CUMBRE DE
LOS DUEÑOS DE LA ALIMENTACIÓN
No podemos vivir sin comer. Los alimentos y todo lo
que les rodea están en la base de la vida de todas las personas. Por ello
controlar ese mercado es un objetivo fundamental de las empresas
transnacionales
07/07/2021
Al día de hoy, unas 4-5 grandes empresas de
agronegocios controlan más de la mitad del mercado global en cada eslabón de
esa cadena industrial. Con la pandemia aumentó explosivamente la entrada de las
gigantes tecnológicas y de comercio en línea, lo cual han cambiado las
estructuras de producción y quiénes controlan a productores y consumidores.
Para legitimar este asalto digital y biotecnológico a nuestra comida y sentar
nuevas normativas internacionales (leáse evitar regulaciones y control
públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a realizarse
en septiembre de 2021.
Aunque se presenta como una cumbre de Naciones
Unidas, fue una iniciativa del Foro Económico Mundial (Foro de Davos en
lenguaje popular, donde convergen las mayores empresas trasnacionales). António
Guterres, secretario general de la ONU, anunció en 2019 su realización antes de
que los propios órganos de Naciones Unidas relacionados a agricultura y
alimentación –como FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial– supieran
de ésta. Pese a ser “oficial”, esta cumbre será un evento “público-privado”,
donde el sector privado tiene
más participación e influencia que los co-organizadores de Naciones Unidas.
La comida no es solo nutrición, es además un pilar
esencial de la organización de las sociedades y las culturas. Durante más
del 99,9 por ciento de la historia de la humanidad, los alimentos, la forma de
obtenerlos, producirlos y procesarlos ha sido diversa y descentralizada según
geografías y culturas, basada en sistemas locales y en su vasta mayoría,
sustentable social y ecológicamente. El capitalismo y su "revolución
verde" (paquete tecnológico de semillas híbridas y transgénicas,
maquinaria pesada, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos) junto a la
globalización impuesta, logró dañar en algunas décadas parte de esa realidad
milenaria, con una industria alimentaria basada en el lucro, en la uniformidad
genética de plantas y animales, groseramente quimicalizada – agrotóxicos,
conservantes, saborizantes, espesantes, colorantes, etc., con cada vez más
elementos sintéticos y artificiales. Industria que es también uno de los
mayores factores de contaminación de suelos, agua y tierra y causante del
cambio climático. Adicionalmente, también es el mayor factor de producción de
epidemias y pandemias.
Es uno de los diez mayores mercados industriales
globales, lista en la que ha ocupado entre el primer y séptimo lugar en la
década pasada. Esto pese a que esa contabilidad sólo toma en cuenta la
industria y apenas parcialmente los alimentos que provienen de redes
campesinas, pesca artesanal, huertas urbanas, recolección tradicional, que son
quienes proveen alimento al 70 por ciento de la población mundial.
Desde hace pocos años, las gigantes de tecnología
digital y de plataformas de venta en línea (como Google, Facebook, Amazon,
Microsoft, etc.) han entrado en la agroalimentación. Han introducido programas
de control digital del agro (ofertados por las empresas de agronegocios y
maquinarias en sociedad con las tecnológicas) y diversos instrumentos para
ello, como drones y sensores, a la vez que expanden y controlan las ventas en
línea, tanto entre empresas como a
consumidores.
Por todo ello, más allá de la retórica, los
principales objetivos de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios son: a) la
promoción y avance a gran escala de la industria agroalimentaria digital o
“Agricultura 4.0”, con nuevas biotecnologías, sistemas informáticos, extracción
y acumulación masiva de datos del campo, de ecosistemas y de nuestras conductas
alimentarias; b) establecer sistemas de gobierno alternativos sobre
agroalimentación, donde las empresas tengan el papel principal junto a algunos
gobiernos: “sistemas público-privados”, marginando incluso a Naciones Unidas y
buscando eliminar a las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores,
que no puedan cooptar; c) establecer nuevos conceptos como “producción
positiva a la naturaleza”, para conseguir subsidios y cooptar producción
orgánica si les sirve para el lucro, y otros como “soluciones basadas en la
naturaleza” que es una cobertura para abrir nuevos mercados de carbono en
agricultura y mercados de “compensaciones” por destrucción de biodiversidad.
