Papeles de relaciones ecosociales y cambio global
11-06-2015
Licenciado
en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Málaga. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la
Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Economía por la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro de la Fundación Europa de los Ciudadanos (IU).
***
-Me gustaría
peguntarte en torno a un artículo que ha publicado recientemente en eldiario.es
y en otras páginas de la red. Recuerdo el título: “Trabajo garantizado: que
no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo”. ¿Qué debemos entender por
“trabajo garantizado”? El empleo garantizado, señala usted, parte de la premisa
de que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades y de que mucho
trabajo que ya se realiza no es remunerado. ¿Nos da un ejemplo de lo primero?
¿Y de lo segundo?
-Ejemplos de
lo primero: aumento y mejora de servicios públicos sanitarios, educativos,
recreativos, artísticos, culturales, etc; rehabilitación de edificios para
optimizar la eficiencia energética; servicios de reutilización, reparación y
reciclaje de materiales; cuidado de la fauna, la flora y el medio; rehabilitación
de la infraestructura urbana…
Ejemplos de
lo segundo: cuidado voluntario de enfermos, adultos dependientes y niños en el
hogar, apoyo psicológico y académico, protección a minorías discriminadas,
personas sin hogar, en exclusión social…
-La medida
que defiende, señala usted mismo, fue propuesta originalmente por Hyman Minsky
en los años 80. ¿Nos hace una breve presentación de este economista
usamericano? ¿Era algún radical marxista?
-La obra de
Hyman Misnky suele recogerse dentro de la teoría postkeynesiana, que a su vez
se nutre de fundamentos teóricos del marxismo y del keynesianismo. Fue el primer
autor que elaboró (en los años 60 y 70) una sólida y robusta teoría económica
sobre la fragilidad financiera, señalando que la propia dinámica de las
finanzas desreguladas conducen inevitablemente a crisis financieras. Concebía
la actuación del sector público como necesaria para mitigar las enormes
desigualdades económicas y sociales que genera el sistema económico
capitalista.
-La
propuesta de trabajo o empleo garantizado (EG) es simple en su opinión. Su
propuesta: “el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo
remunerado (con condiciones laborales dignas) a cualquier persona que no haya
podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público
tradicional, y que esté preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad”. Le
pregunto sobre su definición. ¿Está proponiendo una alternativa realista o es una
ensoñación utópica para, sabiendo su imposibilidad, avanzar un poquito en esa
dirección?
-Propongo
una alternativa absolutamente realista y viable. Se encontrará con muchas
dificultades y mostrará muchas imperfecciones que habrán de ser superadas y mejoradas
a medida que transcurra el tiempo, pero eso no quita que la medida sea
perfectamente factible en su concepción. Otorgar un puesto de trabajo a todo
aquel que lo desee es una cuestión política, no técnica, y como tal, es
absolutamente realizable. En el pasado encontramos muchas experiencias en las
que así sucedió, e incluso en el presente hay aventuras similares: por ejemplo,
en Japón el derecho al trabajo se considera prácticamente sagrado, y a pesar de
ser la economía más robotizada del planeta es una de las que menores tasas de
desempleo presentan. Esto es así porque existe un pacto social para “inventar”
puestos de trabajo que a priori parecerían no tener sentido (como el de ayudar
a introducir en una bolsa la compra en un supermercado). La diferencia es que
en Japón los empleos creados se suelen orientar en beneficio de las empresas
privadas, y no es eso lo que se pretende con un Trabajo Garantizado.
-¿Un estado
que garantice puestos de trabajo remunerados? ¿Esto no es una forma de
socialismo a la antigua usanza? ¿Está pensando en las viejas sociedades del
llamado socialismo real?
