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sábado, 14 de enero de 2017

CARABINEROS INTENTAN INCULPAR A PERIODISTA




El 5 de enero de 2017 el ciudadano Diego Catalán, cabo primero de las Fuerzas Especiales de Carabineros prometió solemnemente ante un Tribunal de Garantía decir toda la verdad y nada más que la verdad. Y luego mintió.

No sutilmente, no apenas algún matiz dudoso, algún lapsus de memoria. No: con toda seguridad, sin vergüenza, una y otra vez, pregunta tras pregunta, repitió su mentira. Incluso después que el abogado le recordó que estaba bajo juramento y que mentir allí es un delito que se llama perjurio.

De hecho, y por fortuna, ese perjurio -deliberadamente destinado a condenar a un inocente- fue decisivo para lo contrario. Pero fue un delito flagrante sobre el que, uno imagina, la jueza o la fiscal allí presentes debían actuar de oficio, en el acto. Pero no, nadie mencionó el detalle. He aquí el resto de la historia.

Bersezio, el capitán.

Mofletudo, moreno, de barba, de saco verde y pantalón negro, y con una libreta y un libro de Tolkien en sus manos, el personaje que acompañaba a la fiscal en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago parecía un discreto funcionario judicial, no un represor especializado. Era el jueves 5 de enero y la situación es la previa del juicio oral contra el periodista de HispanTV Leonel Retamal, acusado de golpear al capitán de Fuerzas Especiales Nelson Bersezio en medio de la represión a una marcha "no autorizada" de estudiantes secundarios en el Parque Bustamante, el 28 de julio del año pasado.

El hombre de saco verde -le gusta el color- flanqueó de cerca a la Fiscal mientras ella pedía encarecidamente a Retamal y a su abogado, Rodrigo Román, obviar el juicio oral y aceptar un acuerdo "amistoso", en que el juicio sería suspendido y finalmente olvidado seis meses después. "No tienes que reconocer responsabilidad en los hechos", reaseguró la Fiscal al periodista. Para entonces, hace rato lejos había quedado la primera acusación, en que según Bersezio, el periodista lo atacó violentamente, golpeando "al menos tres veces" su pecho con "un bastón", destruyendo la sujeción de una cámara GoPro. Acusación de la que nos enteramos todos estupefactos al día siguiente, en la formalización de Retamal, quien apareció en calidad de imputado tras pasar 24 horas preso, y varias horas desaparecido, cuando se negaba su presencia en la Tercera Comisaría.

Cinco meses después, todo se trataba de una "falta menor". Por eso, según la Fiscal y su hasta entonces anónimo acompañante, no ameritaba juicio.

"No", fue la respuesta, categórica a esa oferta. Porque aceptarla significaba admitir tácitamente la versión de Bersezio, precisamente el hombre de saco verde con pinta de burócrata que, calladito, observaba todo.

De lo que se trataba, dijeron Retamal y Román, era de retirar la acusación, admitir que no hubo agresión ni golpes por parte de Retamal, y dejar limpio al periodista -la verdadera víctima- quien estaba allí defendiendo su integridad, no apenas tratando de evitar una multa.

Ante la inesperada negativa, Bersezio, pasando desapercibido, se sentó al lado de la Fiscal a revisar videos en un computador, y se quedó allí, irregularmente, durante otra audiencia. Buscaba frenéticamente algo que probara su acusación contra Retamal, pero se le veía perdido. Tanto, que el video de su propia cámara, entregado por Carabineros durante el trámite judicial, tuvo que ser facilitado por la defensa de Retamal.

Descubierto allí por la jueza, Ely Rothfeld, el oficial fue enviado a la capilla trasera donde se sientan los testigos, porque ese era su status.

En la capilla de los testigos, el capitán no se sentó a conversar con sus amigos de la acusación, todos carabineros que trabajan con él, sino que se quedó en silencio leyendo su libro. Escuchando, sin duda, lo que conversaban los dos estigos de la defensa.

