencia y los vínculos de solidaridad entre los obreros surgían espontáneamente en la fábrica y, especialmente, en el sindicato. A más de un cuarto de siglo de la implantación del modelo económico neoliberal en el Perú, conviene analizar la situación de la gente desde el punto de vista económico, de su ubicación en el aparato productivo nacional, de sus niveles de productividad e ingresos, de sus derechos laborales, entre otros aspectos.

Según el INEI, la fuerza laboral del país presenta los siguientes rasgos[2]:

1. El 73% de la población ocupada es informal.

2. El 94% de los trabajadores sin educación o sólo con educación primaria, son informales. Lo mismo sucede con el 80% de los trabajadores con educación secundaria, el 53% de aquellos con educación superior no universitaria, y el 38% de los que tienen educación universitaria.
 
3. De los trabajadores auto-empleados y en microempresa (2 a 10 trabajadores), incluyendo trabajadores familiares no remunerados, el 90% son informales. Esta cifra desciende a 56% en el caso de las pequeñas y medianas empresas (11 a 100 trabajadores), y a 24% en la gran empresa (más de 100 trabajadores).
 
4. El 97% de los trabajadores del primer quintil de ingresos (el más pobre) es informal. Algo similar sucede con el 89% de los trabajadores del segundo quintil, el 77% del tercero, el 66% del cuarto, y el 44% del quinto quintil (el más rico).

Estas cifras ratifican la existencia del síndrome de precariedad laboral descrito en un artículo anterior[3]: siete de cada diez trabajadores son informales, la informalidad incide más en los trabajadores con menor grado de instrucción (y menor productividad), en trabajadores ocupados en unidades productivas de menor tamaño, y en los trabajadores de menores ingresos (pobres y vulnerables). De este modo, existiría un círculo vicioso baja productividad – bajos ingresos – pobreza y vulnerabilidad – auto-empleo y micro empresa – informalidad, donde estaría atrapado el 70% de trabajadores ocupados del país.

Ante este panorama, el reto para construir una sociedad justa, solidaria y próspera es enorme: cómo organizar políticamente lo que está socialmente desorganizado. Y es que el neoliberalismo no es sólo una trama económica para restituir la tasa de ganancia del capital, redefinir el rol del Estado en la economía y reinsertar al Perú en la globalización neoliberal en función de intereses transnacionales. También es una trama política, cuyo objetivo es la disolución del sujeto social del cambio en el país: los trabajadores organizados. Y una trama ideológica, que consagra el individualismo extremo, el consumismo exacerbado, y el “exitismo” (a más dinero, mayor éxito), en desmedro de valores tales como la cooperación, la solidaridad y el bien común.

Con siete de cada diez trabajadores ocupados en la economía de sobrevivencia del auto-empleo, la microempresa y el trabajo familiar no remunerado, ¿Qué tipo de sociedad se puede plantear? En este contexto, el cambio social en favor de las mayorías sin duda demandará un enorme esfuerzo y creatividad.

Algunas pistas sobre cómo enfrentar semejante reto ya se dieron durante la última campaña electoral. El punto más importante, en términos de la gente en su calidad de trabajadores y trabajadoras, es el de la diversificación productiva. Ésta es indispensable para acelerar el crecimiento económico de manera sostenible, y dejar de depender de las exportaciones de materias primas y de los precios internacionales de los minerales. La diversificación (y sofisticación) productiva comprende varios aspectos:

1. El desarrollo de nuevas actividades productivas más intensivas en trabajo, con mayor incorporación de conocimiento, tecnología e innovación, y con mayores encadenamientos productivos con otras actividades de la economía nacional.
 
2. El crecimiento en número y tamaño de las pequeñas y medianas empresas de modo que puedan absorber a los trabajadores auto-empleados y de microempresa de sobrevivencia.
 
3. Elevar la productividad laboral, sobre todo en las actividades de agricultura, comercio y servicios sociales y personales (que incluye las actividades turísticas).
 
4. Desarrollar el mercado interno e integrar los mercados regionales y locales como primera fuente de demanda para las nuevas actividades, las mayores pequeñas y medianas empresas, la manufactura, el agro, el comercio y los servicios.