-No. En un
sistema socialista el sector público acapara la inmensa mayoría de la actividad
económica y por lo tanto garantiza casi todos los puestos de trabajo. Con un
Trabajo Garantizado sólo se le garantiza el empleo a todo aquella persona que
no haya podido encontrar uno en el sector privado o en el sector público
tradicional. Se trata de que el Estado actúe como empleador de último recurso,
que garantice puestos de trabajo sólo en el caso de que haya personas que
necesiten y quieran trabajar y no lo encuentren por los cauces tradicionales.
-¿Cuándo
unas condiciones laborales son dignas?
Cuando se
ajustan a la legislación aprobada en materia laboral. Estamos hablando de
respetar la jornada laboral pactada, trabajar en un ambiente seguro y
agradable, con derecho a prestaciones por enfermedad, vacaciones, desempleo,
jubilación, etc.
-Habla usted
de cualquier persona, ¿sea o no ciudadano español?
-Para
acogerse a los empleos del Trabajo Garantizado es necesario ser residente
español.
-El sector
privado al que usted se refiere, ¿incluye el mundo del cooperativismo, de la
economía social?
-Sí, el
sector privado es todo aquello que no es sector público.
-Que la
persona, afirma, esté preparada, capacitada y dispuesta a trabajar dice usted.
¿Y si su preparación no es muy elevada pero está dispuesta y tiene necesidad de
trabajo?
-Todo el
mundo podría optar a un puesto de trabajo. La formación no importa porque hay
mucho trabajo que hacer que no requiere apenas cualificación (cuidado de
espacios, reforestación de bosques, retirada de residuos, rehabilitación de
infraestructura urbana, etc). De todas formas, el Trabajo Garantizado incluye
programas de formación profesional para todas aquellas personas que la
necesiten para acceder a un puesto determinado.
-Afirma
usted que no importa, que no debería importar su experiencia profesional, su
cualificación, sexo, renta o edad. ¿No habría un mínimo y un máximo de edad para
este tipo de trabajos?
-Sí, por
supuesto, la que establece la legislación vigente: de 16 a 65 años. Me has
tomado la palabra en esa frase; me refería a que el Trabajo Garantizado no se
orienta hacia un grupo de edad en concreto (jóvenes, mayores de 50 años, etc)
como ocurre en otros programas de empleo.
-En cuanto a
la renta, ¿no habría prioridades para las personas que careciesen de cualquier
renta?
-No con un
Trabajo Garantizado implementado al 100%. Es decir, la aplicación de la medida
no es instantánea; si queremos hacerlo bien (observando errores y
corrigiéndolos, mejorando determinados elementos, etc) debería hacerse de forma
progresiva. Pienso que crear un millón de puestos de trabajo cada año hasta que
no haya ningún parado involuntario es un buen ritmo (en Argentina en el año
2005 se crearon dos millones de empleos públicos en sólo tres meses). En este
caso, en los primeros años sí se debería priorizar a las personas que no tienen
ningún ingreso. Pero una vez se lograse el pleno empleo ya no habría ninguna
prioridad en función de la renta: todo el mundo tendría derecho a trabajar de
forma remunerada.
-Si es el
Estado quien debe garantizar esos puestos de trabajo, ¿no puede haber problemas
de clientelismo, o incluso de corruptelas, de pagos a funcionarios encargados
para encontrar mejor trabajo?
-El Estado
es el que financia el Trabajo Garantizado, pero los que lo gestionan son los
ayuntamientos en colaboración con la sociedad civil. Por la vía de la
financiación no puede haber corrupción porque cada participante recibe un
número de Seguridad Social asociado a una cuenta bancaria, de forma que cuando
realice el trabajo el Estado inyectará la cantidad correspondiente en la cuenta
bancaria, sin intermediarios que puedan beneficiarse. Por la vía de la gestión
podría haber incentivos para intervenir interesadamente en el reparto de los
puestos de trabajo porque algunos son más agradables que otros (aunque nunca
para dar un puesto de trabajo a unos y no a otros porque todo el mundo tiene
garantizado un empleo). Para evitar este tipo de favoritismos hay que hacer lo
más participativo y transparente posible el reparto, así como diseñar
mecanismos efectivos de control, supervisión y de sanción.