El hombre siempreverde fue convocado al estrado y dio su versión. Con cierta honestidad, podria decirse, porque de alguna manera se retractó: el arnés fue roto, dijo "durante el forcejeo" con Retamal. Y claro, qué iba a decir, si minutos antes había visto su propio video, en que se veía claramente que él mismo se había golpeado el pecho mientras torcía los brazos de Retamal, quien portaba en sus manos un monópode para sostener la cámara.

El abogado Román preguntó tres veces algo clave: ¿pudo seguir grabando normalmente después del incidente en que la cámara cayó al suelo? Las tres veces la respuesta fue afirmativa. Obvio también: su propio video lo evidencia.

Nada de esto sabía, sin embargo, el otro testigo, Diego Catalán, cabo primero de Fuerzas Especiales, "acompañante" de Bersezio, quien estaba a su lado, o atrás (no supo aclarar ese detalle clave) el 28 de julio, y para quien el libreto era que debía inculpar por todos los medios al periodista.

Sentado estaba Catalán en un estrado donde sin duda no esperaba estar, porque al parecer nadie rechaza jamás un "acuerdo amistoso" tan bueno con el ofrecido, un virtual perdón policial.

Y ahí metió la pata el bueno de Catalán, apurado por el abogado Román. Los golpes de Retamal fueron tan violentos, dijo, que destruyeron completamente el arnés y la cámara no se pudo utilizar más. Es más, informó que el aparato tuvo que ser guardado en el carro policial.

Varias veces preguntó Román lo mismo, para que no quedaran dudas. Y no quedaron. En ese instante, la jueza decidió no ver más videos ni escuchar más testigos, y terminar la farsa. Y aunque según ella hubo una actitud agresiva de Retamal, era imposible acreditar que fue él quien rompió el arnés, si es que estaba realmente roto.

Retamal fue absuelto, pero queda en el aire todo el episodio ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque el contexto es que Bersezio y sus hombres estaban reprimiendo brutalmente a un grupo de niños y adolescentes. Porque HispanTV estaba grabando esa represión, y los arrestos arbitrarios, y ellos trataron de impedirlo. Porque lo hicieron a sabiendas de que tanto Retamal como el camarógrafo, también agredido, portaban visiblemente sus credenciales de prensa.

Lo que hubo el 28 de julio fue un atentado a la libertad de expresión, al libre ejercicio del periodismo. Y para consumarla, funcionarios públicos juramentados para hacer el bien, acusaron falsamente a un ciudadano, manipularon imágenes, mintieron al Ministerio Público, forzaron un costoso proceso judicial, y cometieron perjurio ante un Tribunal.

Ya lo sabemos: si nada les pasa a los carabineros que matan, y hasta por la espalda, ¿qué le podría ocurrir a estos dos?

De vacaciones, el capitán Bersezio se deja la barba, como una persona libre, y tal vez se sumerja en el mundo fantasioso de Tolkien para escapar de su triste vida, para regresar a su infancia, cuando tal vez soñaba con ser un valiente policía que ayudaba a los débiles y perseguía a los malvados.

Mucho antes de ser el comandante de un "ariete" de Fuerzas Especiales, como él describió, que hoy dedica la mejor etapa de su vida a dispersar -con "la fuerza necesaria"- marchas de jóvenes inexpertos e inermes, que demandan la educación pública, gratuita y de calidad que les prometieron.

En rigor, la desventura de Retamal es una gota en el mar de penurias que causan las Fuerzas Especiales en el cumplimiento de su misión. Pero, de todos modos, el 5 de enero se hizo un limitado acto de justicia con un joven periodista que no se dejó amedrentar.

Pero, quien sabe si todo terminó. Tal vez -no lo quieran los dioses del Olimpo- se cumpla en una próxima marcha el vaticinio lúgubre del taxista que nos llevó después del juicio: "¿Le ganaron a los pacos? Entonces ustedes están cagaos. Los van a buscar, los tienen cachaos".

