PERÚ: LA CRISIS GREMIAL DEL EMPRESARIADO

Históricamente la tendencia en el Perú ha sido de división empresarial, donde solo se unen en tiempos difíciles y luego se disuelven. 

• Francisco Durand

04/08/2021

Se veía venir y no me sorprende. Los empresarios están divididos y en crisis gremial desde hace rato. De un tiempo a esta parte, de a pocos, una serie de gremios empresariales importantes se vienen saliendo de CONFIEP o, habiendo sido creados sin afiliarse a esta gran confederación, se están agrupando ahora en un nuevo organismo cúpula llamado Unión de Gremios del Perú (UGP). En realidad, estas dos cúpulas empresariales, la CONFIEP y la UGP, indican la diversidad actual, así como las pugnas, de gremios empresariales que quieren tener voz, expresando posiciones distintas.

Vayamos un poco atrás pues nunca esta demás hacer un poco de historia. La primera gran crisis que sufrió CONFIEP ocurrió en 1998, momento en el cual se retiraron tres gremios fundadores: la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima, (CCL). La principal razón del retiro fue que CONFIEP había terminado siendo dirigida por “banqueros y mineros”, es decir, por los intereses financieros y primario-exportadores que se desarrollaron durante los 90s, y que desplazaron a esos tres gremios fundadores de las decisiones más importantes. Hay más. 1998 también fue un año de crisis internacional, que afectó particularmente a las empresas de los gremios salientes, mientras que el gobierno de Fujimori corrió al rescate de los bancos, gastando dinero público para salvar a entidades fallidas privadas. Una razón adicional fue la política. La CONFIEP se había pegado al gobierno de Fujimori, defendía “la continuidad”, esos 5 años extra de gobierno que quería el presidente y su asesor Vladimiro Montesinos, acusados de corrupción y violación de derechos humanos. Esta asociación gremio-gobierno poluta fue además demasiado estrecha y comprometedora para muchos empresarios medianos nacionales. El grupo de gremios rebelde no compartía el oficialismo que mostrara la CONFIEP bajo la dirección de Roque Benavides, el minero más rico e influyente del país. Otros gremios fundadores se fueron saliendo después, caso de la antigua Confederación de Cámaras de Comercio del Perú, que reunía a los gremios de Arequipa, Trujillo, Cusco y otras ciudades. También se fue la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) por no sentirse representada. En paralelo, gremios de nuevas actividades se fueron sumando a la CONFIEP, compensando así las caídas mas no resolviendo el problema de super representatividad de mineros y banqueros.

La segunda gran crisis acaba de ocurrir en este 2021 al formarse la UGP con 11 gremios. Aunque hay muchos nuevos, la UGP la lideran los viejos gremios que se fueron saliendo de CONFIEP (ADEX, SNI, CANATUR, y Perú Cámaras, que reúne a los gremios regionales antes confederados). Esta última está dirigida por la Cámara de Comercio de Lima, la más antigua del país, otra fundadora de la CONFIEP. UGP ha sabido además reunir a 5 gremios de transportistas de diversas regiones (ANATEC, CTT, URG y GNTC de Arequipa), molestos por el alza de los peajes privatizados y el costo de la gasolina, aparte de los efectos de la paralización producto de la pandemia. Se suman dos gremios más, uno de pequeña y mediana empresa, y un nuevo gremio, la Asociación Peruana de Desarrollo de Software. La UGP reclama millones de empresarios representados, lo cual resulta a todas luces exagerado, pero ciertamente es más numerosa que la CONFIEP que tiene de gremios con voz y voto con solo cuatro miembros, caso de la Asociación de AFP.

Esta división gremial empresarial, que hace que el país tenga no uno sino dos organismos empresariales cúpula, es producto de la manera como la CONFIEP se ha manejado políticamente en los últimos años en medio de la crisis de gobierno dividido (Ejecutivo v. Legislativo) y las tensiones propias de la terrible crisis económico-sanitaria que vive el país. Su manejo gremial ha sido errático, poco oportuno, y caracterizado por no tomar en consideración la diversidad de opiniones empresariales existentes.

CONFIEP estuvo dirigida en el periodo 2019-2020 por María Isabel León, representante de un gremio menor que reúne a colegios privados pero que gozó del apoyo de banqueros y mineros, estos últimos siempre liderados por Roque Benavides, quien le pasó la posta. León, en medio del escándalo Lava Jato que azotó a los constructores, y que terminó en la salida de CAPECO de la CONFIEP, y de denuncias de financiación de campañas bajo la mesa (grupo Romero), se tomó la libertad de pedir la renuncia de Dionisio Romero Paoletti nada menos que en el CADE, el conclave anual de ejecutivos. Luego, probablemente por su cercanía con el fujimorismo, León terminó apoyando el golpe parlamentario contra Vizcarra para poner a la presidencia a Mercedes Araoz en la crisis de setiembre del 2019. Los desaciertos de León continuaron cuando no condenó el golpe de Merino contra Vizcarra, que diera lugar a una manifestación popular juvenil que lo sacó del cargo en noviembre del 2020. En ese día histórico de la caída de Merino, tanto Alicorp como el Banco de Crédito del Perú tuitearon en medio de la revuelta, mostrando su preocupación por la violencia y tomando distancia del gobierno usurpador apoyado por la CONFIEP.