-“Es
profundamente absurdo y contraproducente”, afirma usted, en términos económicos
y sociales, “que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar
mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente
no estén cubiertas”. ¿Debemos leer este paso como una crítica a la propuesta de
renta básica?
-En parte
sí, pero no únicamente. La crítica también se aplica a la situación actual en
la cual no tenemos renta básica universal pero sí cinco millones y medio de
personas dispuestas y preparadas para trabajar pero paradaas mientras hay mucho
trabajo por hacer.
-En la
actualidad, señala, “necesitamos que cuiden de nuestros mayores, adultos
dependientes, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que haya apoyo
psicológico y educativo, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden y
reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos, que se
habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente, que se
realicen servicios de reparación, reutilización y reciclaje, que aumenten los
servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras
urbanas de muchos barrios de nuestras localidades, que aumenten y mejoren los
servicios sanitarios y educativos, que se defienda a los grupos discriminados y
a los más vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de
energía renovable, etc…”. ¿Y todo esto no se hace parte? ¿En qué ámbitos
deberíamos empezar desde cero?
-Se hace
parte, pero la inmensa mayoría de esos servicios son insuficientes, por lo que
necesitamos incrementarlos (amén cuando en los últimos años se han recortado
muchos puestos de trabajo en servicios públicos de sanidad, educación y otros).
Hay que empezar de cero sobretodo en las actividades relacionadas con la
ecología. Por ejemplo, cuando se nos estropea un aparato electrónico nos sale
más barato comprar uno nuevo que mandarlo a reparar. Si tuviésemos servicios
públicos de reparación de productos no nos veríamos obligados a comprar nuevas
unidades y alimentar la maquinaria del consumismo-producción, aliviando
parcialmente el coste medioambiental. Lo mismo con servicios de reutilización
(lo que ya no me sirve a mí quizás sí le sirva a otra persona), de reciclaje,
de habilitación de edificios para optimizar el rendimiento energético, etc.
-De nuevo le
cito: “Hay necesidades, y todo economista sabe que donde hay necesidades hay
economía, hay puestos de trabajo y generación de renta. La economía es la
herramienta que nos permite vivir mejor, ser más felices”. Es la primera vez
que leo una cosa así en boca o escrito de un economista. ¿Eso es la economía
para usted? Pues, sinceramente, sin ánimo de ofenderle, no le veo muy puesto en
asuntos de la tradición de la economía ortodoxa. Si alguien sostiene una cosa
así en la facultad de economía de la UPF de Mas-Colell y Xavier Sala i Martín
le corren a boinazos.
-En efecto,
eso es la economía para mí y lo que debería ser para todo aquel que sienta que
está en este mundo para vivir feliz y no para generar beneficios empresariales
sin ton ni son y sin respeto por las personas y por la naturaleza.
-Se trata,
afirma usted en su escrito, de reforzar las actividades económicas y sociales
que hoy día son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales,
deportivas, generación de energía renovable, etc...); de crear nuevas actividades
(sobre todo ecológicas) y de remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de
cuidados domésticos y otros trabajos hoy día voluntarios repartiendo esas
actividades de forma solidaria entre la comunidad. Esta usted hablando, si no
me equivoco, de reforzar el Estado de bienestar, de abonar la orientación
ecológica de la economía y de reconsiderar la perspectiva desde la que
contemplamos los trabajos domésticos y de cuidados de personas vulnerables. ¿Es
eso? Está hablando usted, pues, de impulsar otro tipo de economía, social,
ecológica y humanista. ¿Cómo va ser eso posible políticamente? ¿Qué fuerzas
podrían acompañarle en sus propuestas?
-Así es.