Escrito por Alejandro Kirk


jueves, 20 de octubre de 2016

RECUENTO DE VICTIMAS DE LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS Y LA REACCIÓN DE BASOMBRÍO FRENTE AL ASESINATO DEL COMUNERO DE BAMBAS




Fotos: Radio Chaski y radio panorama Andahuaylas

Por Wilfredo Ardito Vega

19 de octubre, 2016.- El Ministro del Interior difundió un video con un mensaje sobre la muerte del campesino Quintino Cereceda muy distinto a la actitud de sus predecesores. Reconoció que Cereceda fue asesinado en Cotabambas el viernes por un disparo en la frente, señaló que hubo diversas irregularidades en el operativo policial, declaró que es inaceptable una intervención policial donde no se respeten los derechos humanos y anunció que el crimen deberá ser esclarecido y sancionado.

Hasta el momento, los policías peruanos suponían que, si mataban a un campesino, gozarían de impunidad, de manera semejante a lo que ocurre en Estados Unidos cada vez que la policía mata a un afroamericano desarmado, aunque sea un niño, tenga problemas mentales, haya cámaras de televisión o muchos testigos.

Esta impunidad ha estado presente en todas las muertes de campesinos cometidas por la Policía Nacional durante los democráticos gobiernos de Toledo, García y Humala.   

El primero de estos hechos ocurrió en el año 2002, cuando el anciano Marcelino Sulca falleció porque la policía le arrojó una bomba lacrimógena al pecho. El Ministro del Interior de la época, Fernando Rospigliosi,  respaldó a la policía y en el resto del gobierno de Toledo otros diez campesinos fueron asesinados, entre ellos Guillermo Tolentino, que protestaba por los abusos de una empresa minera en Huaraz y Efraín Arzapalo, quien reclamaba contra la contaminación del Lago Chinchaycocha en Junín.  Fallecieron también Enrique Mega (Pucalá, Lambayeque), Nicolás Gonzales, Florencio Quispe y Mauro Surco (San Gabán, Puno). Solamente durante el tiempo que duró la gestión de Gino Costa se logró detener la violencia policial. 

En tiempos de Alan García, las muertes de campesinos fueron mucho más numerosas, especialmente quienes participaban en movilizaciones como Marvin Gonzales (Santa, Ancash)  y Julián Altamirano (2007, Andahuaylas, Apurímac). El fatídico 18 de febrero del 2008, durante un paro nacional campesino, la policía mató a Julio Rojas en Barranca y a Emiliano García y Rubén Pariona en Ayacucho. Lo extraño fue que, pese a que eran zonas distantes, los tres murieron de la misma forma, por disparos a la cabeza, como si los policías hubieran recibido una orden superior (el viernes, según la autopsia, Quintino Cereceda falleció de la misma forma). En aquel año tan violento, la Policía Nacional estaba comandada nada menos que por el actual congresista Octavio Salazar.

Durante el gobierno de García, Puno fue uno de los departamentos donde se produjo la mayor violencia, pues la policía disparaba indiscriminadamente hasta en operativos contra el contrabando.  Así murieron el niño Imel Huayta en el 2007 y los campesinos Miguel Añamuro y Justo Loma en dos incidentes ocurridos en el 2008. En el Día del Campesino del 2011 se produjo además la masacre de Juliaca: la policía mató a Félix Vircanota, Antonio Campos, Raúl Chacchata, Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán.   Ellos protestaban contra la contaminación del río Ramis.  

En ese gobierno, también las Fuerzas Armadas mataron a varios campesinos, como Franklin Estalla, a quien inicialmente se quiso presentar como senderista. Se produjo además la masacre de Río Seco, donde murieron Félix Canchanya, Maximiliano Pichardo, Alejandro Pichardo y  Rosa Chávez Sihuincha. Parece ser que los militares también asesinaron a los niños Moisés (6 años) y Rosa Linda (un año), que se encuentran en calidad de desaparecidos. Cuando los periodistas ayacuchanos le preguntaron por los niños al entonces Ministro de Defensa Ántero Flores Araoz, soltó un comentario brutal y sarcástico al respecto. 

