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miércoles, 25 de julio de 2018

ES CRISIS DE ESTADO, NO ES SECTORIAL



Escribe: Milcíades Ruiz

Las empresas mediáticas nos están llevando a concebir que las crisis en el sistema judicial es solo sectorial. Por lo tanto, la solución es reformar únicamente este sector. Pero es el Estado como estructura lo que se resquebraja por un lado y otro. Se puede parchar las grietas más notorias pero se nada sirve si todo está podrido. La delincuencia callejera a mano armada es solo una modalidad pero la tenemos bajo otras modalidades en toda la estructura del Estado hasta el más alto nivel, de manera encubierta y hasta con legalidad.

El poder legislativo ha removido muy a su pesar al Consejo Nacional de la Magistratura, declarando a esta institución tutelar en estado de emergencia a fin de restructurarlo y calmar la indignación popular que podría desbordar en insurgencia. El desmontaje ha malogrado los planes de los delincuentes congresales y seguramente reconstruirán sus redes pues como sabemos: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Pero veamos lo siguiente:

Sobre la base de una encuesta a expertos en la materia “Transparencia Internacional”, elaboró una tabla mundial de la percepción de la corrupción en las instituciones de los países, incluyendo el nuestro. De una calificación de 1 (nada corrupto) a 5 (muy corrupto), las instituciones más corruptas resultaron siendo los partidos políticos, con un promedio de 3,8 y en el caso del Perú 4,3. (Fuente: Barómetro Global de la Corrupción 2013). Desde entonces la corrupción se ha elevado a la actualidad. Entonces, siendo el Parlamento el sustrato de los partidos políticos, la figura que proyecta es la de corruptos procediendo contra corruptos.

En estas condiciones, ¿Puede haber garantías de solución a esta crisis global del estado peruano? ¿Acaso el Parlamento no es un poder corrupto? Se sabe por los audios filtrados solamente unos cuantos magistrados pero ¿Son los únicos corruptos del sector judicial? ¿Acaso no se ha comprobado la corrupción en la presidencia de la república? ¿No hay corrupción en el poder electoral? ¿No hay corrupción en el ministerio de energía y minas, como en los demás ministerios? ¿No hay corrupción en los gobiernos regionales y locales?

El tráfico de influencias es muy común en todos los organismos del estado, en las importaciones no solo de alimentos, en las exportaciones, en las autorizaciones, licencias, organismos de supervisión, en la administración de cuentas, en el ingreso y ascensos a las fuerzas armadas y policiales, en el cuerpo diplomático, en las licitaciones de obras y proveedores del estado, tanto o peor que en el sector justicia. Las mafias, compadrazgos y padrinazgos no de exclusividad de este sector sino, multisectorial.

Pero también hay corrupción en el sector privado. ¿No es común el soborno para eludir trámites y pagos por infracciones de tránsito vehicular? El deterioro moral nos alcanza a muchos de nosotros ¿Alguien puede decir que no hay arreglos deshonestos en los partidos de izquierda? Es que la conducta social es solo una manifestación de males que están en la profundidad del sistema que nos rige. Podemos bajar la fiebre, pero si no se cura la enfermedad, el padecimiento irá creciendo.

Si tuviésemos el poder para cambiar de raíz todo el sistema sería muy fácil. Se van a cumplir dos siglos de república y el pueblo sigue sin acceso al dominio de gobierno. La fuerza para cambiar todo reside en el pueblo. Son las masas las que tienen que asumir un creciente protagonismo en la forja de una nueva sociedad. Sin el pueblo organizado, que luche y defienda sus derechos no somos nada. Empoderar a los sectores sociales oprimidos es nuestra misión. Esa debería ser nuestra línea de trabajo político. Ustedes que dicen.

Julio 20018



jueves, 12 de julio de 2018

LA MAFIA EN TODO SU ESPLENDOR



12/07/2018

Los audios revelados recientemente, y que comprometen severamente a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y a connotadas figuras del Poder Judicial, le han permitido al país ver a la mafia fujimorista en todo su esplendor. Ante las evidencia puestas sobre la mesa, nada han podido ni los débiles desmentidos de Keiko Fujimori, ni la verborrea cantinflesca del congresista Becerril, encargado de “desmentir los infundios” diseminados por “rojos y caviares”, como asegura,

Dos son las vigas concretas que muestran al keikismo vinculado directamente al juez César Hinostroza Pariachi –protagonista de este escándalo-. La primera, deriva del hecho que fue este Magistrado el que archivó el caso del ex Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, quien fuera acusado el 2016 de vínculos definidos con el Lavado de Activos y el Tráfico de Droga.

