Distintos
expertos del ámbito científico, sanitario, humanista lanzan un manifiesto en la
defensa de los derechos públicos ante la crisis generada por la pandemia
20/11/2021
Beatriz Talegón
Se presentan como un grupo de personas de diversos
sectores (medicina, filosofía, biología, química, ingeniería, comunicación,
educación), preocupadas por la salud pública. Han decidido hacer pública su
posición respecto a la gestión de la Covid-19 a través de un manifiesto que
puede consultarse en su página web: www.salidarazonablecovid.es
Los
principales nombres de los
impulsores de este manifiesto se encuentran en la sección
«quiénes somos». José Albelda,
profesor de la Universidad Politécnica de Valencia en la Facultad de Bellas
Artes, codirector del Máster interuniversitario de Humanidades Ecológicas e
Investigador Principal de I+D+i sobre transiciones socioecológicas; Vicent Climent Llorca,
licenciado en ciencias químicas, profesor de enseñanza secundaria jubilado;
Heike Freire, filósofa y psicóloga, directora de la formación de posgrado
universitario Pedagogía Verde; Pepa
Gisbert Aguilar, catedrática de enseñanza secundaria, bióloga
ambiental; Ángeles Maestro,
médica y técnica superior de Salud Pública; Margarita Mediavilla, Doctora en Ciencias
Físicas y profesora de la Escuela de Ingenerías Industriales de Valladolid; Jordi Pigem, Doctor en
filosofía y escritor, especializado en filosofía de la ciencia; Pedro Prieto,
Ingeniero de telecomunicación, entre otros.
Manifiesto
El
texto del manifiesto dice así:
La
sociedad española siente en estos momentos un comprensible cansancio en todo lo
relativo a la crisis de la Covid. La tensión se ha relajado considerablemente y
no pocas personas quisieran pasar página y hablar de otras cuestiones después
de 20 meses de monotema. Sin embargo, algunas de las medidas contra la Covid
que se aplican en nuestro país o en otros de nuestro entorno (pasaportes
sanitarios, vacunación indiscriminada, etc.) no tienen en estos momentos ni
verdadera base científica ni justificación sanitaria alguna, pero atentan
contra los derechos fundamentales de las personas y han abierto algunas
tendencias muy peligrosas para el desarrollo democrático y ecológico de las
sociedades contemporáneas.
Por
otra parte, es probable que el invierno traiga una nueva subida de casos, como
las que están experimentando ya otros países[1], por
ello queremos reivindicar algunas líneas de acción que son todavía muy
necesarias y han sido relegadas por las autoridades sanitarias españolas
(quienes han centrado prácticamente toda su estrategia en torno a las
vacunaciones y las medidas de distanciamiento social). Por ello, las personas abajo
firmantes, profesionales de la salud, investigadores en el campo de la medicina
y la biología, científicos de otros campos, filósofos, activistas,
comunicadores y ciudadanos en general, preocupados por la salud pública, que es
nuestra salud, declaramos lo siguiente:
1 – Es preciso salir de los enfoques reduccionistas centrados
únicamente en la vacunación.
Durante
estos meses han sido numerosos los científicos y profesionales de innegable
reputación que han planteado la necesidad de abordar la Covid a todos los
niveles[2]:
profilaxis, tratamiento temprano, tratamiento hospitalario y vacunación. A
pesar de la intachable lógica de este planteamiento, nuestros gobernantes,
siguiendo recomendaciones de la OMS, apenas han prestado atención al
tratamiento temprano. No resulta fácil comprender esta falta de atención, y
menos teniendo en cuenta que este virus llegó en distintos momentos a saturar
UCIs y hospitales y a desbordar la capacidad del sistema de salud pública.
En
estos momentos, son miles los doctores de todo el mundo que comunican
resultados no desdeñables en la atención temprana[3], e
incluso en la profilaxis, con protocolos compuestos de medicamentos como la
ivermectina, la fluvoxamina, la quercetina, el zinc, la hidroxicloroquina, la
melatonina o la vitamina D[4]. En
países como México[5],
India [6],
Zimbabwe[7],
Madagascar[8] y
algunos estados de Perú[9] y
Argentina[10] se
han usado de forma amplia kits de tratamiento temprano que, según sus
defensores, han tenido impactos muy positivos[11]. Es
oportuno destacar que la ivermectina y otros fármacos que se han usado en
tratamiento temprano de la Covid son bastante económicos, pues están libres de
patente, y sus efectos secundarios no son considerables o pueden ser manejados
adecuadamente, por ser medicamentos muy utilizados desde hace tiempo.
Sin
embargo, el gobierno español y la mayor parte de gobiernos europeos no han
prestado atención a estas intervenciones farmacológicas precoces, en
consonancia con las directrices de entidades como la OMS y la EMA, unas
directrices que nos preguntamos si han podido ser condicionadas por el hecho de
que la financiación de esos organismos depende en gran medida de empresas
farmacéuticas y otras entidades privadas[12].