La Vía Campesina y la vasta mayoría de movimientos
campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo
el mundo rechazan esta Cumbre y se han propuesto desmantelar las mentiras y
maniobras que entraña. Más graves aún cuándo el mundo sigue en pandemia y el
sistema agroalimentario industrial que pretende avanzar la Cumbre es uno de los
factores clave en la generación de epidemias. Por ello, realizarán una
contra-Cumbre a fines de julio, donde una gran diversidad de organizaciones y
comunidades presentarán las realidades y propuestas que necesitamos para
alimentar a todo el mundo, con justicia y cuidado del medio ambiente.
La autora es investigadora del Grupo ETC: www.etcgroup.org/es
https://www.alainet.org/es/articulo/212964
Concebidas por y para las grandes tecnológicas
LAS
REGLAS DEL COMERCIO DIGITAL
Las normas propuestas permitirían a las grandes
empresas acelerar su apropiación de la productividad de los/as trabajadores/as
y las pequeñas empresas en todos los países, lo cual es una característica de
la economía mundial contemporánea.
07/07/2021
Este artículo
es tomado del resumen ejecutivo del libro cuya edición en español tendrá su
lanzamiento el 8 de julio (ver abajo).
La digitalización
está transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos, comemos,
vivimos y conducimos nuestras relaciones sociales y familiares. La tecnología
puede estimular la prosperidad y el desarrollo, acercarnos los unos a los otros
y ayudar a construir medios de vida sostenibles. Pero también puede limitar el
desarrollo, exacerbar las desigualdades y tener un impacto destructivo en el
empleo y la organización social. La posibilidad de que los países, los
trabajadores/as y los/as consumidores de todo el mundo se beneficien o, por el
contrario, los beneficios sólo recaigan en una pequeña minoría, dependerá de
las reglas que rigen la evolución de la digitalización a lo largo del tiempo.
Una de las mejores
“inversiones” que pueden hacer las empresas es cambiar las reglas bajo las que
operan, con objeto de extraer mayores beneficios económicos y al mismo tiempo
impedir que sus competidores operen en igualdad de condiciones. Las empresas
poderosas se han valido durante mucho tiempo de los acuerdos comerciales para
fijar normas que promueven su “derecho" a obtener beneficios, al tiempo
que limitan la capacidad de los gobiernos para regular las actividades
empresariales en aras del interés público, y a menudo lo han hecho al margen de
los canales democráticos normales.
La Organización
Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra, es el órgano mundial que
establece normas sobre el comercio internacional y cuenta con 164 países
miembros. Cuando se fundó en 1995, los nuevos acuerdos pactados en su seno
otorgaron derechos a las industrias y sectores dominantes en ese momento, como
la agricultura, las finanzas, los servicios, los productos farmacéuticos y las
manufacturas. Las industrias tecnológicas carecen de un acuerdo de este tipo en
el marco de la OMC y desean que se fijen normas similares con objeto de regular
la digitalización, que está transformando actualmente la economía mundial. En
particular, se trata de regular la gobernanza del recurso más valioso hoy en
día: los datos.
Los datos son la
sangre vital de la economía digital. Las empresas que dominen la Inteligencia
Artificial (IA) en sus sectores de actividad, serán las que dominarán las
correspondientes industrias. La IA depende de enormes conjuntos de datos para
entrenar a las máquinas que aprenden a tomar decisiones. La valoración de las
mayores sociedades de capital del mundo en términos de capitalización bursátil
es tan alta porque son recolectoras de datos, y los inversores conocen el valor
de los datos para generar beneficios futuros. Incluso las sociedades que no han
obtenido beneficios pueden seguir obteniendo capital de riesgo si su modelo de
negocio parece ponerlas en condiciones de recopilar datos de manera que están
bien posicionadas para dominar su industria.