Como se recuerda, el entonces congresista, se vio forzado a “dar un paso al costado” y renunciar a su alta investidura partidista porque no tuvo argumentos para defenderse ante las acusaciones fundadas de las que fuera objeto. No obstante, su “caso” quedó pendiente, y a consideración del Poder Judicial. Allí, este juez se encargó de “echarle tierra al asunto” para qué las acusaciones durmieran el sueño de los justos. ¿Fue esa una decisión sustentada en hechos, o fue más bien una actitud incubada a la sombra del silencio, una suerte de “favor político” en provecho de la mafia?

Lo real es que la indagación en torno al tema, continúa, pero no precisamente por decisión del Poder Judicial, sino por obra del Ministerio Público, donde algunos fiscales han resuelto insistir en la denuncia, y han tomado declaraciones al “testigo” de la entrega de 15 mil dólares para ser procesados mediante ese método; hecho en el que está involucrado tanto el acusado, como la lideresa de “Fuerza Popular”. El juez Hinostroza, Keiko Fujimori y sus cipayos podrán negar la evidencia, pero la mentira tiene piernas cortas, y rápidamente la verdad se hará luz en su mayor extensión.

El segundo hecho es más directo. Y tiene que ver con el audio en la que el mismo juez -ya Vocal de la Corte Suprema- hablando con un interlocutor desconocido, alude a la “Señora K”, la de “la fuerza número uno”; y coordina con ella una reunión para tratar algunos asuntos ciertamente turbios.

Para eludir su participación en este embrollo, la “señora K” se ha limitado a decir que ella, “no es”; en tanto que el Togado ha sostenido que “en su condición de alto magistrado, no tiene vínculos con personalidades políticas, sino judiciales”. Habrá que echarse a buscar quién pueda creer semejante ardid, que no merece consideración alguna sobre todo si se tiene en cuenta que el mismo Hinostroza Pariachi tiene en sus manos un “recurso de Casación” interpuesto por Keiko Fujimori y su esposo –Mark Vito Villanela- ante el tema del recaudo de fondos mediante cocteles, que fuera investigado también como parte de “Lavado de activos”, y que aún está pendiente.

Están vivas, entonces las evidencias que la ciudadanía tiene ante sus ojos. Aquí ya no hay ni “malos entendidos”, ni “argumentos endebles”, como sostienen los sindicados por la comisión de estas acciones. Aquí hay referencias concretas que deben dar paso a una investigación prolija, pero inmediata

La írrita “mayoría parlamentaria” keikista busca ya diferir cualquier indagación. El Presidente del Legislativo y sus colaboradores más cercanos, han sostenido que lo importante es investigar “cómo es que han salido estos audios”, ¿quién los ha proporcionado, y por qué el llamado Instituto de Defensa Legal –IDL- los ha mostrado al país? es lo único que le interesa al señor Galarreta y a las señoras Luz Salgado y Martha Chávez, fieles escuderos de “la señora K”

El tema, es ciertamente escandaloso, y no acepta dilación alguna. Incluso cuando el Presidente Martín Vizcarra –tratando de mostrar “iniciativa y decisión” habla de “medidas urgentes”, asoma como un dilatador de acciones. La ciudadanía exige no “comisiones investigadoras”, sino decisiones prácticas. Aquí no hay sólo que echar corruptos, sino también destruir tinglados montados artificialmente para anidar y cobijar la corrupción en tus más diversas modalidades. Vivimos en una coyuntura en la que -en efecto- por todas partes brota el pus.

Son días difíciles los del Perú de hoy, sin duda. En ellos, bien puede repetirse la historia. Hace cincuenta años, el tema del petróleo -y la Página 11- se convirtió en el eslabón más débil de la dominación de entonces. Hoy, ése es la corrupción. El papel del movimiento popular y el de las fuerzas progresistas y verdaderamente democráticas, puede resultar decisivo.

Bien se ha dicho que en circunstancias como ésta, nadie puede evadir sus responsabilidades. Y nadie, tampoco, puede callar, ni ponerse de perfil. Por lo demás, todos los actores políticos del momento están como en un gran teatro y reciben la mirada de millones de hombres y de mujeres que esperan calidad, transparencia e iniciativa. La protesta popular no podrá ser contenida. Ella obliga a acciones drásticas, e inmediatas

Vano es que los “utileros” de la mafia, hablen de “rojos y caviares”. Con eso, no engañan a nadie. El tema es simple: o los peruanos están contra la mafia, o se ponen de su lado, en cuyo caso, ella devorará al país.