Muchas veces, además, las empresas mineras celebran convenios con la Policía Nacional, que ya no parece ni siquiera una agencia de seguridad privada, sino un grupo de crueles mercenarios. En Piura, por ejemplo, la policía al servicio de la empresa Majaz-Monterrico Metals, mató a Reemberto Herrera (2004) y Melanio García (2005) En el último caso además, muchos campesinos fueron torturados en el campamento de la empresa, que ha aceptado pagar una indemnización al ser demandada ante los tribunales ingleses. En tiempos de García, cuando la empresa china Zijin había reemplazado a Monterrico Metals, la policía también mató a los campesinos Castulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez (2009). 

Durante el gobierno de Humala, la policía usó el campamento de la empresa Xstrata en Espinar como centro ilegal de detención durante los violentos incidentes en que además mató a Rudencindo Manuelo Puma, Walter Sencia y al anciano Félix Yauri. Semanas después, se produjeron en Cajamarca las protestas contra el proyecto Conga y la policía mató  a Joselito Vásquez en Bambamarca y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años.

Ante el recurrente panorama de impunidad, la reacción de Basombrío, disponiendo inclusive que los policías pasen por la prueba de absorción atómica para detectar quién mató a Quintino Cereceda, es un mensaje preciso para que la policía sepa que la vida de un campesino deba ser respetada. También es un mensaje para la empresa china MMG, cuyas arbitrariedades ya han generado cuatro muertes en Apurímac. Por eso, también debería aprovecharse la oportunidad para revisar los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional que han deslegitimado a esta última ante los ojos de la población.    

Aportes y Comentarios:

- Frente al comunicado del Ministro del Interior, tengo que decirle al Ministro que no es suficiente: está clarísimo que la empresa minera MMG las Bambas, amparada bajo sus convenios con la PNP, hacen lo que les da la reverenda gana en Chalhuahuacho. Señor Ministro, muestre a toda la población, todos los convenios, todos. No solo aquellos firmados por Ministerio, sino los suscritos por empresas mineras con las Direcciones Regionales Policiales de Cusco, Apurimac, etc. Y algo, más cancele pues los convenios, basta de pensar que los peruanos no nos damos cuenta de los intereses que aquí se escoden. Y sugiero algo más, por qupe también no nos dice, en esta lógica de limpiar la Policía y fortalecerla, cuánto han recibido funcionarios de nuestra PNP en la suscripción de estos convenios. ¿Acaso no es cierto que, existe un porcentaje que recibe la PNP a una cuenta corriente por ello, y que prácticamente hemos mercenarizado nuestra PNP a las empresas mineras? Aquí no hay una acción policial unilateral, lo que existe señor Ministro es una empresa minera que hace lo que quiere con la PNP” (Ruth Luque, abogada de algunos de los campesinos detenidos en Chalhuahuacho el año pasado).

- La impunidad por matar campesinos es herencia colonial, la seguimos en la república; los hacendados mataban, violaban, torturaban, mutilaban y no había castigo por parte de las autoridades locales y nacionales porque ellos o sus hijos estaban en el Congreso de la República, las municipalidades, las iglesias y conventos, en todos los estamentos de poder local y nacional. Ahora, con el lema de la inclusión solo se incluye la gastronomía, el vestuario, la artesanía porque ello genera riquezas para los descendientes de muchos de estos hacendados. A los campesinos de ahora se les llama terroristas, ociosos, atrasados, perros del hortelano y demás adjetivos peyorativos (Ruth Borja).

