A pesar
de cuatro gobiernos que forman la era de la recuperación democrática que nació
en noviembre del año 2000 bajo en gobierno transitorio presidido Valentín
Paniagua, nadie imaginaría que al cuarto gobierno la situación del Perú
entraría en una crisis de gobernabilidad.
Esta
crisis sería consecuencia de los resultados de la elección para el periodo
2016/2021 que dividió al Perú en dos bandos: el Ejecutivo presidido por PPK que
ganó la elección por los votos del antifujimorismo, y el otro bando que ganó el
Congreso gracias a la suma integrada de los votos del sector conservador y los
votos que políticamente representó al fujimorismo.
Se
entiende que el anti fujimorismo reunía a los ciudadanos que creen en el
régimen democrático y que repudian toda forma autocrática de gobierno; en
cambio el fujimorismo como mayoría abrumadora dominaba el poder legislativo e
indudablemente son quienes apuestan por el autoritarismo, además que su
elección estaba motivada por el recuerdo de los gobiernos antidemocráticos del
90 que presidiera el sátrapa Alberto Fujimori Fujimori.
Empero,
es pertinente señalar que una parte significativa de los votos en favor del
fujimorismo, a parte de no ser adictos a vivir en democracia, conocían que en
la década de 1990 el accionar de los tres gobiernos de Alberto Fujimori
estuvieron teñidos de medidas arbitrarias en favor de una economía que
favoreció a los grupos de poder coaligados con los intereses de las
transnacionales, y en particular cuando las inversiones y los negocios estarían
destinados al sector minería.
La
explotación minera fue prioritaria porque para el gobierno de entonces las
inversiones dirigidas a la exportación de los recursos -cobre y oro- tenían en
el corto plazo un mercado mundial expectante por los precios en cotización, en
consecuencia esto significó que las inversiones extranjeras había quedarles
facilidades tributarias, dado que la extracción de los metales mencionados
aseguraban ingresos y conllevaba a un proceso multiplicador en favor a las
inversiones en el mercado interno, y con ello se aseguraba las opciones de una
recuperación económica, ante la situación ruinosa que dejó el primer gobierno
de Alan García Pérez.
Las
facilidades brindadas al sector minero, se extendieron al resto de los sectores
de producción en las condiciones semejantes a las exportaciones mineras que
favorecían en términos macro económicos y que engañosamente se decía que se
presentaría un chorreo hacia los grupos sociales afectados por las rígidas
políticas aplicadas a cuento de recuperar la economía. Estas políticas
aparentemente si bien recuperaban el movimiento financiero del país, no tenían
la idea definida y consenso, en cuanto a si este modelo exportador de los
recursos naturales sería suficiente como para asentar las bases de un
permanente crecimiento.
Como se
verá después a lo largo de la primera década del presente siglo, el Perú vivió
una de las etapas de prosperidad, la misma que hasta el 2013 su ritmo de
crecimiento alcanzó como promedio entre el 7% y el 9% del PBI anual, pero
después vendría el decrecimiento constante a la fecha, dejando de ser
auspicioso debido a que la baja de los precios de los metales en el exterior
no son estables y tenemos que las inversiones en el Perú tienden a caer, tal
como se muestra en este último quinquenio. La política de las exportaciones
tradicionales no son expresiones valederas, para un país como el Perú donde las
poblaciones y la ciudadanía tienen caras expectativas, en especial las
destinadas a la ampliación del mercado del empleo y el trabajo.
Los
gobiernos presididos por Fujimori como se ha dicho no sólo eran arbitrarios y
que decidían sin tener en cuenta las voces críticas de una economía impuesta y
que no favorecía a la ciudadanía; sino también como toda forma autoritaria de
gobernar correlativamente se dan los malos pasos dirigidos a las componendas
entre el gobierno y los negocios privados, que se hacían propicios como
instrumento de mantener en el poder político bajo las formas mafiosas de
gobernar que tiñen de corrupción a la vida republicana.
Desde el
año en que el sátrapa fugó al Japón, para todos los peruanos que leen sin
tropiezos distinguen que la corriente fujimorista no es únicamente contraria a
la vida democrática, sino que también fue adicta a convertirse en una
organización criminal que por años manejaron la economía y las finanzas
públicas, y ello ocurrió bajo la dirección de la cúpula mafiosa del trío
Fujimori/ Montesinos/ Hermoza quienes gobernaron en la década de los 90.
El
gobierno de transición presidio por Valentín Paniagua comenzó por primera vez a
realizar las acusaciones en el marco de los debidos procesos a quienes en la
década ya mencionada se alzaron los fondos del erario público; es decir, que
los corruptos que cometieron delitos de arrebato colectivo de los fondos
presupuestales, son procesados y a buen seguro terminaron con sentencias
que recayeron en cientos de peruanos entre ministros, funcionarios, vocales,
fiscales, embajadores y los amigos de la cúpula de los mafiosos de los
gobiernos indicados, los que se especializaron principalmente en hacer negocios
turbios entre ellos en la compra/venta de armamento y como también hubo casos
evidentes de narcotráfico.
La
secuela dejada por la autocracia fujimorista ha estado presente durante el
ejercicio de los cuatro gobiernos, a partir del año 2001. Empero los
gobernantes, entiéndase presidente de la república, presidente del poder
legislativo y del poder judicial, incluido el ministerio público, no tuvieron
capacidad conjugada con la honestidad en el ejercicio de gobernar; así
fue que descuidaron el control sobre las instituciones públicas y de los
contratos en obras que gracias a la prosperidad que desde el 2003 hasta el 2013
el Perú gozó al contar con mayores recursos públicos gracias a la política de
las exportaciones tradicionales cuando el precio de los minerales tuvo
inmejorables cotizaciones en el mercado internacional.