Durante las elecciones, en medio de la polarización de la segunda vuelta entre las izquierdas y las derechas, la CONFIEP pasó a ser dirigida por Oscar Caipo, de la consultora trasnacional KPMG que asesora grandes empresas. Caipo guardó demasiado silencio, pero, según se lo recuerdan ahora varios gremios de la UGP, no se la jugó por el sector privado y perdió oportunidades de contacto político. En ese momento gremios como ADEX, SNI, CAPECO se mostraron dispuestos a dialogar con el candidato Castillo. Finalmente, el rol de los grandes medios de radio y televisión, que se entrometieron en las elecciones y desarrollaron una campaña de satanización contra Pedro Castillo, agremiados en la SRTV, ha dividido innecesariamente el país y generado un ambiente poco adecuado para dialogar con el nuevo presidente.

Confiep ahora se queda con 22 gremios. De ese total, los claves son nueve, empezando por los extractivo-exportadores, donde está la SNMPE, SNP, COMEX, y AGAP, que agremian respectivamente a grandes empresas del sector minero-energético, pesca, comercio exterior y agroexportadoras.  A este bloque de cuatro se suma otro bloque fuerte, el financiero, comandado por las poderosas ASBANC (banca) y AAFP (pensiones privadas), seguidas de APESEG (seguros), ASEPRI y Bolsa de Valores de Lima, que tienen intereses comunes e inversiones cruzadas. El resto está compuesto por gremios de empresarios de infraestructura (AFIN, muy vinculada a Odebrecht), dos gremios inmobiliarios (ASEI Y ADI), la Asociación de Transporte Aéreo (AETAI), el gremio de la salud con fines de lucro (APEPS), un viejo gremio de laboratorios (ALAFARPE), los auditores independientes (IPAI), el gremio de educación superior con fines de lucro (FIPES) y, para terminar, un solo gremio de pequeña y mediana empresa, la Asociación MYPE Perú.

Más allá de los números y las siglas, el factor distintivo en términos de representación de los dos organismos cúpula empresariales es el siguiente: CONFIEP representa sobre todo el gran capital, donde hay predominio extranjero, siendo gobernada básicamente por mineros y banqueros. Esa es su base real de representación. UGP más bien representa a los empresarios medianos y pequeños del país, donde predomina el capital nacional; tiene más base “provinciana” y es más modesta que la orgullosa y capitalina CONFIEP.

La consecuencia más importante de esta división es que el presidente Castillo puede convocar a varios gremios cúpula para dialogar las nuevas políticas públicas que empezaran (con las limitaciones del caso, la oposición del Congreso, la afiebrada campaña de los medios, donde destaca el ultraconservador grupo Miró Quesada que dirige el mayor conglomerado) apenas inaugure su gobierno. CONFIEP pues ha perdido la representación del empresariado que tuvo desde su formación en 1984.

Lo sucedido es propio de tiempos de crisis y fallas de representación en este tipo de organizaciones. No me extraña. Históricamente la tendencia en el Perú ha sido de división empresarial, donde solo se unen en tiempos difíciles y luego se disuelven. Esa fue la tendencia en la crisis de 1930, cuando surgió la Unión Social, comandada por la poderosa Sociedad Nacional Agraria. Acto seguido vino el Comité Nacional del Comercio y la Producción, cuando ganó Bustamante y Rivero en 1945 con apoyo del APRA y los comunistas. Luego, durante el gobierno militar revolucionario, surgieron dos: el Frente de Defensa de la Propiedad Privada en 1973, en pleno ciclo de expropiaciones, y la Unión de Empresarios Privados del Perú en 1977, durante el comienzo de la crisis recesiva e inflacionaria.

Esta tendencia histórica cambió en 1984, en medio del conflicto interno que unió finalmente a los empresarios, cuando surgió la CONFIEP, atrayendo a gran parte de los gremios empresariales del momento. Fue el primer organismo cúpula que no se disolvió al poco tiempo. Pero, como hemos visto, fue sufriendo deserciones, y perdió representación. Así estábamos, hasta que se formó hace poco la UGP como un segundo gremio cúpula.

Castillo puede aprovechar estas tendencias para “hablar con todos” abiertamente, no atender a lobistas ni tener reuniones palaciegas secretas, estableciendo una correa de transmisión gobierno-empresarios de todas las sangres y todos los tamaños.

Sería un gran cambio. Puede también estimular la formación de gremios de PYMES, que todavía no son suficientemente fuertes ni representativos. Puede ser también una tarea del gobierno para mejorar la representatividad empresarial en la ancha base que tiene. Seria además revolucionario (en el buen sentido de la palabra).