Gustavo Espinoza M.
Integrante del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera




miércoles, 1 de marzo de 2017

LOS INTOCABLES EN PERÚ



01-03-2017

En la película norteamericana de Brian de Palma, basada en una novela publicada en 1957, “Los Intocables” constituían un equipo especial de agentes escogidos por su valor e incorruptibilidad. Fueron organizados por Elliot Nest, y, bajo su iniciativa, resolvieron acabar con la mafia de Al Capone, que operaba en Chicago en los años 20 del siglo pasado. 

Los “ Intocables” en el Perú, a la inversa, son la Mafia: la familia Fujimori y Alan García, que bien podría fungir de hijo putativo de esa banda, dado los inmensos favores que ha tenido a bien prestarles, desde que recurrió precisamente a Alberto Fujimori Fujimori -en ese entonces oscuro docente universitario- para instalarlo en Palacio de Gobierno. Era 1990. 

Años más tarde, quizá recordando ese episodio, el líder aprista diría: “Un Presidente no puede imponer a quien quiera como Jefe de Estado; pero sí puede impedir que lo sea, alguien quien él no quiera”. Y sí, claro, usando como “testaferro político” a AFF, cerró el paso a Vargas Llosa, a quien simplemente detestaba. A partir de allí, se instauró en el país la Mafia que envileció la vida nacional, y que sigue operando impunemente en nuestro tiempo, como una costra adherida a la clase dominante. 

El denominado “Clan Fujimori” es relativamente numeroso. Está integrado por Alberto y sus hermanos Santiago Pedro, y sus hermanas Rosa y Juana; por Víctor Aritomi, esposo de Rosa; pero también por Keiko Fujimori y sus hermanos Hiro, Sachie y Kenyi –hoy congresista- y por el esposo de Keiko, Mar Vito Villanella, un ciudadano yanqui, cuya familia tiene también oscuros antecedentes delictivos en su país. 

Por simple adición, hay que incluir en “el clan” a altos funcionarios del Fujimorismo, como los hoy procesados por lavado de activos, los hermanos Joaquín y Bienvenido Ramírez –que se elevaron de cobradores de “combi” a multimillonarios por arte de birlibirloque- José Chlimper y otros; añadiendo por cierto a Cecilia Chacón, Luz Salgado, Martha Chávez y los congresistas Becerril Lourdes Acorta y Úrsula Letona, para no citar sino a algunos. Todos ellos, uña y mugre de una misma mano. 

Múltiples denuncias recayeron sobre el “Clan” desde un inicio. El manejo de las donaciones japonesas en los años 90, a través de las Fundaciones APENKAI Y AKEN, fue apenas una de las primeras, que nunca pudo ventilarse adecuadamente, Pero se sumaron luego extraños depósitos en el Banco de Tokio y en el Banco de Brasil en la capital nipona; y cuantiosas donaciones hechas a través de la Nipon Fundation, la Fundación Saksakahua, la Matsushita, el Municipio de Kumamotto y otros generosos entes orientales que llenaron bolsas voraces. 

Dinero obtenido por el remate de empresas públicas, cuantiosas partidas usadas ilegalmente y a espaldas del país; y manejo escandaloso de los resortes del Poder; fueron el pan en “ la década dantesca”.

Hay que recordar, por ejemplo, que durante diez años Víctor Aritomi fue “Embajador político” de Fujimori en Tokio, epicentro de todos los desaguisados financieros de la dictadura. Hoy él, su esposa Rosa y su cuñada Juana viven en el país del “sol naciente” sin comparecer ante la justicia peruana, aunque -en teoría- debieran ser capturados y juzgados. En torno al tema, recientemente, el actual Ministro del Interior arguyó la imposibilidad de detenerlos por su condición de “súbditos del Emperador Nipòn”, sin considerar siquiera que, al momento de cometer los delitos que se les imputan, eran ciudadanos peruanos, y actuaban protegidos por representaciones oficiales en nombre del gobierno del Perú 

Más recientemente asomaron “casos” puntuales, sorprendentes: la empresa Limasa, cuyo socio es precisamente Keny, el congresista, en cuyas instalaciones se encontró droga en abundancia. La mina Pierina, de la que es accionista Keiko, y cuya composición empresarial se mantiene oculta. Los ingresos no conocidos de la candidata del Fujimori y su esposo, que viven ostentosamente en un lujoso barrio de Lima. Las denuncias de la DEA, y el extraño financiamiento de las campañas electorales, la última de las cuales fue considerada –por bordear los 40 millones de dólares- como “la derrota más cara en la historia del Perú”, le ponen la tapa a la bombonera.. 