Pero esto podría implementarse mediante una agresiva política industrial desde el Gobierno. Mientras, la tarea parece ser fomentar la libre asociación de los pequeños productores del campo y la ciudad en cooperativas o unidades productivas asociativas o comunitarias. Un ejemplo exitoso de esta forma de producción lo constituyen las cooperativas cafetaleras de Cusco, Junín, San Martín, entre otras regiones. En la actualidad, el café constituye la principal exportación agrícola del país, por encima de la uva, la palta, el espárrago, el arándano y el mango. Esto muestra que es indispensable la asociación para incrementar la productividad. En ausencia de fábricas y sindicatos, es de esperar que la conciencia y la solidaridad entre los trabajadores surjan en las cooperativas y las asociaciones de pequeños productores.

Notas

[1] J. C. Mariátegui (1987). Defensa del Marxismo. Polémica Revolucionaria. Decimotercera edición. Lima: Biblioteca Amauta.

[2] INEI (2016). Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2004-2015. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Julio.

[3] “Diez patologías y un síndrome de la economía peruana a 25 años de la implantación del modelo neoliberal” (goo.gl/SjcBdx).

Fuente:





miércoles, 3 de julio de 2013

¡¡¡NO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL… LA LUCHA CONTINUA!!!


Por Omar MENESES

EL PERU NO ES UNA ISLA

El Perú no es una isla, es un país inserto en el Sistema Capitalista Mundial. Con la Globalización de la Economía todos y cada uno de sus aspectos económicos están en concordancia con el dictado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), organismos financieros norteamericanos utilizados por el Imperialismo yanqui para sojuzgar a otros pueblos y países.

LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA INTERNACIONAL

Recordemos que con la actual Crisis Financiera Internacional que estalló desde el año 2007 y que llevó a la quiebra al Banco Lehman Brothers, los gobiernos capitalistas introdujeron una nueva modalidad de explotación mundial: por un lado otorgar inmensas cantidades de dinero público a los Bancos y Empresas Transnacionales para salvar su opulencia; y por otro lado, cargar el peso de la crisis económico-financiera internacional en los hombros de los Trabajadores a quienes se les recortó derechos y beneficios, aumentando la Jornada Laboral, incrementando la edad de Jubilación, extendiendo el tiempo de aportaciones para la pensión de cesantía, recortando los servicios de salud y educación, recortando el período de Vacaciones a 15 días de descanso físico, y sobre todo, criminalizando la protesta popular por cualquier reclamo que se realice.

Con la crisis económico-financiera internacional se ha generado un inmenso ejército de desocupados en todos los países del sistema capitalista, algunos de ellos con tasas de desempleo que van hasta el 20% de la PEA, principalmente mano de obra calificada y que ahora buscan espacios donde lograr un puesto de trabajo.

Por ello durante el segundo gobierno aprista (2006-2011) se firmó el TLC con EEUU, y se adecuó la legislación peruana para su entrada en vigencia, creándose la Autoridad del Servicio Civil (D.L. 1023), el Cuerpo de Gerentes Públicos (D.L. 1024), el Contrato Administrativo de Servicios-CAS (D.L. 1057), entre otras medidas complacientes con los intereses económicos yanquis.

EL CONSENSO DE WASHINGTON (1990) Y LA PRIVATIZACION DE LOS RECURSOS NATURALES NACIONALES

En los años de la confrontación Capitalismo-Socialismo, los organismos financieros yanquis propusieron 10 puntos que pasaron a la celebridad como “El Consenso de Washington”:

1.     Disciplina presupuestaria
2.     Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas como subsidios (especialmente subsidios indiscriminados).
3.     Reforma Impositiva.
4.      Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés.
5.     Un tipo de cambio de la moneda competitivo.
6.     Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras).
7.     Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas.
8.     Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales).
9.     Desregulación de los mercados
10.           Protección de la propiedad privada.