 

NOTA ORIGINAL: http://www.otramirada.pe/la-crisis-gremial-del-empresariado

 

https://www.alainet.org/es/articulo/213323

 

LOS EMPRESARIOS Y PEDRO CASTILLO

El presidente electo Pedro Castillo ha sorprendido al país y al mundo, no tanto por ser o parecer izquierdista, sino por lo distintivo de su origen y lo que representa como expresión de un país dividido desde hace 500 años entre pizarros y atahualpas. 

• Francisco Durand

18/06/2021

 

El presidente electo Pedro Castillo ha sorprendido al país y al mundo, no tanto por ser o parecer izquierdista, hecho ciertamente notable, sino por lo distintivo de su origen y lo que representa como expresión de un país dividido desde hace 500 años entre pizarros y atahualpas. 

El inusual candidato es un maestro rural que proviene del pueblito de Puña, en las serranías de Cajamarca, tierra de ronderos vigilantes, campesinos pobrísimos y fabulosas minas de oro. Castillo se nos aparece como un fantasma surgido de una región donde se produjo la trágica muerte de Atahualpa el 26 de julio de 1533, luego del pago del rescate, momento en que comenzó generarse ese sentimiento de ser pobres en un país rico. Asume la presidencia el 2021, año del bicentenario republicano, un régimen político que no ha integrado al país ni resuelto el tema de la pobreza, la división regional y la discriminación.  

Este personaje, cuya candidatura era una de las últimas al empezar la campaña a comienzos de enero del 2021, logró pasar a la segunda vuelta el 6 de junio, cosechando un poco más del 50 por ciento de los votos. Castillo realizó una campaña maratónica, sencilla pero efectiva, al visitar pueblo por pueblo, hablar en las plazas y, de paso, reunirse con el mundo del hoy reactivado sector de organizaciones populares: rondas campesinas, sindicatos, frentes de defensa y organizaciones culturales folclóricas.

En el otro bando, donde abundó el dinero gastado y desplegado, seguido del cuestionamiento de los resultados, de los llamados al golpe militar, predominaron los temores. La televisión destacó, contribuyendo a difundir el miedo y sembrar la duda, mostrándose abiertamente sesgada a favor de Keiko Fujimori. En el primer anuncio de resultados a “boca de urna”, que le dio el conocido experto de Ipsos, Alfredo Torres, miembro de los círculos elitistas y conservadores capitalinos, ganaba Keiko por unos cuantos puntos. Sintomáticamente, todos los siguientes cálculos, como el conteo rápido y los anuncios oficiales, mostraron lo contrario: un pequeño margen a favor de Castillo. La derecha y lo grandes donantes, apoyando a Fujimori de forma anónima en muchos casos, y en otros manifiesta, no lograron entonces el apoyo suficiente para darle un margen ganador a su candidata. La derrota de Keiko y la victoria de Castillo el 2021, en ese sentido, marca otro hito histórico. Señala el fin de la República Empresarial iniciada autoritariamente por Alberto Fujimori en 1990 y continuada a partir del 2000 por “presidentes mayordomos” del poder establecido cuando retornó la democracia.

Los ricos mostraron jugaron mayormente sus cartas a favor de Keiko. Destacaron dos. El poderoso grupo Romero, activo financista ilegal y legal de Keiko en las campañas del 2011 y el 2016, investigado por originar el lavado de dinero del cual es acusada Fuerza Popular, el partido de Keiko, mantuvo su propensión a la transgresión. Entregó en esta campaña alimentos y productos del hogar con propaganda que condenaba el “chavismo”, productos plastificados distribuidos por fervientes seguidores keikistas en los barrios pobres. Los Miró Quesada, una antigua familia aristocratizada, dueños de la cadena periodística El Comercio-Correo, que incluye los principales diarios y televisoras, dirigió por su cuenta la campaña “contra el comunismo y por la libertad”, coordinando la ofensiva, obligando incluso a muchos periodistas a favorecer a Keiko y atacar o silenciar a Castillo, provocando eventualmente una crisis institucional. Las cartas de renuncia del Canal 4 son testigo de este episodio de dignidad periodística que, lamentablemente, fue un caso aislado.

En la segunda vuelta, una derecha inicialmente dividida se fue fusionando en torno a la peor candidatura, la de mayor rechazo, proceso simbolizado en la alianza entre el ala democrático-liberal que encabezó Mario Vargas Llosa desde 1990, con la autoritaria que representa el fujimorismo, primero con Alberto y luego con Keiko a partir del 2000. El propio escritor, convertido en marqués español luego de su derrota de 1990, hoy figura célebre de los círculos elitistas y reaccionarios europeos, ha participado activamente en esta alucinada campaña. A una semana de la derrota de su ahora favorita Keiko, imagina en uno de sus artículos a un Castillo presidiendo: “…. un país devastado por la censura, la incompetencia económica, sin empresas privadas ni inversiones extranjeras, empobrecido por burócratas desinformados y serviles, y una policía política que ahoga a diario fantásticas conspiraciones creando una dictadura más feroz y sanguinaria que todas las que ha conocido el país a lo largo de su historia” (La República, junio 12). Para rematar su pensamiento, el Nobel de Literatura concedió una larga entrevista en Canal N (también del grupo Miró Quesada) donde afirmó el mismo 12 de junio, que “los empresarios están absolutamente aterrorizados”. 