En todos estos casos, la justicia ha hecho lo que suele hacer una mujer sorda, muda y ciega. No oye, no dice, ni ve. Y vive fuera de la realidad y de sus avatares. Y es que -hasta hoy- ningún juez se ha atrevido a ponerle la mano encima a los desaguisados de este signo. Y las pocas veces que alguien ha pretendido hacerlo, ha saltado la mano salvadora de quienes detentan el control del Poder Judicial en sus más diversas instancias: el cogollo alanista. 

Aliados, entonces Keiko y Alan, han sobrevivido a todos los naufragios eludiendo, con felina agilidad, todas las tormentas. De una, u otra manera, se han dado maña para protegerse mutuamente en el entendido -siempre posible- que si cae uno, caen todos. Para ese efecto, el alanismo, desde los años 80 se preocupó por incentivar lo que Haya sembró antes: el proceso de infiltración del poder Judicial para su posterior captura. Y esto, vino ampliado a otras estructuras del Estado: el Ministerio Publico, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Garantías, y otros. Y esto, fue posible a partir del primer régimen aprista. 

Y desde entonces, el Fujimorismo y el APRA han jugado, en la materia, “ al alimón”, como se dice en términos taurinos. Casos para confirmarlo hubo muchísimos, pero uno salto más recientemente, el de la señora Príncipe, nombrada Presidente de la Jefatura de los Procuradores del Estado. Ella ingresó de la mano del gobierno aprista, pero “se acomodó” a los distintos vaivenes de la política hasta “ubicarse bien”. Cuando tal cosa sucedió, emprendió “serias denuncias” contra el gobierno de Humala actuando, en ese marco, de manera agresiva y provocadora. Sancionada por ello, ´la “prensa grande” se encargó de construirle un presunto “martirologìo” del que se valió para “filtrarse” en las más altas esferas del Poder en el gobierno de hoy. 

Ahora, desde la cumbre de su ubicación, protege a García con el mismo entusiasmo con que defiende a Keiko. Y asegura que ambos, están libres de sospecha alguna. Sorprendida por la publicación de fotos privadas con el cogollo alanista del APRA, primero las negó, pero finalmente debió admitirlas, atribuyéndolas apenas a “vínculos profesionales”.

Hoy muy pocos dudan: la Príncipe, es aprista. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué cuenta con la protección del gobierno actual y con el apoyo de importantes funcionarios del Estado?. ¿Ingenuidad, o complicidad? 

El peso de los hechos, sin embargo, es mayor que la capacidad de maniobra de estos “intocables” criollos. Desde distintos ángulos han comenzado a brotar quejas y denuncias. Y ellas, ahora llueven copiosamente abriendo flancos que la Mafia difícilmente podrá cerrar. Por eso, actúa a la defensiva. 

García vino presuroso de Madrid para “rendir una manifestación” ante la Fiscalía, y luego se fue tan orondo como había llegado. Y Keiko presiona descaradamente para no ser investigada. Su hermano Kenyi –mientras tanto- pide el “levantamiento de su inmunidad parlamentaria”, sabiendo perfectamente que eso, no habrá de ocurrir. ¿Qué pretenden entonces?. Es simple: eludir investigación alguna y salir de esta crisis formalmente “limpios“ , y prestos a asumir la conducción de un país que vive horas difíciles 

Don Manuel González Prada decía, refiriéndose al Perú de su época: “Donde su pone el dedo, brota pus”. Hoy puede decirse algo parecido del cuerpo de nuestros “intocables” criollos: cuando se les ponga el dedo, brotará la pus. De todos modos, hay que añadir que la Mafia tiene abierto el camino: censurar al Vice Presidente. Martin Vizcarra por el “caso Chincheros”: declarar la vacancia de la Presidencia de la República, a tenor de las denuncias contra PPK; doblegar la resistencia de Mercedes Araoz; ungir como “Jefe de Estado” a la Presidenta del Congreso, Luz Salgado; y convocar elecciones antes de fin de año para que Keiko “gane” sin rivales. El viejo Marx tenía razón: la historia se repite, sólo que la primera vez como tragedia; y la segunda, como comedia.

