Estimados amigos:
Después de una no
querida enfermedad, restablezco con ustedes el diálogo que mantenemos hace
algunos años. Somos testigos de los acontecimientos que el nuevo Contralor
General ha venido proclamando las desventuras de los proyectos de inversión del
gobierno que ha terminado el 28 de julio del 2016. Sus intervenciones
entusiasman y no llaman la atención de los eternos enemigos del Control
Público, que recurren a los mismos argumentos que desde 1972 vienen asumiendo a
fin de desaparecer la acción contralora, por la acción supervisora de cualquier
empresa auditora.
Atentamente,
Fernando Arce Meza
El reciente
Contralor General, el CPC Edgar Alarcón Tejada, designando por el Congreso de
la República, se convertirá en el afortunado funcionario que al 2021 celebrará,
no sólo los noventa y un años de creada la Contraloría General, sino el
bicentenario de la Independencia.
Por el azar de la
historia un miembro destacado de la administración estatal, como el Contralor
General Edgar Alarcón, va tener la gran oportunidad de estar en dos acontecimientos
de significativa celebración. Esta presencia se daría en el contexto de los
avances de la institucionalidad a nivel nacional, cuya continuidad se espera.
Lo mismo habrá de ocurrir con el proceso de desarrollo, en la apuesta por el
equilibrio en una economía social de mercado, y que las acciones progresistas
lleguen alcanzar el social liberalismo.
Este cargado
optimismo aparecería también como la realización de los mitos prehispánicos,
del Perú milenario y los que muchas veces estuvieron vinculados
estrechamente a los levantamientos emancipadores, más cercanos de ser
conseguidos: la insurrección de Condorcanqui y la revolución de 1814 de los
hermanos Angulo, a estos movimientos cabe incluir las montoneras formadas de
criollos, mestizos, indios y negros que entre 1821 y 1824, en la lucha final
independentista apoyaron a los ejércitos tanto de San Martín, como de Bolivar.
Bien sabemos que
los peruanos lograrían tan sólo una independencia incompleta, porque ella no
estuvo inscrita en una lucha de liberación caracterizada por haber sido un
frente patriótico, constituidos por las diversas etnías mencionadas y que aún
pertenecían a la división social por castas coloniales. Al carecer de este
frente de liberación étnico/social, el Perú se distinguiría como la república
de la exclusión y la discriminación que, alargaría la instauración de la
ciudadanía y la democracia.
Como consecuencia
de esto último, la Republica ha pasado por tantas vicisitudes ligadas a su
débil institucionalidad, así, llegando a los años de 1930, el centralismo
estatal se consolidaría bajo los designios del Ministerio de Hacienda y
Comercio, por ejemplo, mantuvo silencio ante los intentos innovadores que portó
la Misión Kemmerer, para intentar la institucionalidad del control público, y
que, después de 34 años de creada la CG se produjo otro intento que, impediría
la independencia del ente contralor, a pesar de la Ley 14816 dictada en el
primer gobierno de Fernando Belaunde que hacia a la Contraloría General
acreedora a una definitiva vida institucional marcada de autonomía.
En la década del
70, paradójicamente, un selecto grupo de militares del gobierno revolucionario
de las FF.AA. asumió la responsabilidad de instrumentar una nueva CG y el SNC,
al reformular y descentralizar la acción contralora, dando relevancia a la
conformación de grupos multiprofesionales, destinados a intervenir en el cómo
se habría de conseguir que las cuentas públicas (financiera y de metas
tangibles) estuvieran en condiciones de evaluar los resultados de las organizaciones
estatales.
Correlativamente,
también la reorganización de la CG contó con los Procedimientos de
Determinación de Responsabilidades (PDR), destinados a juzgar las faltas e
irregularidades, bajo procesos que respetaron las dos instancias, este proceso
respondía a que la sanción era para los funcionarios públicos infractores. En
1979 la nueva Constitución Política, constitucionaliza el control público en el
contexto de la democracia representativa. La designación corrió a cargo del
Pleno del Senado y por votación calificada, se designó al primer Contralor
General, el Ingeniero Miguel Ángel Cussianovich Valderrama, experimentado
combatiente en los avatares de la administración pública. La elección de
Cussianovich reforzó la autonomía y la institucionalidad constitucional del
Órgano Superior de Control, no se cambió el accionar contralor sin recurrir a
una nueva ley orgánica marcada por la política de control iniciada por el
gobierno militar, la cual se definiría como política de Estado.