 

¿Será cierto o el novelista lo imagina?

Ganada la segunda vuelta, mientras un sector empresarial incrementaba sus donaciones al fujimorismo, o gastaba por su cuenta en la millonaria campaña anticomunista, varios otros han asumido una posición distinta. Por varias razones.

Una, para cualquier persona sensata y bien informada es evidente que Castillo es diferente del chavista Vladimir Cerrón, fundador y jefe del partido Perú Libre que lanzó esta exitosa candidatura y escribió su plan de gobierno. Dos, la alianza con Verónika Mendoza y la izquierda más capitalina y profesional, garantiza (por lo menos para el primer gabinete), un manejo profesional del aparato económico del Estado y una orientación que ayude a transformar algunas de las ideas de Castillo en políticas y programas. Tres, como afirma un informe del Scotia Bank, la entrada del economista Pedro Francke al equipo de Castillo ha tranquilizado a los inversionistas. Cuatro, dado que la situación de Castillo es precaria en el parlamento, donde no tiene mayoría ni bloque propio, que solo ha obtenido 50.2 % de los votos, que el “poder popular” todavía es un proyecto en construcción, es posible que como presidente electo y luego en el cargo opte por una mayor prudencia. Cinco y último, el abrumador voto regional castillista en toda la mega región minera cuprífera del sur, que incluye las más grandes minas (Antamina en la sierra de Ancash, Las Bambas en Apurimac, Antappacay en Cusco, Cerro Verde en Arequipa, a las que se suman Toquepala, Cuajone, y Quellaveco en la costa sur) es un dato de la realidad que cualquier empresario extractivista debe reconocer. Las declaraciones de Roque Benavides, el minero peruano más rico, aliado estratégico de importantes multinacionales mineras, corrigiendo a Keiko y sus aliados cuando deslizaron la idea de engaños electorales, sostuvo que “no se puede hablar de fraude”. La frase es indicativa de esta moderación que puede generar disposición al diálogo. 

En cuanto a la Confiep, Oscar Caipo vocero y representante gremial de mineros y banqueros, las dos fracciones dominantes de esta confederación donde hay predominio multinacional, ha optado por no presentarse abiertamente a favor o en contra de ningún candidato en la campaña. Los dos comunicados emitidos poco después de la elección llaman a la prudencia y abren una posición que, al evitar estridencias, posibilitan también un diálogo.

Pero no limitemos nuestras reflexiones a los grandes inversionistas. La posición de Castillo a favor de los productores agrarios de papa, maíz y arroz, y las preocupaciones de los productores textiles que operan en el emporio Gamarra de Lima (afectados por las importaciones chinas y el contrabando), han generado comunicados de apoyo de Conveagro y acomodos de los textileros que ahora reclaman salvaguardas. De hacer realidad sus promesas a estos dos sectores empresariales, Castillo pondrá fin al liberalismo extremo que rige desde 1990.

Tampoco podemos olvidar la posición de los miles de empresarios “emergentes”, como los llaman en Lima, de origen popular y provinciano. Aunque no hay encuesta que lo compruebe (las encuestadoras limeñas se niegan a medir opinión sobre los distintos tipos de empresarios), se conoce que, si bien un sector es keikista (caso de Gamarra), otros, probablemente mayoritarios, ven con simpatía al maestro Castillo (cholo y provinciano como ellos, y a mucha honra) y algunos (caso de chotanos, huancaínos y puneños) han financiado generosamente su campaña. Lo sucedido no debe sorprendernos. En Bolivia, país con el que más se asemeja al Perú, algo similar viene sucediendo con la burguesía chola de El Alto que ha apoyado al MAS y a Evo Morales.

El inicio del gobierno de Castillo, el candidato “ignorante” como les gusta llamarlo a las elites limeñas, será testigo tanto de la oposición estridente del keikismo y las derechas, sobre todo de la facción fascista y golpista, como de empresarios vargasllosianos aterrorizados que sacan su dinero o se van del país. Otros que están en una posición de espera y veras o que tratan de entablar dialogo. Tampoco faltan empresarios que apoyaron al maestro Castillo.

Una cuestión final por considerar es si estos espacios de diálogo (sin cambio de programa como le sucedió a Ollanta Humala) van a ser utilizados de modo pragmático e inteligente para que se inicie una relación transparente y abierta del Estado con todos los segmentos empresariales, los de Lima y las regiones, los grandes y los chicos, los de origen europeo y los de origen autóctono o de estampa mestiza. Este nuevo modelo de gobernanza empresarial puede ayudar a, sino eliminar, al menos reducir la captura del Estado que rige desde 1990, y a demostrarle a Vargas Llosa y sus seguidores que están equivocados.