En este momento,
una pequeña minoría está tratando de utilizar su excesivo poder, aprovechando
prácticas antidemocráticas en la formulación de las políticas comerciales, para
reescribir las reglas de la economía mundial y otorgarse a sí misma nuevos
“derechos" a conseguir ganancias, al tiempo que limita la tutela del
interés público y los beneficios que la nueva “economía de datos” puede aportar
al conjunto de la sociedad. Cinco de las seis empresas más grandes del mundo –
Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft – son empresas transnacionales
(ETN) de alta tecnología, con sede en los Estados Unidos; y, al igual que otras
empresas de alta tecnología que operan en distintos sectores, entre ellos la
logística del transporte, las telecomunicaciones, las finanzas y la
agroindustria, están presionando a los gobiernos para negociar nuevas normas,
bajo el disfraz del denominado “comercio electrónico", en el marco de la
OMC y de otros acuerdos comerciales bilaterales o regionales recientes.
Los partidarios de
las normas de comercio digital destacan las oportunidades que brindarían a los
empresarios y empresarias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas de
los países en desarrollo.
Pero las normas
propuestas por las grandes tecnológicas van mucho más allá del comercio
electrónico y tienen repercusiones en todos los aspectos de las economías
nacionales así como en la economía mundial, incluso para los países que no
participan en esta última. Si se establecen, esas normas podrían dar lugar a la
liberalización completa de toda la economía (digital).
En realidad, las
grandes empresas tecnológicas han propuesto nuevas reglas para consolidar su modelo
comercial explotador, incluidas, entre dichas reglas, las que apuntan a:
obtener derechos de acceso a los mercados a nivel mundial; extraer y controlar
datos personales, sociales y comerciales en todo el mundo; arraigar sólidamente
la desregulación y evadir la regulación futura; acceder a una oferta ilimitada
de mano de obra que ha sido despojada de sus derechos; ampliar el poder de las
empresas a través de monopolios; y evadir el pago de impuestos.
Por lo tanto, las
normas propuestas permitirían a las grandes empresas acelerar su apropiación de
la productividad de los/as trabajadores/as y las pequeñas empresas en todos los
países, lo cual es una característica de la economía mundial contemporánea. Las
normas inhibirían la capacidad de todos los países para promover la innovación
digital a fin de fomentar la prosperidad compartida de cara al futuro. En
particular, asistimos a un intento de proteger el poder monopolístico de los
gigantes de la tecnología. Todo ello limitaría gravemente la capacidad de los
países en desarrollo de utilizar la industrialización digital para sacar a sus
poblaciones de la pobreza, vulneraría la privacidad de nuestros datos
personales, pondría en peligro nuestra seguridad y aumentaría los riesgos de la
“discriminación digitalizada”, erosionando nuestros derechos humanos, sociales,
económicos y civiles. Por otro lado, se amenazaría la prestación de servicios
públicos eficaces, de los que tanto dependen nuestras sociedades, y se
inhibiría el papel esencial de la supervisión normativa de interés público,
cuya importancia es cada vez más evidente. Otro objetivo de las propuestas es
lograr que las empresas más grandes y poderosas puedan evitar contribuir a la
base impositiva de las sociedades en las que operan y obtienen beneficios. Y
las nuevas normas también garantizarían que el recurso más valioso del mundo,
los datos, quedaría privatizado y monopolizado por las grandes empresas
permanentemente, en lugar de ser utilizado como un bien público para promover
la prosperidad social compartida.
Así pues, las
normas propuestas representan una grave amenaza para el desarrollo, los
derechos humanos, el trabajo y la prosperidad compartida en todo el mundo, y
son la antítesis misma del tipo de políticas necesarias para frenar el
crecimiento canceroso del poder de las grandes tecnológicas.
