LOS HÉROES RELATIVOS

Escribe: Milcíades Ruiz

El congresista aimara Apaza, al parecer quiso ser consecuente con sus creencias, y no le cuadró la propuesta de que el Congreso de la República declare “Héroes de la Democracia” a los miembros del comando militar que participaron en el rescate de rehenes en poder del MRTA durante la dictadura de Fujimori. Estaba en un entorno totalmente adverso y no tuvo pericia para expresar su desacuerdo ante la prensa y le cayeron con todo. Hasta sus compañeros de bancada, lejos de socorrerlo solidariamente, se sumaron al cargamontón y tuvo que salir a decir que fue malinterpretado.

Pero ese sentimiento de Apaza también flota en gran parte de nuestro pueblo. Calladamente lo guarda para no dar lugar a la acusación de pro terrorista. Es que la gente de abajo sabe que no vale la pena exponerse al abuso de poder. Esta actitud la tiene de generación tras generación desde que llegaron los conquistadores. El silencio ha sido siempre su mejor defensa para sobrevivir a la aterradora maquinaria estatal. 

Para mí, tampoco son héroes de la democracia puesto que actuaron por órdenes superiores de carácter político de un régimen dictatorial, antidemocrático y cruel que estaba bajo el mando de Fujimori, Montesinos y directamente del general Nicolás Hermoza Ríos, triunvirato que se encuentra en prisión por los horrendos crímenes contra muchos inocentes, derramando sangre de nuestro pueblo. Se pasa por alto la ejecución extrajudicial del prisionero “Tito”. Pero hay que darse cuenta que esta iniciativa proviene del fujimorismo actual corroborando que es el mismo de la década del 90.

Correlativamente, para la sociedad colonialista, Túpac Amaru II, no era un héroe sino un traidor. Los héroes del Estado de Derecho virreinal fueron los de las fuerzas represivas que lo capturaron tras una traición. A estos, no solo los premiaron con dinero y condecoraron sino también, se les ascendió y premiaron con cargos públicos. Es la razón del poder la que impera en la justicia y la historia en una sociedad sometida.

Tampoco para la sociedad virreinal eran héroes los subversivos extranjeros San Martín y Bolívar. Los héroes oficiales eran los generales realistas como José De la Serna, sus oficiales y sus tropas a los que igualmente premiaron y halagaron tanto la Corte Real como el propio rey de España. Eran los héroes del régimen monárquico. Hasta el Papa el Papa León XII, en su Breve “Etsi iam diu”, del 24 de Septiembre de 1824, calificaba a las huestes de la independencia como “fruto maldito de la cizaña de la rebelión que ha sembrado en estas regiones el hombre enemigo”.

El 21 de Diciembre de 1821, tras ser vencidas las tropas realistas por los morochucos encabezados por Basilio Auqui, el héroe virreinal José Carratalá ordenó a las tropas españolas atacar en venganza, al pueblo de Cangallo, incendiándolo totalmente y asesinando a sus pobladores incluyendo niños, mujeres y ancianos. Este hecho sanguinario se repitió con la supuesta democracia republicana. 

La mañana del 14 de agosto de 1985, los pobladores de la pequeña comunidad de Accomarca (Vilcashuamán, Ayacucho) fueron reunidos a la fuerza por elementos militares que arribaron por diferentes frentes a la quebrada de Huancayoc, y luego de introducirlos en dos casas los asesinaron con disparos de fusil y granadas de guerra. 69 hombres, mujeres y niños fueron eliminados.

El principal incriminado, teniente Telmo Hurtado, dijo ante la Sala Penal que lo juzgó veintiséis años después: “El tiro entraba por el occipital, así era la manera de matar a los subversivos”. […] “En el operativo de eliminación’ no hubo diferencia entre mujeres y niños, para nosotros todos eran terroristas”. (26 fueron los niños aniquilados)

“Todo el Estado Mayor sabía del asesinato. El general (Wilfredo) Mori Orzo (jefe del Comando Político Militar de Ayacucho) me mandó dos días después (del asesinato) a hacer una “limpieza”, es decir, desaparecer a los testigos (del crimen) para que no se viera comprometida la plana mayor en un escándalo periodístico”.

Confrontado con Juan Rivera rondón, otro de los inculpados, dijo: “Yo soy responsable de la muerte de 31 personas; tú debes haber matado al resto, tú quemaste sus casas. Los dos participamos en el operativo”. (Diario La República 21.09.12). Estos son pues, los héroes de los partidos de derecha y del poder político imperante pues estos militares se sacrificaron por defender la democracia de la que viven los políticos al servicio de la opresión.