Un testimonio:

Hoy por la tarde, en la avenida Camino Real en San Isidro, fui testigo de un acto racista de un transeúnte hacia un taxista que había invadido el crucero peatonal. Si bien es cierto, el taxista actuó inadecuadamente para ganar una carrera, ello en nada justificó los insultos "cholo" y "animal", empleados con mucha vehemencia... Sentí mucha vergüenza e indignación, con el fastidio además de no saber cómo reaccionar ante ese tipo de suceso. Proseguí mi rumbo perturbado y con la frustración de no haber podido hacer algo (Un estudiante universitario).

Además…

Juan Rivera Rondón, uno de los militares sentenciados por la masacre de Accomarca fue capturado el sábado en Barranco, gracias al programa de recompensas del Ministerio del Interior. 

- La renuncia del asesor Jorge Villacorta se produce después de una agresiva intervención hacia los indígenas en Saramurillo.  Paradójicamente, Kuczynski le había encargado asesorarlo en conflictos sociales.

- La Asamblea Universitaria de la PUCP aprobó el nuevo estatuto que normaliza la relación con el Vaticano, dejando fuera al arzobispo Cipriani.

- Hablando de Cipriani, éste y el representante del Arzobispado Walter Muñoz Cho, serán citados por el escándalo de corrupción protagonizado por el ex asesor Carlos Moreno. En nuestra opinión, los obispos Raúl Chau y Adriano Tomasi también deberían ser investigados. Acá se muestran los vínculos de Moreno con la Hermandad del Señor de los Milagros:  

- Profundo rechazo ha generado Producciones Tondero por contratar a la actriz Magdiel Ugaz, maquillándola para que haga el papel de una mujer afroperuana, como si no existieran actrices con esos rasgos. Se trata de la práctica del “Blackface” que existía en Estados Unidos hasta hace unas décadas.

- Hablando de racismo, el 11 de diciembre se realizará la Carrera contra la Discriminación y el Racismo, organizada por la Defensoría del Pueblo. En Tumbes, tendrá carácter binacional.

- Concluyó el quinto Tinkuy, encuentro de escolares indígenas y afroperuanos. Esta vez fueron recibidos por el Presidente Kuczynski en Palacio de Gobierno.

- Hablando de niños, la actriz y cantante Magaly Solier está preparando un disco con canciones en quechua para niños que ella misma está componiendo.

La frase W:  

El Perú no llegará al siglo XXI mientras la policía no acepte que los campesinos son seres humanos


martes, 18 de octubre de 2016

“LA POLICÍA SE ‘MERCENARIZA’ CUANDO BRINDA SEGURIDAD A UNA MINERA”





17/10/2016

Ruth Luque ha logrado arrojar un poco de transparencia a uno de los asuntos que permanecen en la más completa oscuridad: los convenios por los cuales la policía presta sus servicios a las empresas mineras. Esta abogada de la ONG Derechos Humanos sin Fronteras ha tenido que esperar dos largos años hasta que la Justicia le diera la razón y pudiera conocer los convenios suscritos en la región Cusco con las mineras Xstrata, Quechua y Hubday, después de que la policía le negara esta información.  

P.- ¿Cuáles son los impactos de los convenios suscritos entre la policía y las empresas mineras?

R.-. Son sumamente preocupantes. Se confirma que hay una relación directa entre las regiones policiales y las empresas mineras, bajo la cual un determinado número de efectivos policiales dotan de seguridad privada a la minera, servicio por el cual reciben una contraprestación económica, en torno a 100 soles diarios, y 150 soles diarios los jefes del mando superior. La región policial (por ejemplo, en el caso de Las Bambas, sería Cusco-a pesar de que sus operaciones están ubicadas en Apurímac), además, está recibiendo una cantidad de dinero, en torno a los 20 mil soles al mes. Se percibe una relación económica patrimonial: la policía se ‘mercenariza’ cuando brinda seguridad a la minera.

Estos convenios se están renovando en la práctica. Nosotros creemos que en el momento hay todavía convenios vigentes, los que se han suscrito en el 2014 o 2015.