Cuando se experimentaron grandes cambios tras la caída del Muro de Berlín (1989), la desaparición del Socialismo Realmente Existente en los países de Europa del Este, y la Implosión de la ex URSS (1992), la arremetida feroz del Neoliberalismo trajo el vendaval de acciones en beneficio de las Grandes Empresas Transnacionales y de la Banca Privada.

DESREGULACION LABORAL Y FLEXIBILIZACION EN EL TRABAJO EN EL PERU

En nuestro país el proselitismo del gobierno de turno siempre ha sido el mismo: generar espacios laborales para introducir a los acólitos y partidarios.

Así durante el gobierno del dictador Fujimori (1990-2000), al amparo de la arremetida internacional del Neoliberalismo se despidió a más de 1 millón de trabajadores (a algunos les ofrecieron "incentivos", y los que no aceptaron igual fueron despedidos), pero echaron a la calle a trabajadores con Derechos Laborales y los espacios que dejaron estos despedidos fueron ocupados por trabajadores sin derechos ni nada, y se les llamó "Servicios No Personales" porque se les pagaba con la Partida Presupuestal  03 Servicios a cambio que el trabajador entregue su Recibo por Honorarios Profesionales. También en aquella ocasión se dijo que era impostergable "modernizar" el Estado para que sea "eficiente".

CON LA CONSIGNA DE APROBACION “AL CABALLAZO”

Tal como anunciábamos en anteriores y diversos pronunciamientos, el actual gobierno nacionalista aprobó hoy martes 02 de Julio de 2013“al caballazo” el Proyecto de Ley del Servicio Civil. Las maniobras y triquiñuelas con las cuales se logró esta votación son refritos que se suceden gobierno tras gobierno, pues las Clases Dominantes son quienes dirigen la economía y sus órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones por los administradores de turno del gobierno central.

No podía ser de otra forma porque Ollanta Humala ha caracterizado a su gobierno como un “eficiente” guardián del llamado “crecimiento económico”, que sólo gozan las grandes empresas Transnacionales con las exportaciones de nuestras materias primas sin Valor agregado, y con la exoneración del pago de impuestos.

Las controversias dentro del congreso se sucedieron en un festín de trámites, uno de cuyos aspectos fue la elaboración de varios dictámenes sobre el Proyecto de Ley. Al parlamentario Yonhy Lescano de la Comisión de Trabajo del Congreso le correspondió el dictamen del cual algunas centrales sindicales asumieron como propias con las limitaciones del caso. En el pleno del congreso de la semana pasada este dictamen fue debatido en primer lugar para luego ser rechazado por 54 votos en contra y 48 votos a favor.

Quedaba entonces servida la mesa para el festín: el dictamen de la Comisión de Presupuesto del Congreso que No recoge la opinión de las Centrales Sindicales, que pone frenos a los Derechos Laborales de los Trabajadores, que promueve insidiosamente la Evaluaciones para despedir a los Trabajadores que “no califiquen”, que desconoce el Derecho a Huelga, a Negociación Colectiva y Aumento de Sueldos y Salarios, y que plantea la sustitución del concepto de Remuneración por el de “compensación económica”. Se aprobó esta lesiva norma por 58 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones.

¡¡¡NO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL… LA LUCHA CONTINUA!!!

Ahora que la suerte está echada le corresponde al movimiento sindical del país emprender la heroica lucha por Defender los Derechos Laborales conquistados con sangre, sudor y lágrimas.

Por eso, levantamos el brazo con el puño cerrado y agitamos las consigndas:

¡¡¡ NO A LA DESREGULACION LABORAL NI A LA FLEXIBILIZACION EN EL TRABAJO CONTINUACION DEL FUJIMORATO!!!
¡¡¡ NO A LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS QUE DEBE BRINDAR EL ESTADO!!!
¡¡¡NO A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL!!!
¡¡¡NO AL DESPIDO DE TRABAJADORES CON EVALUACIONES AMAÑADAS!!!
¡¡¡NO A PROSELITISMO CON LAS PLAZAS DE LOS DESPEDIDOS POR PARTE DEL GOBERNO DE TURNO!!
¡¡¡NO A LA CONCULCACION DE LOS DERECHOS LABORALES CONQUISTADOS CON LUCHAS!!!!
¡¡¡ SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!!!
¡¡¡ UNIDOS VENCEREMOS!!!