Bueno pues, de esta calidad humana eran las tropas que el fujimorismo pone como héroes de la democracia, que no es otra cosa que la democracia al estilo fujimorista. Así era esa democracia que implantó los operativos del grupo “Colina” para ejecuciones extrajudiciales, que asesinaba inocentes en Barrios Altos, campesinos en Chimbote y grupos de estudiantes en La Cantuta y cientos de personas enterradas en fosas clandestinas.

Entonces pues, queda claro que propósitos como los que enarbola el fujimorismo actual tiene como finalidad ablandar la opinión pública, con miras a justificar la amnistía de sus héroes: Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Martín Rivas y demás genocidas. Si los que estuvieron bajo su mando son considerados héroes de la democracia, con mayor razón habría que reconocer a quienes fueron sus jefes, a los que dieron las órdenes, y hasta al arzobispo Cipriani que fue clave en esta operación. Si pasa esto ahora, también podrá pasar la condecoración y reconocimiento como héroes a los cabecillas del fujimontesinismo.

Por supuesto que soy opuesto a todo tipo de terrorismo y lo dicho líneas arriba no avalan los actos de barbarie cometidos por terroristas que tampoco son héroes. Los héroes del pueblo no son los mismos que los héroes de los opresores aunque el oficialismo lo imponga. Aunque desde niños nos eduquen con películas en que los malos son siempre los rusos, japoneses, alemanes y árabes contrastando con los héroes de la libertad y la democracia que siempre son de EEUU, cuando bien sabemos su negra historia de atrocidades antidemocráticas con las que somete a los pueblos del mundo.

Al igual como se viene promocionando el bicentenario de la independencia del virreinato que no es la del Tahuantinsuyo ni de la población sometida, podemos concluir entonces que cada régimen tiene sus héroes a su conveniencia y que, los grupos sociales tienen como héroes a quienes representan sus ideales. Las tropas son gente de nuestro pueblo y está demostrado que van en contra de su voluntad cuando reprimen a los luchadores sociales ya que muchos de ellos suelen estar de acuerdo con estos, aunque estén en bandos contrarios.

Hasta los oficiales enviados a combatir a los rebeldes llegan a darse cuenta que son utilizados con fines políticos por quienes trafican con la palabra democracia. Que no lo hacen por propia voluntad sino por órdenes del poder político. En la campaña del Che en Bolivia se dio el siguiente caso del Mayor Rubén Sánchez Valdivia que comandó tropas bolivianas emboscadas ocasionalmente por los guerrilleros respecto a lo cual dijo años después:

“De mi conversación con los guerrilleros, yo comprendí que ellos luchaban por los pobres, y me interrogaba: ¿Por qué razón entrábamos a pelear nosotros? ¿Qué defendíamos? ¿A quiénes defendíamos? Al menos ellos, los guerrilleros, defendían a los pobres, de eso me di completa cuenta”. (Entrevista en su domicilio después de 1980, registrada por los investigadores sociales Froilán Gonzáles y Adys Cupull).

No confundamos entonces, chicha con limonada. Ni los soldados ni los policías son nuestros enemigos per se. Ellos son formados a conveniencia del régimen opresor que los utiliza, como en este caso con fines claramente políticos a conveniencia del fujimorismo.

Abril 2017

Milciades Ruiz
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PERUANO EN LA MUERTE DE TITO EN LA EMBAJADA DE JAPÓN

¿Teníamos Razón cuando Señalamos que el Estado Peruano es responsable de su Mala Acción, Contraria a los Derechos Humanos en el caso del muerto 14?

Estimados  amigos:

Esta es mi posición de lo que he escrito sobre la sentencia que felizmente libra de cualquier insinuación que ponga en tela de juicio la valiosa acción del Comando Militar Chavín de Huantar en el rescate de los rehenes de la residencia del Embajador del Japón, sin embargo, en esta sentencia hay mucho tiempo perdido en determinar lo sucedido, pues no ha habido claridad, ni análisis de menos a más sobre la seriedad de los hechos mencionados.

Es lamentable que estemos ante un proceso lleno de marchas y contramarchas, y buscando las coordinaciones entre los poderes públicos para limpiar al Estado Peruano de atentados contra los derechos humanos.

La Corte de Costa Rica y la CIDH nos dirán si el proceso y la sentencia está terminado, o si aún se tiene puntos por aclararse sobre la muerte del terrorista 14, y dónde está el Coronel de Policía Jesús Zamudio Aliaga, (desaparecido) para hacer frente a la justicia por su presencia y a la defensa que todo ciudadano le corresponde.

