04-05-2015
Desde fines de marzo los campesinos de la provincia
Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas
multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre
en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes, han contando con la
solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y
pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.
La Southern Copper tiene una negra historia en
Perú. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el
mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo, en 1960,
ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una
segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años
la Southern fue el mayor contribuyente del Perú.
Un reciente informe del diario conservador El
Comercio, ferviente partidario de la minería, reconoce que en la región sur
todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de las enormes nubes negras que
emanaban de la refinería, lo que ha afectado la imagen y credibilidad de la
empresa. “Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta,
contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la
creación de relaves” ( El Comercio , 12 de abril de 2015).
Vale destacar que la región sur tiene un importante
valor estratégico ya que concentra importantes corredores de la IIRSA
(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana),
en particular los ejes Interoceánico Central y Perú-Brasil-Bolivia, donde tres
importantes puertos (Ilo, Marcona y Matarani) ofrecen una rápida salida, a
través de la Carretera Interoceánica, a la producción agropecuaria e industrial
brasileña con destino asiático.
Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía
María comenzaron 1994, y en 2007 la Southern (ya en manos del Grupo México)
anunció su plan de inversiones. La población desde un principio rechazó el
emprendimiento, que supone inversiones de unos 1.400 millones de dólares en la
primera fase, ya que asume que la minera usará el agua que se utiliza para la
agricultura. Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en movimiento
permanente.
En 16 de marzo de 2011, la población conoció por el
Frente de Defensa del Valle de Tambo, un informe de impacto ambiental de la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la
empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. La respuesta a la burla
fueron masivas manifestaciones de rechazo en las que hubo tres muertos y
cincuenta heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el
proyecto quedó congelado.
Pero en agosto del 2014, el Ministerio de Energía y
Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían
subsanados las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización que
cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan
activamente en la protesta.
La empresa minera con sede en México tiene serios
cuestionamientos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
multó 14 veces a Southern Copper. En enero de 2015, la Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de
la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de
dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el
mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el
mar de Ilo ( https://redaccion.lamula.pe/2015/03/31/5-claves-para-entender-el-conflicto-por-tia-maria/jorgepaucar/
).
Al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, el
gobierno peruano decidió enviar dos mil policías al Valle de Tambo, que ya
provocaron un muerto y decenas de heridos. El gerente de Relaciones
Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer
trabajo de campo con los agricultores, dijo que los opositores son “terroristas
antimineros”. Aunque luego fue desmentido por la empresa, la campaña va a más.
Un ex congresista declaró que Marco Arana, que dirige la ONG antiminera
Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán.
Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de
hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo
sostienen que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa a favor de la
mina que está siendo sometida por una minoría. El 26 de abril el diario La
República publicó una encuesta nacional donde el 51% de la población opina
que “los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones
que plantea la minera para evitar eso no son suficientes”, frente al 32% que le
creen a la minera ( http://www.larepublica.pe/26-04-2015/62-cree-que-cateriano-debe-priorizar-plan-de-seguridad
).
Tres problemas mayores aparecen ante la resistencia
popular.
El primero es que Perú no es cualquier país. Es una
pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante como
Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Tiene una larga
historia de luchas, pero también de masacres y exterminios, incluyendo una
guerra con 70 mil muertos en la década de 1990.
Segundo, la minería no es cualquier actividad, sino
aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo.
Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros
según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los
grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a
las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde
se impone el estado de excepción permanente.
Tres, aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano
está en contra del modelo minero, la afirmación del gerente de Southern Copper
de que los antimineros son terroristas no es un desliz, sino algo que no
deberíamos olvidar: consideran a los de abajo, y no sólo a los que resisten,
como enemigos a exterminar.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198404
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