Después de 19 meses de intensa investigación y numerosos ensayos clínicos con
todo tipo de medicamentos[13], el
tratamiento temprano de las personas enfermas de Covid se sigue limitando al
confinamiento en el domicilio y el uso de analgésicos hasta que éstas se
encuentran tan enfermas que deben ir a un hospital[14]. En
esa fase hospitalaria, según doctores con amplia experiencia en el tratamiento
temprano, es mucho más complicado combatir la enfermedad y las posibilidades de
curación son mucho menores[15].
Las
organizaciones internacionales relacionadas con la salud, como la OMS, la EMA y
la FDA, desaconsejan todos estos tratamientos tempranos con el único argumento
de que no hay datos concluyentes sobre su utilidad[16]. Esto
contrasta con el hecho de que no se ha empleado la misma cautela con las
vacunas, y es, como mínimo, negligente, ya que después de tantos meses de
pandemia, ha habido tiempo más que suficiente para analizarlos en profundidad y
obtener conclusiones sobre su efectividad.
Estas
mismas instituciones internacionales, en cambio, aprobaron en marzo de 2020 el
antiviral Remdesivir para el tratamiento del Covid (cuyo precio llegó a
ascender a 2.000 euros por paciente[17])
sobre la base de dos estudios clínicos controlados que solo encontraron signos
muy modestos de su eficacia[18]. En
estas semanas varias empresas farmacéuticas están solicitando autorizaciones de
emergencia para la aprobación de nuevos medicamentos sujetos a patente para el
tratamiento temprano de la Covid. A pesar de que han recibido atención generosa
en los medios, los ensayos que muestran su eficacia son muchos menos que los de
otros tratamientos tempranos y su seguridad está muy lejos de tener las
garantías de fármacos conocidos desde hace décadas. En cambio, el tratamiento
temprano de ivermectina para la Covid sigue sin obtener la aprobación de estas
agencias después de 30 estudios clínicos aleatorizados y controlados, de los
cuales 27 arrojan resultados claramente positivos[19], a
pesar de ser un medicamento con un perfil de seguridad excelente[20] que
fue aprobado para su uso contra la sarna con el respaldo de solo 10 estudios y
en las mismas dosis propuestas ahora para la Covid[21].
Por
otra parte, el sistema de salud pública apenas se ha reforzado desde el inicio
de esta coyuntura. Más bien al contrario, se ha degradado tanto en la atención
primaria como en la hospitalaria. Tampoco se han dedicado esfuerzos
sustanciales a la investigación y aplicación de tratamientos tempranos,
limitando la acción sanitaria a la vacunación, a la hospitalización de los
casos graves, al uso de mascarillas y a las restricciones en movilidad y en el
derecho de reunión.
2 – Se están considerando las vacunas como una cuestión de
salud colectiva sin que exista base científica para ello y se están
administrando sin conocer los riesgos a medio y largo plazo ni tener en cuenta
las particularidades individuales.
A
pesar del alto porcentaje de personas que han sido vacunadas contra la COVID en
nuestro país[22] y
en otros muchos, el descenso en los índices de contagios y hospitalizaciones no
ha sido el esperado[23].
Aunque la situación en España ha mejorado, los datos demuestran que las vacunas
no han sido tan eficaces como algunos prometían y todos hubiéramos querido[24].
Para
que las vacunas permitieran alcanzar la inmunidad de grupo deberían ser capaces
de reducir significativamente la transmisión del virus. Si esta premisa no se
cumple, la vacunación termina siendo una opción individual, respetable, pero
sin repercusiones sociales. Esto hace que la urgencia por conseguir vacunar a
toda la población o la imposición de pases Covid para acceder a espacios
públicos se conviertan en medidas absurdas e, incluso, contraproducentes,
porque crean una falsa sensación de seguridad.
En
las últimas semanas han salido a la luz diversos datos que confirman que las
vacunas contra la Covid no ofrecen, en estos momentos, prácticamente ninguna
protección frente al contagio. Destacamos los siguientes:
- Inglaterra
ha hecho oficial que, frente a la variante delta (mayoritaria en estos
momentos en todo el mundo), no se está observando diferencia alguna en la
transmisión del virus entre personas vacunadas y no vacunadas[25].
- Un
estudio comparativo no encuentra ninguna correlación entre la ratio de
vacunación en diferentes países y los casos de Covid[26].
- Se
ha documentado la transmisión entre personas completamente vacunadas[27] y
cargas virales similares entre vacunadas y no vacunadas[28].
- Un
estudio realizado en Vietnam llega a la conclusión de que las personas
vacunadas pueden contagiar más que las no vacunadas porque soportan más
carga viral sin desarrollar síntomas[29].