 
Gustavo Espinoza M., miembro del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe


viernes, 6 de diciembre de 2013

UN PODER JUDICIAL DESPEDAZADO Y CORROMPIDO POR EL PODER EJECUTIVO


Dr. Hugo SALINAS
Un Poder Judicial centralizado, despedazado, corrompido por el Poder Ejecutivo y corrupto en su quehacer cotidiano. A esta cosa amorfa y malsana, ¿podríamos llamarla Poder Judicial? ¿A qué nivel de podredumbre ha llegado la administración de Justicia en el Perú?
La Justicia en el Perú no es ciega, porque hace la diferencia entre civiles, militares y policías. Cada uno es tratado diferentemente. Para los civiles existen los códigos civil, penal…, y para los militares y policías el Código de Justicia Militar-Policial. Dos pesos, dos medidas, de donde sale bien librado el Presidente de la República y, como siempre, el que sufre todo “el peso de la ley” es el ciudadano de a pie que no cuenta con recursos para comprar jueces y dictámenes.
“El fuero Militar Policial constituye una jurisdicción excepcional e independiente, que tiene como misión el juzgamiento de los delitos de función en los que incurra el personal militar y policial en situación de actividad, con arreglo al Código de Justicia Militar Policial,”[i] reza la cartilla del portal del Estado Peruano. “Y será este fuero jerarquizado, con jueces rigurosamente vigilados, cuyo nombramiento depende del gobierno, el que resolverá  más rápido que la justicia ordinaria.” [Además],”existe abundante evidencia de que la justicia militar policial ha operado como mecanismo de protección de uniformados ante delitos comunes. Principalmente ante violaciones de derechos humanos,”[ii] asevera Ricardo Uceda.
La subordinación del fuero Militar Policial al Poder Ejecutivo se basa en el artículo 167 de la Constitución que, a la letra dice: “El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.” Y como la institución es rígidamente jerarquizada… Dentro de este orden de cosas, el hijo putativo resulta ser la Policía Nacional. El caso reciente del operador montesinista Oscar López Meneses lo prueba. Acción inmediata, “El Ministerio del Interior dispuso el inmediato relevo de tres generales, dos coroneles y un comandante de la Policía Nacional del Perú […].[iii] ¿Y los militares involucrados?
Esta parte oscura del “poder judicial” está encubierta por el halo del secreto de Estado. Algo risible porque, como todos saben, para Estados Unidos no hay ningún secreto de Estado salvo el suyo. “Los documentos filtrados por el ex analista de inteligencia Edward Snowden sugieren que EE.UU. puso en marcha operaciones de inteligencia masivas alrededor del mundo, incluidos sus aliados. […] Los documentos muestran que el GCHQ tenía acceso a 200 cables, con lo que monitoreaba hasta 600 millones de comunicaciones al día. […] La revista Der Spiegel, también citando documentos facilitados por Snowden, sugirió que EE.UU. espiaba a  [Angela] Merkel [Canciller Federal de Alemania] desde 2002.”[iv]
El pobre poder judicial se encuentra tan minimizado que la misma Constitución faculta al Presidente de la República “Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia […].” Los indultos a mafias de narcotraficantes, a cambio de dinero contante y sonante, parecieran haber colmado el vaso de agua.
Lo poco que queda de “poder judicial” en manos de civiles está impregnado de corrupción y de lasitud. Según Proética, Barómetro global de la corrupción 2013, “El Poder Judicial es percibido como la institución más afectada por la corrupción.”[v] Le sigue la Policía Nacional y el Congreso de la República. Estas tres instituciones, más el Poder Ejecutivo, han hecho de la Justicia en el Perú un hazmerreir de los narcotraficantes, corruptos y políticos. ¿Qué hacer?
A grandes males, grandes remedios. El Poder Judicial debe ser único, descentralizado, dentro de una sociedad en donde la economía se separe de la política. Único en el sentido de una sola administración de justicia, que no haga distingos entre civiles, militares y policías.
Mientras los militares tengan secuestrada a la Justicia, no habrá igualdad ante la ley. Mientras las grandes desigualdades socio-económicas persistan, no habrá equilibrio en la balanza de la Justicia. Mientras los políticos se dediquen a la economía en vez de hacer política, la corrupción no tendrá límites. Mientras la administración de justicia tenga cinco niveles o más, el Presidente de la República tendrá la última palabra. Mientras las decisiones de sociedad sigan siendo centralistas, totalitarias, el ciudadano de a pie seguirá pisoteado.
Lima, 5 de diciembre del 2013


[ii] UCEDA Ricardo, Jueces rigurosamente vigilados, in http://www.larepublica.pe/03-12-2013/jueces-rigurosamente-vigilados
[v] Proética, Barómetro global de la corrupción 2013, in http://www.proetica.org.pe/barometro-global-de-la-corrupcion-2013/