17. 06. 2021

http://www.otramirada.pe/los-empresarios-y-pedro-castillo

 

https://www.alainet.org/es/articulo/212729

 

LA CANDIDATA DE LOS RICOS

 

Dueños del país XIV 

 

6. 05. 2021

Por: Francisco Durand

 

El término “candidata de los ricos” lo acuñó el finado Alan García en las elecciones del 2006 cuando competía con Lourdes Flores, la lideresa del PPC. Flores viajaba en la flota de aviones del grupo Romero (ATSA), aceptando poner como candidato a la vicepresidencia a Arturo Woodman. La colocación en la plancha del hombre de confianza de Dionisio Romero Seminario, considerado por décadas “el empresario más poderoso del Perú”, le mereció el acertado calificativo.

En las siguientes elecciones, los ricos encontraron a otra candidata femenina, Keiko Fujimori (KF), más popular, y que al menos, a diferencia de la desdichada Lourdes, siempre ha pasado a la segunda vuelta. Esta calificación vale para las tres últimas elecciones, y se hace más importante en el 2021, dada la polarización existente. A mayor susto, mayor plata hacia la candidata pro sistema.

El dinero que ha recibido KF es enorme. Se trata de millonarias donaciones directas, declaradas y no declaradas, y también aportes indirectos, vía campañas contra el candidato percibido como amenaza para el modelo económico concentrador de riqueza. 

Estas campañas se hicieron el 2011 contra Humala y se hacen hoy con renovados bríos contra Castillo. Son campañas motivadas por el temor: se asustan entre los ricos y propagan en paralelo una política del miedo con el fantasma de Venezuela o la tesis de la expropiación extrema, “hasta de mis terrenitos”, como alguien ha declarado recientemente. 

También se está preparando el clima para un posible gobierno cívico-militar, o un golpe de Estado. La campaña dirigida por los Miro Quesada, del grupo El Comercio-Correo, y seguida por todos los otros canales, además de las campañas subliminales de avisos luminosos y redes sociales en curso, no tiene precedentes en tiempos modernos. Quieren ser los electores y creen tener derecho a ello.

Pues bien, en las elecciones del 2011 (Humala versus Keiko), el dinero declarado y no declarado de los bolsillos profundos fue descomunal. Veamos las cifras elección a elección. 

El 2011 KF recibió $ 9,505,000 de aportes no declarados. De ese total, $ 8,255,000 fueron donaciones directas empresario-candidato, bajo la mesa y en efectivo, facilitando la corrupción al abrir la posibilidad de usos privados. Ese dinero, hasta donde se sabe del caso Romero (Alicorp, Credicorp), salió de las cuentas de las empresas de los grupos de poder económico peruanos, no de sus bolsillos, de modo que ni siquiera afectó su fortuna personal (aunque si su reputación, lo han defenestrado de la dirección de Credicorp y Alicorp). 

Dentro de este grupo de grandes donantes de dinero oculto tenemos a los jefes de la nueva oligarquía: Romero Paoletti del grupo Romero, Graña Miró Quesada del grupo G y M y de El Comercio-Correo, Ramssus Echecopar de Sudamericana de Fibras, Benavides Ganoza del grupo minero Buenaventura, Rodríguez Rodríguez del grupo Gloria, acompañados de Jorge Barata, el corruptor gerente de Odebrecht.

Algunos super grupos dirigidos por multimillonarios de la lista Forbes, sin embargo, no se meten en estas lides, al menos no directamente: Rodríguez Pastor (Intercorp), Belmont (Belcorp) y los Brescia (Breca, BBVA). Es otro su juego, más silencioso.

El resto de donaciones o fondos de campaña, un total de $1,250,00, salió de un aquelarre coordinado por Ricardo Briceño, el entonces presidente de la CONFIEP (hoy en problemas judiciales), donde participaron un selecto grupo de millonarios que armaron una bolsa para organizar y financiar una campaña paralela de “defensa de la empresa privada” y el modelo económico para defender el exitoso modelo que, según dicen, había creado el Milagro Peruano.

Las donaciones declaradas/legales de los mayores donantes alcanzan la cifra de $3,605,109. Aquí destacan otros dos grandes grupos de poder:  José Chlimper (jefe de Agrokasa), autor de la infame “Ley Chlimper” para subsidiar a los grandes agroexportadores, y los hermanos Wong Lu, ex dueños de la cadena de supermercado Wong, con inversiones diversificadas, incluyendo el canal digital Willax, de evidente sesgo ultraconservador, practicante asiduo del fake news. El resto de las principales donaciones se pueden ver a continuación:

El 2016, las cifras son menores por alcanzar la segunda vuelta un candidato salido de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, compitiendo con KF, ahora en calidad de candidata semi-preferida de los ricos. Los grandes donantes se dividieron o aportaron a las dos candidaturas (su privilegio, que les genera enorme ventaja política y doble influencia, en el Ejecutivo y el Legislativo, y a través de ellos en el Judicial).