En los convenios hemos encontrado algunas cláusulas que determinan que el policía que brinda servicios de seguridad a la mina, en el caso de que viera algún hecho vinculado a su actividad, no puede comunicarlo a nadie y solo tiene que reportarlo a la empresa. ¿Qué sucede si un efectivo policial está brindando seguridad y ve a un comunero que está siendo afectado en sus derechos o ve un derrame? ¿Ese policía no lo va a informar, obviando su deber como servidor público?

Hay temas de fondo que demuestran la necesidad de que estos convenios se deroguen de manera automática y las empresas mineras no gocen de ningún otro privilegio: que ellos contraten de manera directa la seguridad. Detrás de ello está el tema de la conflictividad, porque si tenemos a efectivos policiales brindado seguridad en un momento de estallido social ¿va a proteger la seguridad de la empresa o va a defender la seguridad de la población?

P.- ¿Con estos convenios se desnaturaliza la función policial?

R.- Que la institución policial reciba recursos directamente recaudados porque sus efectivos prestan servicios a la minera es un hecho sumamente delicado.

Los convenios están permitiendo que se instalen una especie de oficinas de la policía al interior de los campamentos mineros, así sucedió en Espinar, aunque las fuerzas policiales lo negaron categóricamente y dijeron que se trataba de una simple oficina para el tema de desactivación de explosivos.

Estas “oficinas” ofrecen una serie de beneficios a la policía en cuestiones logísticas. Entonces uno entiende por qué en el marco de los conflictos, la policía detiene a la población, la gente es detenida en el campamento minero, recepcionan sus declaraciones al interior del campamento minero y la fiscalía desarrolla de manera “normal” sus diligencias al interior. Ha pasado en el caso Espinar y se ha repetido en el caso Las Bambas con muchísima normalidad.

P.- ¿Qué entidad es responsable de suscribir estos convenios entre la policía y la minera?

R.- Tenemos convenios que han sido suscritos por el Ministerio del Interior, pero esta cartera ha dado la posibilidad para que las regiones policiales puedan suscribir de manera directa. Entonces, estas han ido suscribiendo adendas, convenios, etc. Esta situación se agrava más porque en los últimos años se ha ido permitido la instalación de ‘frentes policiales’, precisamente, en territorios donde hay mayor conflictividad para garantizar la inversión.

P.-  ¿A qué te refieres con frente policial?

R.- Un frente policial es una especie de entidad que no responde a su región policial sino que  depende directamente de Lima y que se establece en territorios donde hay cierta conflictividad. En el caso de Espinar, el frente policial se encuentra en Sicuani y está para brindar seguridad inmediata, rápida, incluso trabajo de inteligencia para las zonas de Espinar y Chumbivilcas. Cada frente policial está a cargo además de un contingente policial, por ejemplo el Frente Policial de Espinar puede movilizar rápidamente 200 policías.  Esto hay que vincularlo con el tema de los convenios porque en algunas cláusulas mencionan que la empresa minera puede comunicarse directamente con la policía.

 P.- Es ahí donde la población comienza a desconfiar de la policía

R.- La población ve a su policía al servicio de la empresa minera y su seguridad y derecho a la igualdad pasan a ser abiertamente vulnerados.

En territorios donde hay una mayor lejanía del Estado esta situación es mucho más compleja, un ejemplo muy claro es Chalhuahuacho, una zona sumamente alejada con una población muy pequeña  que prácticamente convive a metros del proceso de explotación en las Bambas [Apurímac].