Omar’2013
02-julio-2013
LIMA-PERU


martes, 2 de julio de 2013

EL RÉGIMEN LABORAL EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.





Por Jorge Rendón Vásquez

Un día de comienzos de agosto de 2002, un antiguo alumno de la Universidad de San Marcos me llamó por teléfono. Era congresista de la República y me pidió hablar personalmente conmigo. Lo recibí en mi casa dos días después. Lo habían nombrado presidente de la Comisión de Trabajo y quería que lo acompañara como asesor de ésta.

Acepté, con la incierta esperanza de hacer algo por los trabajadores y la condición de no ser presionado.

De entrada, me llamó la atención en el Congreso el estilo del trato, que iba desde la cortesanía más genuflexa y ruin hasta las sonrisas prefabricadas y las farisaicas palmaditas en la espalda. Un mundo de gente desfilaba por las oficinas de los representantes, sus asesores y secretarias en pos de alguna ley, prebenda o favor. Algunos de esos viandantes se hallaban casi aposentados en las oficinas de ciertos congresistas, como gestores de lobbys empresariales y de familias oligárquicas.

En la Comisión de Trabajo hallé poco de qué ocuparme. Las grandes faenas contra los trabajadores se habían realizado en la década del noventa y ningún representante tenía interés en revertir su resultado. El principal teatro de operaciones en este campo era el Consejo Nacional de Trabajo, donde los delegados de las centrales sindicales cooperaban a conciencia entreteniéndose con el señuelo de una Ley General del Trabajo que por arte de birlibirloque —los habían convencido— restituiría a los asalariados lo que les habían quitado.

Hacia el mes de octubre el Ministro de Trabajo, un ex marxista convertido en convicto neoliberal, remitió al Congreso un proyecto modificatorio de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, atendiendo a los requerimientos de la OIT que hacían poner colorados a los delegados peruanos en la Conferencia anual de esta entidad en Ginebra. No significaba mucho y por eso lo enviaba. Lo corregí y le agregué dos artículos imprescindibles: uno por el cual los convenios colectivos no caducarían al año, como disponía la Ley fujimorista; y otro por el que se admitirían las negociaciones colectivas por rama de actividad, suprimida por esa ley. El Ministro de Trabajo montó en cólera y movió cielo y tierra para eliminar esas adiciones. Finalmente, el pleno del Congreso aprobó el proyecto, incluyendo sólo la abolición de la caducidad anual de los convenios colectivos, gracias a una extraordinaria gambeta convertida en gol de media cancha.

En noviembre, el Ministro de Trabajo remitió otro proyecto sobre las micro y pequeñas empresas. Lo revisé: era una colección de rimbombantes declaraciones de apoyo a esas empresas: el Estado promoverá, estimulará, apoyará, etc. Nada en concreto. Me fijé en el régimen laboral. Y allí apareció su razón de ser.

En las microempresas, que podían tener de uno a diez trabajadores, éstos percibirían una remuneración mínima menor a la general, no gozarían de la sobretasa del 35% por trabajo nocturno, ni de los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, y recibirían sólo la mitad de los derechos de los demás trabajadores: quince días de vacaciones al año, una compensación por tiempo de servicios de quince días por año y quince días de indemnización por año de trabajo en caso de despido injustificado. Se declaraba que este régimen diminuto estaba destinado a fomentar la formalización de las microempresas y que duraría cinco años.

De plano lo observé, y casi convencí a los delegados de las microempresas, que se reunieron en un gran salón del Congreso, de que reducirles los ingresos a sus trabajadores resultaría contraproducente y que, mejorando la productividad y la calidad, podrían ganar mucho más.