Los grandes aportes no declarados del 2016 (los detectados, en tanto debe haber varios otros no detectados) fueron de $1,925,000, saliendo otra vez de bolsillos conocidos en la elección anterior: Familia Romero, Rassmus Echecopar y Jorge Peñaranda. Peñaranda ha sido acusado por recibir coimas de Odebrecht. 

De lo declarado, un total de $2,669,809, destacan nuevamente las donaciones de los hermanos Wong Lu, Juan Francisco Raffo Novelli (jefe del grupo inmobiliario-minero Los Portales), y Madeleine Osterling Letts, heredera de una parte de fortuna de Roberto Letts Colmenares (minera Volcan, cuyo dueño murió soltero), conocida fujimorista. 

 

Son cifras fuertes y solo Dios sabe cómo se han usado, con excepción del fiscal José Domingo Pérez, el ángel vengador que lucha por su sobrevivencia, uno de los pocos que se ha atrevido a investigar y armar expedientes de los dueños del país y la CONFIEP. La tesis del fiscal Pérez es que KF ha dirigido junto con su partido una mega operación de lavado de dinero, de varias fuentes, incluyendo las informales y las ilegales.  

En la elección 2021, en la cual KF pasa nuevamente a segunda vuelta, compitiendo con el maestro y rondero Pedro Castillo (con nuevas reglas de gasto electoral, en plena pandemia, y con más susto de los ricos que el 2011), tenemos a la fecha pocos datos. No obstante, a partir de la segunda vuelta han aparecido importantes indicios de grandes gastos que deben ser financiados de alguna manera.

En la búsqueda nos encontramos de nuevo con la figura del cuestionado Secretario General de Fuerza Popular el 2016, Joaquín Ramírez (Universidad Alas Peruanas y diversos negocios inmobiliarios, investigado por la DEA por vínculos con el narcotráfico y la Fiscalía por lavado de dinero), conocido por aceptar donaciones “de donde vinieran”, incluyendo las propias. 

Los datos de la Primera Entrega firmada por Karina Beteta, mujer de entera confianza de KF, indica lo siguiente: al 19 de marzo se había gastado S/. 87,068, suma irrisoria. 
Estas cifras ciertamente se van a incrementar exponencialmente en la segunda vuelta. El primer reporte de financiamiento privado de campaña de Fuerza Popular es modestísimo: S/ 48,298.52, que salen de 31 personas, 15 de sus actuales congresistas. Además, figura en la lista Alejandro Saldarriaga León, con cinco aportes que suman S/ 5,500. Saldarriaga León aparece como gerente en la Empresa de Transporte Saldarriaga S.R.L. y en Alsale consultores, asesores, constructora, inmobiliaria y servicios generales. 

Por otro lado, según informa El Comercio, entre otros financistas figuran dos personas vinculadas a empresas del investigado Joaquín Ramírez. César Díaz Gamarra, quien en el 2018 aparece como apoderado en Universidad Juan Pablo II. Este personaje está relacionado a Joaquín Ramírez Gamarra, quien aporta S/ 17,974.78 en especie por el préstamo de la camioneta de placa ATH890. Holger Cueva Gamarra, quien en el año 2004 aparece como gerente general de la empresa Lima ingeniería y Construcción S.A.C., fundada por Joaquín Ramírez Gamarra, es reportado como el chofer del vehículo cedido por César Díaz Gamarra. El monto que se le asigna es de S/ 1,280.00

Dos tipos de gastos fuertes no contabilizados relacionados a la campaña electoral destacan. El indirecto más importante es el gasto publicitario de imponentes carteles luminosos con propaganda anticomunista. Los carteles son evidentemente un instrumento de la campaña, aunque no aparezca la foto de KF ni el logo de su partido. Apuntan a defender su candidatura atacando al candidato opositor y apelando al anticomunismo tipo Guerra Fría. 

La empresa Punto Visual (fundada en 1996, que al parecer es controlado por el Grupo Maldonado) es la encargada de esta tarea propagandística de política del miedo. 

Los 10 (o más) super paneles luminosos colocados en zonas estratégicas de Lima cuestan en promedio $10,000 mensuales por concepto de alquiler.  Hagamos un cálculo: los letreros van a estar 2 meses, lo que hace un total (sólo por este rubro, es decir sin contar el costo de diseño creativo y si solo se limitan a 10), de $200,000 ¿Se trata de una donación de Punto Visual? ¿O es una operación de gasto indirecto de bolsillos profundos que han pagado a la firma? Este es uno de los misterios financieros de la campaña 2021 y la ONPE tiene la obligación de investigarla para prevenir delitos electorales.