El historiador de
la vida financiera estatal peruana Antonio Zapata ha llamado a la
administración Cussianovich (1980/87) como la “edad de oro” de la CG; pero, la
siguiente administración de la doctora Luz Áurea Sáenz (1987/1994), no le
alcanzaría esta denominación, pues el jefe del ejecutivo García Pérez y la
mayoría parlamentaria aprista en el Congreso de la República limitaron la
acción contralora, con ello la CG se vio afectada no sólo en su autonomía, sino
que se rompía la línea virtuosa de la acción contralora. Las consecuencias de
las interferencias mencionadas evitaron pronunciamientos e intervenciones
contraloras en los asuntos claves de la gestión del primer gobierno de Alan
García, que estaban teñidos de graves irregulares, evidenciando muestras de
corrupción.
Sin embargo, el
boicot a la actividad contralora, sería, a partir del 05/04/1992, con el golpe
civil/militar de Fujimori/Montesinos/Hermosa que, utilizando a la fuerza
pública tomó el local de la CG, declaró en reorganización la institución
y antecedido por el arresto domiciliario de la doctora Luz Sáenz designada por
el Senado como la primera autoridad de la organización contralora. Este
asedio representó la perdida de su autonomía, bajo una gravísima merma en su
misión institucional.
Así dejó su carácter
supervilante por la “supervisión de la legalidad” que es compatible con el acto
administrativo ejecutivo y no con el acto administrativo de control; como
consecuencia de tamaño atentado, la CG perdió funciones de sanción directa,
eliminándose los Procedimientos de Determinación de Responsabilidades
(PDR). La congelación de la Contraloría se debió a consejos y decisiones
tomadas por el Ministro de Economía Carlos Boloña.
Y posteriormente
con la nueva Constitución Política de 1993 designaron, a través de la Comisión
Permanente del Congreso como Contralor General al CPC Enrique Caso Lay, bajo
este nuevo procedimiento, el Contralor General perdió jerarquía que, lo
convirtió en funcionario incondicional (al no ser designado por votación
calificada), estuvo en disposición de emitir resoluciones que exoneraba
a la Contraloría General de la supervisión posterior, ello representaba la
renuncia a dicha revisión, como fue el caso de que las Fuerzas Armadas y
Policiales, efectuaran las más variadas adquisiciones desde los botones de las
chaquetas militares hasta tanques, aviones y barcos de guerra. Esto último fue
el ejemplo mayor de cómo operaron los arrebatadores de los caudales públicos
desde el poder.
Se convirtieron en
mafias organizadas, participando los mandos militares, vocales supremos,
fiscales y alto funcionarios que formaban parte de los diversos entes
estatales, igualmente, como miembros de estas organizaciones para delinquir
estuvieron los proveedores acostumbrados a estas formas irregulares, incluidos
los traficantes de armas. Caído el gobierno de la mafia, el gobierno de
transición constitucional propuso los anteproyectos de los juzgados
anticorrupción, los que fueron aprobados por el Congreso de la República, los
que permitirían abrir los juicios correspondientes de cientos de acusados de
corrupción, respetando los procesos judiciales, se ordenó el apresamiento de
los culpables.
Los Procuradores
Públicos no hicieron ninguna excepción para acusar, la misma conducta
observarían los fiscales y jueces; sin embargo, esta política de captura de los
delincuentes de cuello y corbata fue disminuyendo, en su rol acusador de los
tres gobiernos siguientes al 2001: de Toledo, García Pérez y Humala. La
discontinuidad en la lucha provocó la eliminación de las políticas y de
los juzgados anticorrupción.
Asimismo, en
relación a las limitaciones funcionales y de su alicaída autonomía de la
Contraloría General, siguió, como en el caso de la designación de los
Contralores Generales por la Comisión Permanente del Congreso de la República.
Estos contralores generales no tomaron la iniciativa de cambios una vez
derrumbado el gobierno de la perturbación de la institucionalidad, ellos
aceptaron el cargo sin tomar en cuenta las graves limitaciones de la CG, ni
tomarían decisiones que motivaran reformas claves que le permitiera ser el
Órgano Superior de Control.
Se entiende que
los Contralores Generales designados durante los gobiernos democráticos
carecieron de capacidad como para comprender que a la caída del gobierno del
autoritarismo y la mafia, la CG requería de su institucionalidad perdida,
y de lo que significa devolver sus funciones, dirigida a ser tanto evaluador de
las rendiciones de cuentas y del control de resultados, como de la recuperación
de los juicios de cuentas y las sanciones directas. Dejando de lado la
“supervisión de la legalidad”. Guardar silencio es mostrar conformidad con una
organización disminuida de autonomía, aceptando el status imperante. No sabemos
si el reciente designado Contralor 2006/2023 CCP Edgar Alarcón Tejada seguirá
la política del silencio como sus anteriores pares.
