LA FISCALÍA DE LA NACIÓN SE COMPRA EL PLEITO PARA INVESTIGAR
Y ACUSAR A LOS SOBORNADOS POR ODEBRECHT, DE LAS OTRAS EMPRESAS BRASILERAS Y LAS
DE ORIGEN NACIONAL
Estimados amigos:
El suscrito en su publicación de su último libro: “El
Estado en el Perú deber ser para todos” en enero del 2018 señalé en el
Epílogo, que es la parte final de este libro, lo que debe saberse en lo
referente a la segunda mafia que operó a cargo de las empresas brasileras
en el Perú; éstas han calificado a cada colaborador de acuerdo a la información
obtenida y proporcionada sobre la categoría del cargo, de la carencia de
valores, de ética y de cuanto costaría cada sobornado. Esto expresa el acervo
geopolítico brasilero sobre las dirigencias del resto de países sudamericanos,
incluido el Perú.
Estas ilícitas operaciones de la mafia necesitaron
un tiempo largo, donde trascurrieron varios gobiernos, en el Perú no se conocía
del andar brasilero, será recién desde el exterior que los peruanos nos
enteraríamos de la existencia de la mafia, y en consecuencia el nuevo gobierno
peruano encabezado por el presidente de la república: Pedro Pablo
Kuczynski –que no practicó lo que el presidente Paniagua hizo en los momentos
en que reinaban los actos delictivos del fujimorismo- a él personalmente le
correspondió dirigir tamaño trabajo, lo que permitiría obtener, por
ejemplo de manera inmediatamente un inventario por cada empresa y por cada obra
ejecutada, además de que cada ministerio y otros organismos públicos -gobiernos
regionales y municipales- asumirían el control del movimiento económico financiero
de quienes habían operado delincuencialmente.
En cambio las empresas brasileras tuvieron el
personal especializado para enganchar a altos y medianos funcionarios peruanos
que los “ayudaban” a salir ganadores de las licitaciones convocadas destinadas
a construir las obras de infraestructura. Los políticos peruanos que
intervenían en esos acuerdos ilícitos ¿ignoraban del trabajo geopolítico
iniciado hace varias décadas de la elite brasilera –militar y después política-
como para que este país sea potencialmente el más fuerte de la región?
Esto no puede pasar ni se puede olvidar de las
arremetidas brasileras, al eliminar competidores, usando formas y estilos que
les felicitaría operar construyendo en el Perú, y de cómo no resulta creíble
que los brasileros escondían al ostentar que sus empresas tenían que ser las
más poderosas de la región sudamericana y latinoamericana.
Ante lo acontecido urgía que el ejecutivo desde el
2017 usando las vías judiciales correspondientes, debió nombrar interventores
en cada una de las empresas brasileras, a fin de que las obras continúen, no
paralizando ni abandonando a las mismas, dado que ello afectaría la continuidad
en las inversiones, cuyos resultados afectarían la economía nacional.
Esta era una acción predominante, a fin de llegar a
recuperar lo apropiado ilícitamente y de los balances finales antes de actuar
en expulsarlos; se habría tenido primero que verificar los montos de las
probables reparaciones civiles, ante la apropiación ilícita de estas empresas constructoras.
Asimismo, se habría que dictar los dispositivos que reglamentarán que el
accionar de las empresas delictivas que hemos señalado en los párrafos
anteriores, estuvieran destinados a dar fluidez en el manejo de las empresas
por intervenir.
Estos dispositivos se habrían de disponer en el
marco de la participación de los interventores judiciales; por ejemplo el DS de
Urgencia Nº 003 se debió promulgar después del ingreso de los interventores y
no necesariamente todos los artículos de éste decreto serían considerados, si
no los que tomen en cuenta las sugerencias de los interventores; e igualmente
los otros dispositivos que se hacían necesarios para ser dictados en la medida
de las acciones realizadas por dichos interventores judiciales.
El resultado de este trabajo investigatorio debió
contar con la presencia de los técnicos del poder ejecutivo, para saber cuál
era la parte más importante en lo referente al costo de cada proyecto y de sus
adicionales, los que fueron costeados y pagos indebidamente. Esto último debe
comparase con lo que realmente costó el proyecto, usando los índices
internacionales, para conocer la diferencia de lo sustraído (robado) por las
empresas brasileras al Estado peruano. Esto motivaría que los petitorios
judiciales de recuperación procedieran a establecer los procedimientos ilícitos
de dichas empresas.
Esta organización empresarial extranjera tuvo como
acompañantes de construcción de obras públicas a las empresas nacionales de
significativa organización y de elevado capital, además que trabajaron unidas
por muchos años. La habilidad delictiva de los brasileros como se ha dicho,
tuvo características de modernidad no sólo para reclutar a funcionarios
“colaboradores”; sino de cómo usaron el dinero en una serie de mecanismos de
transacciones financieras hasta llegar a los depósitos cifrados en el exterior.
Sobre lo dicho cabe decir que será imposible llegar
a conocer cuánto recibieron de los que se pusieron “en venta” a
las empresas brasileras, a no ser que se consigan o se presenten personas que
se conviertan en colaboradores –peruanos y extranjeros- o que la empresa
extrajera negocie con las autoridades peruanas del ejecutivo (procuradores) y
de la fiscalía de la nación, partiendo de que, a través de esta negociación se
pueda saber quiénes han sido los comisionistas en todos los niveles y cuánto
han recibido. Algo que hasta el momento no se ha producido en su totalidad.