Atentamente,

Fernnado Arce Meza                    Surco, 7 de Agosto del 2013

La Corte Suprema Emite Sentencia Sin Señalar Autor(es) del Muerto Nº 14 en el Rescate de los Rehenes de la Casa del Embajador de Japón en Abril de 1997

(Surco, 7 de Agosto del 2013).

El Poder Judicial inexplicablemente ha demorado más de una década para sentenciar que el miembro catorce del grupo de secuestradores del MRTA fue ejecutado fuera del grupo de terroristas que murieron frente al Comando Militar Chavín de Huantar que, ingreso a la casa del Embajador del Japón a rescatar a los rehenes. El terrorista llamado Tito murió sin estar mezclado con los otros muertos en la refriega. Murió a consecuencia de un tiro disparado hacia la nuca y cuello 

El Poder Judicial en su sentencia final indica que no fue ejecutado por los miembros del Comando Chavín de Huantar responsable de la misión de liberar a los secuestrados; asimismo, declara que el grupo del alto comando del ejército que se hizo presente después de terminada la acción de rescate, el General Hermoza y el Asesor de Inteligencia Montesinos y sus subordinados  tampoco han sido los ejecutores de la muerte No14.

Sin embargo, la sentencia dice que Eduardo Cruz Sánchez (a) Tito recibió el disparo que terminó con su vida después de ser tomado prisionero por la policía asignada al SIN, luego de la comunicación con el Coronel de la PNP Jesús Zamudio Aliaga, cuando intenta fugar del lugar de los acontecimientos. Tito fue entregado a los hombres del grupo a las órdenes de Vladimiro Montesinos del SIN y del General Hermoza Comandante General del Ejército, por dos modestos suboficiales de la Policía Nacional.

Por lógica podemos manifestar que los responsables debieron ser Montesinos, Hermoza o el personal a sus órdenes, pues estos fueron los que se hicieron cargo finalmente del terrorista Tito. La sentencia final los exime también de la muerte, incluyendo al Coronel Roberto Huamán Azcurra, reservándose el juicio a Zamudio Aliaga, porque nunca se ha hecho presente, no se ha defendido, obviamente apeló, y probablemente – a buen seguro que todos saben donde está escondido -.

Además de la reserva mencionada, no todo estaría cerrado en la sentencia, tanto es así que en la misma, indica que el caso de Tito es distinto, y que éste  si habría sido ejecutado extrajudicialmente, sin que mediará una orden superior o cadena de mando para matarlo, por lo que piden a la Fiscalía identificar e investigar a los autores materiales de este hecho.

No se debe olvidar que la recuperación de la Residencia Japonesa y de las acciones de combate fue exclusiva del Comando de Chavín de Huantar. Así, acabada la toma del local dicho Comando en su parte sobre los  terroristas muertos en la refriega señala que son 13. Este hecho evidencia que el Comando Chavín de Huantar no es responsable de la muerte del terrorista  Tito, ni cabría poner en tela de juicio su participación en esta muerte.

En este juicio si se trata de tomar en cuenta que el Poder Ejecutivo, ha buscado en todos los gobiernos de una manera u otra de establecer  coordinaciones con el Poder Judicial para que se evalúe que el Estado es uno y le corresponde defender al Comando de Chavín y las sospechas de acciones extrajudiciales de tres terroristas que habrían quedado vivos, según las declaraciones del diplomático japonés Hidetaka Ogura.

                                            

Asimismo, debemos tomar en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Costa Rica no es un tribunal que juzga o condena a personas, sólo analiza la responsabilidad de los Estados; en este punto el Perú estaría tratando de no presentar una evaluación contraria al comportamiento del Estado como responsable de atentar contra los derechos humanos.

En este caso específico, el Ejecutivo ha tenido o no injerencia en la decisión del Poder Judicial, debemos manifestar que las pruebas de los audios merecerían de parte de la CIDH apreciar o determinar su validez. Además, como lo hemos dicho la CIDH y la Corte no juzgan el comportamiento de las autoridades tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial.

La aparente limpieza conque el Estado Peruano se presentara ante los Organismos Internacionales mencionados, ¿por qué ha salvado a los posibles responsables de la ejecución extrajudicial del terrorista 14? Pues por los malos antecedentes que ostentaban: Montesinos Torres, sus subordinados directos como el Coronel Huamán Azcurra y el Coronel Zamudio Aliaga. También el General Hermoza Ríos con sus allegados eran inevitables sospechosos de primera línea, y tuvieron la suerte de librarse de ser  los “malos de la película”.

