21/02/2017
Opinión
En su afán de privatizar todo, los gobiernos
anteriores y este también, han promovido y facilitado al máximo las APPs,
abriendo las puertas a una gigantesca corrupción. Odebrecht y sus socias
corrompen funcionarios, ministros y presidentes con coimas millonarias para
verse favorecidas con contratos de concesión y adendas que les reportan
ganancias multimillonarias.
Se suponía que la ventaja es que traían plata
fresca, financiamiento nuevo para hacer lo que el estado no tenía fondos para
hacer. Con el Aeropuerto de Chinchero hemos visto que eso no es verdad. Por el
contrario, traen un mayor costo del financiamiento de proyectos de
infraestructura, dado que el Estado puede conseguir créditos más baratos que
cualquier consorcio privado.
Luego, representan mayores costos de las obras a
través de múltiples adendas que los incrementan a veces en más del 100%
respecto del contrato original, aumentan los costos de financiamiento de los
proyectos, extienden los plazos de entrega de obras, eximen de inversiones a los
concesionarios, reducen estándares de calidad de las infraestructuras,
extienden los periodos de concesión, incrementan las tarifas cobradas a los
usuarios, y/o adelantan pagos del Estado a los concesionarios. Todo eso para
que las empresas tengan más ganancias a costa del estado o de los consumidores
y ciudadanos.
Logran además mayores pagos del Estado en el caso
que las obras de infraestructura no tengan la demanda mínima garantizada o el
concesionario no obtenga los ingresos mínimos garantizados en la operación de
las carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc., estipulados en el
contrato. Las ganancias para ellos, los riesgos para el estado y todos
los peruanos.
Muchas veces esto lo hacen no saqueando las arcas
del Estado sino directamente nuestros bolsillos. Es el caso de los peajes, que
hoy la ciudadanía no ha aceptado en el caso de Puente Piedra, donde el alcalde
Castañeda permitió un peaje sin que se hubieran hecho las obras y reconociendo
más pagos a la corrupta Odebrecht. Peor todavía en la Interoceánica Sur, donde
los peruanos pagamos por las casetas de peaje más de 50 millones de dólares,
¡más que un palacio! gracias al gobierno de Alan García. Pero había
antecedentes aún más abusivos, como la llamada “Vía expresa del Callao” de Alex
Kouri, hoy en la cárcel por ese robo. Increíblemente, uno de sus hombres de
confianza, Víctor Abrecht, es quien Fujimori ha designado para presidir la
comisión investigadora del congreso llamada “Lava Jato”. ¡Qué tal¡
Las APPs se han impuesto a pesar que también en las
obras públicas se contrata a constructoras privadas. La diferencia es en qué
condiciones: si siguiendo las pautas establecidas por el sector público en la
Inversión Pública, o siguiendo lo establecido en los contratos de concesión de
APP, que no se sujetan a la revisión previa de la Contraloría y están sujetos a
sucesivas modificaciones a través de adendas, siempre a favor del concesionario
y en contra del Estado.
Es urgente, como parte de la lucha frontal contra
la corrupción, al mismo tiempo que se enjuicia y mete a la cárcel a
funcionarios y expresidentes coimeros, cambiar esta situación. La Inversión
Pública tiene que reactivarse, en base a un Plan nacional de inversiones,
impidiendo que siga habiendo APPs que responden al interés privado y no al
interés nacional. Ya no podemos seguir teniendo APPs donde lo que en
verdad hay y lo que conviene que haya es obra pública, como en el Aeropuerto de
Chinchero: eso debe asegurarse por ley. Ya no podemos seguir teniendo adenda
tras adenda tramposa ni Contraloría pintada en la pared. La ley debe cambiarse.
Para eso la movilización anti-corrupción del 16 de febrero.
http://www.alainet.org/es/articulo/183695