- Países
como Singapur, Irlanda o Bélgica con más de un 70% de la población
completamente vacunada, han sufrido nuevos brotes con la llegada del otoño[30].
- Los
datos del último Informe sobre Vigilancia de las Vacunas de la Agencia de
Seguridad Sanitaria del Reino Unido[31] muestra
que la ratio de contagios entre las personas con pauta de vacunación
completa no solo no es menor sino que es mayor (el doble) que entre las no
vacunadas.
- Estudios
financiados por las propias empresas fabricantes reconocen que la
protección de la vacuna frente a contagios se pierde en pocos meses[32].
Ante
la gran cantidad de datos que demuestran que las vacunas no son capaces de
disminuir la transmisión de la Covid, no tiene ningún sentido implantar
“pasaportes de vacunación” que discriminan fuertemente a las personas que optan
por no vacunarse por cualquier tipo de motivo, ya sea éste de salud, de
conciencia o simples dudas acerca de la relación riesgo/beneficio.
Como
han denunciado varios europarlamentarios de diversos países y distintos signos
políticos el pasado 20 de octubre[33], este
tipo de pases sanitarios socavan derechos humanos básicos y sólo se podrían
justificar en circunstancias excepcionales y si estuvieran suficientemente
respaldados por datos científicos inequívocos. Constituyen, de hecho, un
verdadero apartheid de nuevo cuño que coacciona a la población para que acepte
ser tratada con un medicamento experimental cuya eficacia, necesidad y
seguridad son, por lo menos, dudosas. La libertad de circulación, empleo,
salud, igualdad, libre asociación, educación y libre expresión de pensamiento
están siendo gravemente violadas sin motivo y, en algunos países europeos, las
protestas pacíficas contra estas medidas inauditas y sin fundamento sanitario
están siendo reprimidas violentamente.
Por
otra parte, es preciso tener en cuenta que las actuales vacunas han demostrado
tener un número de efectos adversos mucho mayor de lo habitual[34]. Algunas
fuentes estiman que los sistemas de vigilancia de Eudra Vigilance y Open Vaers
han registrado más de 40.000 muertes relacionadas con la vacunación entre EEUU[35] y
la UE[36],
lo que está causando que algunos países estén suspendiendo su uso en jóvenes[37].
Ante
este elevado número de efectos adversos detectados en el corto plazo, las
instituciones sanitarias competentes deberían ofrecer datos detallados, tanto
de los casos y muertes por Covid por edades y estado de vacunación como de
todos los efectos adversos que se están produciendo por las vacunaciones. De
esa forma, se podría hacer una evaluación de las ratios riesgo/beneficio por
edad y los facultativos podrían optar por desaconsejar la vacunación en
personas que apenas corren riesgos ante la enfermedad como los niños y jóvenes.
Estos datos no se están difundiendo[38] ni
tampoco se está pidiendo el necesario consentimiento informado a las personas
que se vacunan[39].
La
industria farmacéutica, por otra parte, está promoviendo nuevas campañas de
vacunación, supuestamente para suplir la pérdida de eficacia de las dosis
anteriores[40],
pero nuestras autoridades sanitarias deberían plantearse exigir a estas
compañías un producto de mayor seguridad y mejor efectividad antes de seguir
invirtiendo enormes cantidades de dinero público en sucesivas campañas masivas
de vacunación, sobre todo si existen evidencias más que suficientes de
tratamientos eficaces que pueden ayudar a gestionar de forma mucho más
económica y segura esta crisis sanitaria.
No
podemos ignorar que este exclusivismo en la estrategia frente a la COVID ha
permitido a las grandes industrias farmacéuticas firmar unos contratos
multimillonarios por la venta de sus vacunas, disparando sus beneficios de un
modo desorbitado. Dichos contratos, además, eximen a los suministradores de
toda responsabilidad por sus posibles daños o efectos adversos. Hay que
recordar que la Agencia Europea del Medicamento sigue dando a estos
tratamientos solo una «autorización comercial condicional» y no una plena
autorización, puesto que están todavía en fase experimental[41] y,
de hecho, no encajan dentro de la definición clásica de vacunas[42].
Por
contra, tratamientos tempranos con excelentes perfiles de seguridad y aprobados
para uso humano desde hace décadas, siguen esperando su aprobación. Ni siquiera
se contemplan medidas de profilaxis tan sencillas como hacer un seguimiento de
los niveles de vitamina D, a pesar de que varios estudios confirman la relación
entre los niveles bajos de esta vitamina y los casos más graves de Covid[43].
En
vista de todo ello reclamamos al Gobierno español y a las instituciones
sanitarias de las Comunidades Autónomas:
1. La inclusión de los tratamientos tempranos en la estrategia
para afrontar la Covid, especialmente todos aquellos basados en fármacos de
reducido coste que han sido usados exitosamente en otros países[44]. Reclamamos, también,
atención y apoyo al desarrollo de otras posibles vacunas independientes de las
grandes industrias farmacéuticas, de las que ya hay proyectos en nuestro país.