Muchas fuerzas se alinean en la consecución de este noble objetivo. La primera
y seguramente la más importante de todas es el agotamiento del sistema
económico capitalista actual, que ya no es capaz de generar bienestar
generalizado en nuestras sociedades occidentales, lo que hace que cada vez más
gente se interese en descubrir nuevas formas de organizar la economía. La
segunda es el preocupante deterioro ecológico que está sufriendo nuestro
planeta derivado de un enorme expolio de recursos naturales y de emisión de
residuos, que hace que el respeto a la naturaleza cada vez sea mayor y más
amplio. La tercera es la progresiva concienciación en torno a la valorización
del trabajo reproductivo y voluntario, fundamentalmente gracias a la economía
feminista, algo en lo que sin duda todavía queda mucho camino que recorrer. Hay
muchas más fuerzas políticas, pero creo que éstas son las más reseñables.
-Afirma
usted también: “Se pueden crear muchos puestos de trabajo. Un botón: la
Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística
señala que en el cuidado de niños se dedicó en ese año una cantidad de horas
equivalentes a más de un millón y medio de puestos de trabajo (concretamente
1.579.259) a jornada completa. En el cuidado de adultos dependientes la
cantidad equivalente de puestos de trabajo sería de 374.708”. En el primer
caso, no le hablo del segundo, alguien podría acusarle de pretender que los
niños y niñas sean cuidados e incluso instruidos por cuerpos y trabajadores del
Estado, que quiere usted separar a los niños de sus padres o tutores.
-Frente a
esa hipotética acusación tengo dos respuestas: la primera es que no hay
obligación de nada, cada tutor es libre de decidir si su hijo va a ser cuidado
por un empleado público o no. La segunda es que ese empleado público puede ser
perfectamente su padre, madre, tutor o cualquier otro familiar, por lo que en
ese caso no ocurriría dicha separación. Se trata de visibilizar, remunerar,
dignificar y repartir solidariamente un trabajo crucial para nuestras
sociedades pero que desgraciadamente permanece invisibilizado y relegado al
ámbito privado.
-El Estado
financia el EG directamente, sostiene, pero lo diseñan y gestionan los
ayuntamientos en participación con la sociedad civil. ¿Y cómo se concreta esa
participación de la ciudadanía? Por lo demás, ¿por qué debe financiarlo
directamente el Estado?
-Lo debe
financiar el Estado por dos razones principales: la primera es que tiene mayor
potencial recaudador y financiador al acaparar la inmensa mayoría de las
figuras tributarias (un potencial que sería mucho mayor si dispusiese de moneda
propia); y la segunda es que permite compensar más fácilmente los
desequilibrios de renta que existen entre regiones (de no ser así una región
rica tendría por defecto mayor ventaja que una más pobre).
La
participación ciudadana se concreta de la siguiente forma. Una vez el Estado ha
dado las directrices que han de respetarse a la hora de diseñar los planes de
Trabajo Garantizado, todos los individuos y colectivos tienen derecho y
competencias para diseñar las actividades y decidir la configuración final de
los programas de empleo. De entre todas las actividades aprobadas, cada
participante podrá elegir cuál quiere realizar. Las directrices previamente
establecidas por el Estado son necesarias para que no se dejen fuera
actividades vitales como el cuidado a dependientes o cuidado de la fauna y
flora, por ejemplo, y para que no se aprueben actividades que pongan el riesgo
a la comunidad, como la construcción descontrolada. La participación ciudadana
también es necesaria porque no hay nadie mejor que los propios vecinos para
conocer las necesidades sociales y ecológicas insatisfechas en la región.
-Una
pregunta descortés pero acaso necesaria: ¿y los gorrones potenciales? ¿Y los
abusones que quieren recibir y dar poco o muy poco?
-Este problema
existe en todas las esferas de la vida: en la empresa privada, en el sector
público, en una asociación cultural, en la vivienda, etc. Para evitar a los
gorrones están los mecanismos de control, supervisión y sanción, que deben
implementarse y aplicarse adecuadamente.