La Fiscalía de Chalhuahuacho no tiene logística, no cuenta con movilidad propia y tiene que depender de la policía para todas sus investigaciones, pero ésta a su vez brinda servicios de seguridad a la empresa. Parece complejo exigirle a la fiscalía una investigación independiente. A esto hay que sumarle la gran capacidad operativa que tiene la empresa MMG, Las Bambas. Esta empresa está muy bien representada por un grupo de abogados que actúan de manera permanente, constante, presentando escritos, denuncias. O sea, no es una empresa que está pasiva: está actuando y denunciando. Esto genera una situación de suma desigualdad ante la población. Lo que necesitamos es pues ministerios públicos bien equipados, con una gran logística, mayor cantidad de fiscales, asistencia judicial, equipos… Hay una serie de carencias que son difíciles para territorios como Apurímac, por ejemplo, donde el acceso a la justicia es sumamente complejo.

P.- ¿Estos convenios están operando en la legalidad?

R.- Estos convenios están amparados bajo la misma ley de la policía y bajo un decreto supremo. Pero si quisiéramos ingresar en un análisis de vulneración de derechos, para nosotros, estas normas son inconstitucionales porque la Constitución le da un mandato a la policía nacional en términos de seguridad a favor de toda la población. Entonces se están vulnerando abiertamente los derechos de seguridad, de igualdad, discriminando a un sector de la población.

P.- Si nos fijamos en los estándares internacionales, ¿serían legales?

.- Bajo el marco de los principios de seguridad y derechos humanos las empresas no están respetando sus compromisos.

Empresas como Las Bambas o Glencore-Xstrata han suscrito estos principios, pero en la práctica no sabemos lo que estas empresas están haciendo para prevenir y garantizar los derechos de las poblaciones que están alrededor de sus explotaciones. Creo que la empresa privada debería acceder a servicios de seguridad privada finalmente.

Necesitamos abrir una discusión jurídica sobre si la empresas extractivas además son responsables civil y penalmente de las vulneraciones a derechos humanos que se están cometiendo, porque están permitiendo-de manera directa o indirecta- que estas situaciones se generen. No podemos permitir que toda la responsabilidad recaiga sobre el Estado. Ante la cantidad de muertes producto de los conflictos sociales las empresas tienen que responder sobre esto.

P.- Los delitos cometidos en Espinar y Cajamarca son juzgados, desde el 2012, en dos departamentos distintos: Ica y Lambayeque, respectivamente. ¿Existe alguna razón que justifique este cambio normativo?

En el caso de Espinar a Ica, el argumento fue básicamente que había digamos un nivel de alta tensión que no permitía que los operadores jurisdiccionales pudieran desarrollar su labor de manera adecuada. No podemos seguir permitiendo que la competencia la sigan teniendo jueces de otro ámbito, no existe ninguna situación que la justifique en este momento. Nosotros hemos presentado una acción de amparo (en el caso de Espinar) por violación al derecho del juez natural y acceso a la justicia y defensa.

Se emitió otra resolución administrativa al cabo de unos seis meses que dice que ahora las salas penales nacionales que están ubicadas en Lima además tienen competencia sobre el juzgamiento de casos derivados de conflictividad social. Hasta el momento no hay ningún caso que la sala penal nacional esté llevando a cabo porque todavía los conflictos que tenemos ahora en materia de judicialización han sido anteriores a esta resolución.

P.- ¿Qué buscan todas estas medidas y normativas?

R.- La existencia de convenios con la policía, los frentes policiales, la posibilidad del traslado de competencia judicial, la cantidad de cambios normativos que hemos tenido al interior de la legislación penal, digamos para sobredimensionar y pasar la protesta a actos delictivos. Todo eso yo creo que es parte de una orientación que no se da solo en Perú. Todos esos elementos nos hablan de un contexto sumamente grave de criminalización de la protesta, de vulneración abierta al derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunión y llevar hacia el lado delictivo la protesta, de tal manera que el Estado no asuma su responsabilidad política de solucionar los problema de fondo que están detrás de los conflictos sociales: utilizas el derecho penal para trasladar un problema.  El derecho penal no va a solucionar el conflicto, lo que va a hacer simplemente es intentar encontrar una responsabilidad penal. Lo que en el fondo haces es desgastar el movimiento social y  la democracia se relativiza.


http://www.alainet.org/es/articulo/181020