El otro concepto de gasto muy fuerte son los pagos a especialistas internacionales de manejo mediático. Jaime Durán Barba, ecuatoriano experto en campañas electorales (asesor de imagen del presidente electo Lasso en la segunda vuelta) es considerado uno de los jales más importantes y costosos de KF. Si se confirma la sospecha de ser el asesor principal, en sumas que pueden estimarse en varios cientos de miles de dólares, tenemos otro mega gasto que se debería reportar. Durán Barba ya ha realizado declaraciones como experto mediático en La República. 

De modo que KF, tanto ayer como hoy, tiene mucho que gastar, mucho apoyo entre los ricos (sean formales, informales y quizás hasta delictivos), y también, mucho que explicar sobre quiénes y cómo han contribuido directa e indirectamente a sus costosas campañas en tres elecciones consecutivas.

El 2011-2016 recibió un total de $10,430,000 debajo de la mesa. y el 2021 puede ser más debido a la mayor polarización Lima/provincias, pobres/ricos existente. Si KF gana, usará el poder de la presidencia para cerrar los casos y recolocar a la mafia judicial en el poder, liquidando el equipo Lava Jato, que ha sido el primero en investigar el poder de los ricos, y toda la clase política que colaboró con ellos, y los sobornos que pagaron. 

Es decir, va a agudizar el curso degenerativo de la institucionalidad judicial. Aquí no hay una defensa de la propiedad privada sino de los sobornos de alto nivel y los pagos bajo la mesa. 

Si KF pierde, el lavado de dinero y los mega sobornos de los ricos constructores será su principal punto vulnerable si es que el equipo especial Lava Jato puede finalmente cerrar los casos con una probable condena a KF, su partido y los grandes empresarios del Club de la Construcción. 

Ser la candidata de los ricos es tanto una oportunidad de comodidades como una garantía para tener más donaciones que el resto de candidatos y hasta de alguien más. También un problema. Lo fue para Lourdes Flores, por abrirle un flanco que aprovechó el astuto García el 2006. Lo ha sido para KF desde el 2011 al recibir dinero bajo la mesa de múltiples fuentes, generando el consabido escándalo y hasta su ignominiosa prisión preventiva. Es el precio que se paga por agraciarse con los dueños del país y querer llegar a la presidencia como sea y para servir a sus fuentes.

Fuente: http://otramirada.pe/due%C3%B1os-del-pa%C3%ADs-xiv-la-candidata-de-los-ricos

 

 

EL CASO GRAÑA Y LA BRONCA DE CLASES

13. 12. 2017

Por: Francisco Durand

El remezón sísmico de fin de año fue la detención de los cinco grandes empresarios constructores   sospechosos de haber coimeado a Alejandro Toledo a cambio de preferencias y sobrecostos en la Interoceánica Sur. Se embarcaron en este proyecto a insistencia de ellos con la gigante coimera  Odebrecht.  En mala hora. Se los llevaron a las 6 de la mañana, esposados como cualquier otro preso y directo al penal de Ancón. Todo un terremoto social en medio de una lucha política que no cesa. 

El caso Graña tiene la curiosa característica de ser “una cuestión de clases sociales”. Un juez propenso a la prisión preventiva apellidado Concepción Carhuancho metió adentro a alguien apellidado Graña Miro Quesada, rompiendo de ese modo el trato especial que “la gentita limeña” cree que se merece. Pero hay más en todo esto que no debemos perder de vista. El fondo es la desesperada lucha de distintos líderes y partidos para que no los saquen del camino del poder que tanto los atrae por efecto de una investigación salida de control que implica a todos, sin distinción de clase.

El preso número uno es nada menos que José Graña Miró Quesada, miembro connotado, como sus apellidos lo indican, de varias ramas de familias limeñas encumbradas de viejo arraigo. Es una suerte de remanente de la vieja oligarquía, que mantuvo su vigencia social y sus riquezas porque logró adaptarse a los tiempos modernos al formar corporaciones constructoras (GyM) y mediáticas (Empresa Editora El Comercio).  En efecto, el reputado arquitecto Don José Graña Miró Quesada, quien fuera por  más de 30 años jefe de la primera constructora nacional GyM quedó envuelto (a pesar suyo y de sus conexiones, que incluye de manera significativa cercanas relaciones con el gobierno de PPK), en el escándalo Odebrecht.

Jorge Barata, ejecutivo de Odebrecth en el Perú, inició la secuencia de hechos que terminó en el penal de Ancón cuando explicó que las coimas para la Interoceánica fueron compartidas entre todos sus socios nacionales. Luego vino el desesperado control de daños de GyM. Los principales bloques de accionistas extranjeros exigieron a Graña la salida de la jefatura del holding a principios de año, siendo reemplazado por un gerente no vinculado a la familia fundadora, pero amigo del presidente de la República. Al inicio, el gobierno les concedió a las constructoras consorciadas el beneficio de la duda, no siendo incluidas en la lista del discutible DS 003, que solo consideró como posibles culpables a las empresas del holding Odebrecht. Entonces GyM movió cielo y tierra, intentando incluso seguir compitiendo en licitaciones luego de publicar comunicados donde reclamaban su total inocencia. A pesar de ser socios de Odebrecht desde los años 1990, y de recurrir esta empresa a formar carteles de constructores y sobornos, dijeron no saber nada. 