La
bonanza fue falaz, porque durante los cuatro gobiernos no solo hubo
manejos –en gastos e inversiones- inconvenientes de los recursos; sino
que a la vez se permitieron negociados bajo la dirección de las más altas
autoridades, en especial de los presidentes de la república: Toledo, García
Pérez, Humala y el propio PPK que fueron sobornados, ellos y/o los personajes
que usan de testaferros y los cómplices, para las componendas que significaron
millones de dólares en favor de estos malos funcionarios públicos, elegidos en
procesos de comprobada corrección, pero finalmente en contra del erario
público.
Esto
último pone de manifiesto hasta donde la corrupción había penetrado en la vida
de los caudillos políticos, vueltos presidentes, como de sus ministros, de
gobernadores regionales y alcaldes, los que han sido y siguen investigados y
muchos sufren de detenciones preventivas, sea porque existe el peligro de fuga,
y en otros casos, como el de la señora Keiko Fujimori, por su disposición a
obstaculizar las investigaciones, en que comprobadamente han hecho mal uso de
los dineros que las empresas constructoras brasileras les han entregado, para
financiar campañas electorales y sobornos adelantados destinados a facilitar
las adjudicaciones en las licitaciones de obras públicas.
Todo lo
dicho es muestra suficiente de que los dirigentes políticos, salvo contadas
excepciones, están comprometidos en manejos turbios de la cosa pública, y
también exponen sus comportamientos delincuenciales del crimen organizado, y
que, finalmente van hacer sentenciados por varias décadas, para terminar sus
vidas en los centros penitenciarios. Debemos anotar que el Perú atraviesa por
una grave crisis de orden moral y donde lo negativo se siente, además están
premunidos de que no han estado, ni están preparados como para dirigir los
destinos de la república y caer en las disputas que perjudican la tarea de
gobernar, lo dicho se evidencia en los enfrentamientos entre el ejecutivo y el
legislativo en este período 2016/20121.
Los
mismos que se amplían desesperadamente por los legisladores fujimoristas, sus
aliados y topos como el presidente actual del congreso, señor Pedro Olaechea.
Ellos no tienen ningún miramiento de continuar petardeando al poder ejecutivo:
no solo siguen socavando la política de las reformas judiciales y políticas
propuestas por el ejecutivo; hecho que ha motivado que el presidente Vizcarra
proponga la disolución del legislativo y el ejecutivo, adelantando los procesos
electorales al 2020.
Empero,
lo más trágico es cuando el congreso presidido por Olaechea cada día que pasa,
está empecinado a tumbar al presidente Vizacarra. El citado Pedro Olaechea
aparece en disposición a dar un golpe de Estado haciendo renunciar al
presidente y a la mismita vicepresidenta, para asumir el gobierno total del
país hasta las últimas consecuencias llegando al 2021. Olaechea con sus aliados
fujimoristas, apristas y los topos infiltrados que hace poco pertenecieron a
los ppkausas buscan quedarse por dos años más, para ello como lo hemos dicho,
vacaran al presidente Martín Vizcarra y convocaran a elecciones, lo cual
significa un grave peligro para la democracia peruana.
El
fujimorismo con Pedro Olachea a la cabeza asumirá arbitrariamente el poder del
Estado no solo secuestrando a la ciudadanía; sino que se adueñara de los
resortes de procesos eleccionarios, digitara a las nuevas autoridades para el
período de gobierno 2021/2026. Así el poder quedara en manos del fujimorismo
y/o sus aliados, su perfidia es evidente demostración al no rendir cuentas a la
autoridad escogida. La cual tomara el poder sin respetar la voluntad libérrima
del voto ciudadano ¿seremos testigos de tamaña traición?
Los
tiempos han cambiado y la ciudadanía estará alistada, puesta en alerta e
impedirán la acción trapera que, el fujimorismo y los conservadores de la derecha
bruto/astuta y achorada sean capaces de nuevas traiciones. Alto a la
trapisonda, hay que impedir que asuman el poder los peruanos descalificados.
Fernando
Arce
Meza
Surco, 22 de agosto del 2019
La del
estribo: la crisis
que estamos viviendo es consecuencia de que los actores políticos carecen de
niveles de cultura política, no siendo líderes, no han podido, ni deciden en
realizar reformas: judiciales, económicas y políticas. El tramo de esta
incapacidad de dirección, de creer y crear ciudadanía observa que en estos casi
200 años no llegamos a plasmar las disposiciones y leyes que redactaron los
constituyentes de 1822/23.
Concordante
a lo que hemos escrito, recordemos al presidente transitorio Valentín Paniagua
Corazao al prologar en el año 2000 el trabajo del autor referido al
descentralismo, cuando manifiesta “la responsabilidad que tiene los
legisladores de cumplir con los constituyentes y fundadores de la república”
sobre la soberanía, y termina Paniagua diciendo: “compartimos esa ilusión
y queremos creer que el nuevo congreso (del 2000/2005) si no nace
del fraude no la burlará”, son expresiones análogas en relación a lo
que viene y podría ocurrir con las elecciones que serán manipuladas por quien
como Pedro Olaechea presida el proceso electoral del 2021, ante la vacancia
forzada del presidente Martín Vizcarra.