En el libro del suscrito, en la parte de su epilogo
se hizo recomendaciones para que se juzgara y sentenciara a las malas acciones
de las empresas brasileras y sus acompañantes peruanos, cuyas constructoras
eran las más importantes en el Perú. De haber asumido la responsabilidad el
ejecutivo la ilicitud de las mencionadas empresas, los interventores por
nombrarse en cada una de las empresas, hubieran no sólo conocido la magnitud de
lo que estalló en el 2017; sino también no se hubiera dado paralizaciones de
las obras en ejecución, ni la cadena de pagos que estas empresas tenían tanto
en lo referente al pago de los salarios de sus empleados, como de quienes
brindaron apoyo logístico.
Estamos en los finales del 2019 y todavía no
termina la Fiscalía de la Nación con el número crecido de investigaciones de
los casos en lo referente a las presuntas coimisiones y sobornos que los peruanos
recibieron de parte de las empresas brasileras y de sus socios peruanos;
todavía falta un gran trecho para que se llegue a formular acusación y juicio
oral de quienes fueron sobornados, partiendo de ex presidentes y altos
funcionarios, así también de los estudios de abogados y agentes corredores
bursátiles que ayudaron tanto a los sobornados, como a las mismas empresas
mencionadas.
El ejecutivo en manos del nuevo presidente PPK
actúo con cierta desidia para enfrentar a los involucrados en esta segunda
mafia, así como de las consecuencias las que son importantes por ser fondos del
erario público, lo que hizo que la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial
fueran en su totalidad los que se compraran el pleito del accionar negativo de
las empresas de esta segunda mafia, incluidos los sobornados.
Esta falta de responsabilidad del ejecutivo de PPK
nos motiva a comentar, que otros presidentes anteriores, caso de Alan García
Pérez (2006-2011), aparecen en ésta última jornada de la semana pasada de este
año de las entrevistas a los superintendentes y representantes de Odebrecht,
que han estado a cargo de la fiscalía peruana, lo que grafica la existencia del
hombre de confianza para la empresa brasilera, la que se remonta desde su
primer gobierno.
Los brasileros tenían un excelente interlocutor
para poder accionar en las construcciones de importantes obras públicas; se
observa que García Pérez, a parte de los arreglos nada felices que tenía con la
empresa Odebrecht, se convertía en el patriarca –padrino, tío o hermano-
influyente en las acciones que desempeñaban los peruanos que aceptaban
los sobornos de los brasileros. La presencia que le tocó, como en el caso del
ex alcalde de Lima, Castañeda Lossio, es una evidencia del cómo se “habría
recibido los apoyos“, no sólo de Odebrecht, sino también de otras
empresas en la forma que operaba esta segunda mafia en los casi últimos 40
años.
Queda claro que estas empresas constructoras han
sido no solo los autores de los sobornos a las autoridades de los gobiernos, sino
como ellas actuaron para cometer delitos, para ello estructuraron una
organización -caja 2- que movilizó ilícitamente millones de dólares en sobornos
que, gracias -a quienes los ayudaron- ganaron las licitaciones de obras,
incluidas las ampliaciones producto de las adendas que inicialmente se firmaron
al comenzar las obras, y que después, a través del los arbitrajes, Odebrecht
resultó ganando la mayoría de los casos, esto significó que los costos
iniciales fueran incrementados en una y muchas veces más de lo presupuestado
inicialmente, lo cual mostraba la capacidad “maravillosa” para conseguir
dinero suficiente y a la vez recuperar los sobornos, lo que hizo posible
asegurar la buena pro en las diversas licitaciones de obras públicas que ellos
realizaron en el Perú.
El encaminarse a través de interventores judiciales
hubiera sido tanto más beneficioso en el tiempo, como de tener un conocimiento
total de cómo estas empresas habían operado, ¿por qué no se realizó bajo
la fórmula sugerida? La respuesta está en que el presidente PPK estaba
también implicado en las operaciones de las empresas brasileras desde el 2001,
lo que quedaría demostrado con su detención domiciliaría; asimismo, hubo
marchas y contra marchas de las procuradoras designadas, incluidos los ministros
de justicia.
La conducta de los fiscales de elite, quienes con
conocimiento y valentía y del buen augurio que gozan, han decidido enmendar los
errores iniciales y enfrentar las arremetidas de todos los que sufren, cuando
se realizan las investigaciones destinadas a lograr las verdades de los hechos
delincuenciales de ex gobernantes, ex gobernadores, jefa de partido, incluidos
grupos empresariales y de políticos de corta perspectiva, en cuanto a lo que
representa para el Perú la lucha contra la corrupción y la tenacidad de los
fiscales y de sus equipos de investigación que, dicho sea de paso son muchos.
Es de lamentar que en el Perú no haya un concierto
elevado de quienes creen que se llegue a sancionar a los delincuentes de
cuellos blancos y corbata; sin embargo, los peruanos decentes están listos para
ayudar a las causas que llevan acabo los fiscales de la nación y los jueces.
Esperamos, en vísperas de otro año nuevo,
de tener a los ciudadanos en las calles, dispuestos a descalificar a
magistrados –como los del TC- que bastantes errores han cometido y están
por cometer; pareciera que una parte significativa de sus miembros están
hermanados con los grupos conservadores que siempre se esfuerzan por mantener
su actitud de ser secuestradores de la república, contrarios a las libertades
públicas, como de su quietud que muestran también al ser contrarios tanto a
los cambios de mentalidades, como del aliento a las reformas políticas,
judiciales y de renovados diseños de política económica.
Atentamente,
Fernando Arce Meza
Surco, 15 de diciembre del 2019
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