Sin embargo, los peruanos esperábamos no sólo celeridad, sino también claridad en el proceso judicial y en la sentencia final del Poder Judicial. Por lógica no podemos negar las escaleras de mando tanto en el Comando de Chavín de Huantar, como en el Comando del SIN, y porque no decirlo, ¿qué representó la presencia del General Nicolás Hermoza Ríos al ser el Comandante General del Ejército en la acción de rescate de los rehenes en la residencia japonesa? ¿Por qué el gobierno de OHT representando al Estado Peruano, insistiría en librar a Hermoza, Montesinos, Huaman Azcurra, para que sean liberados por el Poder Judicial? ¿Y, quién ordenó que se escondiera el coronel PNP Jesús Zamudio Aliaga?

Sobre esto último, es imposible que dicho coronel PNP no haya sido ubicado. Esto merece, primero capturar a este señor sobre la marcha, y segundo, investigar a los responsables de su aparente desaparición. (*)

Finalmente, siempre quedan dudas, o mejor dicho aspectos ineludibles de los hechos:

primero, el Comando de Chavín de Huantar no es responsable de las presencias que lamentablemente han tratado de empañar e interferir su valiosa acción, especialmente, de parte del Comando del SIN;

segundo, no puede negarse que el muerto 14 fue ejecutado, desconociéndose quien terminó con su vida;

tercero, porqué no aparece el Coronel de Policía Zamudio Aliaga para someterse al juicio; y

cuarto, ¿es favorable o no la sentencia ante la Corte y el CIDH, que libre de los atentados de los derechos humanos al Estado Peruano, sabiendo de la presencia del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a través de acciones de retrasos y avances que entorpecerían la claridad de los hechos ocurridos? – como últimamente le cupo al abogado Pedro Cateriano Bellido, que actuó como procurador y después como ministro de defensa, en ambos casos fue a cuento de coordinar la defensa del Estado. 

Surco, 7 de Agosto del 2013.

(*) Nota: sospecho que a parte de la aparente desaparición, y de ser acusado culpable del muerto 14, el coronel PNP Zamudio Aliaga no solo está comprometido con la muerte del muerto 14, sino ha desaparecido realmente por algún comando paramilitar.

Surco, 01 de Julio del 2015

UN MAL ENDÉMICO EN EL PERÚ: LOS MOLINOS, 25 AÑOS DE UNA MATANZA IMPUNE

Gustavo Espinoza M.

Rebelión

29-04-2014

En la larga lista de crímenes que se pueden adjudicar a los años de la violencia ocurridos en el Perú a finales del siglo XX, los sucesos de Los Molinos, una localidad cercana a la ciudad de Jauja en el departamento de Junín, ocupan un sitial preponderante.

Allí, como se supo casi en forma inmediata, el 28 abril 1989, 42 combatientes del MRTA libraron una desigual refriega al ser emboscados por 400 efectivos del Ejército y de la Marina de Guerra, que los sorprendieron cuando se trasladaban en vehículos a la ceja de selva en la intención de incorporarse a acciones armadas.

Como se dijo en la ocasión, el ejército, haciendo uso de helicópteros artillados, bombardeó a quienes se desplazaban por la carretera, obligándolos a ofrecer valerosa resistencia. Después abrió fuego graneado contra ellos, aniquilándolos sin conmiseración alguna.

Lo significativo, es señalar que luego de la contienda, no fue capturado ninguno de los sublevados, ni quedó un solo herido. Los 42 combatientes copados, perecieron en el enfrentamiento que también fue presentado como expresión del “alto grado de responsabilidad y heroísmo de nuestra Gloriosa Fuerza Armada”, tal como fue consignado en los partes de la época.

Luego de los hechos, el entonces Presidente Alan García Pérez se desplazó, insuflado de soberbia, entre los cadáveres; inspirando quizá el gesto similar que años más tarde imitaría Alberto Fujimori en otro abril, en 1997, discurriendo silenciosamente junto a los restos de Néstor Cerpa y algunos combatientes del MRTA.

Cuando ocurrieron los sucesos de Los Molinos, en la Cámara de Diputados, y también en el Senado de la República, los parlamentarios de Izquierda Unida exigimos con firmeza una investigación de los hechos.

La aplastante mayoría aprista, en ambas cámaras, rechazó el pedido, asegurando que se había tratado de “una acción de guerra” que correspondía a la naturaleza del Estado –“defenderse contra la subversión”- Esa fue la versión de sus voceros parlamentarios, en la época, pero también el punto de vista de la Clase Dominante en todos sus niveles y el argumento principal de “la prensa grande”, que justificó los hechos.