El 1 de enero de
2020, marcará el 25º aniversario de la fundación de la OMC. En el tiempo
transcurrido desde su fundación, mientras que la pobreza mundial ha disminuido,
la desigualdad ha crecido dramáticamente, y nuestras prácticas de consumo están
amenazando la estabilidad de las condiciones climáticas en las que puede
prosperar la vida humana. Los defensores de la OMC afirmarán que no son
culpables de los bajos niveles de reducción de la pobreza en muchos países ni
de la desigualdad o la devastación del clima, aunque con frecuencia sí
atribuyen al sistema de la OMC la reducción general de la pobreza y el
crecimiento económico a nivel mundial.
Sin embargo, la
reducción de la pobreza a nivel mundial en este período ha tenido lugar
principalmente en China, que ha seguido una trayectoria económica muy diferente
de la adoptada en la OMC, y la parte restante de esa disminución corresponde
mayoritariamente a los países que comercian con China.[1]
Los países
industrializados se enfrentan ahora a crisis económicas y democráticas debido a
los efectos negativos de varias décadas de políticas económicas neoliberales,
impuestas internacionalmente a través de acuerdos comerciales. Sin embargo, sus
negociadores comerciales siguen esforzándose por afianzar un conjunto de normas
que manipularían toda la economía digital del futuro a favor de las empresas
gigantes.
Tras años de
resistencia a este programa por parte de la gran mayoría de los países en
desarrollo que son miembros de la OMC, un grupo de unos 76 países, a pesar
de habérseles negado un mandato de consenso para hacerlo, acaba de iniciar
conversaciones con el objetivo de lograr un acuerdo vinculante sobre el
comercio digital en el marco de la OMC. Estos estados están constantemente
cabildeando y presionando a los países en desarrollo no participantes para que
se unan a sus filas.
Por supuesto, el
comercio electrónico puede ser una fuerza de creación de empleo y desarrollo, y
ciertamente tiene el poder de potenciar la innovación, aumentar las opciones de
los/as consumidores/as, conectar a productores y consumidores remotos y aumentar
la conectividad mundial. Pero esto no es lo mismo que tener reglas globales
vinculantes para toda la economía digital, elaboradas por las grandes
tecnológicas en beneficio propio.
Garantizar que la
tecnología se despliegue para servir al bienestar de la humanidad y del
conjunto del planeta y para impulsar la prosperidad compartida sólo será
posible si ejercemos nuestros derechos democráticos y evitamos que las grandes
tecnológicas amañen las reglas de la futura economía mundial para aumentar su
propio control privado y sus ganancias.
- Deborah
James es directora de programas
internacionales del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR; www.cepr.net), con sede en Washington DC, y
coordinadora de la red de organizaciones de la sociedad civil Nuestro Mundo No
Está En Venta (OWINFS).
Tomado del resumen
ejecutivo del libro Las reglas del comercio digital: una nueva y desastrosa
constitución para la economía mundial, concebida por y para las grandes
tecnológicas, Fundación Rosa Luxemburgo, julio 2021. (La edición en inglés
fue escrito en 2019 y publicado en 2020).
Presentación
del libro y panel de discusión
Se
requiere registro
Jueves, 8
julio 2021
9am San José /
10am Quito / 11am Santiago / 12pm Buenos Aires / 5pm Madrid
Panelistas
- Deborah James, Directora de
programas internacionales del Centro de Investigación en Economía y
Política, EEUU
- Renata Avila, Abogada internacional
de derechos humanos y autora, Guatemala
- Sally Burch, Periodista y
activista de los derechos de la comunicación
angloecuatoriana, Agencia Latinoamericana de
Información, Ecuador
- Sofia Scasserra, Instituto del
Mundo del Trabajo, UNTREF, Argentina
Habrá
traducción simultánea al portugués
[1] Mark Weisbrot, “The Scorecard on Development,
1960–2016: China and the Global Economic Rebound”, Center for Economic and
Policy Research, 11 de octubre de 2017.
https://www.alainet.org/es/articulo/212969