-¿Cuáles
serían los principales beneficios del EG? Usted sostiene que son innumerables.
¿Tantos son? ¿Nos hace un resumen?
-Son muchos
porque se retroalimentan a sí mismos. Al mismo tiempo que se logra el pleno
empleo y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, se
satisfacen multitud de necesidades sociales, ecológicas y económicas. Los
beneficios más importantes son: producción de bienes y servicios, generación de
renta y riqueza, alivio de la pobreza, mayor cuidado del medio ambiente, más y
mejores construcciones comunitarias y redes sociales, mayor estabilidad social,
política y económica, alivio de las enfermedades sociales derivadas del
desempleo (problemas de salud física y mental, violencia machista, consumo de
drogas, delincuencia, etc); además de otros numerosos multiplicadores sociales.
-Afirma que
algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de EG tiene un coste
económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del
desempleo a través de prestaciones sociales como las de desempleo, ayudas a
familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios penitenciarios, etc. ¿Qué
estimaciones son esas? ¿Estudios que usted ha realizado?
-Hay muchas
estimaciones y son todas de autoría estadounidense (aplicadas por lo tanto a
esa economía): Fullwiller [1] estima el coste del EG para la economía
estadounidense entre el 0,6% y el 1,5% sobre el PIB cada año, siempre
dependiendo del contexto económico. La estimación de Wray [2] se sitúa entre el
1% y el 2% del PIB; y la de Kaboub [3] –mucho más ambiciosa pretendiendo
emplear a 23,4 millones de personas– la ubica en un 3,93% del PIB. Otros
estudios [4] estiman el coste por debajo del 1% del PIB.
-Como consecuencia
de la aplicación del EG, de nuevo le cito, buena parte de la economía sumergida
afloraría. ¿Qué parte? ¿Por qué? ¡Sus dimensiones son tremendas en nuestro país
de países!
-Hay
muchísimas actividades económicas que se realizan al margen de los cauces
legales y fiscales para evitar el pago de impuestos y cotizaciones sociales. La
desventaja de las mismas para sus artífices es que no están cubiertas por los
derechos laborales vigentes, entre los que se incluyen las prestaciones
sociales (pensiones por jubilación, enfermedad, desempleo, etc). Si se
establece un TG muchas de estas personas seguirán realizando esas actividades
pero en el marco del TG y en esta ocasión dentro de los cauces legales,
favoreciéndose por lo tanto de los derechos laborales. Piénsese en muchos
cuidadores de ancianos y de niños, en servicios de apoyo académico,
representaciones artísticas callejeras, etc.
-En su
propuesta, inicial escribe usted, se distinguen tres tipos de trabajo en
función de su cualificación, y por lo tanto tres tipos de remuneración: 7€/h
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 5€/h para baja
cualificación. Con jornada completa el salario bruto es de 1213 euros al mes
(en 12 pagas al año) en puestos de cualificación alta, 1040 euros al mes si son
de cualificación media, y 867 euros al mes los de cualificación baja (en neto:
1047€; 951€; 794€). ¿No está introduciendo nuevas desigualdades a las ya
existentes?
-Aquí hay un
debate muy interesante y yo no quiero zanjarlo, pero en mi opinión esta propuesta
no introduce nuevas desigualdades. En realidad las desigualdades de
conocimientos y habilidades ya existen, lo que se trata es de reconocer de
forma distinta el trabajo que requiere mayor aprendizaje y formación del que no
los requiere al mismo nivel. Otra cosa es que sea necesario implementar
programas de formación profesional y garantizar a todas las personas las mismas
oportunidades para aprender y formarse, pero eso es otro problema y además a
medio plazo.
-La
implementación del EG, afirma, debería ser gradual y por etapas, para no
provocar grandes cambios y además poder ir corrigiendo errores. ¿Y por qué no
hay que provocar grandes cambios?