Advirtiendo que su proyecto estaba siendo reducido a escombros, el Ministro de Trabajo replicó con una ofensiva personal para sacarme del cargo. El Presidente del Congreso, un médico ultraderechista, conminó a mi ex alumno, su correligionario, para que me despidiera. Pero éste no lo hizo. Conversó conmigo y, tras referirme los entretelones de la trama, me dijo que me retendría. Cuando en cualquier administración le sucede esto al personal de confianza, la relación se quiebra como un vaso de vidrio. Renuncié. Estábamos a fines de diciembre. Lo único que pude lograr con ese proyecto fue la supresión de las remuneraciones mínimas inferiores a la general.

La Ley de las micro y pequeñas empresas sólo pudo ser aprobada el 3 de junio de 2003 y promulgada el 2 de julio siguiente, el último día para hacerlo (Ley 28015).

Pero allí no terminó esta historia.

El 19 de julio de 2006, casi a punto de concluir su período constitucional, los congresistas de todas las bancadas prorrogaron la vigencia de la Ley 28015 a diez años, lo que quería decir que duraría hasta el 3 de julio de 2013 (Ley 28851).

A sus mentores no les pareció suficiente.

Utilizando indebidamente una autorización para legislar sobre el Acuerdo de Promoción Comercial del Perú con Estados Unidos (Ley 29157), el gobierno de Alan García expidió el Decreto Legislativo 1086, el 27 de junio de 2008, modificando en tres aspectos fundamentales la Ley de las micro y pequeñas empresas: 1) amplió de 50 a 100 el número de trabajadores de las pequeñas empresas (un 30% más del total de trabajadores dependientes); 2) extendió el régimen laboral de las microempresas a las pequeñas empresas; y 3) hizo permanente a este régimen.

Con este decreto, el Partido Aprista, con la anuencia de los partidos representados en el Congreso, arrolló las reglas admitidas sobre las pymes (Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países, en los que las microempresas hacen más del 90% de las empresas). En todos, las microempresas tienen de 1 a 10 trabajadores; las pequeñas, de 11 a 50; las medianas, de 51 a 250; y las grandes, más de 250, y en ninguno los regímenes laboral y tributario de las micro y pequeñas empresas son menores que los generales para evitar el dumping social. La utilidad de diferenciarlas es conferirles ciertas ayudas estatales y acceso a fondos especiales.

Desde que el neoliberal Hernando de Soto (El otro Sendero, 1986), siguiendo las directivas del Banco Mundial, propugnara hacer minicapitalistas a los campesinos, los inmigrantes del campo a la ciudad y cuanto trabajador quedase desempleado, de ser posible formalizándolos, en concordancia con el desarrollo de un capitalismo supervoraz, la línea de la economía y la política en nuestro país se orienta hacia esa finalidad que, como un dogma, acatan los gobiernos desde entonces.

Desde los puntos de vista social, jurídico y moral es inadmisible que trabajadores que ejecutan, en la práctica, labores similares, perciban ingresos tasados diferentes en función del tamaño de las empresas a las que prestan servicios. El desgaste de la energía laboral se mide, en primer término, por la duración de la jornada y la semana de trabajo. A tiempos iguales de trabajo, las remuneraciones y otras compensaciones deben ser iguales. La Declaración de Derechos Humanos, prevalente sobre la ley en nuestro país, dispone: “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” (art. 23º-2). Las menores cantidades pagadas a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas con respecto a las demás —una forma de discriminación— constituyen una exacción a favor del capital, una suerte de exorbitante acumulación primaria, posibilitada por la inexistencia de organizaciones defensivas de esos trabajadores y el desinterés de las centrales sindicales.

Si los políticos a cargo del Poder Legislativo (la mayor parte de los cuales parecen cortados por la misma tijera) quieren promover la formalización de las microempresas deberían reducirles la tasa del IGV y darles otras facilidades: crediticias, de formación profesional, administrativas, de comercialización, etc., como lo propuse cuando era asesor de la Comisión de Trabajo. El resultado sería que un número mayor de estas empresas aumentarían su productividad, tributarían regularmente y la capacidad de compra de sus trabajadores se incrementaría.

Una pregunta final: ¿hasta cuándo los opulentos trabajadores tendrán que subsidiar con su trabajo a los pobrecitos capitalistas?

(1/7/2013)