Hay que recordar, no obstante- que esta prensa, y en general los medios de comunicación entonces existentes, tendieron una cortina de silencio en torno a las circunstancias de lo ocurridos. Ellas, llegaron de manera episódica y parcial a conocimiento de la ciudadanía, que nunca alcanzó a conocer a cabalidad la esencia de la confrontación, en estos olvidados parajes andinos.

Todo esto nos llevó a preguntarnos, en el Hemiciclo de la Cámara a preguntarnos en forma reiterativa de qué “guerra” se estaba hablando. Porque si se trataba de una guerra, es decir de una confrontación regular entre destacamentos armados de uno u otro signo, era indispensable exigir que ambas partes se regularan por “las leyes de la guerra”, que, entre otras pautas dispone no maltratar capturados, no atormentar heridos, y dar cuenta de los muertos a sus familiares, entregando a ellos sus pertenencias y cuerpos para su resguardo y funerales.

Yo recuerdo haber aludido, en ese debate parlamentario a los Convenios de Ginebra de 1949 que establecen mínimas reglas humanitarias para el trato y protección de civiles y de combatientes en el caso de conflictos armados.

Estos convenios tienen -como es sabido- un dispositivo que es común a las partes -el artículo tercero- que dispone que uno y otro bando tienen la obligación de “tratar con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable, basado en la raza, color, religión o creencias, sexo, nacimiento fortuna, o cualquier otro criterio análogo a las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate, por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa”.

Esto lo citaron ante tribunales argentinos los prestigiosos juristas Julio C Strassera y Luis Moreno Ocampo. Sus opiniones fueron escuchadas en su país, en el juicio a las Juntas Militares acusadas por la comisión de delitos de lesa- humanidad; pero no fueron oídas en el Perú por quienes hoy se rasgan las vestiduras ante el menor asomo de violencia por parte del Estado.

Nada de lo que nosotros exigimos en ese entonces, fue cumplido, porque los voceros del Partidos del Gobierno -el APRA- dijeron que se trataba de una “guerra no convencional”, es decir, no sometida a las leyes de la guerra ni a disposición ni control alguno.

Era esa, por cierto, la mejor manera de darle “carta blanca” a una estructura represiva del Estado encargada de aniquilar a quienes consideraba sus adversarios. Era formalizar la “guerra sucia” que enlutó a miles de hogares en el Perú y en otros países de nuestro continente.

Los muertos de “Los Molinos” nunca fueron siquiera identificados, ni entregados a sus familiares, que tuvieron que desplegar inmensos esfuerzos para reconocer a uno u otro; y nunca recibieron siquiera los funerales a los que cualquier ser humano tiene derecho. El salvajismo de la confrontación armada se hizo notable en la coyuntura.

Pareció, en ese entonces, que en el país reverdecían los años de “zoocraciay canibalismo”, a los que alguna vez se refiriera Federico More, aludiendo a sus tiempos.

Lo más grave, sin embargo fue que, más allá del odio y la vesanía que los mandos castrenses mostraron ante sus adversarios caídos, las autoridades de entonces, incluyendo ministros y al mismo Jefe del Estado, actuaran con alevosía y barbarie, consumando un verdadero crimen contra personas que bien pudieron ser reducidas y capturadas dada la inmensa diferencia cuantitativa y cualitativa entre uno y otro bando.

Esta abismal diferencia fue formalmente reconocida por los mismos mandos castrenses en esos días aciagos.

Y es que, mientras que por un lado actuaban más de 400 soldados adecuadamente pertrechados y entrenados, que contaban con auxilio aéreo y terrestre aun muy superior y armamento sofisticado; por el otro, operaban apenas 42 jóvenes, muchos de los cuales nunca habían participado en ninguna acción armada y que buscaban apenas colocarse en un lugar de la selva para comenzar a operar en una guerrilla que, en ese entonces, estaba ya extremadamente debilitada.

Fue ese el antecedente de lo que sería –años después- otra “operación heroica” de la institución armada: el rescate de los rehenes de la residencia nipona. Allí 142 comandos perfectamente entrenados y armados, aniquilaron a 14 combatientes, varios de los cuales quedaron completamente fuera de combate desde el inicio del operativo, esa tarde de un martes 22 de abril de 1997. Fue la “Operación Chavín de Huantar” a la que los mismos que aplaudieron la matanza de Los Molinos, le rinden hoy puntual pleitesía.

Seguramente no será posible lograr que ahora se deslinden responsabilidades por el caso de Los Molinos. Pero llegará día en que las voces de los asesinados en aquella aciaga circunstancia, serán finalmente escuchadas. Así, ningún crimen quedará impune.

Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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