-Porque no
operamos en un vacío en el cual nuevas actuaciones de política económica no
tienen repercusiones. Por suerte o por desgracia existe una estructura
económica que está ahí y que hay que tener en cuenta porque algunas medidas
económicas pueden trastornar de golpe y de forma importante su configuración
actual. Y si el trastorno es grande ello puede tener graves consecuencias no
deseadas. Estoy hablando de la posibilidad de crear puestos de trabajos en el
TG que compitan bastante con otros el ámbito privado y que puedan dañarlos de
forma importante. O de la posibilidad de establecer un salario relativamente
elevado en el TG que atraiga a muchos trabajadores del sector privado con la
consecuente destrucción de puestos de trabajo en ese ámbito. Todo eso hay que
medirlo bien, porque no deberíamos crear más problemas de los que solucionamos.
Aunque no estemos satisfechos con la actual configuración de la economía, no se
trata de acabar de golpe y porrazo con ella (¡porque de ella depende nuestro
bienestar hoy día!) sino de ir transformarla y mejorándola progresivamente.
-La pregunta
del millón: ¿se puede financiar lo que usted defiende? ¿No sería necesaria una
tremenda y más que revolucionaria reforma fiscal?
-Claro que
se puede financiar. Los números están ahí, y no hablamos de ninguna reforma
fiscal revolucionaria. Con sólo llevar a cabo la sexta parte de lo que proponen
los técnicos de hacienda (combatir fraude fiscal, aumentar tipo impositivo a
las empresas de más de un millón de euros, establecer impuestos a las
transferencias financieras, etc) es suficiente para implementar el primer año
del TG. Estamos hablando de un desembolso modesto, porque al fin y al cabo los
salarios del TG no son elevados. Y una vez el programa empiece a funcionar se
origina un círculo virtuoso: la masa salarial aumentará, con ella el consumo,
las ventas, los beneficios, el pago de impuestos, y la recaudación tributaria,
de forma que las cuentas públicas comenzarán a mejorar progresivamente.
-La última,
no quiero abusar más. ¿Cuáles serían los principales efectos multiplicadores de
su propuesta?
-Algunos los
acabo de comentar: mayor masa salarial, mayor capacidad adquisitiva, mayor
consumo, mayores ventas, mayores beneficios empresariales, mayor recaudación,
mayor contribución al fondo de la Seguridad Social, menor desigualdad económica
y social, menor pobreza, menores problemas derivados del desempleo
(delincuencia, drogas, depresiones, etc), mayor satisfacción, menores costes en
ayudas sociales (como desempleo, ayudas a desfavorecidos, servicios
penitenciarios), etc.
-¿Quiere
añadir algo más?
-Con lo
profunda y detallada que ha sido la entrevista no nos hemos dejado muchas cosas
en el tintero. Sin embargo, sí me gustaría añadir algo más. En primer lugar, el
Trabajo Garantizado no es una medida revolucionaria que busque transformar o
acabar inmediatamente con el sistema capitalista. Más bien se trata de una
medida de emergencia social para sacar de la pobreza a los más empobrecidos,
aunque al mismo tiempo genera unas bases potencialmente transformadoras en
tanto en cuanto señala y reivindica una nueva forma de entender y configurar la
economía; y lo hace desde lo público, sentando unas guías o directrices con las
que se pretende dar pistas sobre la economía que debemos edificar en el futuro,
educando a la sociedad en esa dirección. En segundo lugar, es indispensable
complementar el Trabajo Garantizado no sólo con medidas de política económica
de distinto alcance (como nacionalización de empresas estratégicas, reforma
fiscal progresiva, reconfiguración del modelo productivo -agroalimentario,
manufacturero y de servicios-, reestructuración de la deuda pública y privada,
etc) sino también con otras ayudas de carácter social como rentas mínimas para
aquellas personas que no pueden trabajar o importantes ayudas al estudio para
aquellas personas que quieren estudiar.
-Mil gracias
por todo.
