Represión
y muertes en conflictos mineros en Perú
Gran
Angular
15-05-2015
El Perú
viene impulsando megaproyectos mineros por 20 mil millones de dólares, según
palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en
Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de
cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata. En el
año 2010 la consultora PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los
principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno
hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos
recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las
industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello
implica.
Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran
escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las
poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las
relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su
modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un
modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento
desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones
mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni
ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.
Durante el gobierno de Alan García (2006-2011)
murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la
gestión del presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el
conflicto del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han
fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto,
llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253
personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la
criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este
modelo de desarrollo.
¿Sin licencia social es viable la explotación de
los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa)
no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en
Piura y Cerro Quilish en Cajamarca no fueron viables por no tener licencia
social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo
con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores
ambientales denunciados, secuestro y torturas, como fue el caso de la minera
Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Optar por la militarización ha generado una tensa
relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido
41 militares durante ambos gobiernos.
Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un
manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante
represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos
–García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos
legislativos: 982, 983, 988, 989, 991 y 1095. Este último fundamenta que las
conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y
competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986
(26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el
levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia
del fiscal en zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de
responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus
funciones.
Cajamarca: una región minada
En el caso concreto de la región Cajamarca, el año
2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en
Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre
ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas
armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen
impunes.
En esta región existe un alto índice de
criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los
“antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282
heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización
realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y
reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y
archivos periodísticos.
Los más altos índices de los conflictos también se
registran en esta región. En la última década (2005 - 2014) se han reportado
cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales
(777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los
conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de
conflictos de la Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que
alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos:
241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera
Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja
(74), Gold Fields (74).
La expansión minera sin límites es otro de los
detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está
concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas.
Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones
mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración.
La superficie territorial otorgada mediante
concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas.
Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont
Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así,
el Grupo tiene un acumulado total de 500 concesiones, con una extensión de
396,567.28 ha en la Región Cajamarca. Esta elevada cifra convierte a Yanacocha
S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región, seguida de Vale
explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y Barrick Misquichilca
S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).
Minería y pobreza
El historiador Antonio Zapata señala que la enorme
riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones
donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y
Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la vigencia
y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas las regiones,
como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran minería con desarrollo. En
la mayoría de casos, por el contrario, la presencia de la gran minería ha
traído pobreza para las regiones y también para para los mismos trabajadores
mineros.
Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue
siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la
mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en
el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de pobreza
en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años.
154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, siendo la
población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el 25,5%.
Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo que
arroja un déficit de 58.6%.
Si bien es cierto que la distribución de la riqueza
en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las empresas
mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado equidad en
la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas. Además, no ha
fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad ambiental ni legitimidad
social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a impactos ambientales, sobre
las personas y las comunidades.
¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para
que su población vea los beneficios de la minería? “Más allá de las cifras
macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las
arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del
país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos 20
años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias Extractivas de
Oxfam América.
“El problema central es que no hay una mirada de
desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos
locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad
minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe
ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La exclusión
de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que las
poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel de
la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el
Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin
embargo no hay interés desde el Ejecutivo”, señala Sergio Sánchez, gerente de
Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.
Al respecto, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado
traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de
desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el
paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, sino
también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la
región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y
social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para
impulsar el cambio estructural con igualdad.
Slack recomienda que para llevar adelante las
inversiones se debe empezar a transparentar las actividades extractivistas,
proveer información a las comunidades, escuchar y responder a las
preocupaciones que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede
avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo
para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como
objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de
las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas lagunitas”, como si no fueran
cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su
producción agrícola”, dice.
Los muertos y heridos en conflictos sociales no
pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la oposición de un
proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en "minería sí o
no". Es falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar
sobre la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y
demandas reales que deben ser atendidas.
Fuente: http://elgranangular.com/
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