2. Solicitamos que no se contemple la vacunación
infantil, dado
que en menores de edad la incidencia de la infección es muy reducida y los
efectos adversos de la vacunación son más habituales y graves y llegan a ser
más los riesgos que los beneficios[45].
Solicitamos también la moratoria en la vacunación de otros colectivos más
susceptibles a los efectos adversos, como las mujeres embarazadas. Exigimos que
se aplique el principio de consentimiento informado en todas las vacunaciones.
3. Los intentos de establecer algún tipo de «pasaporte Covid»
y la discriminación de las personas no vacunadas en todo tipo de espacios y
servicios públicos deben ser desestimados, tanto por el escaso
éxito que las vacunas están teniendo en la prevención de la infección, como por
el hecho de que violan libertades esenciales que toda democracia debería
garantizar y proteger. Consideramos que no existe justificación alguna para la
actual presión institucional y mediática para vacunar a toda la población y que
la segregación de las personas no vacunadas es contraproducente (por crear una
falsa sensación de protección) y profundamente antidemocrática.
4. No nos parece lógico seguir destinando el grueso del gasto
público en salud a nuevas compras de vacunas ni de otros tratamientos caros y
poco probados mientras
no se estudien otras posibilidades de tratamiento con fármacos de menor coste y
de probada seguridad.
5. Reclamamos el libre acceso público a los textos íntegros de
los contratos ya establecidos con las multinacionales farmacéuticas. En cuestiones tan
importantes para la vida de todos, el secretismo y la opacidad no son de
recibo.
6. Exigimos un mayor esfuerzo de inversión en el sistema de
salud pública, tanto en medios materiales como en personal. Debe garantizarse,
con las oportunas medidas de seguridad, la atención presencial del médico al
paciente en todos los casos. Hay que acabar ya con los múltiples efectos
negativos que esta falta de atención está provocando.
7. Reclamamos, en cuanto sea posible, la eliminación de las
medidas de control restrictivas de la movilidad y de las relaciones
interpersonales, por
los daños sociales, económicos, psicológicos y sobre la salud que comportan.
Por otra parte, queremos dirigirnos, también, a los medios de
comunicación.
Hemos
observado con gran preocupación la escasa presencia en las grandes
instituciones periodísticas de espacios que den voz a todos los actores
relevantes, y de debates constructivos sobre esta crisis sanitaria. Existe una
preocupante homogeneidad en los contenidos que se publican y una ausencia casi
total de voces críticas. Toda objeción a cualquier mínimo aspecto de las
vacunaciones es calificada de «negacionista», cuando no de «conspiranoica» o
«ultraderechista» y se propicia un clima de segregación y culpabilización
injustificado hacia quienes no son partidarios de vacunarse. Vemos que
numerosas figuras relevantes de la medicina de otros países que han sido
críticas con el discurso oficial han estado ausentes completamente de los
medios españoles y la información que se ha ofrecido ha ignorado los resultados
de numerosos estudios científicos.
Pedimos,
por tanto, a los medios de comunicación, una posición más imparcial y
respetuosa con su propia deontología en estos temas. Existen numerosas voces
que, desde la ciencia y la experiencia clínica, están ofreciendo críticas muy
valiosas que no están llegando a la sociedad. Instamos a los medios de
comunicación a que acudan directamente a las fuentes de la información
científica y a los profesionales que trabajan sobre el terreno y no se queden
únicamente con las versiones de las instituciones oficiales o las empresas
farmacéuticas. Pedimos también al conjunto de la sociedad el cese de la
discriminación de los disidentes y del encasillamiento de toda opinión crítica
en esos estrechos estereotipos en los que se ha visto metida durante estos
meses.
Con
todo esto queremos defender el derecho de toda la ciudadanía a los mejores
tratamientos disponibles para hacer frente a la enfermedad de la Covid. Tenemos
derecho a todos los tratamientos eficaces y a los mejores frutos de la
investigación científica, independientemente de los intereses económicos que se
vean involucrados. Queremos, asimismo, reivindicar las libertades de opinión,
de expresión y de autonomía sobre la salud propia, y que dejen de utilizarse
medidas coercitivas que no tienen justificación alguna como medidas sanitarias
con la excusa de que sirven para defender la salud pública.
Por
ello, animamos a todas las mentes libres, y muy especialmente a quienes están
comprometidos en la promoción de la salud, en la defensa de los derechos
humanos y de la democracia, a adherirse a este manifiesto.
Fuente: https://diario16.com/academicos-y-expertos-lanzan-un-manifiesto-por-una-salida-razonable-de-la-crisis-de-la-covid/