Empero, llama la
atención que últimamente su presencia sea reiterada en los medios de
comunicación, declarando que se está investigando acciones del gobierno que ha
terminado su período, encontrándose en la etapa del examen de las
irregularidades Encontradas. Con esto pareciera que Edgar Alarcón estaría
tomando distancia en relación a la conducta de los contralores generales desde
1992 hasta el 2016. Después de 24 años de Contralorías Generales sin tener
autonomías y sin la toma de decisiones de sus primeras autoridades, nunca
denunciaron no sólo las corrupciones heredadas del fujimorismo de la década del
90, sino que nunca se ha visto ante la opinión pública que sus observaciones
dieran motivo al debate sobre el accionar de las organizaciones estatales
reflejadas en las Cuentas Generales anuales de tres gobiernos: el central, los
regionales y los municipios.
Las afirmaciones
sobre el actuar de los anteriores Contralores Generales con relación del actual
mandamás Edgar Alarcón no sólo toma distancias en las políticas de
comunicación, sino con todo lo que viene realizando, intenta crear una posición
distinta. Ello despierta entusiasmo que la administración del actual Contralor
General se dirige a cambios transcendentales en el accionar del control,
partiendo de respetar los derechos humanos de contralores, controlados y de los
exfuncionarios que en períodos anteriores tuvieron moral de trabajo y mística
entre 1972/1987, así como disposición de siempre de colaborar con la
resurrección de la CG.
Sus
pronunciamientos han recibido críticas duras, por poner en evidencia
irregularidades y por pronunciarse públicamente. En estos días se repiten los
mismos argumentos que durante la historia republicana en el siglo XX, los
enemigos de la institución contralora, rechazan que los hallazgos no resultan
convenientes para los dueños de los proyectos, pues, la relevancia de éstos
produce la desdichada paralización de las acciones y obras que se vienen
ejecutando, se llega al extremo de decir que, la Contraloría General es un
paquidermo que al “poner la pata se va a detener las acciones tanto en los
proyectos de inversión, como igualmente” pasaría de existir irregularidades en
los programas de ayuda alimentaria y sociales en general.
Se dice también
que los funcionarios públicos e inversores saben normar y realizar los
proyectos y que, las intervenciones contraloras y los señalamientos correctores
impedirían seguir ejecutando los proyectos. Se preguntan ¿quién o quienes le
han concedido licencia de correctores?, tratando de desconocer el trabajo
contralor, se pregunta ¿tiene la CG profesionales de nivel, para atreverse a
poner en duda a los que norman y realizan proyectos de obras, en especial de
Proinversión?.
Es de observar
que, en más de un mes el actual Contralor General Edgar Alarcón ha
removido conciencias, se cree que no sólo viene poniendo en aprietos a las
cúpulas de quienes formulan y norman (aprobando) proyectos que, siendo los
responsables de faltas, errores e irregularidades; sino que todas estas
intervenciones correctoras corresponde al período del gobierno que terminó.
Surge la duda que,
igualmente, esta CG dirigida por Edgar Alarcón procederá igual con el actual
gobierno, el mismo que ha hecho críticas por sus intervenciones.
Asimismo, esta situación polémica lleva a estar atentos sobre si el cargo que
desempeña Alarcón Tejada será respetado en su envestidura por los tres poderes
públicos, o habrá el retiro que, y estaría sentenciado a hacerlo renunciar.
El actual
Contralor General debe dignificar su cargo en el marco de la autonomía
institucional que él cree que existe; teniendo como antecedentes la involución
que ha venido sufriendo la CG en estos 24 años. ¿Dejaría el cargo ante las
presiones por su renuncia?. De no haber intentos de ese posible alejamiento del
Contralor General Edgar Alarcón, guardara silencio como antes lo hicieron sus
pares.
Finalmente, este
valor de salir a la luz pública de Edgar Alarcón Tejada, actual Contralor
General sería, para certificar su permanencia en la institución, sabiendo que
sus decisiones corresponden al funcionario que, está dispuesto a propugnar
tanto en reestructurar y recomponer, como en restablecer los fueros jurisdiccionales
de la Contraloría General, los que fuera perdiendo desde 1987 a la fecha.
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