Mientras tanto, a medida que el valor de sus acciones en las bolsas de Lima y Nueva York se desplomaba, GyM vendió varios activos millonarios con toda libertad. El caso más significativo fue el valioso terreno del Cuartel San Martín de Miraflores, comprado al Estado a precios bajos durante el gobierno de García, otro presidente amigo, quien tuvo la curiosa idea de “ponerlos en valor” y terminaron pasando a manos del grupo GyM. Lo remataron. 

Esta situación, sin embargo, no podía durar mucho. Y aquí viene otro episodio más de esta cuestión de clases sociales. Me refiero a la bronca entre el fujimorismo y el grupo El Comercio ocurrida el 3 de junio, poco antes de la segunda vuelta del 2016, cuando se difundió en un momento crítico de la campaña la noticia que Joaquín Ramírez, el congresista amigo de Keiko, en ese entonces Secretario General de su partido, generoso aportante de su campaña, estaba involucrado en una investigación de la DEA por lavado de activos en Miami.  Dado que Ramírez era parte de la familia  dueña de la universidad privada Alas Peruanas, el choque terminó siendo una confrontación entre dos grupos: uno establecido de origen elitista y otro emergente de origen popular. Cuando la denuncia le complicó la elección a Keiko, contribuyendo a su derrota, Ramírez hizo una famosa declaración contra la “gentita limeña”, denunciando que lo criticaban por haber empezado como cobrador de microbuses y haber hecho, “con su esfuerzo”, fortuna propia. La llegada a la presidencia de PPK gracias a este escándalo, y el control mayoritario del Congreso por parte de Fuerza Popular, hizo que, tarde o temprano, esta tensión y estas heridas terminaran por llevar a un enfrentamiento.

Recordemos que, luego de su amarga derrota, el keikismo criticó con frecuencia a los “grupos de poder”, haciendo de vez en cuando referencias directas al monopolio de El Comercio y los Miró Quesada. Este cambio de actitud, alimentado por Ramírez, y reforzado con el resentimiento de Keiko, era toda una ruptura con el pasado. Si bien los fujimoristas no eran de compartir fiestas con gente como Graña Miró Quesada, estuvieron siempre de la mano con ellos, apoyándose mutuamente elección a elección desde 1993, hasta que llegó la segunda vuelta del 2016. Una vez iniciado el nuevo gobierno, a medida que se acumularon las sospechas contra Graña y Montero y las constructoras protegidas por PPK (sospecha que me parece cierta), el fujimorismo terminó atacando al presidente y el Poder Judicial, acusándolos de encubrir las “empresas consorciadas” de Odebrecht, donde destacaba GyM. 

Otro incidente que echa más leña al fuego ha sido la denuncia del fujmorismo por difamación contra El Comercio el 11 de noviembre último, luego de que hiciera revelaciones sobre las declaraciones de Odebrecht en Brasil que desmentían la negativa de Fuerza Popular de haber financiado sus campañas. Esta novela, como vemos, tiene varios capítulos. 

Al final, fue tal la presión política que puso el fujimorismo contra la Fiscalía, pidiendo la salida del Fiscal General Pablo Sánchez, que probablemente terminó acelerando las investigaciones contra las constructoras peruanas. De allí a las denuncias del fiscal Hamilton Castro y la decisión del juez Concepción Carhuancho, sorpresiva pero inevitable (el precio de no hacerlo hubiera generado reacciones), de encarcelarlos. La Fiscalía tenía que demostrar activismo judicial y el juez hacer honor a su fama de justiciero.

De modo que la cuestión de las clases sociales existe, pero es solo un ingrediente más del explosivo, largo y complicado caso Lava Jato, donde hay municiones para todos, pobres y ricos, limeños y provincianos, derechistas e izquierdistas. Más allá de las tensiones socioculturales del Perú actual entre encumbrados y emergentes, lo que realmente pesa es que hay fuego cruzado entre todos los implicados en el caso Lava Jato, sean o no de alcurnia. Deberían terminar pactando, como sugiere su plataforma virtual “El Montonero”, para no matarse entre ellos. De lo contrario, se va a acelerar el descrédito generalizado de la clase política, los grandes empresarios y los sesudos economistas y prestigiosos abogados que aprobaron uno tras otros proyectos lesivos a la nación. De ser así, nos acercamos al fin de la República Empresarial por acusaciones mutuas entre los principales miembros de la alianza de poder que la inauguró en 1990, la reforzó en 1993, al aprobarse la constitución neoliberal, y que, con altas y bajas, continua hasta ahora (o en todo caso, hasta el 2021, si es que antes no hay una crisis de régimen).

Fuente: http://otramirada.pe/el-caso-gra%C3%B1a-y-la-bronca-de-clases